Resumen: Se cuestiona si el contrato de interinidad por vacante debe ser considerado válido o si la relación laboral entre las partes debe ser considerada de carácter indefinido no fijo, por superar el plazo de tres años del artículo 70.1 EBEP. La actora venía prestando sus servicios por cuenta de la Consejería en virtud de contrato laboral temporal por interinidad de 9 de septiembre de 2011. La actora no alega existencia de defecto alguno en el momento de la suscripción del contrato ni niega la realidad de la causa alegada como justificativa de mismo. Se solicita el reconocimiento de la relación laboral como indefinida-no fija desde la fecha de su contratación. La resolución del recurso exige partir de la doctrina de la Sala Cuarta respecto de la aplicabilidad del artículo 70 EBEP ( STS –pleno- de 24 de abril de 2019, Rcud. 1001/2017); el plazo de tres años a que se refiere el art. 70 del EBEP referido, no puede entenderse en general como una garantía inamovible puesto que dicho precepto va referido a la ejecución de la oferta de empleo público, siendo las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar a una concreta conclusión. Así lo ha entendido, también la sentencia del TJUE de 5 de junio de 2018 (C-677/16). No se aprecia irregularidad alguna en el proceder de la administración recurrente porque las convocatorias quedaron paralizadas por la grave crisis económica que sufrió España y que dio lugar a numerosas disposiciones que limitaron el gasto público.
Resumen: Reiterando abundante jurisprudencia anterior, la sentencia casa y anula la de suplicación por entender que sólo procede la indemnización de 12 por terminación de contrato temporal del art. 49.1 c) ET y no la de 20 días del art. 53 ET a la extinción de contrato por obra o servicio determinado, ya que conforme a la doctrina del TJUE no existe discriminación a efectos indemnizatorios entre trabajadores fijos y temporales
Resumen: El núcleo del debate de la sentencia anotada se centra en determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV, reiterando doctrina, precisa que de la STS 9/2/2016, R. 152/15 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: La trabajadora pretende el reconocimiento de su relación con la Comunidad Autónoma como indefinida no fija, al haber transcurrido más de tres años desde su contratación de interinidad por vacante. Sobre la contratación de interinidad por vacante en las Administraciones Públicas se ha emitido reciente doctrina de la Sala Cuarta, que arranca de la sentencia de Pleno de 24 de abril de 2019, rcud 1001/2017. En ella se argumenta que el plazo de tres años del art. 70 del EBEP va referido a "la ejecución de la oferta de empleo público y no puede entenderse como una garantía inamovible, siendo las circunstancias específicas las que han de llevar a una concreta conclusión. Así, el art. 70 del EBEP no supone la novación de los contratos de interinidad por vacante, ni tampoco que este tipo de contratos tenga una duración máxima de tres años. En el caso de autos el mero hecho de que el demandante estuviera prestando servicios más allá de tres años no convierte, sin más, a la plaza interinamente ocupada en plaza estructural. La parte actora fue contratada en 2013 y no consta ninguna actuación de la Administración demandada tendente a la cobertura de la vacante por la vía de la OPE. Ahora bien, nos encontramos con unas situaciones específicas derivadas de la crisis económica que limitó el gasto público y que tuvieron incidencia directa en el gasto de personal y ofertas de empleo público, por cuanto prohibieron la incorporación de personal y las convocatorias de procesos selectivos.
Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación para reconocer el derecho de la actora, enfermera en un servicio de emergencias sanitarias que presta servicios a turnos y nocturnos, a la prestación de riesgo durante la lactancia. Aplica la sentencia lo establecido en la STS (Pleno) 26-06-2018 (Rec. 1398/2016) y otras muchas, en que se determinó que tras la STJUE de 19-10-2017, Otero Ramos C-531/15, cuando la evaluación de riesgos no se hubiera llevado a cabo con arreglo a lo dispuesto en el art. 4.1 Directiva 92/95, que impone al empresario el deber de determinar los riesgos para la lactancia en atención a la situación de la trabajadora y del puesto de trabajo, se admitía la inversión de la carga de la prueba, ya que la falta de evaluación de dicho riesgos suponía un trato menos favorable para la mujer vinculado a la lactancia, y por lo tanto constituye discriminación por razón de sexo conforme al art. 2.2 c) Directiva 2006/54/CE. De este modo, la falta de precisa evaluación de riesgos específicos para la lactancia, no puede, por sí misma, privar a la trabajadora de la prestación cuando de dicha evaluación se puede deducir la existencia de riesgos para la lactancia. En relación con el sistema de trabajo a turnos y nocturno, considera la Sala que ello, en sí mismo, no supone un riesgo para la lactancia, aunque podría serlo en los supuestos en que no es posible garantizar la extracción de leche y su conservación
Resumen: La trabajadora prestó servicios mediante diversos contratos temporales (11 eventuales, 1 de relevo y 1 de sustitución), formalizándose un último contrato de interinidad para ocupar una vacante vinculada a la oferta de empleo público, siendo cesada y nombrada personal estatutario eventual. La acota presentó demanda por despido por la terminación del contrato de interinidad por finalización del proceso de consolidación. La sentencia de instancia desestimó la demanda, sentencia confirmada en suplicación. La Sala 4 no entra a conocer de la cuestión relativa a la calificación del cese por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, puesto que en la de contraste se apreció fraude en la contratación, mientras que en la recurrida no
Resumen: Se cuestionan los efectos de la supresión del permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo, que reconocía el artículo 37.3 b) ET así como de la equiparación de la duración de la suspensión del contrato de trabajo de ambos progenitores (art. 48.4 ET), sobre la previsión del art. 30 del convenio colectivo de empresa. El vigente texto refundido del ET hace inaplicable el precepto del convenio colectivo de empresa que mejoraba la previsión legal sobre aquel permiso. La supresión del permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo es consecuencia directa de la equiparación de la duración de la suspensión del contrato de trabajo, precisamente por «nacimiento», de los dos progenitores: en ambos casos dieciséis semanas. Si adicionalmente se mantuviera el permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo, tan vinculado a la menor duración de la anterior suspensión del contrato por paternidad, se daría la paradoja de que el progenitor distinto de la madre biológica podría llegar a tener un periodo de tiempo de exoneración de la obligación de trabajar superior al de la propia madre biológica. El último párrafo del artículo 30 del convenio colectivo de empresa deviene inaplicable porque una norma sobrevenida (modificación de los artículos 37.3 d) y 48.4 ET por el Real Decreto-ley 6/2019) hace que aquel último párrafo del artículo 30 del convenio haya perdido sus originarias finalidad y alcance o, en los términos de la sentencia recurrida, su «sentido y utilidad.»ӌ
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de tutela de derechos fundamentales, en que se solicitaba se declarara vulnerado el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, al quedar excluido el sindicato -que no obtuvo tras las elecciones sindicales representación en ADIF Alta Velocidad, y tan solo el 7,80 % de representantes en ADIF-, de las comisiones y mesas emanadas del I Convenio Colectivo de ADIF y ADIF Alta Velocidad, incluida la comisión paritaria, apreciando la sentencia de instancia la excepción de prescripción por haber transcurrido más de 1 año desde que se constituyeron la comisión negociadora y el resto de comisiones. Argumenta la sentencia que conforme al art. 179.2 LRJS, la demanda deberá interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho fundamental, sin que el hecho de que los derechos fundamentales sean imprescriptibles, pueda conllevar que no pueda operar la prescripción, siendo la regla general del plazo de prescripción el de 1 año del art. 59 ET, cuyo dies a quo debe fijarse en el día en que la acción pudo ejercitarse, no siendo imprescriptibles los actos anulables sino sólo los nulos.
Resumen: Se cuestiona si resulta ajustada a derecho la pretensión formulada por el FOGASA en reclamación por revisión de prestaciones indebidas formulada al amparo de lo previsto en el art. 146 LRJS, cuando dichas prestaciones han sido reconocidas a la trabajadora por sentencia firme que estimó su pertinencia, en virtud del efecto del silencio positivo, al no haber resuelto el citado organismo en el plazo de tres meses la petición de prestaciones que le formuló la trabajadora. La Sala IV desestima la demanda. Sostiene que no cabe apreciar el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, ex art 222.1 LEC. Resuelve en aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada, ex art 224.4 LEC, al considerar que lo resuelto en el primer proceso, en el que se discute sobre la validez del acto administrativo presunto que se produjo porque el organismo demandado dejó transcurrir el plazo previsto normativamente para dar contestación a la petición formulada por un trabajador, aparece "como antecedente lógico" de lo que es objeto del pleito actual, siendo los mismos los litigantes. Por ello no se trata de una prestación indebida, pues es una prestación reconocida por una sentencia firme y, por lo tanto, intangible, salvo los limitados supuestos de la LEC. Lo contrario supondría vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, en su manifestación del derecho a la ejecución de las resoluciones firmes.
Resumen: El núcleo del debate de la sentencia anotada se centra en determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV, reiterando doctrina, precisa que de la STS 9/2/2016, R. 152/15 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
