• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 131/2022
  • Fecha: 14/12/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Como consecuencia de la pandemia y del estado de alarma la empresa demandante vio afectada su actividad y solicitó que se constatara la existencia de fuerza mayor sobre los contratos de trabajo de una parte significativa de su plantilla. Se resolvió que no había quedado constatada la fuerza mayor y la empresa considera que los supuestos de fuerza mayor (art, 22.1 RDL 8/2020) son numerus apertus, además de que la situación de la empresa es subsumible en la fuerza mayor delineada a efectos del COVID. El recurso no ha llenado las exigencias legales y jurisprudenciales que presiden la revisión de la crónica judicial de instancia. En cuanto al segundo motivo, la STS 1274/2021 de 15 diciembre (rec. 179/2021, Arcelormittal) ha sentado las bases para la resolución de asuntos similares. Como se ha advertido en sentencias previas, no todas las consecuencias de la Covid-19 encajan en la noción de fuerza mayor acuñada por el artículo 22 RDL 8/2020, debiendo reconducirse, cuando ello sea así, en su caso, a las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción contempladas en el artículo 23 RDL 8/2020. En el caso de autos la ausencia de pedidos por parte de clientes habituales o el cierre de establecimientos que tenían permitida su actividad, como concluye la sentencia recurrida, no daría lugar a la apreciación de fuerza mayor en los términos del art. 22 del RD Ley 8/2.020, sino a la posible concurrencia de una causa ETOP de las previstas en el art. 23 de la misma norma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 4399/2019
  • Fecha: 14/12/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consta que los trabajadores demandantes fueron contratados por la demandada para prestar servicios como mecánicos en centros de trabajo itinerantes. Si bien los actores realizaban formaban parte de los mecánicos del parte de maquinaria de Fuenlabrada, eran destinados habitualmente para la prestación de servicios en centros itinerantes situados, incluso, en el extranjero. El 6/7/18 la empresa y la representación de los trabajadores acordaron el traslado del personal del centro de Fuenlabrada al de Pancorbo, si bien se entendió que los actores no estaban afectados por el traslado, dada su prestación de servicios en centros itinerantes. La sentencia de suplicación confirma la de instancia que calificó la decisión empresarial como un traslado injustificado. Recurre la empresa en casación unificadora. Y la sentencia anotada, con remisión a la STS DE 14/10/2004 (r.2464/2003), estima el recurso, a la luz de lo recogido en los arts. 40 ET y 79 del VI convenio colectivo del sector de la construcción. Razona la Sala IV que a las empresas con centros itinerantes no les resultan de aplicación las reglas del art. 40.1 ET, pues el traslado se produce cuando el cambio se produce a un único centro de trabajo, pero no cuando los servicios se prestan en varios centros, en cuyo caso se está ante desplazamientos a que se refiere el art. 40.4 ET. Sin que el hecho de que también los actores hayan prestado servicios en el centro de Fuenlabrada, que fue cerrado, obste a la anterior conclusión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 13/2021
  • Fecha: 13/12/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que declaró contraria a derecho la huelga convocada a nivel nacional el 19-12-2012 en Correos y Telégrafos por la CGT. La sentencia hace suyas las argumentaciones de la Sala de origen y declara que la huelga es ilegal porque la considera abusiva por la forma en la que se ha desarrollado, al convocarse de manera indefinida y prolongarse durante más de cinco años, durante los que la organización convocante incita a los trabajadores a secundar la huelga de forma intermitente para fines distintos de los que fue convocada, y ha causado trastornos organizativos y daños materiales a la empresa, de especial relevancia y trascendencia. Asimismo, es fraudulenta, porque el sindicato convocante ha promovido que los trabajadores y funcionarios afectados por la convocatoria eludiesen el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo, y se tiene por acreditado que el sindicato favorece que los trabajadores la utilicen estratégicamente los sábados, vísperas de festivos, puentes, al regreso de vacaciones, tras la finalización periodos de IT.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 351/2021
