Resumen: La sentencia anotada aborda el recurso de casación unificadora deducido frente a la sentencia que declaraba el carácter común de la contingencia del proceso de IT que había iniciado el actor con fecha 03-06-14. A los efectos de resolver sobre dicha pretensión, la Sala ade suplicación descarta aplicar la presunción de laboralidad prevista en el actual Art. 156.3 de la LGSS sobre la base de que los primeros síntomas de la patología cardíaca que presentó el trabajador no consta acreditado que se hubiesen presentado en lugar y tiempo de trabajo e, igualmente, que aquél ya tenía antecedentes médicos sobre esa misma dolencia. Pero, el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso. Así, la sentencia recurrida descarta la aplicación de la presunción de laboralidad, por cuanto concurren circunstancias que la desvirtúan, y fundamentalmente, porque no consta debidamente acreditado que los primeros síntomas del infarto se produjeran en horario y lugar de trabajo y, también y además, por presentar antecedentes de patología cardíaca el actor, la sentencia de contraste considera irrelevante, a los efectos de desvirtuar la aplicación de la presunción de laboralidad que los primeros síntomas se produjeran fuera del horario y lugar de trabajo y que el trabajador afectado presentase antecedentes previos de esa misma patología, concurriendo circunstancias bien distintas.
Resumen: El actor ha venido prestando servicios, ininterrumpidamente, para las sucesivas empresas adjudicatarias del servicio de mantenimiento informático en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en particular las UTE que constan y Novasoft. Es despedido por causas organizativas y de producción, al igual que el resto de la plantilla, invocando la empresa la finalización del contrato administrativo que tenía concertado con el SAS, que era su único cliente. La sentencia de instancia declara el despido nulo por haberse superado los umbrales del art. 51.1 ET y por vulneración de la garantía de indemnidad, pero no condena al SAS codemandado. La sentencia de suplicación, sin embargo, aprecia la existencia de cesión ilegal y condena al SAS a las consecuencias inherentes a la nulidad del despido y a la UTE Fujitsu y al SAS de manera solidaria al abono de los salarios de tramitación. Ante el TS recurre el SAS cuestionando la existencia de cesión ilegal. Pero el recurso es finalmente desestimado por el TS al apreciar falta de contradicción. En concreto, se resalta que las condiciones en la que los respectivos actores y, en concreto, son dispares los relatos fácticos en relación con la utilización de los medios materiales del SAS o de la UTE empleadora y la permanencia bajo el poder de dirección de la empleadora.
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones la actora impugna la extinción de su contrato de trabajo, amparada en el auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Toledo de 27/2/2017 que autorizó la extinción de los contratos de todos los trabajadores de la empresa concursada. La sentencia de instancia apreció la excepción de falta de jurisdicción; decisión confirmada por la sala de suplicación. LA sala IV desestima el recurso de casación unificadora planteado por la actora al entender que no concurre la necesaria contradicción entre las sentencias comparadas. Así, mientras que en el caso de autos se impugna un despido posterior a dictarse el auto autorizando la extinción del contrato por el Juez de lo Mercantil, en el supuesto de contraste el despido es anterior a que se dictara tal decisión judicial relativa a la resolución de los contratos, aunque la empresa ya había sido declarada en concurso. Por tanto, ambas sentencias adoptan decisiones conformes a la jurisprudencia del TS. Se desestima el recurso.
Resumen: Reiterando jurisprudencia anterior, la sentencia casa y anula la de suplicación que confirmando la de instancia había reconocido el derecho de la trabajadora, profesora de religión, a percibir el complemento de formación (sexenios) en las mismas condiciones que los profesores interinos, aunque no acreditaba la formación específica requerida para ello, para denegar dicho derecho. Argumenta la sentencia que sólo procede el reconocimiento del derecho al sexenio cuando se cumplen las exigencias legales en materia de formación, ya que aunque las normas equiparan el régimen retributivo del profesorado de religión al del funcionario interino, dicha igualación debe ser conforme a lo que el ordenamiento jurídico prescribe, es decir, se tiene que acreditar haber realizado la formación consistente en cursos homologados por el Ministerio de Educación. Como en el supuesto no se acredita dicha formación, se deniega el derecho al sexenio.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida que estima la demanda y declara que la actuación de la empresa de imponer unilateralmente unos determinados servicios mínimos, sin recabar la intervención de la autoridad gubernativa es contraria al ejercicio del derecho de huelga. Asimismo, rechaza la petición de incongruencia extra petita y la revisión del relato fáctico. En cuanto al fondo del asunto, sostiene que la empresa carece de la facultad de imponer unilateralmente cualquier clase de servicio mínimo, por mucho que su actividad pudiere estar vinculada a la prestación de servicios públicos de carácter esencial. Esa decisión es en sí mismo abusiva, ilícita, y nula de pleno derecho, cuando se ha adoptado sin que hubiere mediado una resolución de la autoridad gubernativa que imponga la realización de alguna clase de servicios mínimos, máxime cuando no se trata de servicios esenciales. Esta decisión incidió en el éxito de la huelga, al imponer la obligación de prestar servicio a un elevado número de trabajadores a los que se les impidió el derecho de participar en la huelga, minorando considerablemente su incidencia. Con remisión al art 8.10 LISOS confirma la indemnización de 6.001 € por los daños y perjuicios causados por la vulneración del derecho de huelga.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia comentada consiste en resolver si los profesores de religión católica dependientes del Ministerio de Educación tienen derecho al reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios), sin necesidad de justificar la formación requerida a través de los cursos homologados por el citado Ministerio. La sentencia da una respuesta negativa a dicha cuestión en aplicación de la doctrina unificada de la Sala, que viene reconociendo a los profesores de religión el derecho individual a percibir sexenios en los mismos términos que los funcionarios interinos, cuando se haya acreditado la formación permanente exigida por nuestras Leyes. Por tanto, la sentencia no comparte la interpretación que realiza la resolución impugnada de que de la STS 79/2016, de 9 de febrero de 2016 (R. 152/2015), que confirmó la SAN de 16 de diciembre de 2014 (proc. 297/2014), derive el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna.
