Resumen: Solicitado ERTE por empresa de importación al por mayor de artículos de playa, la AL lo denegó por no constatar existencia de fuerza mayor, sin perjuicio de iniciarlo por otras causas TOP, la AN desestimó la demanda apreció que el recurso de alzada se inadmitió por ser interpuesto fuera de plazo, la STS estimó el recurso, devolvió las actuaciones para que resolviera, la nueva SAN desestimó rechazando la existencia de fuerza mayor. La Sala IV examina si concurre fuerza mayor analizó las exigencias para los ERTEs COVID-19 requiriendo pérdidas como consecuencia del COVID, incluida la declaración del estado de alarma, debe existir conexión directa e inmediata de las pérdidas de actividad con la COVID. Recordó que la fuerza mayor ex art. 22 RDL 8/20 se vincula a circunstancias concretas establecidas por la propia norma por lo cual si las alegadas por la empresa no coinciden con las legales, la falta de encaje supone que no se está ante el supuesto legal, sin perjuicio de que puedan concurrir causas ETP del art. 23. Diferenció dos supuestos. En el caso no es suficiente la referencia a pérdidas de clientela, expectativas desfavorables, caída de pedidos. Las consideraciones de la AN son coincidentes con la doctrina de la Sala IV al rechazar que la suspensión de la actividad de la clientela configure un supuesto amparado en esa fuerza mayor al exigirse la conexión directa e inmediata, sin perjuicio de acudir al art. 23 RDL 8/20. La actividad no se paralizó a consecuencia del COVID-19.
Resumen: RCUD. La Sala Cuarta reconfirma con esta sentencia el acceso al recurso de suplicación y, por consiguiente, al de unificación de doctrina, de la pretensión relativa a las diferencias en el importe de las pagas extraordinarias de los médicos y farmacéuticos internos residentes de los años 2018 y 2019, en cuantía que no supera los 3.000 euros. Aunque previamente entendió que no concurría la afectación general, y tras recordar otras ocasiones la existencia de afectación general, se aprecia tras previas resoluciones que declaran la falta de competencia funcional para conocer de recursos similares. Concluye nuevamente que en el asunto debatido existe dicha afectación general porque la Sala tiene constancia de que se ha planteado similar cuestión ante diferentes órganos judiciales de todo el territorio nacional, dictándose un importante número de sentencias por las Salas de lo Social e, incluso, llegando a esta Sala diferentes recursos de unificación de doctrina sobre la misma materia. Con ello desestima el recurso del SERMAS, confirma la sentencia del TSJM y del JS, que concede las pagas extra, y le condena en costas (1500€)
Resumen: Se realizó apoderamiento apud acta a favor de Letrada, citándose a las partes el 17/05/18 se espera de las 10:30 a las 10:47, se extiende Diligencia constando incomparecencia de las partes. Por Decreto del JS se tuvo por desistida a la actora en demanda por despido, con notificación personal al comparecer el más tarde el mismo día. Al Recurso de Revisión adjuntó justificantes: parte de facultativo -se lee con dificultad estado paciente sin especificar hora de visita- y otro de asistencia el 17/05/18 a consulta general a las 8:00 h., fue desestimado por Auto. El TSJ estimó el recurso considerando acreditada la incomparecencia por acudir al médico en horario sustancialmente coincidente, revocó el Auto sin tener por desistido al actor debiendo citar a las partes a juicio. Recurre la empresa, la Sala IV remite al art. 83.1 LRJS, doctrina constitucional y jurisprudencia, se favorece una interpretación flexible y antiformalista pero no se amparan conductas carentes de diligencia debida que sean lesivas de la tutela judicial efectiva a la contraparte. En el caso no se justificó la imposibilidad de comunicar anticipadamente la asistencia al juzgado, de los documentos no deriva situación grave impeditiva ni de asistencia sino de avisar al órgano judicial o a su letrada. Tampoco la letrada acudió. Ni justifica la ausencia cuando el mismo día acude y siéndole notificado el desistimiento. No concurren elementos para aplicar la doctrina flexibilizadora y hubo comportamiento no diligente
