• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4792/2018
  • Fecha: 07/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se casa y anula la sentencia de suplicación, tras interpretar lo dispuesto en los arts. 69.1 y 151 LRJS, y art. 23 RD 928/2998 de 14 de mayo, y tras recordar la abundantísima jurisprudencia en relación a las Mutuas, y respecto de la que se confluyó que no se les puede aplicar el art. 71.4 LRJS, que permite el nuevo ejercicio de la acción, siempre que el derecho no haya prescrito. Concluye la sentencia que la empresa no interpuso recurso de alzada contra la resolución administrativa, no siendo hasta dos años después cuando presenta reclamación previa, por lo que en aplicación de la doctrina constitucional sobre los actos administrativos firmes y consentidos, se debe concluir que no puede admitirse la demanda por haberse omitido el preceptivo recurso de alzada, al tratarse de un acto consentido que no fue recurrido en tiempo y forma
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3037/2018
  • Fecha: 26/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada recae en proceso de conflicto colectivo en el que se impugna como modificación sustancial de condiciones de trabajo la variación del sistema de incentivos decidida por la demandada. La Sala IV, comienza por descartar la defectuosa articulación del recurso de casación unificadora por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción y la inexistencia de contradicción planteadas en la impugnación del recurso. En cuanto al fondo del asunto, tras sistematizar la jurisprudencia sobre cuándo una modificación es sustancial, considera que la adoptada por la empresa no lo es, ya que el sistema de incentivos se implantó en la empresa en 2014 y el mismo ha ido variando en los ejercicios posteriores, por lo que no puede entenderse consolidado. Además, tampoco consta la repercusión cuantitativa negativa que haya podido tener el sistema de incentivos fijado para el ejercicio 2017. Sin que puedan acogerse los argumentos de la impugnante, pues ni en convenio ni en pacto individual se regulan los incentivos. En consecuencia, se estima el recurso de la empresa y se confirma la sentencia de instancia desestimatoria de la demanda
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 3930/2018
  • Fecha: 25/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No entra la sentencia a conocer de la cuestión relativa a si procede el reconocimiento en situación de incapacidad permanente total por silicosis, por no apreciarse la existencia de contradicción con la sentencia de contraste, ya que si bien en ambos supuestos los trabajadores padecen silicosis simple o de grado 1 sin enfermedades intercurrentes y sin puesto de trabajo en sus empresas no expuesto al riesgo pulvígeno, pretendiendo el reconocimiento en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional en base al artículo 45.1 de la OM 15-04-1969, ahí acaban las similitudes, ya que en la sentencia recurrida consta que el trabajador fue despedido por causas económicas, lo que no consta en la sentencia de contraste, por lo que pierde relevancia el factor de la posible recolocación en otro puesto de trabajo de la misma empresa, lo que sigue siendo relevante si no se ha extinguido el contrato de trabajo. Además, en la sentencia recurrida consta que el trabajador recibió indemnización conforme a la Orden de 09-05-1962, lo que no consta en la sentencia de contraste.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 4692/2018
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El contrato de obra o servicio se extinguió válidamente y la trabajadora reclamó el pago de la indemnización de 20 días por año de servicio con base en la doctrina sentada en la STJUE de 14 de diciembre de 2016 (asunto de Diego Porras C-596/14). La sentencia comentada reitera la doctrina de la Sala establecida a partir de la STS Pleno de 13 de marzo de 2019 (R. 3970/2016), como consecuencia de las SSTJUE de 5 de junio de 2018 (asuntos Grupo Norte Facility C-574/16 y Montero Mateos C-677/16) y, más recientemente por la STJUE de 21 de noviembre de 2018 (asunto de Diego Porras II), que rectifican la doctrina contenida en la referida STJUE de 14 de diciembre de 2016 (asunto de Diego Porras C-596/14), en el sentido de que la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista por el legislador, sin que por tanto pueda aplicarse a dichas extinciones la indemnización establecida para la extinción por las causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 3457/2019
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por resolución de 29/7/11 se impuso a la empresa sanción por infracción muy grave; recurrida en alzada, el recurso fue desestimado por resolución de 11/1/18. La sentencia de suplicación desestima la excepción de prescripción de la sanción. Recurre la empresa en casación unificadora, siendo la cuestión debatida si el plazo de prescripción debe comenzarse a computar a partir de la resolución del recurso de alzada o si el plazo debía computarse desde el día siguiente al transcurso de los 3 meses en que debió de haberse resolverse el recurso administrativo. La Sala IV razona que, a pesar de que la sanción impugnada se rige por la ley 30/92, ha de aplicarse retroactivamente la previsión del art. 30 de la ley 40/15, como ya se ha decidido por la STS 3ª de 30/11/20 (R. 6120/19). Y, conforme a lo establecido en el art. 115.2 de la ley 30/92, transcurrido el plazo de 3 meses que marca el precepto, la empresa podía entender desestimado su recurso y tenía expedita la vía judicial procedente para impugnar la sanción. En consecuencia, la sanción está prescrita pues se había agotado con creces en el momento en que la administración demandada dicta la resolución desestimatoria del recurso de alzada -11/1/18- no sólo el plazo de 3 años establecido, con carácter general, para las infracciones muy graves del art. 132.1 Ley 30/92, sino también el específico de 5 años del art.7.3 del RD 928/98.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 933/2018
