Resumen: La controversia suscitada radica en determinar si los contratos de colaboración social celebrados antes de las sentencias del TS de 27 diciembre 2013, recursos 2798/2012 y 3214/2012, mantienen el régimen jurídico previo a dicho pronunciamiento. El demandante presta servicios en Régimen de Colaboración Social, desde mayo/2013 y reclama que se declare la existencia de una relación laboral indefinida no fija. La Sala IV, desestima la pretensión tras reiterar la doctrina relativa a la interpretación y aplicación de lo previsto en la Disposición Final segunda del RDL 17/2014, de 26 de diciembre a los contratos de colaboración social celebrados con anterioridad al 27/12/2013 y que continúen vigentes a la entrada en vigor del RDL 17/14 ( el 31/12/2014). Estos pueden seguir desarrollándose válidamente cualquiera que sea la actividad, temporal o permanente, que haya sido contratada, sin perder por ello su naturaleza, no siendo considerados, por tanto, como contratos laborales. Aquella disposición se trata de una norma legal con vocación transitoria aplicable sólo a las relaciones iniciadas antes de la fecha de las sentencias que rectificaban doctrina anterior, siempre que se mantuviesen en el momento de entrada en vigor de la norma; y por ello, no modifica la configuración de la temporalidad. Se rechaza que dicha reforma legislativa vulnere el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, art. 9.3 CE.
Resumen: El debate suscitado en este recurso de casación unificadora consiste en determinar si la empresa Integra MGSI CEE SL (en adelante Integra), adjudicataria de una contrata de servicios para la mutua Asepeyo debe subrogarse en la relación laboral de un trabajador que prestaba servicios para la anterior contratista (la empresa Auxiliar TDMS SL). La empresa Auxiliar TDMS SL comunicó al demandante que su contrata finalizaba y que la nueva adjudicataria le subrogaría. La empresa Integra rechazó la subrogación. Se dictó sentencia en la instancia y fue confirmada en suplicación. El TSJ declaró que la subrogación de la empresa Integra venía impuesta por el pliego de condiciones de la contrata. Ahora, Integra interpone recurso de casación unificadora y la Sala IV, atendiendo al art. 44 del ET en relación con el art. 130 de la LCSP junto con las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y la doctrina jurisprudencial establecida en la sentencia del TS de 12 de diciembre de 2021, estima su recurso de casación unificadora argumentando que, al no existir una norma legal, convenio colectivo o un acuerdo de eficacia general que imponga la subrogación, ésta no procede.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la relativa a determinar si en un supuesto de despido improcedente debe declararse extinguida la relación laboral con derecho a la indemnización, cuando el empresario anticipó previamente su opción por la readmisión y el trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente total (IPT). Y el TS, reiterando doctrina, afirma que la declaración de incapacidad posterior al despido hace inviable la posibilidad de readmitir al trabajador, por lo que el único término admisible de condena no es ya la opción de readmitir o indemnizar que con carácter general contempla el art. 56.1 ET, sino que ha de imponerse al empresario la única obligación que tras la declaración de IPT resulta factible, la de indemnizar en los términos legales, y la cuantía de la indemnización debe calcularse en estos casos a la fecha del despido.
Resumen: El actor nacido en 1956 se prejubiló en virtud de oferta realizada por el Banco el 26/03/12 en las mismas condiciones del Acuerdo laboral del proceso de integración, el sindicato comunicó al INSS el 28/02/13 la lista de extinciones al amparo del art. 4.1 RD 1716/2012 figurando el actor, en el INSS figuraba causa de cese con código 54 cese involuntario, solicitó jubilación anticipada el 2/01/17 concedida por el INSS con posterior revisión por error al entender que se trató de extinción voluntaria. Por Sentencia firme TSJ Sala de lo contencioso se declaró que las indemnizaciones por despido debieron ser declaradas exentas. El JS estimó la demanda y declaró el derecho a la jubilación anticipada con efectos de 2/01/17. El TSJ desestimó el recurso. La Sala IV consideró que el acuerdo de prejubilación suponía una baja no voluntaria. Remite a su reiterada jurisprudencia y previa STS 5/07/2022, rcud 1382/20: las prejubilaciones son producidas en el marco de un ERE con la oferta voluntaria del Banco en virtud de la cláusula vinculada al Acuerdo para personal nacido en 1956 con el compromiso de abono hasta que cumpla 64 años la totalidad de la prestación contributiva por desempleo y cotizaciones desde que se produjo la desvinculación. Se acredita que el trabajador se incluye en el ámbito de aplicación de la Acuerdo de 22/12/10 al cumplir la edad de 55 años y ofertarle la Banca las mismas condiciones de aquel Acuerdo laboral. Concluye que la baja no fue voluntaria y desestimó el recurso
