Resumen: JUBILACIÓN ANTICIPADA:el cierre de la empresa y la impugnación del trabajador por despido tácito de dicha situación habiendo obtenido una sentencia que declara el despido improcedente con derecho a percibir la correspondiente indemnización, debe equipararse como si fuere un cese del trabajo no imputable a la libre voluntad del trabajador, en tanto que el incumplimiento de la empresa de los trámites a los que estaba obligada a acudir de conformidad con el art. 51 (despido colectivo) o 52 (individual) del TRLET, no puede impedir al trabajador recurrente que pueda acceder a jubilarse de forma anticipada.
Resumen: RECURSO DE SUPLICACIÓN: no se debió admitir el recurso de suplicación por razón de cuantía ni existencia de afectación general cuando la cuestión suscitada se basaba en determinar si la extinción del subsidio por incapacidad temporal (IT), tras haberse denegado en vía administrativa la existencia de incapacidad permanente (IPT), pero reconociendo la de lesiones permanentes no invalidantes (LPNI), debe tener como fecha de efectos la de la resolución administrativa denegatoria o la de su notificación.
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada, consiste en decidir si es aplicable a una sanción administrativa muy grave, cuyo recurso de alzada fue desestimado el 20-06-2013, el plazo de prescripción de cinco años, previsto en el art. 7 del RD 928/1998, de 14 de mayo, o es aplicable, por el contrario, el plazo de prescripción de tres años, regulado en el art. 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Sala de suplicación en contra del parecer del Juez a quo, estimó el recurso del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social, y declaró aplicable el art. 7.3 del RD 928/1998 estableciendo un plazo de prescripción de cinco años a contar desde el día siguiente al de la firmeza de la resolución imponiendo la sanción. Plazo que empieza a contarse para la sentencia desde el día siguiente a aquel en finaliza el plazo legalmente previsto para la resolución del recurso de alzada, conforme al art. 30.3 de la citada Ley 40/2015. Y el TS confirma dicha decisión, reiterando doctrina previa obrante en TS 19-7-21 (rec 4160/18), por cuanto la regla general sobre la prescripción de infracciones y sanciones, regulada en el art. 30.1 Ley 40/2015, es subsidiaria a las disposiciones sobre prescripción, siendo patente que la norma aplicable es el art. 7.3 del RD 928/1998, tal y como se aplica en la sentencia recurrida, que se ajusta a la doctrina correcta.
Resumen: La cuestión que resuelve la sentencia comentada consiste en determinar si existe en la estructura salarial de la empresa una doble escala salarial ilícita establecida como consecuencia de su fecha de ingreso en la empresa y proyectada sobre el complemento personal de antigüedad que ocasionaría diferencias salariales con repercusión, entre otros extremos, en la indemnización por despido. La sentencia confirma su existencia y desestima el recurso de la empresa, porque no se trata de un complemento con una cuantía estable y consolidada, sino que el complemento que solo percibe un grupo de trabajadores, se va revalorizando anualmente e incluso incrementando en caso de ascensos de nivel, y con repercusión no únicamente en la cuantía salarial, sino también a efectos de prestaciones y mejoras de la acción protectora de la seguridad social pactadas en los convenios colectivos, sin que por parte de la empleadora se aporten ni siquiera indicios para intentar una justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato de unos u otros trabajadores en atención a la fecha de ingreso en la empresa.
Resumen: La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a si en un supuesto de maternidad subrogada, en el que los padres del embrión son los propios cónyuges, uno de ellos tiene derecho a la prestación por maternidad cuando el otro ya ha disfrutado íntegramente dicha prestación, por no apreciarse la existencia de contradicción con la sentencia de contraste, ya que en la sentencia de contraste se trata de un supuesto de adopción, que se produce diferidamente en el tiempo de una anterior maternidad biológica de su pareja que ya había disfrutado la prestación por maternidad, aplicando ambas sentencias normas distintas, puesto que la recurrida se dicta cuando estaba en vigor la Ley Orgánica de Igualdad y en la de contraste no.