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se convocó asamblea de trabajadores para la revocación del mandato del delegado de personal y del suplente. El delegado titular causó baja antes de la convocatoria y la asamblea revocó el mandato del suplente. UGT planteó demanda de impugnación de la revocación, cuestionando la potestad de la asamblea para ello. La sentencia comentada desestima el RCUD y con ello la demanda en aplicación de la doctrina de la Sala, según la cual la revocación atribuida a la asamblea no es una decisión causal que exija una motivación determinada. Se trata más bien de una pérdida de confianza o desacuerdo con la actuación de los representantes, que no requiere otra justificación que la propia voluntad revocatoria; y dicha pérdida de confianza puede alcanzar no sólo a los titulares, sino también a los suplentes o sustitutos de las mismas candidaturas, por las razones que señala.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3951/2018
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto del recurso se ciñe a determinar si procede reconocer la prestación de desempleo a un trabajador, menor de 30 años, que presta servicios para su padre, afiliado al RETA, en virtud de un contrato de trabajo y que no convive con el mismo. En suplicación se argumentó que el artículo 1.3.e) del ET excluye la existencia de relación laboral cuando los servicios se prestan para el empresario por sus descendientes, salvo que se acredite la condición de asalariado. Procede la estimación del recurso porque concurren las circunstancias que posibilitan el acceso a la prestación de desempleo denegada ya que nos encontramos en el supuesto de un hijo menor de 30 años, no conviviente, contratado por su progenitor, afiliado al RETA, por lo que no está excluido del ámbito de aplicación del ET, lo que determina, como ya se ha adelantado, la estimación del recurso formulado. La solución es respetuosa con los postulados constitucionales ya que supone que el acceso a la prestación de desempleo no resulta subordinada al requisito de ser mayor o menor de treinta años, lo que supondría una discriminación por razón de edad, sino que se le reconoce el derecho a la citada prestación en el supuesto de que no conviva con su progenitor, denegándosele en caso contrario. El requisito de la convivencia se erige así en la piedra angular no contraria a la Constitución ya que es un factor relevante para determinar la existencia de una especial relación y, en su caso dependencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 4155/2018
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si tiene derecho a la jubilación anticipada a los 61 años de edad (con arreglo a la normativa anterior a la reforma operada por la Ley 27/2011), un trabajador que cesó en el trabajo el 08/02/2013 con más de 38 años de cotización, y que tras percibir el subsidio por desempleo prestó nuevamente servicios por cuenta ajena al 75% de la jornada desde el 07/01/2016 a 16/04/2016. La sentencia comentada llega a la conclusión de que no procede reconocer el derecho solicitado porque los términos de la disp. final 12.2 Ley 27/2011, en su redacción dada por el RDL 5/2013, son claros y terminantes, y además se han reiterado en el tiempo, al exigir para aplicar la regulación anterior que la relación laboral se haya extinguido antes del 01/04/2013 y que con posterioridad a tal fecha no se vuelva a quedar incluido en alguno de los regímenes de la Seguridad Social; y es claro que el último requisito no se cumple en este caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 48/2019
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el Tribunal Superior de Justicia se dictó sentencia que desestimó el recurso de suplicación contra la sentencia desestimatoria de la demanda en procedimiento de despido. Contra la sentencia firme dictada por el TSJ se admitió a trámite la demanda de revisión. Se señala que la sentencia no fue recurrida en casación, por limitaciones sustantivas y procesales del propio recurso y por las coacciones y amenazas por el inicio de acciones penales. Se manifiesta que el demandante prestó su consentimiento a un acuerdo de baja voluntaria bajo la amenaza de interposición de acciones penales y civiles por la comisión de supuestos hechos delictivos. Se aporta en apoyo de la revisión un Auto que desestimó un recurso de apelación interpuesto por la empresa confirmando el auto dictado por el Juzgado de Instrucción de sobreseimiento provisional de diligencias. La Ley exige, para la válida interposición de la demanda de revisión, no solo que la sentencia sea firme y que se hayan agotado previamente los recursos jurisdiccionales previstos. A la luz de todo lo anteriormente expuesto en orden a la configuración del recurso extraordinario de revisión de sentencias firmes, se debe desestimar el recurso que, en su día, debió ser inadmitido. No consta que la parte que promueve el recurso haya agotado el recurso de casación para la unificación de doctrina, y el Auto de sobreseimiento dictado en procedimiento penal de fecha 12/09/2019), es de fecha posterior a la sentencia que se pretende revisar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 2668/2018
  • Fecha: 23/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si la acción de conflicto colectivo está prescrita, cuando se presenta más de un año después de la efectividad de la medida pero que sigue aplicándose cuando se inicia el conflicto colectivo. En suplicación la sala estimó que la acción no estaba prescrita al estar en liza una medida empresarial que proyecta sus efectos a lo largo del tiempo, encontrándose todavía en vigor en el momento del inicio tanto extrajudicial como judicial del conflicto colectivo. En unificación de doctrina se circunscribe la cuestión a la prescripción de la acción. La decisión empresarial no se agota en un solo acto, sino que proyecta sus efectos hacía el futuro. Al ser la prescripción extintiva una institución que atiende a pragmáticas consecuencias de dotar a las relaciones jurídicas de un mínimo de certeza y seguridad, debe ser interpretada con criterio estricto. Aunque no estemos en presencia de una obligación de tracto sucesivo “strictu senso”, existe un posible incumplimiento empresarial de las normas imperativas sobre distribución de la jornada de trabajo frente al que la representación sindical reacciona planteando un conflicto colectivo. El hecho de que la medida empresarial se prolongase en el tiempo, permite que la reclamación pueda efectuarse mientras los efectos de tales medidas sigan vigentes y en aplicación. Sostener lo contrario sería tanto como mantener que el transcurso del tiempo convierte una medida ilegal en legal.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.