Resumen: PROCESO LABORAL (JURISDICCIÓN):No se aprecia inmunidad de jurisdicción alegada por la empresa demandada en un despido que afecta a un trabajador que no ejerce poderes públicos, ni pertenece al cuerpo diplomático del consulado ecuatoriano en Madrid. La demandada está obligada a acreditar las razones por las que la tramitación del proceso judicial ante los órganos judiciales españoles puede poner en entredicho sus legítimos intereses de seguridad, aportando a tal efecto unos mínimos elementos de juicio de los que pudiere desprenderse que la actividad laboral del trabajador ha estado de alguna forma relacionada con el conocimiento de datos confidenciales afectantes a la seguridad del Estado extranjero que pudieren quedar expuestos como consecuencia del litigio y, como no lo ha hecho limitándose simplemente a afirmar que el proceso menoscaba sus intereses de seguridad, sin señalar, identificar o mencionar de ninguna forma los elementos objetivos en que se apoya la pretensión, y menos aún, que el objeto del proceso afecte a su seguridad Turquia o a la de su Embajada en España, debe desestimarse la excepción de inmunidad de jurisdicción y estimar el recurso para la unificación de doctrina con devolución de las actuaciones al juzgado de primera instancia para que resuelva el fondo del asunto planteado.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada consiste en determinar si los trabajadores demandantes tienen derecho a mantener su retribución anterior en un supuesto en el que voluntariamente concurrieron a un concurso de ascenso que ganaron, siendo que las bases de la convocatoria establecían con claridad el salario correspondiente, siendo estimada su pretensión por la sentencia recurrida en casación unificadora. Sin embargo tal parecer no es compartido por el TS, que declara que, en el caso, la aplicación de los criterios hermenéuticos relativos a la interpretación de los convenios revela que la interpretación efectuada por la sentencia recurrida no se adecúa a los mismos, toda vez que el apartado 4 de la Cláusula 18 del XIV Convenio Colectivo de aplicación otorga a la empresa la posibilidad de ampliar las bandas salariales en los casos que se determinan, pero en modo alguno se le impone una obligación en tal sentido, no resultando, por tanto de obligado cumplimiento, dejándose por tanto a su arbitrio, con lo que no cabría obligarla a tal ampliación ignorando lo establecido en el Convenio. Por lo tanto, cambiada la actividad de los actores por voluntad propia en atención a una convocatoria lícita que expresaba, con claridad, las nuevas condiciones laborales y salariales, se impone la aplicación de las nuevas condiciones establecidas en el convenio colectivo, sin que exista ningún derecho a conservar las anteriores.
Resumen: COMPLEMENTOS SALARIALES (ANTIGÜEDAD): la cuestión a resolver consiste en determinar si, para el nivel salarial o de progresión en la categoría, en el momento inicial de una subrogación regulada por el Convenio sectorial de Handling, se ha de computar el tiempo trabajado en dicha categoría en el sector, o si, por el contrario, cuando en el convenio de las empresas salientes se establecen requisitos adicionales a la mera permanencia temporal en la categoría como condición para la progresión del nivel (tales como la evaluación positiva del trabajo prestado), se ha de atribuir al agente subrogado el nivel de entrada o de progresión inicial cuando no consten aquellos requisitos. La Sala de casación estimando el recurso declara que se debe reconocer el derecho a que se le asigne aquel nivel que tenga en cuenta los servicios prestados previamente y no el de trabajadores de nuevo ingreso.
Resumen: RCUD. Se cuestiona si a efectos de la existencia del denominado "despido colectivo de hecho", se deben computar los despidos disciplinarios de otros trabajadores de la empresa para con los umbrales del art 51 ET. Los despidos se llevaron a cabo debido a que no existió una mejora en el bajo rendimiento del trabajador, al no llegar los objetivos mínimos exigidos por la empresa al entender que suponía una transgresión de la buena fe contractual, en especial dado que los objetivos esperados eran perfectamente alcanzables.. La empresa demandada, cuya plantilla era de 88 trabajadores, despidió desde el 18 de octubre de 2018 al mes de diciembre de 2018 a un total de diez empleados En los hechos probados únicamente consta que cuatro de estos despidos se pactaron como improcedentes en conciliación y, respecto del décimo, "no consta que haya sido impugnado judicialmente". El relato fáctico omite referirse a los cinco despidos restantes. Carga de la prueba del demandante. Falta de contradicción
Resumen: Al hilo de un litigio vinculado al devengo de determinado incentivo variable el recurso trata de determinar si la sentencia de instancia tiene acceso al recurso de por afectación general y si para tener derecho al bono reclamado por el trabajador, es preciso estar dado de alta o no en la empresa cuando deba producirse el pago correspondiente. Hay que tomar en consideración lo previsto en el apartado 4.3.2 del “Marco Laboral de referencia para empleados fuera de convenio, y las reglas para el cálculo del Bono 2016. El Convenio Colectivo establece el Programa voluntario de suspensión individual de la relación laboral en favor de determinadas personas, garantizando la percepción de una renta mensual equivalente al 68% del salario regulador acreditado en el momento de la suspensión hasta que cumpla 65 años. El actor solicita su incorporación al citado Programa, con efectos de 1 de marzo de 2016 y reclama el pago de las cantidades del bono o incentivo correspondientes a los dos meses anteriores, lo que equivale a 1.262,85 €. A la vista de la regulación y doctrina que se expone se concluye que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social no era recurrible en suplicación. No puede admitirse como hecho notorio que el litigio afecte a un gran número de trabajadores, ni consta prueba alguna al respecto: nada se dice en sede fáctica, ni menciona cuál es el número de trabajadores que han efectuado una reclamación similar.
Resumen: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD:la CNMV reclama al trabajador el reintegro de las ayudas recibidas indebidamente por comida y transporte en aplicación de la STS de 26-11-2015, rec. 18/2015, que revoca una anterior de la SAN. Cantidad inferior a los 3.000 euros. Acceso al recurso por afectación general. Prescripción. Inadmisión por falta de contradicción. Aplica el mismo criterio que en las SSTS de 15 de diciembre de 2021, rcud 3903/2020, y de 20 de septiembre de 2022, rcud. 722/2021, 921/2021. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