Resumen: Por CCOO se plantea el presente recurso de casación unificadora acerca del cómputo de las jornadas desarrolladas por los trabajadores temporales durante el año anterior a la convocatoria de elecciones (la fecha del preaviso electoral) a efectos de determinar el número de representantes a elegir. En concreto, se trata de decidir si la expresión legal del artículo 72.2 b) ET "Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el periodo de un año anterior a la convocatoria de la elección. Cada doscientos días trabajados o fracción se computará como un trabajador más", se refiere a los trabajadores que están de alta en la empresa en la fecha de la convocatoria o, por el contrario, se refiere a los trabajadores que han estado contratados temporalmente durante el último año. Argumenta la sentencia que en la determinación de número de trabajadores, a efectos de delimitar el número de representantes a elegir en la empresa como consecuencia del preaviso electoral formalizado por CCOO, deben computarse los días trabajados durante el año anterior a la convocatoria por todos los trabajadores, tanto los que mantengan su contrato en vigor en esa fecha como los temporales, aunque en el momento de la convocatoria hubiesen finalizado su contrato, computándose como un trabajador más por cada doscientos días trabajados o fracción.
Resumen: Se cuestiona si la sentencia dictada por el juzgado de lo social es recurrible en suplicación por existir afectación general. Se reclamaba una indemnización por la extinción de un contrato de trabajo de duración determinada. En instancia se declaró que la sentencia no era recurrible porque la cuantía no alcanzaba los 3.000 euros. En casación para la unificación de doctrina se alega que concurre afectación general. El análisis de la competencia funcional es previo al pronunciamiento sobre la contradicción o sobre el fondo. Sentencias previas han examinado la misma controversia casacional, cuyos argumentos se reiteran. La cuestión de fondo es la aplicación de la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016 (C-596/2014) o su rectificación por las sentencias del TJUE 5 de junio de 2018 y 21 de noviembre de 2018. Ocurre adicionalmente, que La Sala Cuarta conoce la existencia de un determinado número de recursos respecto de la misma empresa y en los que se debate la misma cuestión de fondo, por lo que es claro que existe una significativa litigiosidad real (y no meramente potencial) sobre la materia. La sentencia recurrida no resolvió la cuestión de fondo y el recurso de casación unificadora tiene un único motivo el carácter recurrible de la sentencia de instancia sin entrar en la cuestión de fondo de ahí que se mande reponer las actuaciones al momento anterior a dictarse sentencia para que el TSJ, partiendo de la recurribilidad en suplicación resuelva con libertad de criterio.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar el alcance temporal de la declaración de nulidad de la DA 1ª de la Ley 4/2010 de la Comunidad de Madrid, de medidas urgentes por la que se modifica la Ley 9/2009, de presupuestos generales de dicha Comunidad, que realizó la sentencia del TC 164/2016. Los trabajadores reclaman que se les devuelva la cantidad indebidamente descontada como consecuencia de la declaración de nulidad del precepto, desde el primer momento en que la reducción se les aplicó. La Sala IV, con remisión a pronunciamientos previos, confirma la condena a la empresa a las cantidades correspondientes al año anterior a la primera reclamación que realizó. Lo detraído por la empresa hasta la declaración de inconstitucionalidad no fue impugnado por la actora de forma que la empresa estaba actuando bajo un mandato legal que solo hasta la sentencia del TC dejó de tener cobertura legal, siendo a partir de este momento, y ante la ausencia de reclamación alguna anterior a ese pronunciamiento, cuando la empresa debe proceder a restaurar la situación. El plazo para reclamar que se vuelva a la situación anterior arranca con la publicación de la sentencia del TC por lo que las reclamaciones para demandar lo no abonado desde entonces deberán haberse formulado dentro del año. Pero lo ya deducido con anterioridad, como el que ahora es objeto del recurso, no existiendo reclamación de deuda anterior, es inoperante porque son actos realizados en ejecución de lo dispuesto en la Ley.
