Resumen: Cuando existe aval o seguro todas las cantidades anticipadas por el comprador a cuenta del precio, con sus intereses desde la fecha de su entrega, están garantizadas por la avalista o aseguradora, aunque falten los avales o certificados individuales, con tal de que dichas cantidades se correspondan con las contempladas en el contrato como parte del precio e independientemente de que se ingresen o no en una cuenta, del carácter de la cuenta en la que se ingresen y de que la cuenta pertenezca o no a la entidad avalista. La responsabilidad del garante no excluye la responsabilidad solidaria del banco que admita anticipos sin cumplir lo exigido en la norma por el importe de los anticipos que hubiera admitido. No incurre en responsabilidad la entidad de crédito cuando no consta que conociera los anticipos de los compradores por tratarse de ingresos que no fueron hechos por dichos compradores ni por la entidad promotora, sino por un tercero que es una sociedad mercantil. Deber de control sobre los ingresos: lo relevante es si la entidad conoció o pudo conocer la existencia de esos ingresos a cuenta, lo que tiene lugar en cuanto advierta la posibilidad de que se estén recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas. La cuestión de si la entidad demandada conoció o pudo conocer y por tanto controlar los pagos encierra una valoración jurídica de la responsabilidad del banco cuya revisión es propia del recurso de casación.
Resumen: Demanda de acción de anulación de contratos swap por error vicio del consentimiento y, subsidiariamente, de resolución y, en ambos casos, con la condena de la demandada a restituir la cantidad pagada con base en tales contratos y, en todo caso, la nulidad, por abusivas de las cláusulas que regulaban las liquidaciones, la resolución anticipada, la indemnización por cancelación anticipada y la de reconocimiento de haber recibido suficiente información. En primera instancia se declaró caducada la acción de anulación del contrato de swap y se estimó la de nulidad de las cláusulas impugnadas, debido a que los clientes no fueron informados de manera clara y comprensible de las características del contrato y de los riesgos aparejados y condenó al banco a devolver las cantidades que había cobrado. Apelada la sentencia por la demandada se estimó el recurso y desestimó la demanda ya que la ausencia de información precontractual es relevante únicamente respecto de la acción de anulación de un contrato por error vicio del consentimiento. Admitido el recurso de casación, se estima, pues la ausencia de una información precontractual adecuada determina su falta transparencia. Son abusivas las cláusulas porque determinan un mecanismo contractual de naturaleza compleja, inadecuado para unos consumidores que conciertan un préstamo que traía consigo importantes riesgos. También es nula la cláusula no negociada que contiene declaraciones sobre la suficiencia de la información recibida.
Resumen: Demanda interesando la nulidad de una cláusula contractual que imputaba a la parte prestataria los gastos y tributos derivados de la constitución de la hipoteca, entre ellos, los de notaría, registro, AJD y gestoría. En las dos instancias se apreció la nulidad de la cláusula y se condenó a restituir las cantidades pagadas por el impuesto de AJD. Reiteración de la jurisprudencia sobre las consecuencias de la nulidad de una cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario hipotecante. Si no existiera la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de tales gastos y tributos, por lo que la introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato, que determina su abusividad. La nulidad de la cláusula conlleva su inaplicación, y como efecto de ello, dado que los gastos deben ser abonados en todo caso a terceros (notario, registrador) debe analizarse a quién corresponde legalmente su pago. No se trata de ningún reparto equitativo de los gastos, sino de analizar la normativa aplicable al caso, para constatar a quien le corresponde el pago de cada uno de esos gastos. Se deja sin efecto la condena al banco a pagar a los prestatarios el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Resumen: Litigio en el que se ejercitó una acción de nulidad del contrato de tarjeta de crédito revolving, basada en la Ley de Usura. El Juzgado de Primera Instancia estimó en parte la demanda pues consideró que el carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito solo concurrió a partir de la novación efectuada, en el que se elevó el tipo de interés. El demandante apeló la sentencia y la Audiencia estimó su recurso y declaró el carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito desde el momento mismo de su suscripción; no hizo expresa imposición de las costas de primera instancia, pese a la estimación plena de la demanda, por la concurrencia de serias dudas de derecho. Recurre en casación el demandante con ese único objeto y la sala rechaza su recurso. La sala en pleno decide que la doctrina jurisprudencial sobre la no aplicación de la excepción al principio del vencimiento en la imposición de costas, por razón de las serias dudas de derecho, es aplicable cuando se ejercitan acciones basadas en la normativa sobre cláusulas abusivas, pero no cuando se ejercitan acciones basadas en la Ley 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios. Señala que cuando la cuestión litigiosa no está regulada por el Derecho de la UE y, por consiguiente, no entra en juego el principio de primacía de este Derecho, el juez no puede dejar de aplicar ninguna norma legal nacional (en este caso, el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Se desestima la casación.
Resumen: Proceso declarativo en el que se ejercita la pretensión de vencimiento anticipado por incumplimiento grave y esencial de las obligaciones del prestatario que deja de pagar las cuotas e insolvencia sobrevenida. Es posible resolver el préstamo cuando el prestatario incumple de manera grave sus obligaciones esenciales, como la de devolver el capital en ciertas cuotas o abonar los intereses. Para valorar la gravedad del incumplimiento debe tenerse en cuenta tanto su carácter prolongado en el tiempo como la falta de reparación de la situación por parte del deudor. Entre los supuestos que permiten al acreedor anticipar el vencimiento de la obligación se encuentra la insolvencia sobrevenida del deudor. Para evitar el vencimiento anticipado sería preciso que el deudor ofreciera una nueva garantía, sin que en otro caso resulte exigible al acreedor que espere al término final de la operación para hacer efectivo su crédito. En el caso, el acreedor estaba facultado para declarar el vencimiento anticipado al haberse producido un incumplimiento en el pago de las cuotas vencidas de entidad suficiente como para revelar la falta de seguridad del pago del crédito. La declaración de vencimiento anticipado efectuada por la entidad acreedora con anterioridad a la presentación de la demanda no excluye su posterior petición en un proceso. Excede del contenido propio de la sentencia declarativa de condena el pronunciamiento sobre el procedimiento que debe seguirse para su ejecución.