  • Fecha: 13/12/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La ejecución provisional de una sentencia de despido tiene un marco jurídico sustantivo propio y singularizado con un cauce procesal específico distinto a la ejecución definitiva, aunque, en principio, no difieran en orden a los importes del salario a considerar. El derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios términos comprende a aquellas que, aun resultando erróneas o contrarias a la Ley, no han sido recurridas y han devenido en firmes, por lo que no cabe pretender que en la ejecución de esa sentencia se rectifiquen los errores o disposiciones contrarias a la Ley que se hayan cometido. A los efectos del art. 206.4 de la LRJS, no contradice lo ejecutoriado la resolución recaída en un incidente de ejecución que tiene por objeto determinar si los salarios a percibir por los trabajadores afectados por un despido colectivo declarado nulo debe ser el fijado en el convenio colectivo vigente al tiempo del despido o el establecido en otro posterior, cuestión que no fue planteada con anterioridad al proceso de ejecución definitiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 4214/2021
  • Fecha: 13/12/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Al actor, contratado el 28/06/16 por el OAL Centro para la formación y orientación laboral y el Ayuntamiento de Marbella, se le comunicó el 13/12/16 la finalización de la relación el 31/12/2006, el 10/01/17 interpuso reclamación previa y el 27/02/17 presentó demanda. El JS apreció la excepción de caducidad de la acción opuesta por la AP demandada al entender que aún no exigiéndose la reclamación administrativa previa, al interponerla el actor desde ese momento supone conocimiento pleno del contenido del acto administrativo y la acción se encontraba caducada al interponer la demanda de despido. El TSJ confirmó la resolución, el plazo de caducidad debe computarse desde la fecha de presentación de la reclamación previa por realizar actuación de conocimiento. La Sala IV remite a su doctrina y la acción de caducidad se encuentra suspendida hasta el momento en que se formula la demanda, la comunicación de la AP sobre la finalización del contrato inferior a un año, si bien el art. 49.1 c) ET no exige preavisar por escrito el art. 69.1 LRJS no diferencia entre la duración de los contratos, la comunicación extintiva debe reunir los requisitos legalmente exigidos. La notificación por la AP sin indicar vía y plazo de impugnación mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que se impugne por la vía legal, no cabe reconocer virtualidad a la reclamación previa indebidamente formulada cuando la resolución administrativa omite la vía adecuada de impugnación. La acción no está caducada
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3594/2021
  • Fecha: 13/12/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reiterando considera el TS que el despido ETOP desconociendo la previsión contenida en el art.2 RDL 9/20 debe ser calificado como improcedente y no como nulo, por tres razones: 1) La norma no contiene una verdadera prohibición del despido, sino una temporal restricción de su procedencia; 2) tampoco alude a la calificación que debe comportar la extinción en estos casos, sino que solo contiene una destipificación o neutralización de causas extintivas, esto es, no prohíbe la extinción contractual, sino que retira la cobertura del despido por dificultades empresariales, por entenderse que podrán fundar medidas suspensivas, pero no extintivas; y 3) Es criterio reiterado que el despido sólo es nulo en los supuestos legalmente establecidos, y por ello el despido fraudulento solo es nulo si lo ha previsto el legislador. La ausencia de causa en el despido solo comporta su improcedencia, no la nulidad, salvo que exista vulneración de derechos fundamentales, lo que no ocurre en este supuesto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 897/2021
  • Fecha: 02/12/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El trabajador, ahora recurrente, prestaba servicios para una empresa que fue declarada en situación de concurso. El administrador concursal accedió a su solicitud de excedencia voluntaria reconociéndole, con carácter de mejora voluntaria y como condición más beneficiosa, un derecho a la reserva de un puesto de trabajo de igual o similar categoría y no únicamente un derecho preferente de reincorporación. La Sala IV resuelve que la meritada mejora será esgrimible frente a empresa o, en su caso, a la administración concursal pero no frente al Fogasa que es un tercero sobre el que no pueda hacerse recaer una decisión en la que no ha participado ni la ha suscrito. Y es que al Fogasa no se le puede imponer una obligación de pago «más allá de los supuestos tasados» como así dispone la