Resumen: Aportación con el escrito de oposición al recurso de casación de la STJUE caso Banca Transilvania: doctrina fijada por esta sentencia; no afecta a la decisión del recurso. Desestimación de las alegaciones sobre la STJUE caso Andriciuc, en el sentido de que las estipulaciones cuestionadas quedan fuera del ámbito de la Directiva sobre cláusulas abusivas. Recurso de casación admisible: la suficiencia de la información es una cuestión de valoración jurídica y no fáctica. Control de transparencia de la cláusula relativa a divisas: que el cliente, por iniciativa propia acuda al banco llevado por un intermediario no excusa a aquel de informar sobre los riesgos del producto; producto de riesgo; no basta la prueba testifical del empleado del banco que afirma que informó al cliente, es necesaria la constatación de la información sobre los riesgos específicos. Concreción de las obligaciones de información en los préstamos en divisas: doctrina jurisprudencial del TJUE y del TS sobre los especiales riesgos de este producto y la información exigible a las entidades financieras. Control de contenido o abusividad una vez constatada la falta de transparencia de las cláusulas relativas a la divisa. Asimilación de la falta de transparencia a la abusividad de determinadas cláusulas (cláusulas suelo; cláusulas multidivisas) por ocultarse graves riesgos para el consumidor.
Resumen: Demanda sobre nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos hipotecarios al prestatario. Las sentencias de ambas instancias declararon nula la cláusula litigiosa y condenaron a la demandada a abonar los gastos de notaría, registro de la propiedad y gestoría. Recurre en casación la entidad bancaria demandada y la sala estima en parte su recurso. La sala aplica su doctrina sobre la distribución de los gastos hipotecarios, según la cual los gastos de notaría, conforme a la normativa notarial, deben ser abonados por los interesados, que en el caso del préstamo hipotecario son ambas partes, por lo que deben abonarse por mitad, correspondiendo el gasto de escritura de cancelación de la hipoteca al prestatario y las copias de las escritura a quien las solicite; respecto de los gastos del Registro de la Propiedad, el Arancel de los Registradores de la Propiedad atribuye el gasto a quien a cuyo favor se inscriba o anote el derecho y como la garantía hipotecaria se inscribe a favor del prestamista, será a éste al que corresponda el pago de los gastos que ocasione la inscripción de la hipoteca, mientras que como la inscripción de la escritura de cancelación se inscribe en favor del prestatario, a él le corresponde este gasto; y respecto de los gastos de gestoría, su pago debe atribuirse íntegramente a la entidad prestamista. Ello conlleva que el recurso de casación se estime únicamente en lo relativo a los gastos de notaría, que han de distribuirse por mitad.
Resumen: Se estima en parte el recurso de casación interpuesto por una entidad bancaria frente a la sentencia que declaró la nulidad de la cláusula de gastos inserta en un préstamo hipotecario y condenó al banco demandado a devolver a los prestatarios consumidores el importe total de los gastos de notaría y registro de la propiedad, así como el IAJD. La sala reitera su doctrina. Si no existiera la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que, en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables, no le corresponde en todo caso el abono de la totalidad de tales gastos y tributos. La introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato que determina su abusividad. Sobre los efectos de la nulidad, al tratarse de un préstamo suscrito antes de la Ley 5/2019 y del RDL 17/2018, corresponde al prestatario el pago del IAJD, al ser el sujeto pasivo de este impuesto, y los gastos de notaría deben ser abonados por los interesados, que en el caso del préstamo hipotecario son ambas partes, por lo que deben abonarse por mitad. La estimación parcial del recurso supone modificar la sentencia de apelación. No procede hacer imposición de costas de los recursos de apelación y casación, estimados en parte. Las costas de la primera instancia se imponen al banco, en aplicación de la doctrina del TJUE
Resumen: La Sala estima el recurso de casación cuyo objeto versa sobre las consecuencias de la nulidad de las cláusulas de gastos de los préstamos hipotecarios. Reitera su reciente jurisprudencia, que ha sido confirmada por el STJUE de 16 de julio de 2020, y cuyas consecuencias prácticas, en relación con los gastos controvertidos en el presente recurso de casación son: (i) respecto de los gastos de notaria: la intervención notarial interesa a ambas partes, por lo que los costes de la matriz deben distribuirse por mitad. Igual en cuanto a escritura de modificación del préstamo, pero los de la de cancelación los debe soportar el prestatario, y los gastos de copias, quien las solicite. (ii) gastos del Registro de la Propiedad: el banco debe abonar los gastos de inscripción de la hipoteca, y el prestatario los de cancelación. (iii) gastos de gestoría: con anterioridad a la Ley 5/2019 no había ninguna norma legal que atribuyera su pago a ninguna de las partes. En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia del TJUE, a partir de la sentencia 555/2020, de 26 de octubre, se estableció que su pago debe atribuirse íntegramente a la entidad prestamista. Lo expuesto conlleva que el recurso de casación deba ser estimado únicamente en lo relativo a los gastos de notaría, que han de distribuirse por mitad, mientras que la sentencia recurrida debe confirmarse tanto respecto de los gastos de inscripción en el registro de la propiedad como de los gastos de gestoría.
