• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 3949/2018
  • Fecha: 28/10/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión de fondo que se suscita en la sentencia anotada es si los herederos del trabajador (fallecido y que estaba en situación de incapacidad permanente total) tienen derecho o no a la mayor indemnización que la declarada por la sentencia de instancia, mayor indemnización que reclamaban y que no les fue reconocida por la sentencia dictada en suplicación. Pero, el TS rechaza el recurso al no fundamentar la infracción legal cometida por la sentencia impugnada, ni razonar el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas tal y como exige el art. 224.2 de la LRJS. En el caso, el escrito de interposición del presente recurso se limita a hacer un análisis de la sentencia recurrida (alegación I) y un análisis de la sentencia de contraste (alegación II). Pero no contiene motivo de casación alguno, ni en todo caso expresa qué concreta infracción legal, y de qué preceptos, ha cometido la sentencia impugnada, lo que determina la desestimación del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 3127/2018
  • Fecha: 27/10/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si es laboral la vinculación existente entre quien demanda (Abogada contratada para los juicios de faltas por accidentes de circulación) y la organización contratante (la Mutua Madrileña automovilista). La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas pues son diferentes los hechos que llevaron a la sentencia recurrida a descartar la dependencia y los tomados como ciertos por la referencial. Así, en la de contraste el actor en el desempeño de su labor estaba sometido a las reglas y directrices de la empresa, constando al respecto que su actividad era supervisada por la Asesoría jurídica, existiendo una coordinación en la actividad con esta, y dependencia jerárquica del actor del responsable de la asesoría jurídica, a lo que se añade que no cobraba las condenas en costas. Y dichas circunstancias no constan en la sentencia recurrida, en la que, contrariamente, no se acredita que la asesoría jurídica interna de la Mutua diera órdenes e instrucciones a la actora sobre el modo de efectuar sus servicios jurídicos, y las costas generadas en los procesos en los que intervienen los letrados colaboradores son cobradas por los mismos, previa su minuta y reclamación. Son las diferencias importantes para la determinación de si concurre o no la inserción de la persona que presta sus servicios en el círculo organicista y rector de la empleadora.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 60/2021
  • Fecha: 27/10/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada trae causa de demanda de conflicto colectivo sobre impugnación de ERTE de suspensión por fuerza mayor, y que fue desestimada por la Sala de origen al no apreciar que la exclusión de los trabajadores fijos-discontinuos constituya una diferencia de trato lesivo del derecho fundamental a la igualdad ex art. 14 CE y art. 17 ET. Sin embargo tal parecer no es compartido por el TS. Se funda esta decisión en el hecho de que la modificación del art. 25 operada por la DF 8ª del RDL 15/2020 de 21 de abril entró en vigor con posterioridad a la solicitud y fecha de efectos del ERTE [19-3-2020], y por lo tanto rige la redacción dada al art. 25 por el RDL 8/2020. Y en aplicación de la citada normativa, procede a estimar parcialmente la demanda para que se incluyan en el ERTE a los trabajadores fijos-discontinuos que habiendo sido llamados a trabajar en el periodo de actividad del año 2020, vieron suspendida su actividad antes y después de la fecha de efectos del ERTE-FM, pasando a situación de desempleo, así como a los trabajadores fijos-discontinuos que no hubieran podido reincorporarse a la misma por falta de llamamiento anterior a la fecha del ERTE-FM como consecuencia del COVID-19.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3956/2018
  • Fecha: 26/10/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar, por un lado, si del importe de la indemnización de daños y perjuicios que pueda corresponder por accidente de trabajo debe descontarse lo abonado en virtud de un Acuerdo Colectivo, en concepto de indemnización por invalidez, y, por otro, el momento a partir del cual se genera el interés por mora. Respecto a este última tema, la Sala IV no entra a conocer por falta de contradicción entre las sentencias comparadas. En cuanto, al 1er motivo, se reitera doctrina, concluyendo que no es posible descontar de la indemnización que reconoce la sentencia la cantidad que percibió el trabajador de la empresa, como mejora voluntaria de la Seguridad Social, por la incapacidad, en atención al mandato del Convenio colectivo y que se articulaba por medio de un seguro colectivo. Así, no consta que alguno de los conceptos reclamados por el demandante obedezcan a un lucro cesante ni sobre tal extremo la sentencia recurrida ha valorado nada al respecto. Vistos los términos del Acuerdo, no es posible entender que pueda descontarse del total de la indemnización por daños y perjuicios lo que se ha percibido con base en dicho Acuerdo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4390/2018
  • Fecha: 26/10/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cómo deben calcularse los ingresos obtenidos por los trabajadores despedidos, que han estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), a efectos de su descuento de los salarios de tramitación. Se discute si las autodeclaraciones del IRPF acreditan los gastos de los trabajadores autónomos a efectos del descuento de sus ingresos de los salarios de tramitación, como elemento probatorio para demostrar los rendimientos netos obtenidos por el trabajo realizado por cuenta propia. No contradicción. En la sentencia de contraste el debate es procesal: se centra en decidir si fue extemporánea la prueba de los rendimientos netos obtenidos como trabajador autónomo con el mismo objeto, sin que fuera objeto de controversia litigiosa que esa cuantía reducida (los ingresos netos) haya sido percibida como trabajador autónomo, ni se haya alegado el fraude.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 4175/2018
