Resumen: De los razonamientos contenidos en los fundamentos de la sentencia recurrida se desprende que el tribunal de instancia dispuso de abundante prueba de cargo -testifical, documental y pericial-, analizó toda ella además de la de descargo propuesta por el acusado -especialmente su declaración- y explicó con un discurso lógico y coherente las inferencias que le llevaron a la declaración de hechos probados, sin que se aprecie en el proceso de valoración de la prueba atisbo alguno de irracionalidad o arbitrariedad. No puede prosperar el motivo de casación articulado por error de hecho en la valoración de la prueba, no solo por no haber designado en el escrito de preparación los particulares del documento o documentos que muestren el error en que hubiera podido incurrir el tribunal de instancia, sino porque a lo largo del motivo la parte se refiere a todas las pruebas practicadas, incluso las personales, desbordando los contornos del motivo del recurso para pretender que se sustituya la objetiva valoración de la prueba realizada por el tribunal sentenciador por su propia versión de los hechos. Tampoco puede prosperar el motivo del recurso articulado por error iuris, pues, por una parte, se apoya en la negación de los hechos declarados probados y, por otra, no aduce razón o argumento alguno contrario a los acertados razonamientos de la sentencia impugnada sobre la calificación jurídica de los hechos, por lo que carece manifiestamente de fundamento.
Resumen: Se introduce en el recurso una cuestión nueva, que permaneció fuera de la controversia mantenida en la instancia, relativa a un pretendido error de hecho en la apreciación de la prueba por no haberse tenido en cuenta ciertos documentos cuya correcta valoración habría permitido aplicar la eximente completa de anomalía o alteración psíquica contemplada en el art. 20.1º CP. No puede anularse -como consecuencia de la interdicción de las cuestiones planteadas per saltum- una sentencia que resolvió de forma impecable todo lo discutido en la instancia y que, haciendo lo que tenía que hacer, no se pronunció sobre cuestiones no planteadas. Dada la naturaleza devolutiva del recurso de casación, debe circunscribirse al examen de los errores legales que pudiera haber cometido el tribunal de instancia al enjuiciar los temas que las partes le plantearon, sin que quepa ex novo o per saltum formular alegaciones relativas a la aplicación o interpretación de preceptos sustantivos no invocados, es decir, sobre cuestiones jurídicas no formalmente planteadas ni debatidas por las partes.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: a) vulneración del derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24 CE, del principio in dubio pro reo y de la jurisprudencia que lo desarrolla; b) error en la valoración de la prueba; c) vulneración del principio de legalidad en su vertiente de tipicidad del art. 25.1 CE y la jurisprudencia que desarrolla la falta grave del art. 8.33 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: El acuerdo del instructor del expediente por el que se inadmitieron determinadas pruebas estuvo suficientemente motivado y fue ajustado a derecho. Es más, una de las pruebas fue nuevamente propuesta y admitida en la instancia jurisdiccional. En cuanto a la segunda, la denegación no versó sobre el contenido de la prueba sino sobre la forma de su práctica, que se acordó que tuviera lugar no por escrito, sino mediante declaración testifical, lo que generó mayor garantía al derecho de defensa del recurrente, que pudo asistir al interrogatorio y formular al testigo, bajo el principio de contradicción, las preguntas que tuvo por conveniente. En consecuencia, no resultó vulnerado el derecho a la utilización de los medios de prueba ni se ocasionó indefensión alguna al recurrente. El tribunal sentenciador contó con suficiente prueba de cargo -amplia documental y testifical-, válidadmente obtenida y regularmente practicada para -a través de un razonamiento que se considera lógico, coherente, sujeto a las reglas de la lógica y la sana crítica y sin atisbo alguno de arbitrariedad- llegar a la convicción de la certeza de los hechos que declaró expresamente probados, por lo que no resultó vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso, la parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha incurrido en: a) infracción del derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24 CE y del principio in dubio pro reo; b) infracción de ley por error en la valoración de la prueba; c) vulneración del principio de legalidad en su vertiente de tipicidad del art. 25.1 CE y la jurisprudencia de la sala relativa al art. 8.6 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en lo siguiente: a) vulneración del derecho a la presunción de inocencia que reconoce y garantiza el art. 24 CE; b) vulneración del principio de tipicidad consagrado en el art. 25.1 CE. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La esencial prueba de cargo, consistente en la declaración de la víctima, reúne los requisitos para desvirtuar la presunción de inocencia, habida cuenta de su verosimilitud, persistencia, concreción y firmeza, carente de modificaciones esenciales, que ofrece una versión corroborada en su totalidad por 4 testigos de referencia, sin que, además, se aprecie atisbo alguno de enemistad previa entre las partes. La sala de instancia realiza una apreciación razonable del conjunto de la prueba obrante en autos, extrayendo de ella conclusiones que se compadecen con las reglas de la lógica, la racionalidad y la sana crítica. No ofreciéndose duda alguna sobre lo que se concluye en el relato fáctico probatorio, no resulta aplicable el principio in dubio pro reo. El análisis que ha de realizar la sala en el recurso ha de ceñirse a las alegaciones formuladas en el escrito de preparación y al interés casacional contemplado en el auto de admisión, por lo que debe inadmitirse la alegación del escrito de interposición referida a la vulneración del principio de legalidad en su vertiente de tipicidad. En cualquier caso, el inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente corrigió a la víctima su desatención en el servicio de vigilancia de monitores dándole una «colleja» con la mano abierta a la altura del cuello- se incardina en la falta imputada, ya que pudo corregir a su subordinado de manera distinta y no tan desproporcionada, sin necesidad de emplear vías de hecho.