Resumen: El objeto del recurso versa sobre si procede o no imponer a la entidad de crédito demandada-apelante las costas de las instancias en un caso en que la sentencia recurrida, pese a confirmar la estimación íntegra de la demanda (de nulidad de una cláusula suelo y reintegro total de las cantidades indebidamente cobradas), decidió no imponerlas a ninguna de las partes por apreciar serias dudas de derecho. Se estima el recurso de casación, basado en la infracción de normas legales sustantivas que regulan la protección de los consumidores y del principio de efectividad, y se reitera la jurisprudencia de la Sala Primera, según la cual la regla general del vencimiento en materia de costas procesales favorece la aplicación del principio de efectividad del Derecho de la Unión y, en cambio, la salvedad a dicha regla hecha por la sentencia recurrida (consistente en apreciar serias dudas de Derecho) supone un obstáculo para la aplicación de ese mismo principio. Por tanto, resulta procedente imponer a la entidad de crédito demandada-apelante las costas de la segunda instancia, dado que su recurso de apelación tenía que haber sido desestimado en su totalidad, y confirmar la imposición a dicha parte de las costas de la primera instancia, como consecuencia de la íntegra estimación de la demanda.
Resumen: El préstamo comercializado como ?hipoteca tranquilidad? es un préstamo con sistema mixto de interés (fijo los diez primeros años y variable en el resto), con cuota creciente (la cuota inicial se incrementa cada año en un 2,5%) y duración relativamente indeterminada, con un máximo de cuotas. El sistema de amortización difiere del sistema francés en que la variabilidad del índice de referencia del interés remuneratorio no se traduce en un incremento de las cuotas, sino en un incremento del número de cuotas y en la posibilidad de llegar al final del préstamo sin haber devuelto todo el capital, en cuyo caso habría que abonar la parte pendiente junto con la última cuota. Las cláusulas sobre el interés remuneratorio forman parte del objeto principal del contrato y están sometidas, como tales, al control de transparencia material. En el caso, el funcionamiento del interés remuneratorio está claramente explicado en la documentación contractual. Los prestatarios conocían desde un primer momento, y durante toda la vida del préstamo, tanto en el periodo de interés fijo como en el de interés variable, la cantidad que iban a pagar durante la vida máxima del contrato. Las reglas sobre la amortización están claramente fijadas sin redacciones ambiguas u oscuras, ni remisiones a cláusulas distintas. Como las cláusulas sobre el interés remuneratorio son transparentes, resulta improcedente realizar el control de abusividad. Se estima el recurso de casación.
Resumen: Demanda en la que varios clientes de una entidad bancaria solicitaban la nulidad de varias cláusulas de sus préstamos hipotecarios, en concreto las relativas a las cuotas de amortización, tipos de interés y forma de cálculo y diversos gastos a cargo del prestatario. El préstamo es el denominado "hipoteca tranquilidad", que consiste en un préstamo de cuota creciente, en el que el prestatario comenzaba pagando una cuota que cada año se incrementaría en un porcentaje; esta distribución creciente provoca que las cuotas iniciales sean más bajas que las que, en iguales circunstancias, corresponderían a otros modelos como el francés puro, porque se dedican fundamentalmente al pago de intereses y apenas a amortización de capital, por lo que en cierta medida supone una modalidad de préstamo que, económicamente, se aproxima a los préstamos con un periodo de carencia al principio. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, pero la audiencia la revocó y estimó en parte la demanda, respecto de la mayoría de los demandantes. Recurre en casación la entidad bancaria y la sala estima su recurso, confirmando la doctrina contenida en dos resoluciones anteriores en las que examinó el producto "hipoteca tranquilidad"; en esencia, se mantiene que las cláusulas litigiosas son transparentes pues el funcionamiento del interés remuneratorio está claramente explicado en la documentación y las reglas de amortización e intereses ordinarios son claros. Se confirma la sentencia de instancia.
