• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 1174/2019
  • Fecha: 17/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia reitera la doctrina dela STS de 25 de febrero de 2021 (rec. de casación núm. 4207/2019), donde se examinó la disposición adicional 4ª de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, para los PGE de 2007. El precepto legal relativo en su conjunto a la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ordena la utilización de la CNAE para determinar el tipo de cotización. Y con arreglo a dicha norma, el código de la CNAE a atribuir a cada empresa ha de ser el correspondiente a la actividad económica principal de la misma. La TGSS es la competente para determinar esa actividad económica, sin que conste en la citada disposición, el carácter vinculante de la información que obre al efecto en el Instituto Nacional de Estadística. Considera correcto el código 46.39 aplicado a la empresa por la TGSS, "comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco", aunque no conste en el Cuadro I. Finalmente la sentencia concluye, que la empresa no acreditó que fuese emprendedora, por lo que no se entiende infringido el artículo 20 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, sobre el único código de la CNAE que utilizan este tipo de empresas en las relaciones con las Administraciones Públicas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3870/2018
  • Fecha: 14/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso de casación para la unificación de doctrina tiene por objeto determinar si el escrito de interposición del recurso de suplicación, presentado vía Lexnet por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, está fuera de plazo. El 24/06/2016 se notifica a las entidades demandadas, por el sistema Lexnet, la Diligencia de 13/06/2016, por la que se tenía por anunciado el recurso de suplicación. El escrito fue presentado, por vía Lexnet, el 11/06/ 2016, a las 15,30 horas con sello de entrada en el Juzgado de lo Social de 13/07/2016. El TSJ dicta sentencia en la que considera, partiendo del art. 135.1 LEC, que la ampliación del plazo de gracia que aquel precepto establece - hasta las 15 horas del día siguiente hábil- es clara en cuanto al momento final de ese plazo, por lo que, si el plazo cumplía el día 8/07/2016 y el día de gracia seria el lunes siguiente, día 11/07/2016, hasta las 15, 00 horas, la presentación del escrito a las 15,30 horas de este día, supone que se presentó fuera del plazo marcado por la norma. La Sala IV, en relación con el art. 60.3 LRJS y el art. 151.2 LEC, ha venido señalando que el plazo para interponer el recurso correspondiente, cuando el recurrente es alguna de las entidades o personas a las que se refiere el apartado 3 del art. 60, se tiene por realizado al día hábil siguiente a la fecha de recepción. Esto significa que el día inicial del plazo para interponer el recurso comienza al siguiente del que se tiene por realizado. Se estima
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4/2019
  • Fecha: 13/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción proponiendo la imposición de una sanción de 130.013 euros a la empresa Bonacasa Fruit por infracción muy grave en grado máximo consistente en obstrucción a la labor inspectora del art. 50.4.a) de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Se tramitó expediente administrativo y el Consejo de Ministros confirmó el acta de la Inspección y el recurso potestativo de reposición fue desestimado. La Administración pública declara la responsabilidad de la empresa por su deber de conocer la identidad de toda persona que se encuentra en su centro de trabajo y los hechos fueron percibidos directamente por los funcionarios actuantes, reflejándose en el acta que goza de presunción de certeza que no ha quedado desvirtuada por la prueba evacuada en el juicio. La sala no comparte la cuantificación de la multa. La falta de identificación de nueve trabajadores constituye una infracción por obstrucción a la labor inspectora tipificada como falta muy grave en la LISOS y estima la pretensión subsidiaria, declarando que la sanción propuesta está mal graduada. La sanción debe imponerse en su grado medio. No ha lugar a la pretensión de que se anule el procedimiento por conculcarse el derecho constitucional a la defensa. Voto particular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 4697/2018
