Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, la trabajadora está vinculada con la Junta de Andalucía mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2007, siendo cesada por cobertura de la vacante que venía ocupando el 30/6/2017. La sentencia de suplicación, con estimación del recurso de la Junta, descarta el fraude cotnractual, sin que quepa calificar la relación de indefinida no fija por superar el plazo de 3 años del art. 70 EBEP y sin derecho a indemnización. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS, aplicando la doctrina establecida a partir de la STS 28/6/21 (R. 3268/21), estima el recurso de la actora. Tras referirse a la STJUE de 3/6/21 y a las STS dictadas a la luz de lo en ella establecido, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Y la vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificar la relación de indefinida no fija, con derecho de la actora a la indemnización de 20 días
Resumen: La controversia casacional radica en determinar si los despidos disciplinarios de las actoras deben calificarse como procedentes o improcedentes, extinciones acontecidas en el ámbito del sector bancario. Para ello, se articulan 5 motivos, invocando una sentencia de contraste para cada uno de ellos. Las cuestiones suscitadas se refieren al cómputo de la prescripción «larga» de las faltas muy graves, establecido en el art 60.2 ET; Interrupción de la prescripción «corta» de las faltas muy graves; Carga de la prueba en los procesos de despido; Doctrina judicial sobre las presunciones judiciales y la prevalencia del régimen disciplinario establecido en la normativa convencional respecto del previsto en el ET. La Sala, tras analizar las diversas sentencias alegadas, concluye con la falta de contradicción en todos los motivos por lo que no entra a analizar el fondo de las diversas cuestiones planteadas. Y ello por no concurrir las identidades exigidas por el art 219 LRJS.
Resumen: DESEMPLEO:acceso al subsidio por desempleo mayores de 55 años desde el agotamiento de renta activa de inserción. Costas impuestas al SEPE. La sentencia casacional declara que es una situación asimilable a la de otros subsidios por desempleo que permiten el acceso. No procede imponerle las costas por que el SEPEE tiene la condición de entidad gestora de la seguridad social y goza del beneficio de justicia gratuita.
Resumen: Se plantea en proceso de conflicto colectivo si la empresa debe complementar la prestación por desempleo hasta el 100% de salario durante la suspensión contractual provocada por la pandemia Covid19. Consta que en el convenio guipuzcoano de hostelería, vencido en 2013, se preveía dicho complemento. Tras la contractualización, se han publicado 3 convenios sectoriales de ámbito estatal que no lo contemplan. La sala IV en la sentencia anotada, tras rechazar la modificación del relato fáctico por no darse los presupuestos jurisprudencialmente establecidos, resalta que no es de aplicación las doctrinas sobre la contractualización ni sobre el mantenimiento de las condiciones más beneficiosas, dado que no concurre vacío regulador de las condiciones de trabajo, por resultar de aplicación el convenio superior sectorial. En el caso de autos debe estarse a lo recogido en la d.ad. 2ª del I convenio colectivo estatal de restauración colectiva, relativa a las reglas de concurrencia de normas paccionadas. El citado convenio es aplicable a la empresa desde enero de 2015 y ha sustituido en su totalidad al provincial fenecido, y en el mismo no se contempla el complemento de las prestaciones de desempleo. Por todo lo cual, se desestima el recurso del sindicato actor y se confirma la sentencia desestimatoria de la demanda.
Resumen: DESPIDO COLECTIVO (COVID-19): la Sala IV interpretando el art. 22 del RDL. 8/2020, señala que no es de aplicación el art. 2 del RDL 9/2020 si la causa que sustenta la decisión del despido colectivo no tiene por causa directa la pérdida de actividad por consecuencia del COVID-19. En el presente supuesto, la empresa contratista Airbnb comunicó a la demandada la resolución del contrato de prestación de servicios mercantiles que a ambas vinculaba y la demandada a la vista de ello, decidió acudir a la vía que ofrece el despido colectivo fundando su decisión en la concurrencia de causas objetivas organizativas y productivas derivadas de la rescisión de la contrata. Se confirma la sentencia recurrida.
