Resumen: la cuestión en la que, en principio, se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es: Si para la impugnación de autorizaciones de precios de las actividades complementarias de un centro educativo concertado, ostentan legitimación ad causam una Asociación de Colegios Privados e Independientes- Círculo de Calidad Educativa (CICAE) y las entidades mercantiles titulares de centros privados del mismo ámbito territorial educativo que el centro concertado autorizado integrados en esa Asociación, cuando en el recurso se cuestiona también, por vía indirecta, la legalidad de las Instrucciones que regulaban esas autorizaciones.
Resumen: Recurso de casación. Interpretación del artículo 7.1 a) del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. No es una decisión discrecional, sino que nos encontramos ante el examen del cumplimiento del supuesto de hecho previsto en la norma. Se emplean, por tanto, conceptos jurídicos indeterminados que han de ser interpretados conforme al interés general.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia sobre reclamación de cantidad por daños y perjuicios, con los intereses desde la notificación de la sentencia y por revisión de precios, que genera intereses de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, Tiene interés casacional determinar: (i) si, ante un supuesto de suspensión o paralización de los trabajos imputable a la Administración, el conocimiento por parte del contratista, al inicio de los trabajos, de que va a tener lugar dicha suspensión o paralización, puede minorar la responsabilidad del órgano de contratación, y (ii) si la aplicación del límite porcentual máximo previsto para la modificación de los contratos del sector público también puede operar como límite al derecho del contratista al abono de la obra efectivamente ejecutada.
Resumen: Se cuestiona en el recurso la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica y la aprobación de la liquidación definitiva de las actividades reguladas del sector eléctrico correspondiente al ejercicio 2016. La sentencia recurrida anula la liquidación en la medida en la que aplica una metodología que no debía incluir el inciso de la Orden IET/2660/2015 anulada por la STS de 25 de octubre de 2017. La Sala admite como cuestión de interés casacional objetivo, interpretar los artículos 18.2 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, el artículo 11.2 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre , por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, y el Anexo VII de la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, en los términos en que fue interpretado por la STS, de 25 de octubre de 2017, a fin de determinar si la declaración de nulidad o anulación de una liquidación, implica también, si así se dedujese como pretensión, la procedencia de dictar una nueva liquidación conforme con dichos preceptos, sin perjuicio de la tramitación que deba seguirse al efecto.
Resumen: ¿Hasta dónde llegan las facultades de control del Tribunal encargado de dilucidar la legalidad de la liquidación o sanción en relación con la valoración de la prueba ilícitamente obtenida por vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio, y, si estas facultades se ven de algún modo condicionadas, limitadas o mermadas en relación con la invocación de la violación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando se ha autorizado por resolución firme la entrada en el domicilio del contribuyente? ¿La jurisprudencia emanada del recurso de casación ostenta carácter retrospectivo sobre las liquidaciones practicadas por la Administración tributaria con fundamento en las pruebas obtenidas en el curso de una entrada en domicilio autorizada por resolución judicial firme? Plantea idénticas cuestiones que los RCA/2086/2022, 2444/2022, 2525/2022, 2554/2022, 2564/2022. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en dos sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2023 (RRCA/2086/2022; ECLI:ES:TS:2023:2766 y 2525/2022; ECLI:ES:TS:2023:2742.
Resumen: Recurso contencioso-administrativo.- Autorización de entrada en domicilio.- ¿Hasta dónde llegan las facultades de control del Tribunal encargado de dilucidar la legalidad de la liquidación o sanción en relación con la valoración de la prueba ilícitamente obtenida por vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio, y, si estas facultades se ven de algún modo condicionadas, limitadas o mermadas en relación con la invocación de la violación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando se ha autorizado por resolución firme la entrada en el domicilio del contribuyente? ¿El principio de seguridad jurídica y el efecto propio de la cosa juzgada impiden reconocer a la jurisprudencia contenida en las sentencias de 1 de octubre de 2020 (RCA/2966/2019: ECLI:ES:TS:2020:3023 y 23 de septiembre de 2021 (RCA/2672/2020: ECLI:ES:TS:2021:3502) efecto invalidante de las pruebas obtenidas en el curso de una entrada en domicilio constitucionalmente protegido autorizada por resolución judicial firme previa al dictado de dichas sentencias, en la que el inicio formal de las actuaciones inspectoras se produjo posteriormente a la entrada en el domicilio?¿La jurisprudencia emanada del nuevo recurso de casación ostenta carácter retrospectivo o prospectivo sobre las liquidaciones practicadas por la Administración tributaria con fundamento en las pruebas obtenidas en el curso de una entrada en domicilio autorizada por resolución judicial firme?
Resumen: Medidas sanitarias. Determinar si, ante la constatación de un contagio de Covid-19 en un alumno de centro docente, la imposición de cuarentena durante 7 días al resto de alumnos del aula no vacunados frente a la Covid-19, acordada en cumplimiento de protocolos sanitarios previamente adoptados, afecta a los derechos contemplados en los artículos 17 y 19 CE; determinar, en el ámbito del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales en el orden contencioso-administrativo, si apreciada la infracción del ordenamiento jurídico relativa a la competencia del órgano autor del acto administrativo o actividad administrativa impugnada, cabe deducir directamente de la misma la infracción de derecho fundamental o, por el contrario, tal infracción requiere de motivación adicional.
Resumen: Consecuencias de la resolución de una reclamación económico-administrativa por órgano incompetente. Naturaleza de la competencia regulada en el artículo 229.1.a) LGT. Determinación de si concurre la causa de nulidad del artículo 217.1.b) LGT.
Resumen: A juicio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia que se determine si la Administración Pública que tramita un expediente disciplinario contra alguno de sus funcionarios tiene la condición de parte interesada, a los efectos de instar la continuidad del expediente disciplinario, a pesar de la pérdida de la condición funcionarial de la persona inculpada.
Resumen: Con remisión, entre otras, a las SSTS de 27/04/2022 (RCA 4034/2021 y 4049/2021) y 07/06/2023 (RCA 4416/2021) sobre la misma cuestión, la Sala declara: i) partiendo de la diferencia entre el estudio económico-financiero y el informe de sostenibilidad económica, en este caso no se está ante un instrumento de planeamiento urbanístico, sino ante un instrumento de ordenación de carácter estratégico (POT), por lo que no serían exigibles; pero ello no significa prescindir de la memoria económica inherente al procedimiento de elaboración de disposiciones generales; ii) en cuanto al informe de impacto de género, su incidencia en relación con el POT es distinta a la que tiene respecto de los planes urbanísticos; en todo caso, la sentencia recurrida no ha precisado suficientemente las concretas determinaciones incluidas en el POT que incurrían en contravención de dicho informe y que determinó su pronunciamiento anulatorio; y iii) el estudio de alternativas que debe contener una evaluación ambiental estratégica de un POT requiere incluir aquellas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, con el fin de prevenir los efectos adversos sobre el medio ambiente, análisis de lo cual no realiza la sentencia recurrida. En consecuencia, se ordena la retroacción de actuaciones para que la Sala de instancia se pronuncie al respecto, teniendo en cuenta lo declarado por el TS y considerando también la afectación de normas autonómicas en la resolución del litigio.
