• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 1359/2021
  • Fecha: 23/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD. Impugnación pluri-individual el 24-6-2020 ante el JS, de varios trabajadores frente a una empresarial concursada que ha visto extinguidos los contratos de trabajo mediante un despido colectivo autorizado por el Juez del Concurso (AJM 30-7-2019). El JS declara su incompetencia jurisdiccional, que confirma el TSJ. Se debate la competencia del Juzgado de lo Mercantil en un supuesto en el que la demanda por despido se fundamenta en cesión ilegal de trabajadores demandando a otras empresas no concursadas. La sentencia recurrida en rcud extiende por analogía el criterio del artículo 64.5 de la Ley Concursal vigente al momento procesal, referido a los supuestos de grupo de empresas laboral, a los casos de cesión ilegal de trabajadores. Falta de contradicción
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 147/2020
  • Fecha: 23/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada considera que la figura del trabajador indefinido no fijo es aplicable en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, porque si bien esta sociedad no es administración pública, se trata de una entidad del sector público cuyo acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 1ª en relación con el artículo 55.1 del EBEP. Se trata así de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público, adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando sin cumplir los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la función pública).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 2919/2021
  • Fecha: 23/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD. Si resulta aplicable la subrogación prevista en el convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la CAM (BOCAM 23-3-2019), a un empleado de una empresa multiservicios que presta servicios de conserje para una comunidad de propietarios, y que no realiza tareas de limpieza, al ser desempeñadas por otra trabajadora. La sentencia recurrida condenó a la nueva adjudicataria del servicio a las consecuencias de un despido improcedente. Pero el TS hace recaer la condena por despido sobre la empresa saliente. Se funda esta decisión en el hecho de que el conserje no está incluido en el ámbito de aplicación del convenio de limpieza (art. 2), y al tratarse de una materia no disponible para las partes, resulta irrelevante que la inicial contratista viniera aplicando al trabajador el convenio de limpieza. Por lo tanto, al tratarse de una empresa multiservicios sin convenio propio, un determinado convenio sectorial será aplicable a dicha empresa cuando lleve a cabo una actividad incluida en ese convenio sectorial, sin que un convenio colectivo se pueda aplicar a contratos de trabajo que no están incluidos en su ámbito de aplicación. Tampoco cabe aplicar la doctrina de la sucesión de plantillas, porque la mercantil recurrente no asumió a ninguno de los conserjes de la empresa saliente. Estima el recurso, y revoca la decisión judicial recurrida. Reitera STS 17/10/2022, rcud. 2931/2021, asunto idéntico de la misma contrata y empresas implicadas, con igual sentencia de contraste
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3567/2019
  • Fecha: 23/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora presta servicios para el Servicio Canario de Empleo como personal no fijo. La Disposición adicional 57 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 29 de diciembre de 2012 determinó que durante el ejercicio 2013 la jornada de trabajo del personal funcionario interino, del personal laboral indefinido y del personal laboral temporal de dicha Administración se redujera un 20 por 100, y en el mismo porcentaje sus retribuciones. Dicha Disposición fue declarada inconstitucional y nula por el Tribunal Constitucional. Se entregó a los funcionarios públicos y personal laboral afectado un documento de adhesión con obligación de recuperar la parte de la jornada no realizada durante los meses de referencia. La actora firmó el acuerdo de adhesión. La Sala de suplicación rechaza la existencia de una desigualdad de trato entre los trabajadores que se adhirieron al acuerdo para recuperar la jornada y retribución y los que mantuvieron sus demandas individuales de modificación sustancial. Se detecta una radical diferencia entre las sentencias comparadas porque tanto las pretensiones, como el debate suscitado en suplicación se evidenciaron divergentes, toda vez que solo en la primera sentencia (y no en la referencial) se enjuició, y resolvió, la naturaleza jurídica y la forma de retribución de las horas de recuperación, y la repercusión correlativa del documento de adhesión suscrito por la parte actora acuerdo del Gobierno de Canarias.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 4440/2021