  • Fecha: 26/10/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión planteada es si, una vez extinguido el contrato de trabajo por incapacidad permanente total (ar 49.1 e) ET), puede resolverse en sentencia posterior a esa extinción la demanda de extinción del contrato formulada al amparo del artículo 50 ET presentada antes de la declaración de extinción. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto por defectuosa formulación del recurso, en particular por no efectuar el recurrente la cita y fundamentación de la infracción legal en los términos que desarrolla el art 224.2 LRJS. El escrito de interposición del recurso contiene un único fundamento, llamado primero, dedicado a la «contradicción alegada» en el que no hace «mención precisa» alguna de «las normas sustantivas o procesales infringidas» (artículo 224.2 LRJS) por la sentencia recurrida (artículo 224.1 b) LRJS). El recurso se limita a decir que «el quebranto se produce mediante la interpretación y aplicación que del derecho hace la sentencia que es objeto de este recurso, en relación con la doctrina recogida en la sentencia alegada como contradictoria. Por ello, procede, en la actual fase procesal, desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 88/2021
  • Fecha: 20/10/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de instancia declaró ajustado a derecho el despido colectivo de Noa Madera Creativa SLU, siendo dicho parecer compartido por la sentencia anotada por entender: 1) Que no procede la modificación de hechos probados para transcribir íntegramente el informe de la Inspección de Trabajo; 2) Que teniendo en cuenta el informe de la Inspección y las actas de las reuniones, las cuentas consolidadas del año 2018 no se aportaron hasta después de lo que consta probado; 3) Que la parte recurrente parte de premisas distintas a las probadas en relación a los datos para apreciar la existencia de grupo de empresas, y no ha habido confusión de plantillas, ni confusión patrimonial, ni una dirección unitaria, sin que pueda reabsorberse al personal por empresas del grupo cuando existe grupo empresarial; 4) Que la empresa sí negocio de buena fe al aportar la documentación legalmente exigida, realizándose diversas reuniones, en que se realizaron ofertas y contraofertas, finalizando el periodo de consultas sin acuerdo, sin que el hecho de que otras dos empresas del grupo incrementaran su plantilla con anterioridad al despido, suponga que ha habido mala fe en la negociación; 5) Que se entregó documentación necesaria y suficiente para realizar el proceso negociador; 6) Que concurren causas para el despido, ya que se acreditan pérdidas, pérdida de proveedores, etc., y al no acreditarse la existencia de grupo de empresas a efectos laborales, procede declarar el despido ajustado a derecho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 98/2020
  • Fecha: 20/10/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el RC Ordinario de la Comisión de Control de un Plan de Pensiones Empresarial (CASBEGA) con adhesión de CCOO declarando que no ha existido vulneración del derecho a la igualdad y libertad sindical del CSIF, que se presentó como candidatura, ni la nulidad del proceso electoral, al no habérsele entregado a CSIF los datos personales de los partícipes y beneficiarios del plan de pensiones integrados en el censo electoral (nombre, apellidos, dirección postal, teléfono móvil y/o correos electrónicos) para realizar campaña electoral. Alcance constitucional de la libertad sindical. Naturaleza de las Comisiones de Control de los Planes de Pensiones: su composición esté excluida del principio de proporcionalidad, se aplica el sistema mayoritario, no es una estructura representativa cuya presencia o participación forme parte del contenido esencial ni adicional de la libertad sindical, ni es el sujeto que posee los datos útiles para el fin perseguido por la CSIF, ni es el órgano encargado de vigilar la limpieza del procedimiento electoral, ni la conducta que se le reclama aparece como una de sus obligaciones o funciones. Es a la Mesa Electoral a quien compete el impulso del proceso electoral y verificar su legalidad, y la Entidad Gestora es quien posee los datos en cuestión, y no aparecen como demandadas. No cabe anular el proceso electoral ni hay indemnización de daños y perjuicios posibles.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3208/2018
  • Fecha: 18/10/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consta en la sentencia analizada que el actor fue declarado en situación de IPT derivada de enfermedad profesional en el año 2013, siendo responsable del abono de la prestación la Mutua actora y sin que ésta impugnara la resolución del INSS. En expediente de revisión de incapacidad por agravación se declaró al actor en situación de IPA, manteniéndose la responsabilidad de la Mutua. En la sentencia analizada se debate si es posible cuestionar la responsabilidad en el pago de la prestación de IPA reconocida al actor. La Sala IV, tras relacionar la normativa de aplicación y la doctrina jurisprudencial del acto consentido y la aplicación del art. 71 LRJS, considera, sin embargo, que estamos ante una cuestión novedosa, pues no se debate si la falta de impugnación de una resolución administrativa impide combatir el derecho reconocido. Y es que en el caso de autos estamos ante el reconocimiento de una nueva prestación y la Mutua actora impugnó en tiempo y forma la resolución administrativa recaída en procedimiento de revisión de grado de incapacidad. Y, si bien la doctrina del acto consentido afecta sólo a la resolución previa no impugnada, ello no quiere decir que la ahora impugnada que declaró al trabajador en situación de IPA pueda alterar el régimen de responsabilidad ya consolidado, al no recogerse en dicha resolución unos hechos nuevos que pudieran modificar la declaración previa de responsabilidad. Sin que estemos en el actual supuesto ante el efecto de cosa juzgada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 4961/2018
  • Fecha: 14/10/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por sentencia de suplicación se revoca la de instancia para desestimar la demanda presentada por la actora en que solicitaba el reconocimiento en situación de incapacidad permanente total y subsidiariamente parcial, pero pronunciándose únicamente sobre la incapacidad permanente total. La Sala 4ª, tras sistematizar la jurisprudencia y la doctrina constitucional respecto de cuándo existe incongruencia omisiva, declara la nulidad de lo actuado por apreciar incongruencia omisiva, al no pronunciarse la sentencia de suplicación sobre la petición subsidiaria.

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