• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 3800/2021
  • Fecha: 30/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia de los jueces y tribunales españoles para conocer de la impugnación de un despido por un ciudadano español contratado en España, que presta servicio en la Embajada de la República de Egipto en España como traductor oficial en la Agregaduría de Defensa, de acuerdo con la normativa y la doctrina que indica, y en particular, la LOPJ arts. 21 y 25, LO 16/2015, de 27-10 sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, y la STJUE 19/07/2012 (asunto C-154/11), cuya aplicación permite concluir que no es aplicable al caso la inmunidad de jurisdicción, pues el demandante realizaba funciones de traductor de la Agregaduría de Defensa, al considerarse insuficiente la Nota Verbal afirmando que están afectadas la seguridad y defensa nacionales, correspondiéndole a la Embajada la carga de probar en el proceso dichas circunstancias. No se acredita que el proceso menoscabe intereses de seguridad del país extranjero. Aplica doctrina TJUE 19/07/2012 (C-154/11), y entre otras, SSTS/IV de 14/02/2020 (rcud. 82/2017) y 29/04/2021 (rcud. 2495/2019). Reitera STS 31/5/2022, rcud. 1450/2020, misma embajada y sentencia de contraste.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 121/2020
  • Fecha: 30/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada resuelve el recurso de casación ordinaria deducido contra la sentencia dictada en proceso de conflicto colectivo, al que se acumuló una acción de tutela de derechos fundamentales y cantidad por daños y perjuicios en estos derechos, en la que, estimando la excepción de acumulación indebida de acciones y manteniendo la de conflicto colectivo, desestima esta última. El TS desestima el recurso porque el recurso extraordinario, como es el de casación y otros se igual naturaleza, impide que se planteen en él cuestiones nuevas que no fueron objeto de debate ni de decisión en la instancia, como es el caso. En efecto, la parte recurrente está pidiendo ahora ante la Sala IV que haga una compensación de las pérdidas con la desafección de las reservas voluntarias y con ello declarar un derecho retributivo no percibido en 2015. Ello, claramente, es algo novedoso que no planteó en la instancia ni la sentencia de la Sala pudo analizar, por lo que el motivo es rechazado de plano.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 156/2022
  • Fecha: 30/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La controversia suscitada radica en determinar si el acuerdo alcanzado con la mayoría de los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas en el seno de un despido colectivo, por el que se sustituyó este por medidas voluntarias y otras de carácter coyuntural, es ajustado a derecho. El 1er motivo se centra en la aportación documental en el periodo de consultas, no prospera. La memoria y el informe técnico se presentaron en un solo documento. El despido colectivo se ha declarado ajustado a derecho por la situación económica negativa de la empresa al haberse acreditado la existencia de pérdidas actuales, lo que constituye un supuesto en el que no es necesario el citado informe técnico. Por otra parte, la alegación relativa a que la memoria no examina dato alguno relativo al grupo de empresas, se trata de una cuestión nueva. Finalmente, se consideran acreditadas las causas económicas, en cuanto la empresa sufrió pérdidas reiteradas en el tiempo, que se agravaron antes del despido colectivo, lo que evidencia la concurrencia de una situación económica negativa, causada principalmente por el coste de la plantilla. Por todo ello, el acuerdo analizado es una medida razonable en atención a las graves circunstancias concurrentes, existiendo causas reales y verosímiles que legitiman la decisión empresarial, sin que se trate de una medida que traiga causa de la pandemia causada por el COVID-19.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 87/2020
  • Fecha: 30/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia apuntada desestima el recurso de casación interpuesto por Finanzauto S.A.U contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en demanda de impugnación de convenio colectivo de la empresa, declarando la nulidad del inciso contenido en el apartado c) del art. 37 del mismo en cuanto mantiene como derecho "ad personam" la consideración como no laborables de los días comprendidos entre el 26 y 31 de diciembre en favor de los trabajadores de alta en la empresa a fecha 9 de julio de 2019. Argumenta la sentencia que la redacción del meritado precepto es contraria a derecho por limitar el reconocimiento de esos días adicionales de vacaciones al personal de alta en la empresa a fecha 9 de julio de 2019 y, expresamente, señala que se ha de reconocer en favor de todos los trabajadores de la empresa el carácter no laborable de los días comprendidos entre el 26 y el 31 de diciembre.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 29/2020
