Resumen: La sentencia anotada trae causa de demanda de la trabajadora en materia de tutela de derechos fundamentales y modificación sustancial de condiciones de trabajo, en cuanto sostenía que la decisión empresarial de alterar sus condiciones laborales comportaba la vulneración del derecho fundamental a la integridad física. La sentencia recurrida declara que la de instancia es recurrible en suplicación, porque en la demanda se ejercitó una acción de tutela de derechos fundamentales, aun cuando se hubiere formulado a través de la modalidad procesal de MSCT. La cuestión a resolver es la de determinar si procede recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, en un proceso sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo individual en el que se solicita la nulidad de la medida impugnada, y a tal efecto se alega la existencia de una infracción de derechos fundamentales. Y el TS da a tal cuestión una respuesta positiva y falla manteniendo el criterio sentado en anteriores resoluciones declarando que aunque no exista un mandato constitucional que asegure el acceso a los recursos en materia de derechos fundamentales, una vez que el legislador ha previsto la suplicación, no cabe interpretar que la remisión del legislador a las modalidades procesales correspondientes del conocimiento de las demandas que allí se citan, sin dar acceso al recurso pueda dar como resultado una menor garantía jurisdiccional de un mismo derecho fundamental.
Resumen: Se plantea si la empresa vulnera el derecho de huelga, en un supuesto en el que diversos mandos intermedios sustituyeron el trabajo de los empleados huelguistas por iniciativa propia, sin autorización del empresario, pero sin que éste se opusiese o impidiese tal sustitución. Consta que los encargados de tres áreas incurrieron en conductas de sustitución interna de trabajadores, mientras estos se encontraban en el ejercicio de su derecho de huelga; tal actuación fue llevada a cabo por propia iniciativa, y en la creencia de que podían desempeñar las tareas porque en otras ocasiones las habían realizado; la sustitución referida fue muy minoritaria, teniendo un impacto muy reducido en relación a la incidencia muy significativa de la huelga en la producción de la empresa demandada - BSH Electrodomésticos España SA. La Sala IV tras una interesante labor argumental concluye que sustitución interna de trabajadores huelguistas puede constituir un ejercicio abusivo de las facultades directivas empresariales. Así ocurrirá cuando, sea de forma intencional, o sea de forma objetiva, dicha sustitución produzca un vaciamiento del contenido del derecho de huelga, o una desactivación o aminoración de la presión asociada a su ejercicio. En definitiva, la pretendida «no responsabilidad» de la empresa no es compatible con la dinámica real del ejercicio del derecho de huelga. Además, se estima que no es relevante la escasa repercusión que los actos de sustitución de los huelguistas tuvieron.
Resumen: La Sala IV casa y anula en parte la sentencia recurrida declarando el derecho del Sindicato accionante a formar parte de la Comisión Paritaria del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura, respecto a las cuestiones que tengan carácter negociador y no las que sean de mera aplicación, interpretación o administración del Convenio. Dicho Sindicato había sido excluido por no haber negociado ni firmado el Convenio Colectivo. Para resolver la cuestión se parte de la diferencia entre comisiones negociadoras y comisiones aplicadoras del Convenio. En las primeras tiene derecho a integrarse cualquier sindicato que esté legitimado para negociar el Convenio Colectivo, pero la participación en las segundas puede restringirse a los firmantes del acuerdo, sin que tal limitación suponga merma de los derechos de libertad sindical. Asimismo, las comisiones paritarias no pueden tener atribuidas funciones que excedan de la mera interpretación, administración o aplicación del Convenio Colectivo no alcanzando a las de naturaleza negociadora cuyo ejercicio implica una acción normativa. En el caso, resulta que la comisión paritaria tiene atribuidas funciones que exceden de las meramente aplicativas que exceden de la mera administración del Convenio. En consecuencia, vulnera el derecho de libertad sindical el excluir al sindicato accionante de la participación en la Comisión Paritaria cuando aborde cuestiones que impliquen funciones negociadoras.
Resumen: La Sala IV declara que la relación de la actora con la Junta de Andalucía, vinculada desde el año 2011 con un contrato de interinidad por vacante, es indefinida no fija, acomodándose a la nueva doctrina, que rectifica la anterior, a la luz de la STJE de 3/6/21 (Asunto C-726/19). Dicha consideración se obtiene porque el cumplimiento del contrato quedó al arbitrio del empleador y por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato. Por otra parte, las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis económica no justifican la prolongación de la interinidad. Salvo limitadas excepciones, los procesos selectivos no deberán durar más de 3 años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de suerte que si así sucediera estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga y de un contrato fraudulento. Esta interpretación es la que se ajusta al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada incorporado como Anexo a la Directiva 1999/70/CE. En el caso, la entidad empleadora no ha convocado concurso para la cobertura de la plaza vacante que ocupa la demandante, sin que exista circunstancia alguna que pueda justificar la inactividad de la Administración durante tan amplio período de tiempo; el contrato no precisó la vacante. Por todo ello, el contrato se formalizó en fraude de ley.