Resumen: El Pleno de la Sala estima el recurso de casación interpuesto por un consumidor contra la sentencia que no impuso las costas procesales a la entidad bancaria que, pese a allanarse a la demanda, había rechazado previamente una reclamación extrajudicial que tenía el mismo contenido. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial resolvieron que cada parte debía cargar con sus propias costas porque la demanda se había presentado cuando ya estaba en vigor el RDL 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y el demandante no había acudido al procedimiento extrajudicial previsto en dicha norma. La Sala tiene en cuenta que, aunque la reclamación extrajudicial del consumidor tuvo lugar antes de la entrada en vigor del RDL 1/2017, esa actuación fue justamente la prevista en esta norma: efectuar una reclamación a la entidad financiera para que dejara de aplicar la cláusula suelo y le devolviera lo indebidamente cobrado por su aplicación. La entidad financiera rechazó la solicitud alegando que su actuación había sido correcta y que la cláusula suelo no era abusiva. Sin embargo, interpuesta la demanda, se allanó a la misma. Por ello, el Tribunal Supremo concluye que el pronunciamiento de la Audiencia Provincial infringe el RDL 1/2017, interpretado a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Resumen: Demanda de nulidad por abusividad de la cláusula que impone al prestatario el pago de todos los gastos derivados de la contratación de un préstamo hipotecario. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y condenó al banco demandado a devolver todos los gastos abonados por el cliente-demandante. La audiencia confirmó la sentencia. Recurre en casación el banco demandado y la sala estima su recurso. La sala reitera su doctrina, según la cual, el principal sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es el prestatario, los gastos de notaría deben ser satisfechos por mitad y los gastos del Registro de la Propiedad deben ser satisfechos por el prestamista. Respecto de los gastos de gestoría y tasación, la sala declara que, de acuerdo con la doctrina de la STJUE de 16 de julio de 2020, ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos, no cabía negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula declarada abusiva; cuando resulte de aplicación la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, los gastos de tasación corresponderán al prestatario, por haberlo prescrito así en el apartado i) de su art. 14.1.e. Se estima en parte el recurso de casación y la demanda.
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo hipotecario, novado posteriormente en documento privado en el que se rebajó el límite de intereses y se renunció al ejercicio de acciones con causa del contrato así como a las liquidaciones habidas hasta la fecha. En primera instancia se estimó la demanda y, recurrida en apelación, la Audiencia Provincial desestimó el recurso. Afirmó la nulidad de la cláusula suelo inicial contenida en el contrato de préstamo hipotecario y argumentó por qué también es ineficaz la reducción de la cláusula suelo y la renuncia al ejercicio de las eventuales acciones de nulidad contenida en el documento de novación. Declaró la imposibilidad de convalidar la cláusula nula mediante su sustitución por otra que sea más favorable a los intereses del consumidor incluso aunque contenga una renuncia a la acción de nulidad que pudiera corresponderle. La demandada interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra dicha sentencia, aunque luego se desistió del primero. En casación se cuestiona la valoración jurídica del documento privado de novación, defendiendo la validez de la transacción y de la renuncia de acciones contenida en el mismo. La Sala, conforme a la STJUE 9/7/20, estima en parte el recurso, declara la validez de la novación de la cláusula suelo y la nulidad de la renuncia genérica al ejercicio de cualesquiera acciones relativas al contrato de préstamo hipotecario.
Resumen: Denegación de la suspensión del recurso de casación por la pendencia de cuestión prejudicial ante el TJUE (entre otras razones, las cuestiones sustanciales que se plantean en ella ya han sido resueltas por el TJUE). Motivo de casación inadmisible: se denuncia una norma procesal. Estipulaciones en documento privado que constituyen una modificación o novación de la cláusula suelo. y que contienen una renuncia al ejercicio de acciones, que son dos elementos esenciales de un negocio transaccional. Reiteración de doctrina jurisprudencial: la doctrina del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula, como la cláusula suelo, pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada individualmente, sino que la cláusula ha sido predispuesta por el empresario, en ese caso debería cumplir, entre otras exigencias, con las de transparencia. Pautas interpretativas en la doctrina del TJUE sobre la introducción de la cláusula suelo y su aplicación a un posterior acuerdo contractual, no negociado individualmente, que modifica la inicial cláusula suelo. En el caso: cláusulas no negociadas; la cláusula de modificación cumple las exigencias de transparencia; la cláusula de renuncia no es válida ya que abarca a cuestiones ajenas a la controversia sobre la cláusula suelo. No cabe la aplicación de las normas de confirmación de los contratos anulables. Costas de primera instancia: principio de no vinculación.
Resumen: La sala estima en parte el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria frente a una sentencia que había declarado la nulidad por falta de transparencia de dos cláusulas suelo y también la nulidad del acuerdo posterior por el que se rebajó el límite mínimo y se introdujo una cláusula en virtud de la cual el prestatario renunciaba a ejercitar cualquier acción que trajera causa de su formalización y clausulado. La sala reitera su doctrina dictada en supuestos semejantes al litigioso. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado en un momento en el que se había publicado la STS de 9 de mayo de 2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo, además se valora que los prestatarios realizaron una trascripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual en la que se expresaba el valor del índice, además de su publicación en el BOE. La renuncia de acciones es abusiva por su carácter genérico ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de las cláusulas suelo iniciales.