  • Fecha: 30/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCO. Impugnación por ilegalidad y declaración de nulidad de algunos preceptos del IV Convenio único de la Administración General del Estado (artículos 4.4, 15.q, 56.3 y de la DT 7ª.4), no de otros (1.3 d, 15.o)19, 37.1,39.2 , 45 DA Sexta), al interpretar la atribuciones que da el Convenio a la comisión paritaria, que excedían de las que legalmente pudiera ostentar, por contener funciones claramente negociadoras. Tipos (interpretativas y negociadoras) y funciones de la comisión paritaria. Se anulan los preceptos del convenio que otorgan a la comisión paritaria funciones negociadoras que exceden de las de interpretación, ejecución o aplicación del convenio. Petición de declaración de haberse vulnerado la libertad sindical del Sindicato demandante ELA, por haber sido excluido de las funciones negociadoras establecidas en los artículos anulados. Exclusión de la comisión paritaria de sindicatos no firmantes del convenio. Doctrina jurisprudencial sobre la cuantificación e importe de la indemnización por daños morales respecto de la vulneración del derecho fundamental de libertad sindical, que la instancia SAN estableció en 300 €; (pedía 6251); criterio orientador de la LISOS, discrecionalidad y prudencia de instancia y estudio de circunstancias concurrentes relevantes al caso. Confirmación de SAN.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 66/2020
  • Fecha: 30/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consta probado que la sección sindical de LSB-USO solicitó su adhesión al III Convenio Colectivo del PAS Laboral de la UPV/EHU y, vía mail, que se creara un buzón para la misma con acceso a un correo electrónico corporativo para la comunicación con empleados y el ejercicio de la acción sindical. La UPV/EHU por el mismo medio respondió afirmativamente. Pero esa situación se revierte con posterioridad en el seno de una Comisión Paritaria del PAS laboral decidiéndose que, conforme a la LOLS, el III Convenio Colectivo del PAS Laboral de la UPV/EHU y la normativa específica de la Universidad, no procedía por falta de representación. Fue entonces cuando la Gerencia de la UPV/EHU dio orden de bloquear el correo electrónico. La sentencia apuntada resuelve que la sección sindical LSB-USO tiene derecho a adherirse al Convenio Colectivo del personal laboral de administración y servicios de la Universidad del País Vasco/EHU en igualdad de condiciones que las demás organizaciones firmantes, pero la interdicción empresarial al uso de buzón cuando no tenía representatividad, así como el bloqueo sobrevenido del correo concedido de forma contraria a las previsiones normativas de aplicación justificado, precisamente, por acuerdos negociados con las organizaciones sindicales, debidamente publicados, no resulta vulneradora de su derecho de libertad sindical.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 342/2021
  • Fecha: 29/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los sindicatos en demanda de conflicto colectivo solicitan la aplicación del EBEP en la composición de COPA general de PRL de la Generalitat y que el sindicato CSC no tiene derecho a formar parte por no haber obtenido el 10% de representación, en el ámbito laboral no tiene ningún representante. El TSJ estimó la excepción de incompetencia del orden social planteada por la Generalitat fijando la competencia del orden contencioso-administrativo al discutirse la composición de la mesa paritaria específica en virtud del Pacto sobre derechos y participación de los empleados públicos en PRL en el ámbito de la Administración autonómica y no una decisión derivada de la responsabilidad de las obligaciones que impone la LPRL. La Sala IV en casación ordinaria delimitó el debate en el incumplimiento de la normativa aplicable a la composición de la mesa negociadora, remite a su jurisprudencia en la que fija que es el orden contencioso-administrativo el competente para conocer de los litigios relativos a la negociación colectiva de los funcionarios públicos entre ellos los derivados de la composición de las mesas de negociación y también cuando afecten conjuntamente al personal laboral y funcionarial se atribuye el conocimiento al orden contencioso-administrativo, arts. 2 y 3 LRJS. Concluye que la afectación de dos colectivos exige reconducir la controversia al orden contencioso sin ser óbice que la mesa sea de PRL porque el litigio no se refiere a incumplimientos de la legislación de PRL.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 119/2022