STS 714/2020, 23 de julio de 2020, rcud 3455/2017. En los casos de excedencia voluntaria la jurisprudencia, interpretando la normativa aplicable, ha establecido que el excedente voluntario no tiene derecho a la indemnización correspondiente a la extinción por causas objetivas, por lo que ninguna responsabilidad al respecto puede tener el Fogasa. Si al excedente voluntario se le ha mejorado lo que la ley le reconoce (el mero derecho preferente al reingreso), esa mejora no le es oponible al Fogasa ni responde por ella. Se trata de una mejora que va más allá de los supuestos legales y tasados de los que responde el Fogasa, que no puede vincularle ni hacer surgir su responsabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 3800/2021
  • Fecha: 30/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia de los jueces y tribunales españoles para conocer de la impugnación de un despido por un ciudadano español contratado en España, que presta servicio en la Embajada de la República de Egipto en España como traductor oficial en la Agregaduría de Defensa, de acuerdo con la normativa y la doctrina que indica, y en particular, la LOPJ arts. 21 y 25, LO 16/2015, de 27-10 sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, y la STJUE 19/07/2012 (asunto C-154/11), cuya aplicación permite concluir que no es aplicable al caso la inmunidad de jurisdicción, pues el demandante realizaba funciones de traductor de la Agregaduría de Defensa, al considerarse insuficiente la Nota Verbal afirmando que están afectadas la seguridad y defensa nacionales, correspondiéndole a la Embajada la carga de probar en el proceso dichas circunstancias. No se acredita que el proceso menoscabe intereses de seguridad del país extranjero. Aplica doctrina TJUE 19/07/2012 (C-154/11), y entre otras, SSTS/IV de 14/02/2020 (rcud. 82/2017) y 29/04/2021 (rcud. 2495/2019). Reitera STS 31/5/2022, rcud. 1450/2020, misma embajada y sentencia de contraste.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 121/2020
  • Fecha: 30/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada resuelve el recurso de casación ordinaria deducido contra la sentencia dictada en proceso de conflicto colectivo, al que se acumuló una acción de tutela de derechos fundamentales y cantidad por daños y perjuicios en estos derechos, en la que, estimando la excepción de acumulación indebida de acciones y manteniendo la de conflicto colectivo, desestima esta última. El TS desestima el recurso porque el recurso extraordinario, como es el de casación y otros se igual naturaleza, impide que se planteen en él cuestiones nuevas que no fueron objeto de debate ni de decisión en la instancia, como es el caso. En efecto, la parte recurrente está pidiendo ahora ante la Sala IV que haga una compensación de las pérdidas con la desafección de las reservas voluntarias y con ello declarar un derecho retributivo no percibido en 2015. Ello, claramente, es algo novedoso que no planteó en la instancia ni la sentencia de la Sala pudo analizar, por lo que el motivo es rechazado de plano.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 156/2022
  • Fecha: 30/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La controversia suscitada radica en determinar si el acuerdo alcanzado con la mayoría de los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas en el seno de un despido colectivo, por el que se sustituyó este por medidas voluntarias y otras de carácter coyuntural, es ajustado a derecho. El 1er motivo se centra en la aportación documental en el periodo de consultas, no prospera. La memoria y el informe técnico se presentaron en un solo documento. El despido colectivo se ha declarado ajustado a derecho por la situación económica negativa de la empresa al haberse acreditado la existencia de pérdidas actuales, lo que constituye un supuesto en el que no es necesario el citado informe técnico. Por otra parte, la alegación relativa a que la memoria no examina dato alguno relativo al grupo de empresas, se trata de una cuestión nueva. Finalmente, se consideran acreditadas las causas económicas, en cuanto la empresa sufrió pérdidas reiteradas en el tiempo, que se agravaron antes del despido colectivo, lo que evidencia la concurrencia de una situación económica negativa, causada principalmente por el coste de la plantilla. Por todo ello, el acuerdo analizado es una medida razonable en atención a las graves circunstancias concurrentes, existiendo causas reales y verosímiles que legitiman la decisión empresarial, sin que se trate de una medida que traiga causa de la pandemia causada por el COVID-19.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.