Resumen: El FOGASA puede ejercer el derecho de opción previsto en el art. 110.1 a) LRJS, en sustitución de la empresa siempre y cuando: a) el titular del derecho sea la empresa y no el trabajador, b) la empresa no haya comparecido a juicio; c) la empresa se encuentre en alguna situación de las previstas en el art. 23.2 LRJS y, además, sea difícil o imposible la readmisión; y d) que el FOGASA haya comparecido en el momento procesal adecuado para llevar a cabo esa opción. No obstante lo cual, la doctrina de la Sala ha precisado que el derecho de opción del trabajador ex art. 110.1.b) LRJS es preferente y prioritario, por ser personal frente al del FOGASA del art. 110.1 a) LRJS. De modo que, en caso de ejercerse ambas opciones, prevalece el derecho del trabajador.
Resumen: Reiterando jurisprudencia anterior, la sentencia casa y anula la de suplicación que confirmando la de instancia había reconocido el derecho de la trabajadora, profesora de religión, a percibir el complemento de formación (sexenios) en las mismas condiciones que los profesores interinos, aunque no acreditaba la formación específica requerida para ello, para denegar dicho derecho. Argumenta la sentencia que sólo procede el reconocimiento del derecho al sexenio cuando se cumplen las exigencias legales en materia de formación, ya que aunque las normas equiparan el régimen retributivo del profesorado de religión al del funcionario interino, dicha igualación debe ser conforme a lo que el ordenamiento jurídico prescribe, es decir, se tiene que acreditar haber realizado la formación consistente en cursos homologados por el Ministerio de Educación. Como en el supuesto no se acredita dicha formación, se deniega el derecho al sexenio.
Resumen: Se reclama por la demandante el derecho a disfrutar de un día libre correspondiente al 23/10/16, fecha en la que nació su nieto y que coincidió con un fin de semana libre, cuestionándose si el permiso previsto en el convenio de aplicación ha de corresponderse con días de trabajo efectivo o no. La Sala IV analiza de oficio su propia competencia funcional al tratarse de una cuestión de orden publico procesal. Tras repasar la doctrina de la Sala en torno al requisito de la afectación general como presupuesto necesario para la recurribilidad de determinadas sentencias cuya cuantía no permitiría el acceso al recurso, concluye con la inexistencia de la misma y por tanto, con la falta de competencia funcional. Se discute el momento del disfrute de un permiso específico cual es el que se produce por el nacimiento de nieto por lo que resulta evidente que no estamos en presencia de una reclamación que pueda considerarse de afectación general, ya que no consta que sobre esa determinada cuestión exista un solo dato que pueda respaldar la concurrencia de otros conflictos iguales o similares.
Resumen: En el supuesto que decide la sentencia anotada, la empresa, incumpliendo la lícita previsión establecida en el convenio colectivo de prohibición de prorratear las dos pagas extras que establece, ha venido abonando las mismas de manera prorrateada en los seis meses anteriores al vencimiento de cada una de ellas, al menos desde el inicio de la relación laboral en 2014. La previsión convencional no establece ninguna consecuencia para el incumplimiento de la obligación de no prorrateo de las pagas extraordinarias. La sentencia recurrida estimó la demanda y condenó a la empresa al abono de la suma de 2.151,62 €. El TS comparte tal parecer. Razona en interpretación del art. 25 del Convenio colectivo del sector de establecimientos sanitarios de la CAM, que aún cuando el convenio no contenga una explícita regla que precise las consecuencias del incumplimiento de la prohibición de prorrateo, de ello no cabe derivar que la instauración unilateral del mismo pueda vaciar de eficacia y contenido a la propia norma paccionada. La sentencia cuenta con un voto particular.