Resumen: No resultó vulnerado el derecho de defensa, ya que los aspectos nucleares del reproche penal pudieron ser rebatidos por la defensa sin limitación. Tampoco se infringió el principio acusatorio, habida cuenta de la homogeneidad entre los delitos por los que se acusó -los contemplados en los arts. 47 y 48 CPM, que tienen la misma naturaleza-, de la no alteración de los hechos en que se basaron las acusaciones y de la pena impuesta, inferior a la solicitada. No puede prosperar la queja relativa a quebrantamiento de forma por denegación de prueba anticipada, pues los argumentos para su denegación ponen de relieve su inutilidad para enervar el resto de elementos de juicio de que se disponía. Las quejas de inmotivación y de vulneración del derecho a la presunción de inocencia resultan manifiestamente infundadas, pues la sentencia recurrida, mediante un completo proceso discursivo, aborda minuciosamente todos los elementos probatorios y alcanza, sin género de dudas, una razonable inferencia, lo que hace además, inaplicable el principio in dubio pro reo. Las conductas del recurrente se incardinan claramente en la previsión típica, habida cuenta del grave atentado que supusieron contra la intimidad y la dignidad de la víctima en el trabajo. El tracto sucesivo de los hechos, los nocivos efectos producidos en la estabilidad psicológica y profesional de la víctima y la relación de superioridad jerárquica entre los agentes activo y pasivo abonan la consideración de su naturaleza grave.
Resumen: El motivo de casación incurre en causa de inadmisión, dado que antes de la apertura del juicio oral no puede hablarse propiamente de hechos probados sobre los que pueda postularse un error de apreciación: los autos de sobreseimiento no pueden impugnarse por error en la apreciación de la prueba. No obstante, la sala da respuesta al recurso para otorgar al recurrente la plena tutela que solicita. Agotada la investigación criminal -por práctica de todas las diligencias de instrucción pertinentes, tanto acordadas de oficio como a instancia de parte-, los hechos que se desprenden de la misma carecen de relevancia penal, como justifica adecuadamente la sala de instancia en el auto de sobreseimiento, mediante razonamiento compartido por la sala. En consecuencia, no concurriendo las circunstancias necesarias para enjuiciar o juzgar a la acusada, carece de sentido continuar con las actuaciones. Además, esta conclusión valorativa no queda desvirtuada o contradicha por documentos a efectos casacionales -con naturaleza literosuficiente y autárquica que avalasen la existencia de un error patente- que pudieran ser tenidos en cuenta. Ni las declaraciones ni las conversaciones por servicio de mensajería pueden considerarse documentos a efectos casacionales.
Resumen: La parte recurrente no acreditó, siquiera, la necesidad de la prueba denegada o no practicada para la fijación de los hechos con relevancia disciplinaria, no habiendo identificado tampoco el menoscabo o minoración sustancial que experimentó en sus derechos e intereses legítimos por culpa de la actuación administrativa o judicial, ni cuales fueron los hechos relevantes que quiso y no pudo acreditar, de forma que no concretó de qué manera se le originó una indefensión material real y efectiva. Además de no haberse solicitado el complemento de la sentencia antes de alegar en casación su incongruencia omisiva, aquella dio respuesta, no ya tácita, sino expresa y jurídicamente fundada, sobre la cuestión planteada, por lo que no colocó a la recurrente ante ninguna situación de indefensión material real y efectiva. La sala de instancia apreció de forma razonable el conjunto de la prueba obrante en autos, extrayendo de la misma conclusiones que se compadecen con las reglas de la lógica, la racionalidad y la sana crítica.
