Resumen: Resuelve la sentencia la cuestión de si procede reconocer la condición de fijo o indefinido no fijo a quien prestó servicios para una empresa pública mediante contratos temporales suscritos en fraude de ley, reiterando abundante jurisprudencia anterior como la STS 18-05-2021 (Rec. 3135/2019), en que se invocó idéntica sentencia de contraste, y en que se determinó que debía reconocerse la condición de la relación como indefinida no fija, puesto que conforme a la doctrina sentada tras la STS (Pleno) 17-06-2020 (Recs. 2811/2018, 1906/2018 y 2005/2018), en que se determinó que por aplicación de la DA 1 EBEP, a las sociedades mercantiles públicas se les aplican los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público que establece el art. 55 EBEP, de forma que no procede reconocer la condición de fijo en dichas sociedades. Añade la Sala que no procede elevar cuestión prejudicial al TJUE, ya que no se albergan dudas sobre la interpretación de las normas de Derecho de la UE o sobre su aplicación.
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, la trabajadora está vinculada con la Junta de Andalucía mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2097, siendo cesada por cobertura de la vacante que venía ocupando el 30/6/2017. La sentencia de suplicación confirmó la sentencia de instancia que calificó la relación de indefinida por superar el plazo de 3 años del art. 70 EBEP y condenó a la Junta al abono de una indemnización de 20 días por año de servicios prestados. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS, rectificando la doctrina anterior a la luz de la STJE de 3/6/21 (Asunto C-726/19), desestima el recurso de la Junta de Andalucía. Tras indicar que la STJUE citada no contiene la interpretación correcta de la legislación que se ha dado en las sentencias de la Sala IV previas, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Y la vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificar la relación de indefinida no fija, con derecho de la actora a la indemnización de 20 días.
Resumen: La trabajadora prestaba servicios con contrato indefinido a tiempo parcial correspondiente a 270 días durante el año, manteniendo la empresa a la trabajadora en alta y cotización todo el tiempo, tanto en periodos de actividad como de inactividad. Tras finalizar el periodo de actividad, solicitó prestación por desempleo, que le fue denegada al no encontrarse en situación legal de desempleo. Reclama que se le abone la prestación por desempleo, pretensión desestimada en instancia, cuya sentencia es revocada en suplicación. La Sala 4ª casa y anula dicha sentencia y desestima la demanda, por entender que cuando se trata de trabajadores con contrato indefinido a tiempo parcial con periodos de trabajo concentrados, en los cuales el trabajador sigue en alta en la Seguridad Social, durante los periodos de inactividad el trabajador mantiene su contrato de trabajo y no lo tiene extinguido, suspendido ni reducido, por lo que no se encuentra en situación legal de desempleo.
Resumen: Se abordan en la sentencia los efectos que sobre la finalización del contrato de trabajo puede tener la pérdida de la autorización administrativa para trabajar en España de los trabajadores extranjeros de países extracomunitarios. El empresario plantea un primer motivo dirigido a denunciar que el contenido del auto de aclaración de la sala de suplicación excede los límites legales, que es inadmitido por no citarse sentencia de contraste. En cuando al fondo de la cuestión, concluye la Sala IV que no es dudoso que la pérdida de la autorización para trabajar en España imposibilita la continuación del contrato de trabajo del extranjero, así como que estamos ante un supuesto en que la causa de la finalización del mismo es ajena a la empresa. Sin embargo, el legislador ha querido dotar de un determinado marco de protección a los trabajadores cuyo contrato se extingue por la concurrencia de una causa legal y dicha protección debe alcanzar también a los trabajadores extranjeros, que han venido prestando efectivamente servicios laborales careciendo de autorización para ello, para, finalmente, mantener el pronunciamiento de la resolución recurrida, que lo trata como un despido improcedente en el que, dada la imposibilidad de readmisión ante la situación irregular en la que se encuentra la actora, impone directamente la condena a la empresa al abono de la indemnización. Se desestima el recurso del actor, relativo al derecho a salarios de tramitación, por falta de contradicción.
Resumen: Tras resolver como cuestión previa que no se ha producido la carencia sobrevenida de objeto del recurso por haber suscrito las partes un contrato de trabajo fijo el 1 de abril de 2018, al entender la Sala que la recurrente y demandada tiene interés en que se dilucide la cuestión relativa a la calificación de la relación previamente existente entre las partes, la sentencia analizada, siguiendo lo dispuesto en la STS (Pleno) 18-06-2020 (Rec. 1911/2017), y otras muchas, casa y anula la sentencia de suplicación para declarar que la relación es indefinida no fija y no la de personal laboral fijo, por entender que la figura del trabajador indefinido no fijo es plenamente aplicable a las sociedades mercantiles estatales, y en concreto a Aena SA, ya que dentro del sector público hay que distinguir entre el sector público administrativo y el empresarial, incluyendo éste último las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles estatales, aplicándose lo principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad a las entidades del sector público estatal que no están incluidas en el art. 2 EBEP, por mor de la DA 1ª EBEP, y como así se contempla en el I CC del grupo de empresas Aena. Añade la Sala que el art. 103 CE no impide que se pueda exigir el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público distinto de la función pública.