Resumen: El trabajador fue despedido por disminución del rendimiento, el clima de trabajo se enrareció, una trabajadora denunció por acoso a sus compañeros, se archivó la causa penal, el trabajador denunció a la trabajadora. Un día antes del despido causó baja de IT por ansiedad. El JS declaró la improcedencia del despido. El TSJ desestimó el recurso de la Agencia y estimó parcialmente el del actor, declaró la nulidad del despido por represalia al no probar la empresa los hechos de la carta y la vinculación temporal entre la denuncia y el despido, no conoció sobre la indemnización al no permitir acumular acciones. En CUD recurren empresa se desestimó y trabajador. Se debate si hubo la vulneración de la garantía de indemnidad y si a la lesión del DF debe aparejarse la indemnización por daño moral. Ante la lesión del DF puede tramitarse por el cauce de la modalidad de la situación fáctica aplicando las garantías de tutela a esa modalidad procesal, art. 184 LRJS. Sobre la determinación del quantum indemnizatorio, el daño moral resulta unido a la lesión del DF, el juez prudencialmente fijará la cuantía excepcionando en el daño moral la determinación cuando resulte difícil detallarla. Recuerda el criterio orientador de las sanciones de la LISOS, ofrece razonabilidad por la gravedad de la vulneración, es preventivo. Añade elementos, valorar circunstancias concurrentes: antigüedad, persistencia lesión, consecuencias, reincidencia. Fija la indemnización en 60.000 €, dos anualidades de salario
Resumen: La cuestión suscita consiste en determinar cuál es la jurisdicción competente para enjuiciar la impugnación individual de una extinción de contrato de trabajo, autorizada por una resolución administrativa, complementaria del ERE nº. 35/2005 aprobado por resolución de 9 de octubre de 2005, y en su caso, qué órgano sería funcionalmente competente, si el Juzgado de lo Social de Sevilla o la Sala de lo Social de la AN. Se declara la competencia del orden social y siendo que la acción ejercitada fue inequívocamente la de despido, en aplicación del art 6 LRJS en relación con los art 7 y 8 LRJS, la competencia funcional corresponda a los juzgados de lo social y, en concreto, a los órganos de tal clase de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 LRJS. El objeto de la pretensión no es otro que la impugnación del despido individual llevado a cabo por la empresa en ejecución de una resolución administrativa complementaria de un ERE aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la LRJS y del RDL 3/2012, de 10 de febrero. No estamos en presencia de la impugnación de la mencionada resolución administrativa complementaria sino de la impugnación de un despido que trae causa en ella. Esta diferencia estuvo en la base del auto de la Sala de conflictos del TS de 16/4/2019, rec 5/2019, en el que se resolvió la misma reclamación que en el presente recurso de casación unificadora, y concluyó que la acción promovida por el allí demandante era de despido.
Resumen: La actora prestó servicios para el Consorcio UTEDLT de Loja, declarado nulo el despido en ejecución mediante Auto el JS fijó los salarios de tramitación pendientes de recibir. Planteado en suplicación que para liquidar los salarios durante el tiempo que estuvo de alta en el RETA se le descontaron cantidades brutas percibidas e incluye el IVA y los ingresos deberían ser los netos, el TSJ apreció que la carga de la prueba corresponde a la trabajadora sin ser suficientes las declaraciones de IRPF y confirmó el auto desestimatorio. En cud se debate si para el cálculo de los salarios de tramitación del autónomo procede deducir del ingreso bruto los gastos necesarios para su obtención y si resulta sólo deducible el ingreso neto. Hubo descomposición artificial de la controversia porque en los motivos plantea la misma cuestión si las autodeclaraciones de IRPF acreditan los gastos del autónomo a efectos del descuentos de sus ingresos de los salarios de tramitación. Falta de contradicción porque la sentencia de contraste en procedimiento de reclamación al Estado de los salarios de trámite cuestiona el descuento en el tiempo que el trabajador estuvo en el RETA y si se produjo aportación extemporánea de los documentos sobre los rendimientos, se descartó porque se acreditaron en juicio -cuando fueron precisados, no el expediente- solo debe descontarse el rendimiento neto. No hay contradicción en la referencial la cuestión es procesal y no fue objeto litigioso la cuantía reducida ni fraude
Resumen: La actora venía prestando servicios para la empresa Quavitae como terapeuta ocupacional, haciéndolo últimamente en el centro de día Carmen Conde de Madrid. El 3/4/17 inició un periodo de excedencia voluntaria concedido por la empresa, cuya duración tras la prórroga solicitada vencía el 1/4/18. Teniendo noticia en diciembre de 2017 de que Eulen iba a ser la nueva adjudicataria de la gestión del centro de día antes citado, la actora solicitó a Eulen su reincorporación tras excedencia. Dicha solicitud fue rechazada por dicha mercantil, por lo que la actora presentó demanda de despido. La sentencia de suplicación confirmó la improcedencia del despido, condenado a Eulen y absolviendo a Quavitae. Recurre Eulen en casación unificadora, pero el recurso es desestimado por la Sala IV por no concurrir la necesaria contradicción entre sentencias. En particular, son distintos los objetos de las contratas contempladas en cada caso, los convenios aplicables y, lo que es más trascendente, en el caso de autos consta que la empresa entrante se hizo cargo de la práctica totalidad de la plantilla del centro en el que prestaba servicios la actora y tal dato no consta en la sentencia referencial.
Resumen: DESPIDO COLECTIVO:el cómputo del número de extinciones de contratos. Periodos de 90 días. Anteriores y posteriores al despido del actor. Si no se solapan entre sí, ni forman parte de una unidad temporal indiferenciada por enlace con otros periodos de 90 días, no se computan a efectos de calificar el despido del actor nulo por superar los umbrales establecidos en el art. 51 del ET, y no haber seguido la empresa los trámites del despido colectivo. Reitera doctrina STS 21/07/2021.
