Resumen: CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA:interinidad por sustitución IT. La relación laboral no se transforma en indefinida por el hecho de que la empresa haya extinguido el contrato de interinidad unos días después de haber sido declarado en incapacidad permanente total el trabajador sustituido, en cuanto que tampoco s aprecia fraude de ley.
Resumen: La sentencia anotada, en contra del parecer de la sentencia recurrida, declara que la demandante -monitora- cuidadora (auxiliar técnico educativo)- no ha sido objeto de cesión ilegal entre Celemin & Formación SL y la Junta de Andalucía. Se funda esta decisión, tras un didáctico recorrido por la jurisprudencia de la Sala sobre dicha materia, en el hecho de que la contratista es una empresa real, con organización y actividad propia que no se ha limitado a poner a disposición de la empresa principal mano de obra, sino que ha ejercido sus poderes empresariales de dirección y control sobre la actividad de la trabajadora -control de actividad, de horario, de asistencia, del contenido de la actividad, abono de salarios, potestad sancionadora, formación inicial y continuada y prevención de riesgos laborales- por lo que no se aprecia que exista fenómeno interpositorio sino relación laboral entre la trabajadora y la contratista y una adjudicación, efectuada a dicha empresa por la Agencia Pública Andaluza, del contrato de servicio de apoyo y asistencia escolar para alumnado con necesidades educativas de apoyo específico en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con sujeción al pliego de prescripciones técnicas.
Resumen: Se confirma el fallo de suplicación, declara a la empleada pública como indefinida no fija al haber suscrito un contrato temporal de interinidad vacante con el IMSERSO desde 2006, tras un proceso selectivo de valoración de currículos para el desempeño de plaza de neuropsicóloga. Se aplica la STJUE de 3 de junio de 2021, asunto C-726/19 y la cláusula 5ª del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70) que prohíbe el abuso en la contratación temporal. Recuerda que tras la reflexión sobre su doctrina el contrato de interinidad por vacante, pese a tratarse de un único contrato, hay que estar a la duración excesivamente larga, al efecto útil del contrato que pierde valor por el incumplimiento de la provisión de la vacante y a la falta de actuación administrativa para la cobertura definitiva de la plaza que califica de fraudulenta. El TS ha rectificado su doctrina respecto al sector público y ante la duración inusual e injustificadamente larga del vínculo contractual, sea en el marco de varios nombramientos o de uno solo, desempeñando un mismo puesto y mismas funciones, la relación debe ser calificada como indefinido no fijo. La estimación parcial del recurso resuelve que no procede imponer costas en suplicación al IMSERSO por su naturaleza de entidad gestora de la Seguridad Social (art. 66 LGSS) y tener conocido el beneficio de justicia gratuita por el art. 2 b) Ley 1/1996. Excluye condena en costas salvo actuación temeraria. Reitera doctrina.
Resumen: Se cuestiona la fecha de cálculo de la indemnización por despido en supuestos en los que, tras la decisión extintiva empresarial que se califica de improcedente, se produce una causa nueva de extinción del contrato por ministerio de la ley, en el caso declaración de incapacidad permanente, que impide la opción por la readmisión, en particular si se calcula a la fecha del despido o a la fecha de la sentencia. La Sala IV tras una profusa labor argumental concluye que el cálculo de la indemnización debe realizarse a la fecha del despido de conformidad con la doctrina que cita y la dicción literal del art 56.1 ET. Se parte de la naturaleza extintiva de la resolución empresarial del despido, que lleva a determinar el carácter autónomo y constitutivo del acto mismo de despido, que ni siquiera se desvirtúa en los casos de despido nulo. La relación laboral a consecuencia del acto empresarial de despido se encuentra rota y el restablecimiento del contrato sólo tendrá lugar cuando haya una readmisión y además ésta sea regular. El acto del despido disciplinario es de naturaleza constitutiva, es decir, extingue la relación laboral en la fecha de efectividad del despido, de manera que no es lógico sostener que ese periodo de tiempo haya de computarse en la antigüedad del trabajador, a ningún efecto, pues en el mismo no se han prestado realmente servicios ni existe nexo laboral entre las partes.
Resumen: La sentencia analizada confirma la de suplicación que calificó de nulo el despido de una empleada de hogar que estaba embarazada en el momento del cese, sin que su empleadora conociera tal circunstancia. La sala IV, tras apreciar que concurre la necesaria contradicción entre las sentencias comparadas, comienza por declarar que en el caso enjuiciado no estamos ante un desistimiento empresarial en el contrato laboral especial con la empleada del hogar demandante, sino ante un verdadero despido. Y ello porque no se cumplen los requisitos formales recogidos en el art. 11 del RD 1620/2011 para que pueda procederse al desistimiento empresarial, pues no se puso a disposición de la actora de manera simultánea a la entrega de la comunicación del desistimiento la indemnización legal. Continúa la Sala IV indicando que, en cualquier caso, si la extinción del contrato estuviera relacionada con el embarazo de la actora, el cese sería nulo. Y, conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial y constitucional, la protección objetiva del embarazo también ha de aplicarse al despido de empleada de hogar embarazada, con independencia de que la empleadora conociera o no tal situación de embarazo.