Resumen: La actora, con la intención de aparcarlo más cerca, se dirigía a su vehículo situado en las inmediaciones de su centro de trabajo durante el tiempo de descanso, sufriendo un atropello, iniciando proceso de incapacidad temporal que fue considerado accidente no laboral. Por sentencia de instancia se estimó la demanda presentada por la actora que considerar que debe entenderse que la contingencia es accidente de trabajo, sentencia confirmada en suplicación, que entendió que si bien no podía apreciarse la presunción de laboralidad del art. 115.3 LGSS, sí que el accidente se ha producido “con ocasión del trabajo”, aplicando la doctrina de la ocasionalidad relevante. La Sala 4ª confirma dicha sentencia, por entender no existe ninguna circunstancia que rompa la relación de causalidad entre el trabajo y el accidente, por lo que el mismo acontece con ocasión del trabajo, en aplicación del art. 115.1 LGSS
Resumen: En la sentencia anotada, recurre el INSS la decisión judicial que declara al beneficiario en situación de IPA, denuciando que se han valorado patologías nuevas que, alegadas en el acto del juicio oral, no fueron valoradas ni alegadas en vía administrativa, ni en la demanda, lo que a su entender constituye una vulneración de los arts. 72 y 143.4 de la LRJS. El TS recuerda que una tradición jurisprudencial reiterada no ha considerado hechos nuevos ajenos al expediente las dolencias nuevas que sean agravación de otras anteriores, ni lesiones o enfermedades que ya existían con anterioridad y se ponen de manifiesto después, ni lesiones o defectos que existían durante la tramitación del expediente, que no fueron detectados por los servicios médicos de la entidad por las causas que fueran. Así las cosas, en el caso las dolencias alegadas (depresión mayor) son una consecuencia del cuadro patológico existente, por lo que confirma la sentencia recurrida.
Resumen: La Sala 4ª no entra a conocer de la cuestión relativa a si hay que reconocer en situación e gran invalidez a quien ya presenta ceguera legal en el momento de su ingreso en el ONCE sin que conste agravación con posterioridad, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia de contraste ya que en la sentencia de contraste sí que consta agravación de la dolencia visual sin que la actora padeciera ceguera legal con anterioridad a su incorporación a la ONCE.
Resumen: La Sala Cuarta desestima el recurso de la empresa cesionaria y confirma su esponsabilidad, en el supuesto de sucesión de empresas por transformación estructural por operaciones de fusión, en el abono de prestaciones de Seguridad Social derivada de la infracotización cometida por la cedente, con incidencia en la base reguladora de la pensión de jubilación, por el encuadramiento incorrecto del trabajador en el Régimen General en vez de en el Especial dela Minería y del Carbón, en una situación en la que el hecho causante de la pensión se ha producido con posterioridad a la sucesión. Corresponde a la cesionaria el pago de la diferencia resultante de computar lo infracotizado. Reitera el giro jurisprudencial producido a partir de STS (Pleno) de 23 de marzo de 2015 (rcud. 2057/2014): La interpretación del término "causadas" del art. 127.2 de la LGSS (art. 168.2 LGSS 2015) no debe interpretarse en un sentido formal y alusivo a las prestaciones "reconocidas" con anterioridad a la subrogación, sino al material de "generadas".
Resumen: SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES: Jubilación Minería del Carbón. Trabajadores migrantes que se desplazan en la UE y han prestado servicios en otros países. Cómputo de cotizaciones ficticias en el cálculo de la prorrata a cargo de España, en concreto si son computables los días en que se haya adelantado la edad de jubilación gracias a las bonificaciones de edad. Concluye que si bien dichos períodos de bonificación no se tienen en cuenta a la hora de calcular el período de carencia necesario para el nacimiento del derecho a la pensión de jubilación, sí que se añaden a los períodos de seguro real para el cálculo del importe de la pensión, en la medida de tales periodos configuran el importe del porcentaje de la base reguladora de la pensión a reconoce. Reitera doctrina STS 27-02-2019, rcud. 554/2017.
