Resumen: la cuestión en la que entendemos que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es si a efectos de los límites de inembargabilidad del artículo 607 de la LEC, respecto embargos acordados por deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, procede excluir del límite de inembargabilidad de los salarios las pagas extra, o están incluidas en el concepto de SMI en su cuantía anual.
Resumen: La trabajadora prestaba servicios con contrato indefinido a tiempo parcial correspondiente a 270 días durante el año, manteniendo la empresa a la trabajadora en alta y cotización todo el tiempo, tanto en periodos de actividad como de inactividad. Tras finalizar el periodo de actividad, solicitó prestación por desempleo, que le fue denegada al no encontrarse en situación legal de desempleo. Reclama que se le abone la prestación por desempleo, pretensión desestimada en instancia, cuya sentencia es revocada en suplicación. La Sala 4ª casa y anula dicha sentencia y desestima la demanda, por entender que cuando se trata de trabajadores con contrato indefinido a tiempo parcial con periodos de trabajo concentrados, en los cuales el trabajador sigue en alta en la Seguridad Social, durante los periodos de inactividad el trabajador mantiene su contrato de trabajo y no lo tiene extinguido, suspendido ni reducido, por lo que no se encuentra en situación legal de desempleo.
Resumen: La sentencia recurrida estima el recurso de suplicación formalizado por la trabajadora en procedimiento seguido a instancia de la recurrente frente a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CAM, en reclamación por derecho, revoca la resolución impugnada y estimando la demanda declara que la relación laboral es indefinida no fija. Recurre la CAM y plantea como núcleo casacional la inaplicación automática del plazo de 3 años del art. 70 EBEP en orden a calificar de indefinida no fija la relación de la parte actora con la Consejería. La Sala IV destaca el carácter complejo y la duración temporal en los elementos fácticos del supuesto, lo que fue valorado por el TSJ de Madrid en su integridad, concluyendo que desde el inicio la relación devino fraudulenta y procedía la calificación de indefinida no fija demandada, situación que diverge esencialmente del debate deducido en la sentencia referencial, que examina si el contrato de interinidad por vacante se novó en indefinido no fijo por el simple transcurso de 3 años del art. 70 del EBEP. Y concluye que no concurre la contradicción pues si bien los fallos de ambas sentencias son opuestos, no responden a doctrinas contrapuestas. La recurrida solo reseña el art. 70.1 EBEP como mera referencia para indicar su ajenidad con la relación que analiza, careciendo de relevancia para decidir el asunto concreto, mientras que en la de contraste la razón de decidir se sustenta precisamente en el juego de dicho art. 70 EBEP.
Resumen: Se cuestiona si la demandante tiene derecho a la prestación por riesgo durante la lactancia que la sentencia recurrida le ha reconocido. Recurre en unificación de doctrina la Mutua demandada. La demandante ha prestado servicios para un servicio de urgencias desde el 31 de diciembre de 2011, como interina, con la categoría de ATS-DUE de emergencias. La actora dio a luz recibiendo el hijo lactancia natural y tras finalizar el permiso por maternidad solicitó de la Mutua certificado sobre la existencia de riesgo durante la lactancia natural; siendo emitido certificado que indica exposición y manipulación de material biológico y químico La Mutua deniega la prestación al entender que no se produce la situación de riesgo. La trabajadora se halla expuesta a agentes químicos. La sentencia recurrida ha resuelto conforme a la doctrina de la Sala Cuarta porque ha dado por acreditado riesgos específicos y no genéricos, cuando de los hechos probados obtiene como tales los agentes químicos y a agentes biológicos (como fluidos corporales: sangre, saliva, orina, tos, etc, e incluso enfermedades infecciosas transmisibles: TBC,VIH etc), a cuya acción se encuentra expuesta la actora, afirmando que afectan a la lactancia, tal y como lo obtiene de la evaluación efectuada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el certificado de empresa. La sentencia que se invoca de contraste está superada por las sentencias dictadas a partir de 2018.
Resumen: La SAN recurrida acoge en parte la demanda de impugnación de convenio colectivo formulada por el Sindicato de Trabajadores y declara la nulidad del inciso "en alta en la empresa a 31/12/97", contenida en la DT 1ª párrafo 1 del Convenio Colectivo de Repsol Exploración, S.A. Recurren separadamente Repsol Exploración, S.A. y STR. Se plantea en casación unificadora la cuestión de determinar si lo dispuesto en la mencionada DT constituye una doble escala salarial contraria al derecho a la igualdad de trato, en tanto que determina una distinta retribución para los trabajadores en función de su fecha de ingreso en la empresa. La Sala IV declara la ilicitud de la norma convencional por contravenir el derecho a la igualdad de trato de todos los trabajadores de la empresa, sin que su consecuente nulidad puede considerarse subsanada por el hecho de que se hubiere venido aplicando pacíficamente durante más de veinte años sin generar litigiosidad alguna durante ese periodo, ni por el hecho de que actualmente tan solo queden en la empresa 5 trabajadores que perciben el complemento de antigüedad por haber ingresado antes de 31/12/1997. Desestima también el recurso del sindicato al declarar que la constatación de la ilegalidad del precepto convencional que es objeto del procedimiento de impugnación del convenio colectivo, únicamente puede dar lugar a un pronunciamiento en el que se declare su consiguiente nulidad sin entrar a abordar cuales puedan ser las posteriores consecuencias jurídicas.