  • Fecha: 23/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consta que la trabajadora fue despedida por causas objetivas de tipo económico, en el marco de un despido colectivo. En la carta de despido la empresa alega que viene arrastrando pérdidas económicas desde el año 2016, lo que ha imposibilitado el abono del alquiler del centro de trabajo, con el consiguiente cierre del mismo. Se indica también que la falta de liquidez imposibilita la puesta a disposición de la indemnización. La Sala IV, tras apreciar la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas y remitiéndose a la doctrina previa, resuelve sobre si debe tenerse por acreditada la falta de liquidez. Se concluye que, si bien corresponde a la empresa acreditar tal circunstancia, ello no siempre es posible hacerlo mediante prueba plena, siendo suficiente con aportar indicios sólidos sobre la falta de efectivos, en cuyo caso el trabajador debe destruir o neutralizar tales indicios. A la vista de la prueba, teniendo en cuenta que la empresa acredita indicios sólidos –imposibilidad de abono del alquiler y pérdidas acumuladas- de la falta de efectivo, por lo que las alegaciones de la trabajadora carecen de sustento. Sin que la divergencia de criterio de las diferentes secciones de la misma sala de suplicación pueda considerarse vulneradora del principio de igualdad. Se confirma la procedencia del despido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 2855/2019
  • Fecha: 22/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada decide un recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad y en relación con la DF 2ª del RDL 17/2014, de 26 de diciembre. Consta que el actor ha prestado servicios, en régimen de colaboración social, para el Ministerio de Justicia hasta que cesó por la incorporación de una funcionaria que realizaría sus mismas tareas. En la instancia se le declaró como indefinido no fijo y su cese como despido improcedente. El TSJ confirmó el fallo de instancia porque el contrato no obedecía a una causa temporal real, pero para el MF el TSJ inaplica de facto la nueva norma legal al considerar que solo afecta a la contratación de colaboración social regular y no a la que adolece de irregularidades ya que, precisamente, fue promulgada para paliar los efectos de la doctrina jurisprudencial que entendía que no eran temporales aquellos contratos cuando atendían necesidades permanentes de la Administración demandada. Concluye la sala IV que la finalidad de la norma era que continuasen vigentes las características de temporalidad atribuidas a los contratos de colaboración social suscritos antes del 27/12/13, fecha de las sentencias que supusieron un cambio jurisprudencial. En consecuencia, estima el recurso resolviendo que los contratos de colaboración social vigentes y celebrados con anterioridad al 27/12/13 siguen siendo válidos cualquiera que sea la actividad contratada, temporal o permanente y sin que sean considerados contratos laborales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 3088/2019
  • Fecha: 22/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Al trabajador administrativo especialista se le asignan funciones de un GP distinto, reclamó el reconocimiento de la categoría de funciones ejercitadas y diferencias retributivas. El JS estimó parcialmente al entender que se cuestiona la clasificación profesional, debiendo determinar las funciones y su definición con la categoría del CC aplicable para luego decidir la categoría en atención a los trabajos efectivamente realizados, el derecho al GP adscrito y percibo de retribuciones correspondientes a las funciones del grupo entre diciembre 15 y diciembre 17. El TSJ estimó en parte el recurso de la Agencia, revocó en parte la sentencia reduciendo la cuantía del importe por diferencias salariales. Recurre la Agencia catalana del agua, la Sala IV tras exponer el contenido sobre la competencia del orden social y contencioso, arts. 2a) y 3a) LRJS confrontados con el art. 1.1 LRJCA, recordó su jurisprudencia e indicó que la competencia material es cuestión de orden público procesal y si el orden social no hubiera sido competente lo hubiera declarado. Diferencia los supuestos de impugnación de RPT atribuida al orden contencioso, de los de reclamación de clasificación profesional conforme a las tareas efectivamente realizadas en la AP. El actor suscribió un CT, fue adscrito a otro puesto y reclamó el derecho a la categoría profesional de las funciones desarrolladas y diferencias retributivas, no impugna RPT, es competente el orden social: la controversia surge del contrato de trabajo
