Resumen: Estructura tarifaria del suministro en alta a los ayuntamientos integrados en un entidad metropolitana. Legalidad de la tarifa inclusiva de una cuota fija, en función del número de habitantes del municipio que figuran en el Padrón municipal, y de otra variable, en función del consumo.
Resumen: Impuesto sobre sociedades. Interpretación del artículo 22 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Determinación de los gastos generales de administración que pueden imputarse a un establecimiento permanente situado en un país tercero. Para calcular el rendimiento obtenido por las actividades realizadas por una sociedad en un establecimiento permanente situado en el extranjero, que se encuentra exento ex artículo 22 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se podrán imputar proporcionalmente a dicho establecimiento los gastos de dirección y generales de administración realizados para alcanzar los fines del establecimiento permanente, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el establecimiento permanente como en otro lugar.
Resumen: Cálculo del rendimiento obtenido por las actividades realizadas por una sociedad en un establecimiento permanente situado en el extranjero. Procedente imputación proporcional de gastos de dirección y generales de administración realizados para alcanzar los fines del establecimiento permanente.
Resumen: FUNCIÓN PÚBLICA Y PERSONAL. Prima de indemnización por jubilación voluntaria anticipada. Naturaleza de los incentivos a la jubilación anticipada de los empleados públicos municipales acordados por las Corporaciones Locales, que tienen reconocidos un coeficiente reductor de la edad de jubilación por razón de su actividad y si, en el caso concreto, ha lugar a su percepción. Cuestiones resueltas por SSTS de 5 de abril de 2022 (RC 850/2021) y STS 16.3.2022 recurso de casación 4444/2020 estableciendo que, las gratificaciones por jubilación tienen la consideración de retribución y necesitan de una norma legal de alcance general para su aplicación.
Resumen: Con remisión, entre otras, a las SSTS de 27/04/2022 (RCA 4034/2021 y 4049/2021) y 07/06/2023 (RCA 4416/2021) sobre la misma cuestión, la Sala declara: i) partiendo de la diferencia entre el estudio económico-financiero y el informe de sostenibilidad económica, en este caso no se está ante un instrumento de planeamiento urbanístico, sino ante un instrumento de ordenación de carácter estratégico (POT), por lo que no serían exigibles; pero ello no significa prescindir de la memoria económica inherente al procedimiento de elaboración de disposiciones generales; ii) en cuanto al informe de impacto de género, su incidencia en relación con el POT es distinta a la que tiene respecto de los planes urbanísticos; en todo caso, la sentencia recurrida no ha precisado suficientemente las concretas determinaciones incluidas en el POT que incurrían en contravención de dicho informe y que determinó su pronunciamiento anulatorio; y iii) el estudio de alternativas que debe contener una evaluación ambiental estratégica de un POT requiere incluir aquellas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, con el fin de prevenir los efectos adversos sobre el medio ambiente, análisis de lo cual no realiza la sentencia recurrida. En consecuencia, se ordena la retroacción de actuaciones para que la Sala de instancia se pronuncie al respecto, teniendo en cuenta lo declarado por el TS y considerando también la afectación de normas autonómicas en la resolución del litigio.
Resumen: Al igual que se ha acordado en relación con otros recursos, la Sala Tercera del Tribunal Supremo precisa que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia si ha de reputarse indeterminada o determinable la cuantía de aquellos recursos contencioso-administrativos en los que junto con la pretensión de reconocimiento de la realización de funciones de puestos de superior categoría por parte de un funcionario de una entidad local se articula la reclamación del abono de las diferencias retributivas correspondientes a dicho desempeño. Y ello en atención a que podrían verse afectados gravemente los intereses generales y a que queda afectado un gran número de situaciones por trascender dicha cuestión del caso objeto del proceso.