Resumen: Se suscita en fase de casación unificadora por la dirección letrada de los actores gira en torno a la aplicación a los contratos de colaboración social de la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto-Ley 17/2014, cuando el personal afectado ha iniciado la vigencia de sus contratos con anterioridad al 27 de diciembre de 2013. La Litis planteada ha sido objeto de enjuiciamiento y resolución en sentencia de Pleno en que se fijó la interpretación de lo previsto en la Disposición Final segunda del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, y se señaló que podían seguir desarrollándose válidamente cualquiera que fuera la actividad, temporal o permanente contratada, sin perder por ello su naturaleza, no siendo considerados, por tanto, como contratos laborales. Partiendo de la definición de los trabajos de colaboración social se analiza la evolución de la jurisprudencia en la materia. Al supuesto examinado, por elementales razones de seguridad jurídica, determina la confirmación de la sentencia recurrida, en tanto que ajustada a dicha doctrina y plenamente respetuosa con la normativa de aplicación.
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el sindicato accionante, en la que solicita que se declare que la facultad de la que dispone la empresa conforme al art. 20.4 ET de verificar el estado de salud del trabajador para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, no puede ser realizada por una empresa externa contratada a tal fin, y por otro lado, que esa empresa (TEBEX, en el caso) no pueda emitir ninguna propuesta de alta ni justificar la suspensión de derechos económicos, por ser esto facultad privativa del servicio médico de empresa. Razona que el art 20.4 ET es una facultad del empresario en la dirección y control de la actividad laboral, que debe adecuarse a los límites que rigen con carácter general en el ejercicio de las facultades de dirección empresarial, con arreglo a las disposiciones legales y convencionales pactadas, y se cumplen perfectamente las exigencias legales en materia de protección de tales datos habida cuenta de que, por un lado se recaba el consentimiento del trabajador, mediante la información de sus derechos y la aportación voluntaria de los documentos solicitados; y, por otro, los datos podrían ser necesarios para la ejecución del contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 6.1.b del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Se desestima asimismo el segundo motivo en relación a la apreciada falta de acción por la Sala de origen.
Resumen: La finalización válida de contrato temporal conlleva la indemnización que esté prevista normativamente y no la indemnización por despido por causas objetivas del art. 52 ET, de forma que cuando se extingue un contrato de relevo por una causa válida como es la jubilación total del trabajador jubilado parcialmente, no procede indemnizar con la indemnización de 20 días por año de servicio. Llega a dicha conclusión la sentencia, en aplicación de lo dispuesto en las STJUE 05-06-2018, asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility, y recogida en la STS 13-03-2019 (Rec. 3970/2016), en las que se estableció que no es contraria al derecho comunitario una norma que permite que la extinción regular del contrato temporal no dé lugar a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas.
Resumen: Estimación. Necesidad, para derivar la responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital, además de la constatación fáctica de insolvencia de la sociedad y de verificar que aquel no ha cumplido los deberes legales referidos en el art.367.1 de la Ley de Sociedades de Capital, de justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad. Requisitos para que los administradores puedan y deban responder por deudas de la sociedad: existencia de una causa de disolución de las previstas en el art.363 TRLSC, como el incumplimiento por los administradores de la obligación de convocar a los socios a Junta general antes de los dos meses siguientes a la concurrencia de la causa para adoptar el acuerdo de disolución o incumplimiento de la obligación de solicitar la disolución judicial o el concurso en casos de insolvencia en el plazo legalmente previsto. Imposibilidad de considerar el estado de insolvencia en sí mismo como una causa legal de disolución. Distinción entre estado de insolvencia y la situación que describe el art.363 e) TRLSC como causa de disolución.
Resumen: Se cuestionan los efectos jurídicos del art. 21.7 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2017, respecto al premio de jubilación que como mejora voluntaria contempla el art. 50 b) del Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la CAM. Dicha ley dejó en suspenso y sin efecto durante esa anualidad la previsión relativa a la percepción de beneficios o gastos sociales que tuvieran su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público en la CAM. El trabajador demandante pasó a la situación de jubilación anticipada y solicitó el pago del premio de jubilación conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo. La sentencia de instancia desestimó la demanda y la sala de suplicación interpuesto por el trabajador fue desestimado. En el recurso de casación para la unificación de doctrina la identidad de supuestos es indiscutible, pero no hay en realidad ninguna clase de contradicción, puesto que las dos sentencias en comparación aplican la misma doctrina y llegan igualmente a idéntico resultado, ya que en los dos asuntos se ha desestimado la pretensión de condena al pago inmediato del premio de jubilación, y se ha dejado a salvo la posibilidad de su futura percepción de quedar sin efecto la suspensión ordenada en las respectivas leyes de presupuestos, por lo que no hay doctrinas contradictorias que deban ser unificadas.