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada se centra en determinar el alcance temporal de la declaración de nulidad de la Disposición Adicional 1ª de la Ley 4/2010 de la Comunidad Autónoma de Madrid, de medidas urgentes por la que se modifica el la Ley 9/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de dicha Comunidad, que realizó la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2016. La sentencia recurrida desestimó la demanda, y los trabajadores se alzan en casación unificadora insistiendo en los efectos ex tunc de la STC. Pero el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción, porque la sentencia de contraste no resuelve sobre el alcance temporal o efectos de las sentencias del TC que declaran la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley. Por el contrario en la recurrida el debate sí se centra en el efecto ex tunc o es nunc, cuando quien reclama presenta la demanda tras haberse emitido el pronunciamiento de inconstitucionalidad, lo que no pudo estar presente en el caso de la sentencia de contraste porque fue esta misma Sala la que formuló la cuestión de inconstitucionalidad y no necesitaron las partes formular ningún debate por los tiempos en que allí se ejercitaron las acciones o reclamaciones de deuda.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la relativa a determinar si en un supuesto de despido improcedente debe declararse extinguida la relación laboral con derecho a la indemnización, cuando el empresario anticipó previamente su opción por la readmisión y el trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente total (IPT). Y el TS, reiterando doctrina, afirma que la declaración de incapacidad posterior al despido hace inviable la posibilidad de readmitir al trabajador, por lo que el único término admisible de condena no es ya la opción de readmitir o indemnizar que con carácter general contempla el art. 56.1 ET, sino que ha de imponerse al empresario la única obligación que tras la declaración de IPT resulta factible, la de indemnizar en los términos legales, y la cuantía de la indemnización debe calcularse en estos casos a la fecha del despido.
Resumen: RCUD. Se cuestiona si a efectos de la existencia del denominado "despido colectivo de hecho", se deben computar los despidos disciplinarios de otros trabajadores de la empresa para con los umbrales del art 51 ET. Los despidos se llevaron a cabo debido a que no existió una mejora en el bajo rendimiento del trabajador, al no llegar los objetivos mínimos exigidos por la empresa al entender que suponía una transgresión de la buena fe contractual, en especial dado que los objetivos esperados eran perfectamente alcanzables.. La empresa demandada, cuya plantilla era de 88 trabajadores, despidió desde el 18 de octubre de 2018 al mes de diciembre de 2018 a un total de diez empleados En los hechos probados únicamente consta que cuatro de estos despidos se pactaron como improcedentes en conciliación y, respecto del décimo, "no consta que haya sido impugnado judicialmente". El relato fáctico omite referirse a los cinco despidos restantes. Carga de la prueba del demandante. Falta de contradicción
Resumen: Al hilo de un litigio vinculado al devengo de determinado incentivo variable el recurso trata de determinar si la sentencia de instancia tiene acceso al recurso de por afectación general y si para tener derecho al bono reclamado por el trabajador, es preciso estar dado de alta o no en la empresa cuando deba producirse el pago correspondiente. Hay que tomar en consideración lo previsto en el apartado 4.3.2 del “Marco Laboral de referencia para empleados fuera de convenio, y las reglas para el cálculo del Bono 2016. El Convenio Colectivo establece el Programa voluntario de suspensión individual de la relación laboral en favor de determinadas personas, garantizando la percepción de una renta mensual equivalente al 68% del salario regulador acreditado en el momento de la suspensión hasta que cumpla 65 años. El actor solicita su incorporación al citado Programa, con efectos de 1 de marzo de 2016 y reclama el pago de las cantidades del bono o incentivo correspondientes a los dos meses anteriores, lo que equivale a 1.262,85 €. A la vista de la regulación y doctrina que se expone se concluye que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social no era recurrible en suplicación. No puede admitirse como hecho notorio que el litigio afecte a un gran número de trabajadores, ni consta prueba alguna al respecto: nada se dice en sede fáctica, ni menciona cuál es el número de trabajadores que han efectuado una reclamación similar.