  • Fecha: 29/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El debate suscitado en la sentencia apuntada consiste en determinar si ha habido una cesión ilegal de trabajadores entre las mercantiles RAILSIDER y CELSA y si debe declararse nulo el despido colectivo por ser fraudulento. Consta que CELSA suscribió una contrata con RAILSIDER. Posteriormente, se adjudicó la contrata a ALSERVI. Cuando finalizó la contrata de RAILSIDER, esa empresa tramitó un despido colectivo. La sala de suplicación determina que no era ajustado a derecho el despido colectivo realizado por RAILSIDER, rechaza que haya habido cesión ilegal y declara la existencia de sucesión empresarial con condena solidaria de RAILSIDER y ALSERVI. Argumenta la sala IV que los hechos probados impiden apreciar la existencia de cesión ilegal entre CELSA Y RAILSIDER porque la empresa contratista mantuvo el control de la actividad de sus trabajadores y aportó una infraestructura personal y material relevante. Ha quedado acreditado que RAILSIDER actuó como auténtica empleadora y desplegó su poder de dirección y organización sobre los trabajadores que prestaban servicios en CELSA. Por otro lado, se resuelve la existencia de sucesión de empresas entre RAILSIDER y ALSERVI y aunque esta última no intervino en el procedimiento de despido colectivo de la primera, ello no implica que deba declararse la nulidad del despido, porque ello no está previsto como causa de nulidad en el art. 124 y ss LRJS: el despido fraudulento solo es nulo cuando así lo ha previsto el legislador laboral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 219/2021
  • Fecha: 29/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El sindicato impugnó la decisión de implantar un sistema de guardias rotativas y voluntarias de 24 a 8 h. para cubrir el servicio de la campaña ORANGE por vulnerar la libertad sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva; antes de la modificación el turno de noche lo cubrían 3 trabajadores del centro de Barcelona adscritos al mismo, 2 fueron despedidos y 1 de ellos volvió, se adscribieron voluntariamente 8 trabajadores al sistema (de 2 centros) realizándolo en régimen de teletrabajo, la plantilla adscrita a la campaña son 92 trabajadores y la de la empresa casi 4.000. La AN declinó conocer por carecer de competencia, estimando la excepción de incompetencia funcional e inadecuación de procedimiento porque el número de afectados no alcanza el umbral de modificación colectiva ex art. 41.2 ET. La Sala IV descartó la nulidad de actuaciones y estimó que no se sobrepasa el umbral numérico a efectos de considerar la MSCT como colectiva, la medida afectó a 8 trabajadores de los 92 que integran la campaña, la calificó como de carácter plural, señalando que el procedimiento de conflicto colectivo del art. 153 LRJS no es el adecuado. A ello no se opone que se ofertase a todos los trabajadores, el carácter voluntario revela inexistencia de afectación ni potencial de la plantilla surgiendo sólo de la decisión voluntaria, no se impone, depende exclusivamente de la voluntad del trabajador que se adhiere voluntariamente a la oferta. No se trata de pacto individual en masa
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 16/2021
  • Fecha: 29/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: CONFLICTO COLECTIVO:inaplicación por ilegalidad de los actos aplicativos del II Convenio Colectivo Profesional de los Controladores de Tránsito Aéreo en AENA aprobado de 9 de marzo de 2011. La cuestión litigiosa que la SNCA y SPICA plantearon en la instancia pasaba por determinar si el valor de la hora ordinaria trabajada por encima de las 1200 horas anuales y la acción sindical debía abonarse a un colectivo (CTA con contrato en vigor antes del 5.2.2010) y no al otro (resto de los controladores contratados después de la entrada en vigor del CC AENA 2011 -arts 141 bis y 29), a la vez que se impugnaba la minoración de tablas salariales a las que hacía referencia los arts. 29 y 124 del CC AENA, así como su vinculación a la jornada de 1670 horas anuales (arts. 123 y 124 CC). Fue resuelta por SAN en la que sin entrar sobre el fondo, apreció la excepción de falta de legitimación activa del SNCA a la que se adherió el sindicato USCA, se estimó la excepción de cosa juzgada con relación a la SAN de 12.01.2018. Recurrida la sentencia por SNCA se alegó el quebranto de las normas esenciales del procedimiento que causa indefensión -sobre valoración de la prueba con relación a la falta de legitimación- y SNCA y SPICA denunciaron la infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia -eficacia de la cosa juzgada- La Sala de casación rechazó ambas pretensiones, y confirmó la sentencia de instancia.

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