Resumen: Se suscita en fase de casación unificadora por la dirección letrada de los actores gira en torno a la aplicación a los contratos de colaboración social de la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto-Ley 17/2014, cuando el personal afectado ha iniciado la vigencia de sus contratos con anterioridad al 27 de diciembre de 2013. La Litis planteada ha sido objeto de enjuiciamiento y resolución en sentencia de Pleno en que se fijó la interpretación de lo previsto en la Disposición Final segunda del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, y se señaló que podían seguir desarrollándose válidamente cualquiera que fuera la actividad, temporal o permanente contratada, sin perder por ello su naturaleza, no siendo considerados, por tanto, como contratos laborales. Partiendo de la definición de los trabajos de colaboración social se analiza la evolución de la jurisprudencia en la materia. Al supuesto examinado, por elementales razones de seguridad jurídica, determina la confirmación de la sentencia recurrida, en tanto que ajustada a dicha doctrina y plenamente respetuosa con la normativa de aplicación.
Resumen: La SAN recurrida acoge en parte la demanda de impugnación de convenio colectivo formulada por el Sindicato de Trabajadores y declara la nulidad del inciso "en alta en la empresa a 31/12/97", contenida en la DT 1ª párrafo 1 del Convenio Colectivo de Repsol Exploración, S.A. Recurren separadamente Repsol Exploración, S.A. y STR. Se plantea en casación unificadora la cuestión de determinar si lo dispuesto en la mencionada DT constituye una doble escala salarial contraria al derecho a la igualdad de trato, en tanto que determina una distinta retribución para los trabajadores en función de su fecha de ingreso en la empresa. La Sala IV declara la ilicitud de la norma convencional por contravenir el derecho a la igualdad de trato de todos los trabajadores de la empresa, sin que su consecuente nulidad puede considerarse subsanada por el hecho de que se hubiere venido aplicando pacíficamente durante más de veinte años sin generar litigiosidad alguna durante ese periodo, ni por el hecho de que actualmente tan solo queden en la empresa 5 trabajadores que perciben el complemento de antigüedad por haber ingresado antes de 31/12/1997. Desestima también el recurso del sindicato al declarar que la constatación de la ilegalidad del precepto convencional que es objeto del procedimiento de impugnación del convenio colectivo, únicamente puede dar lugar a un pronunciamiento en el que se declare su consiguiente nulidad sin entrar a abordar cuales puedan ser las posteriores consecuencias jurídicas.
Resumen: La finalización válida de contrato temporal conlleva la indemnización que esté prevista normativamente y no la indemnización por despido por causas objetivas del art. 52 ET, de forma que cuando se extingue un contrato de relevo por una causa válida como es la jubilación total del trabajador jubilado parcialmente, no procede indemnizar con la indemnización de 20 días por año de servicio. Llega a dicha conclusión la sentencia, en aplicación de lo dispuesto en las STJUE 05-06-2018, asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility, y recogida en la STS 13-03-2019 (Rec. 3970/2016), en las que se estableció que no es contraria al derecho comunitario una norma que permite que la extinción regular del contrato temporal no dé lugar a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas.
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el sindicato accionante, en la que solicita que se declare que la facultad de la que dispone la empresa conforme al art. 20.4 ET de verificar el estado de salud del trabajador para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, no puede ser realizada por una empresa externa contratada a tal fin, y por otro lado, que esa empresa (TEBEX, en el caso) no pueda emitir ninguna propuesta de alta ni justificar la suspensión de derechos económicos, por ser esto facultad privativa del servicio médico de empresa. Razona que el art 20.4 ET es una facultad del empresario en la dirección y control de la actividad laboral, que debe adecuarse a los límites que rigen con carácter general en el ejercicio de las facultades de dirección empresarial, con arreglo a las disposiciones legales y convencionales pactadas, y se cumplen perfectamente las exigencias legales en materia de protección de tales datos habida cuenta de que, por un lado se recaba el consentimiento del trabajador, mediante la información de sus derechos y la aportación voluntaria de los documentos solicitados; y, por otro, los datos podrían ser necesarios para la ejecución del contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 6.1.b del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Se desestima asimismo el segundo motivo en relación a la apreciada falta de acción por la Sala de origen.
Resumen: En la demanda de Conflicto Colectivo se interesa que se declare el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras afectados mediante contrato de interinaje con reserva de puesto de trabajo o mediante contrato de relevo, no solo al reconocimiento del nivel sino también a percibir el complemento económico de Carrera Profesional o, en su caso, de Sistema de Incentivación, en los mismos términos y condiciones que el personal Fijo, en interpretación y aplicación de los artículos 46 y 47 del Convenio Colectivo de trabajo de la empresa pública SEMSA para los años 2015-2017, actualmente en situación de prórroga, y en los cuales se regula el modelo de carrera profesional y el sistema de incentivación profesional. se reclama el derecho de todos los trabajadores temporales a la aplicación del mismo régimen jurídico que ha sido reconocido a favor del personal laboral fijo en materia de carrera profesional. El procedimiento adecuado a seguir para la interpretación y aplicación de los referidos preceptos, es el de conflicto colectivo seguido por la demandante; y no el pretendido por la recurrente de impugnación de convenio colectivo, en tanto que éste, conforme a lo dispuesto en el art. 163 de la LRJS, queda circunscrito a aquellas pretensiones fundamentadas en la consideración de que el contenido del convenio no se adecua a la legalidad o que provoca una lesión grave de intereses de terceros.