Resumen: Recurso de casación. Desestimación por concurrir causas de inadmisión. El recurso de casación se halla sometido a ciertos requisitos formales que se traducen, entre otras exigencias, en la necesidad de indicar con claridad y precisión en el encabezamiento del motivo la norma que se considera infringida, y en la necesidad de desarrollar, con concisión pero con el adecuado desarrollo, cómo ha incurrido la sentencia recurrida en la infracción legal denunciada. El recurso de casación ha de basarse en la existencia de una infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, que ha de quedar identificada en el encabezamiento del recurso y ha de ser explicada en su desarrollo. Un escrito de naturaleza meramente alegatoria no reúne los requisitos necesarios para cumplir las exigencias de este recurso. En este caso, en el encabezamiento no se denuncia la infracción de una norma sustantiva, pues solo se hace una referencia genérica a la existencia de interés casacional consistente en la contradicción entre las Audiencias Provinciales (el interés casacional solo sirve para justificar el acceso al recurso de casación cuando, como en este caso, un litigio cuyo trámite viene determinado por la cuantía, tiene una cuantía inferior a 600.000 euros); y en el desarrollo del motivo no se explica con un mínimo rigor cómo se habría producido la infracción de una norma aplicable para la resolución del litigio..
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: noción de decisión judicial irrazonable en la doctrina del Tribunal Constitucional. Recurso de casación admisible: se cuestionan solo valoraciones jurídicas. Falta de transparencia de la cláusula multidivisa: cláusulas abusivas en contratos con consumidores e importancia de la información precontractual; concreción de las obligaciones de información en los préstamos en divisas (información suficiente sobre los efectos en las cuotas de una fuerte depreciación de la moneda del Estado del domicilio del prestatario y de un aumento del tipo de interés extranjero; exposición a un riesgo de tipo de cambio que le será difícil de asumir al prestatario si se devalúa la moneda en la que percibe sus ingresos en relación con la divisa extranjera; posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherente. Doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo sobre los especiales riesgos de este producto y; información exigible a las entidades financieras. Control de transparencia: conocimiento por el consumidor de la carga económica y de la carga jurídica; plus de información sobre las condiciones generales relativas a elementos esenciales del contrato; información adecuada sobre las consecuencias de la materialización de este riesgo (incremento de cuotas de amortización y del saldo financiero de la deuda, riesgo de insuficiencia de la garantía que pudiese generar el vencimiento anticipado).
Resumen: La sala estima el recurso de casación frente a una sentencia que rechazó la pretensión de nulidad parcial del clausulado multidivisa de un préstamo al considerar que se satisfacían las exigencias de transparencia, en cuanto que los prestatarios podían conocer que el riesgo provenía de la oscilación del valor de las divisas, que fueron ellos los que acudieron a la entidad bancaria, que la demandante es abogada, y que durante la vigencia del préstamo los prestatarios cambiaron de divisa. La sala reitera su doctrina jurisprudencial. El préstamo multidivisa no es un instrumento de inversión y por esta razón no se sujeta a la normativa del mercado de valores. El incumplimiento de los deberes de información exigibles a las entidades bancarias es relevante a los efectos de realizar el control de transparencia. En el caso litigioso, banco no informó al cliente sobre la carga económica que en caso de fluctuación de la divisa le podría suponer, en euros, tanto el pago de las cuotas de amortización, como el pago del capital pendiente de amortizar al que debería hacer frente en caso de vencimiento anticipado del préstamo, o la trascendencia que ese incremento de capital le supondría en caso de que pretenda cambiar desde la divisa al euro, así como la necesidad de prestar nuevas garantías en ciertos umbrales de devaluación. El hecho de que la prestataria fuera abogada no demuestra que fuera experta en este tipo de productos, salvo que se hubiera probado lo contrario, lo que no consta.