Resumen: La sentencia de suplicación, estimando el recurso del actor, dejó sin efecto la resolución del INSS, a quien condena a reintegrar al actor el incremento del 20% en la prestación de IP Total, cuyo abono suspendió la resolución durante un periodo concreto y cuyo importe es inferior a 3000 €. La sentencia comentada de la Sala IV, tras recordar que las cuestiones relativas a la competencia funcional son apreciables de oficio, sin que sea precisa la existencia de contradicción, declara la incompetencia funcional, y señala que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación por razón de la cuantía, puesto que lo que se debate es la mayor cuantía de la prestación reconocida, pero uno una nueva prestación o un nuevo grado de incapacidad. Y el cómputo anual de la reclamación es inferior a a los 3.000 € a que refiere el art. 191.2 g) y 192.3 LRJS. Considera igualmente, tras sistematizar la jurisprudencia sobre la cuestión, que no puede apreciarse la existencia de afectación general puesto que la cuestión debatida gira sobre una concreta resolución administrativa que sólo afecta al beneficiario. Finalmente, tampoco se denunció en el recurso de suplicación una infracción procesal causante de indefensión y que hubiera permitido el acceso al recurso, conforme a lo establecido en el art. 191.3d de la LRJS.
Resumen: La Sala Cuarta confirma la STSJ que desestimó la demanda colectiva y declaró ajustada a derecho la supresión del contrato de seguro de vida colectivo que cubría el fallecimiento, invalidez permanente absoluta y gran invalidez por cualquier causa y la ayuda por adquisición de vivienda, por la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., del sector público andaluz. La supresión de las mencionadas condiciones fue fruto de normas destinadas a corregir el déficit público y muy en particular, de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. La Sala recuerda su reiterada doctrina a propósito de la aplicabilidad de las normas de control del gasto en el empleo público y confirma que la decisión empresarial no es una decisión unilateral sino basada en lo prescrito por la Ley y por ello no comporta la MSCT sino el obligado respeto al principio de jerarquía normativa del convenio colectivo, ni hay tampoco una CMB válidamente nacida. Por último, y en cuanto a la vulneración de los acuerdos del Consejo de Gobierno dirigidos a la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012 y el proyecto de fijar un calendario a tal efecto, considera que el motivo carece del necesario soporte fáctico que sustente su plasmación efectiva, lo que impide verificar su implementación y veda el enjuiciamiento de un eventual quebranto
Resumen: Se cuestiona la calificación de un despido disciplinario por competencia desleal consistente en concurrir en la licitación de un servicio de transporte de ambulancias siendo administrador social de la empresa habitual que subcontrata, además de conductor de la principal que le despide. Anexo contractual con clausula adicional de competencia desleal. Dificultad de acceso a la unificación en supuestos de calificación de despidos disciplinarios con causalidad consistente en la trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, y necesidad de acudir a casos anteriores a su instauración, pero invocación del supuesto del hermano de actor en idéntica circunstancia (administrador, clausula y fecha despido). Estudio de la Doctrina de actos propios de la empresa principal en su conocimiento y consentimiento previo del ejercicio de similar actividad simultánea. El despido no constituyó un comportamiento inesperado del empleador que contradijera su conducta anterior, vulnerando la confianza legítima del actor, sino que se produjo una circunstancia novedosa: la competencia de la empresa que administraba el demandante con la demandada, en la concurrencia de licitación del servicio de transporte de ambulancias.
Resumen: Cotizaciones pagadas a la Seguridad Social -o entidades gestoras de los seguros sociales- en otro Estado de la Unión Europea, obligatorias para los trabajadores: Consideración de gasto deducible de los rendimientos del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos obtenidos directamente por cesión de los derechos de imagen a terceros con causa distinta del mero uso pasivo de tales derechos y que impliquen el desarrollo de actividades adicionales de carácter personal por parte del cedente. Consideración de rendimientos del capital mobiliario o de actividades económicas.
Resumen: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD:interpretación del art. 52 53 del Acuerdo de 10-12-2010 suscrito entre la CNMV con el Comité de Empresa, sobre ayudas de comida y trasportes. Este acuerdo se dejó en suspenso por la CNMV como consecuencia del informe previo de la Intervención General de la Administración del Estado al señalar que era contrario a la legalidad vigente. Posteriormente, previa consulta a la Abogacía del Estado fue anulado por la empresa y se reclamó a todos los trabajadores la restitución de las cantidades recibidas. Frente a esa decisión se planteó demanda de Conflicto Colectivo, que fue estimada por la AN apreciando la prescripción. Ahora, en este procedimiento la CNMV reclama a la actora por dichos conceptos las cantidades que en su día indebidamente le fueron abonadas. La sentencia de instancia estima la demanda e interpuesta suplicación, esta fue igualmente desestimada. Ahora en casación la actora discute la competencia funcional, la aplicación de cosa juzgada, la prescripción y la existencia de causa torpe. Se aprecia la competencia funcional por concurrir afectación general. La cosa juzgada se rechaza por falta de contradicción. La falta de prescripción de desestima por la misma razón. Y por último, en cuanto a la causa torpe basada en que la acción de reclamación de devolver las cantidades reclamadas no procede por causa solo imputable a la empresa, se rechazó también por falta de contradicción.