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 3318/2021
  • Fecha: 22/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia apuntada otorga respuesta a la cuestión siguiente: la determinación de si las guardias de presencia física en el centro de trabajo de los trabajadores dedicados al transporte sanitario deben computarse como tiempo efectivo de trabajo a efectos de la jornada anual. Declara al efecto que estos trabajadores están incluidos en la Directiva 2000/34/CE y no se les aplica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, rectificando la doctrina STS 21 de abril de 2016, rec. 90/2015. Las guardias de los empleados de empresas de ambulancias, en régimen de 24 horas/día y descanso de 72 horas, al requerir la presencia física del trabajador en el centro de trabajo y estar a disposición del empresario, tienen la condición de tiempo de trabajo efectivo a efectos de la jornada anual y el exceso debe abonarse como horas extraordinarias. Ello significa que los servicios de guardia que realiza un trabajador en régimen de presencia física en el centro laboral deben considerarse tiempo de trabajo en su totalidad, y, en su caso, horas extraordinarias, independientemente de las prestaciones laborales realmente efectuadas por el interesado durante esas guardias.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 3030/2019
  • Fecha: 22/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se dilucida el alcance de la facultad que atribuye el art. 146 LRJS a las entidades gestoras de la Seguridad Social para revisar de oficio sus actos declarativos de derecho en perjuicio del beneficiario, sin necesidad de activar la vía judicial con interposición de demanda frente a los mismos. Por resolución del SPEE de abril de 2012 se reconoció a la actora prestación por desempleo. El 15/2/17 el SPEE dicta resolución de percepción indebida de la prestación fundada en el reconocimiento judicial con efectos económicos retroactivos de la condición de funcionaria. La Sala IV, con remisión a doctrina previa, considera que el SPEE ha actuado conforme a derecho al anular de oficio las resoluciones administrativas que reconocieron a la demandante las prestaciones de desempleo que ha dejado sin efecto. Argumenta en interpretación tanto literal como sistemática del art. 146.1 de la LRJS, que el SPEE está facultado para revisar sus actos, sin necesidad de acudir a la vía judicial ni sujetarse al plazo de un año, cuando se basa tal revisión en la omisión de datos o aportación de datos inexactos por el solicitante, dado que el precepto contiene una regla de excepción a la prohibición de autotutela en materia de desempleo. El derecho a los salarios correspondientes a la fecha a la que se extiende el reconocimiento retroactivo de la condición de funcionaria es preexistente a las prestaciones de desempleo, y opera de manera coetánea e incompatible durante todo el periodo de su percepción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 4060/2019
  • Fecha: 21/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita es la de determinar si procede el pago de intereses moratorios. En el caso, la actora viene prestando sus servicios por cuenta del Ministerio demandado como profesora de Religión en centros públicos de enseñanza. Presentó solicitud el 10/1/14 para el reconocimiento del complemento de formación permanente -sexenios-, acompañando la documentación acreditativa de los requisitos precisos para ello, sin que el Ministerio de Educación se opusiera en el juicio al reconocimiento del derecho y al abono de determinadas cantidades en tal concepto; cuantía aceptada por la actora. La sentencia de instancia estimó la demanda, siendo confirmada por la sala de suplicación, pero sin reconocer el interés por mora. El TS estima el recurso de casación unificadora y, descartada la incongruencia extra petita, declara -con apoyo en doctrina previa- que dichas cantidades no abonadas han de devengar el interés del 10%, tal y como establece el artículo 29.3 del ET pues, tratándose de concretas deudas salariales, la solución ofrecida por el legislador -ex art. 29.3 ET- ha de operar también de forma objetiva, sin que a ello se pueda oponer la aplicación de la disposición adicional primera de la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado, toda vez que la propia administración educativa no se atuvo a lo previsto en aquella disposición

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