  • Fecha: 12/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada aborda el recurso deducido por el INSS frente a la sentencia dictada en suplicación que reconoce a la demandante el derecho a percibir la pensión de viudedad en el porcentaje del 52 % de la base reguladora de 937,08 euros mensuales, con las correspondientes revalorizaciones, sin la limitación de la pensión compensatoria. En el primer motivo se suscita por la Entidad Gestora que se vulneraron los criterios de valoración de la prueba, que la sentencia incurre en incongruencia al no atenerse al relato de la sentencia de instancia y haber valorado una prueba testifical que fue desatendida en instancia, fundamentando el fallo en un hecho no probado, pero el TS aprecia la falta de contradicción porque la referencial censura que la STSJ parta de hechos diversos a los declarados probados; la recurrida valora lo que el Juzgado considera acreditado de un modo distinto. Tampoco se declara concurrente la contradicción en el motivo segundo dirigido a determinar el momento en que debe acreditarse la condición de víctima de violencia de género, si debe ser de forma necesariamente coetánea (a la separación o divorcio) o si puede estimarse de manera flexible, y ello porque tal y como tiene reiteradamente declarado la Sala IV, la coetaneidad de la violencia de género y la ruptura matrimonial no ha de interpretarse de manera mecánica, sino valorando todas las circunstancias del caso, lo que dificulta el contraste de sentencias a efectos de unificación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 4955/2018
  • Fecha: 12/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se plantea en casación unificadora determinar si la situación clínica del actor, vendedor de cupones de la ONCE, permite o no reconocerle la situación de gran Invalidez. La sentencia recurrida, confirmó la sentencia de instancia que no le había reconocido la prestación por gran invalidez interesada con carácter principal ni tampoco con carácter subsidiario la pensión por incapacidad permanente absoluta. Para la sentencia recurrida no procede el reconocimiento de grado alguno de incapacidad permanente por ser la situación de ceguera legal del demandante anterior a su incorporación al mercado laboral en el año 1996. Antes de la incorporación al mercado laboral, en 1994, la agudeza visual del demandante era de 0,1 OD y 0,0 OI. En 2017 se determina un grado residual de secuelas de uveítis y atrofia del nervio óptico, indicándose que la patología era anterior al inicio de su actividad laboral en la ONCE. La Sala concluye que no concurre contradicción. En la sentencia recurrida no hubo agravación de la situación clínica del recurrente respecto a la que ya tenía en el momento en que accedió al trabajo remunerado, pues la situación del actor ya era de ceguera total antes de su afiliación. En la sentencia de contraste, no se parte, antes de la incorporación al trabajo de una situación que fuera calificada como de ceguera total; y se constata una agravación posterior a la afiliación, y al alta como vendedora del cupón de la ONCE e, incluso, a la previa declaración de IPA.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 177/2019
  • Fecha: 12/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recurre en casación la SAN que desestimó la demanda de impugnación de convenio colectivo de ASETRADIS, solicitando la nulidad del Título IV de Acuerdo marco estatal sobre materias del transporte de viajeros por carretera, y subsidiariamente, sus artículos 19.4-5-6, 20 y 21-C. La Sala IV desestima los cuatro motivos de recurso. El Título IV del AME se limita a regular los efectos que la sucesión convencional y la subrogación producen en los contratos de trabajo, sin que del contenido de los mismos resulte que crea barreras de entrada a nuevos operadores. No se observan indefiniciones, indeterminaciones e imprecisiones en el artículo 19.4.5 y 6, 20 y artículo 21 c) del AME. La regulación contenida en el AME no vulnera los principios generales de publicidad, igualdad y transparencia en la ordenación de la adjudicación de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular permanente de uso general de viajeros por carretera. La regulación del artículo 21 c) del AME no supone ventaja alguna para el empresario saliente ya que no le permite proceder de forma unilateral a la adscripción de trabajadores entre el momento de finalización de la vigencia de la concesión y el inicio efectivo de la siguiente. El AME no infringe las disposiciones legales de la libre competencia ya que, como se ha indicado con anterioridad, no impone limitación alguna a las empresas que quieran concurrir a las licitaciones ofertadas por la Administración Pública.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 3103/2018
  • Fecha: 12/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No entra a conocer la sentencia la cuestión relativa a si procede imponer a la empresa recargo de prestaciones por el accidente de trabajo sufrido por el trabajador, por no apreciar la existencia de contradicción con las tres sentencias invocadas de contraste: 1) Respecto de la cuestión relativa a que la sentencia realizó una recreación de los hechos probados, que no existe contradicción por cuanto no existe identidad en los hechos que están en el origen de los accidentes de las sentencias recurrida y de contraste, lo que hace que los debates son también distintos, sin que se vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva; 2) Respecto del segundo, en que alude al caso fortuito, por cuanto no existe identidad en la forma de producción de ambos accidentes; 3) Respecto del tercer motivo, en que se alude a la culpa del trabajador, que no existe identidad ni en la forma de los accidentes ni en las medidas de prevención adoptadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3484/2018