Resumen: La Sección de Admisión considera que el escrito de preparación cumple los requisitos exigidos en el artículo 89.2 LJCA y que, en concreto, la parte recurrente ha realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, respecto a la concurrencia del interés casacional objetivo invocado en el escrito de preparación del recurso, en relación con el artículo 88.3.a) LJCA. Admite el recurso precisando que la cuestión sobre la que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la incidencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 19 de junio de 2018 (asunto C-181/16, Caso Gnandi), en relación con los apartados 5 y 6 del artículo 46 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, en la interpretación por el órgano jurisdiccional que resuelve en primera instancia de los criterios contenidos en los artículos 129 y siguientes LJCA, a la hora de proceder a la adopción de medidas cautelares tendentes a la prórroga de los beneficios que tenía concedidos provisionalmente el recurrente durante la tramitación del procedimiento administrativo como solicitante de asilo y, en concreto, la autorización para permanecer en España y trabajar. Relacionado con la STS nº 1582/2022, de 29 de noviembre (RC nº 1314/2022).
Resumen: Con remisión, entre otras, a las SSTS de 27/04/2022 (RCA 4034/2021 y 4049/2021) y 07/06/2023 (RCA 4416/2021) sobre la misma cuestión, la Sala declara: i) partiendo de la diferencia entre el estudio económico-financiero y el informe de sostenibilidad económica, en este caso no se está ante un instrumento de planeamiento urbanístico, sino ante un instrumento de ordenación de carácter estratégico (POT), por lo que no serían exigibles; pero ello no significa prescindir de la memoria económica inherente al procedimiento de elaboración de disposiciones generales; ii) en cuanto al informe de impacto de género, su incidencia en relación con el POT es distinta a la que tiene respecto de los planes urbanísticos; en todo caso, la sentencia recurrida no ha precisado suficientemente las concretas determinaciones incluidas en el POT que incurrían en contravención de dicho informe y que determinó su pronunciamiento anulatorio; y iii) el estudio de alternativas que debe contener una evaluación ambiental estratégica de un POT requiere incluir aquellas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, con el fin de prevenir los efectos adversos sobre el medio ambiente, análisis de lo cual no realiza la sentencia recurrida. En consecuencia, se ordena la retroacción de actuaciones para que la Sala de instancia se pronuncie al respecto, teniendo en cuenta lo declarado por el TS y considerando también la afectación de normas autonómicas en la resolución del litigio.
Resumen: En este asunto, pues, hay una situación de inexistencia del hecho imponible que impedía su gravamen por el impuesto luego declarado inconstitucional, al concurrir una causa invalidatoria ya presente en la STC 59/2017, ésta sí carente de mención efectos limitativos explícitos. Por lo tanto, con independencia de nuestra reciente doctrina sobre las situaciones consolidadas, no cabe entender por tales, rectamente, aquellas que, conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional nº 59/2017 ; y 126/2019, habrían dado lugar en todo caso a la nulidad de la liquidación establecida, por gravar una plusvalía ficticia e inexistente, inexpresiva de capacidad económica, a tenor de las escrituras públicas aportadas por la recurrente y que el Ayuntamiento de Santander no controvirtió en ningún momento. Aunque la sentencia impugnada interpreta los efectos de la STC 182/2021 de un modo diferente a como lo hemos hecho, el fallo anulatorio es correcto, con lo que procede mantenerlo, ya que la liquidación recurrida era, en todo caso, improcedente, aun por razones no coincidentes con las determinantes del fallo.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que en grado de apelación no consideró que el recurrente al participar en un concurso de traslados no realizó la correspondiente elección de destino en tiempo y forma, con lo que perdió sus derechos derivados de su participación en las pruebas convocadas, resultando todo ello correcto y conforme con las bases de la convocatoria dado el error padecido por el interesado, que no era subsanable ni revisable de oficio. La Sala emitió opinión favorable a la admisión del recurso de casación. Pare al TS reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia determinar si en un procedimiento de concurso de traslados entre funcionarios puede subsanarse el trámite de presentación, en concreto, el formulario de elección de plaza, cuando las bases de la convocatoria no contemplaban ese trámite.