  • Fecha: 12/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora viene trabajando para la mercantil demandada UTE APS Andalucía Diasoft y Novasoft Servicios Tecnológicos y desde el inicio de su relación el 1 de marzo de 2.003, ha prestado servicios para compañías mercantiles concesionarias que venían adjudicándose el servicio de mantenimiento informático del S.A.S., y que se subrogaban en los derechos de los trabajadores adscritos al mismo. Entre las sentencias comparadas, no puede apreciarse la existencia de contradicción. Al igual que en las sentencias de la Sala IV de 12 de marzo de 2020 y 23 de julio de 2020 se concluye que la diversidad de hechos supone que no se puedan considerar contradictorias las doctrinas acuñadas por las sentencias que la recurrente opone. En los casos enjuiciados en las mentadas sentencias el trabajador usaba los medios materiales del SAS, utilizaba correos electrónicos proporcionados por la Junta de Andalucía, y recibía las órdenes de trabajo del personal del SAS, sin que el responsable del servicio de la UTE le diera instrucción alguna. De manera semejante y análogos motivos, las recurridas en uno y otro caso concluyeron que la UTE no desplegó ni los medios materiales para la ejecución del contrato, ni una organización empresarial propia, limitándose a la mera cesión de personal, que considera cesión ilícita de trabajadores, circunstancias no constatadas en las referenciales. El supuesto es sustancialmente idéntico al resuelto por la Sala IV/TS en sent. de 10 de febrero de 2021 (rcud. 3485/2018).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2/2019
  • Fecha: 11/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones se impugna la sanción impuesta por el Consejo de Ministros a Ibermutua, de la que la Sala IV conoce en única instancia. Tras admitir la propia competencia, se descarta la existencia de una doble sanción. Asimismo, se desestima la alegada infracción de las garantías del procedimiento sancionador. Y, entrando a analizar cada una de las infracciones imputadas, se concluye con respecto a la 1ª que el art. 86.1 de la LGSS se remite a su desarrollo reglamentario y mientras no existan trabajadores autónomos en la Junta General de la Mutua, no es exigible su presencia en la Junta Directiva. Se revoca también la sanción relativa a la presencia de empresas sancionadas en la Junta Directiva, pues lo que se reprocha en el acto impugnado a la empresa no es que tales empresas tengan obligaciones pendientes, sino que son empresas sancionadas; conducta no prevista en el tipo infractor. No se aprecia que se incurriera en la infracción consistente en la aplicación del patrimonio de la mutua a fines distintos a los legales. Se considera asimismo que no se ha incurrido en tal infracción por reconocer determinadas prestaciones especiales. Se ratifica la sanción únicamente en cuanto a la prestación de asistencia sanitaria a empresa asociada fuera de lo legalmente establecido, pero no en cuanto a la infracción consistente en impartir actividades formativas. Finalmente, se revoca la sanción relacionada con la negligencia en la supervisión de la prestación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3271/2018
  • Fecha: 11/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Procede reconocer el incremento del 20 por 100 de la incapacidad temporal, aunque no se hubiera solicitado en el momento de presentación de la demanda, por no tener el beneficiario la edad de 55 años. Se casa y anula de este modo la sentencia de suplicación que revocando la de instancia reconoció el grado de incapacidad permanente total al actor, sin el incremento del 20 por 100. Entiende la Sala 4 que no es incongruente que el Juez aplique por derivación las consecuencias legales de una petición aunque no hayan sido solicitadas expresamente por las partes, si vienen impuestas en normas de derecho necesario, habiéndose admitido jurisprudencialmente, por tutela judicial y economía procesal, que una vez cumplidos los 55 años por el trabajador demandante, y presumiéndose la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la habitual anterior, el órgano judicial reconozca el incremento aunque en la fecha de la demanda no hubiese cumplido dicha edad, si la alcanzó con posterioridad, ya que la incapacidad permanente total cualificada no constituye un grado en sentido propio sino un complemento al que se puede acceder cuando se cumplen los requisitos establecidos en la Ley

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