Resumen: PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:la cuestión casacional que se plantea consiste en determinar si cabe declarar indefinida no fija a la trabajadora, contratada bajo la modalidad de interinidad por vacante, cuando la contratación tuvo por objeto cubrir necesidades permanentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. En la instancia declararon la contratación en fraude de ley, y el despido improcedente, previa declaración de su condición de indefinida no fija de la actora. La Sala inadmite el recurso por falta de contradicción.
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, la trabajadora está vinculada con la Junta de Andalucía mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2013. La sentencia de suplicación confirma la sentencia de instancia que calificó la relación de indefinida por superar el plazo de 3 años del art. 70 EBEP y condenó a la Junta a las consecuencias inherentes a tal declaración. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS, rectificando la doctrina anterior a la luz de la STJE de 3/6/21 (Asunto C-726/19), desestima el recurso de la Junta de Andalucía. Tras indicar que la STJUE citada no contiene la interpretación correcta de la legislación que se ha dado en las sentencias de la Sala IV previas, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Y la vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificar la relación de indefinida no fija. A lo que se suma que la Administración no acredita que se convocaran procesos selectivos desde que la actora fue contratada hasta que presentó la demanda.
Resumen: El actor viene prestando servicios desde el año 2004 para el Ministrario de Defensa con la categoría de titulado medio. Tiene reconocida judicialmente la condición de trabajador indefinido, así como que el complemento de tutoría que viene percibiendo tiene carácter salarial. En septiembre de 2017 dejaron de encomendársele tareas de tutoría y, consecuentemente, de abonársele el complemento correspondiente. La sentencia de suplicación, revocando la de instancia, desestimó la demanda en la que se denunciaba que la actuación del Ministerio resultaba vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva. La sala IV, tras apreciar la existencia de contradicción, estima el recurso del actor y concluye, aplicando la teoría sobre la inversión de la carga de la prueba en los procesos sobre tutela de derechos fundamentales, que la demandada ha vulnerado la garantía de indemnidad del actor puesto que, tras sus reiteradas reclamaciones judiciales, dejó de encomendarle tareas de tutoría y de abonarle el complemento. Sin que las razones esgrimidas por el Ministerio desvirtúen la anterior conclusión.
Resumen: Se plantea en casación unificadora determinar si la CAM debe abonar indemnización a la extinción de una relación laboral que viene desarrollándose como temporal desde el año 2010, al amparo de un contrato de interinidad por vacante, que se extingue el 30/11/2016 por cobertura de la plaza que ocupaba la actora, tras su adjudicación a su titular a la finalización del proceso selectivo. La sentencia recurrida desestima el recurso de la CAM y confirma la de instancia, razonando que siendo la demandante trabajadora indefinida no fija, y cesada por causa lícita objetiva, ello conllevaba el derecho a la indemnización de 20 días reconocida en instancia. El TS, rectificando la doctrina anterior a la luz de la STJE de 3/06/2021 (Asunto C-726/19), desestima el recurso de la CAM concluyendo que la relación de la demandante tenía naturaleza indefinida no fija a la extinción del contrato. Tras indicar que la STJUE citada no contiene la interpretación correcta de la legislación que se ha dado en las sentencias de la Sala IV previas, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Y la vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificar la relación de indefinida no fija.
Resumen: PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:la cuestión casacional se sustenta en determinar si cabe declarar indefinida no fija a la trabajadora, contratada bajo la modalidad de interinidad por vacante y la incorrección de la calificación de despido improcedente. En la instancia declararon el despido improcedente, previa declaración de su condición de indefinida no fija de la actora. La Sala inadmite el recurso por falta de contradicción recordando que la Sala no desconoce la STJUE de 3 de junio de 2021, asunto C-726/19.
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, el trabajador está vinculado con la Junta de Andalucía mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2005. La sentencia de suplicación, confirmando la sentencia de instancia, calificó la relación de indefinida por superar el plazo de 3 años del art. 70 EBEP y condenó a la Junta a las consecuencias inherentes a tal declaración. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS, rectificando la doctrina anterior a la luz de la STJE de 3/6/21 (Asunto C-726/19), desestima el recurso de la Junta de Andalucía. Tras indicar que la STJUE citada no contiene la interpretación correcta de la legislación que se ha dado en las sentencias de la Sala IV previas, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Y la vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificar la relación de indefinida no fija. Añadiendo que en el supuesto enjuiciado no acredritó la Administración recurrente que se convocara proceso selectivo alguno desde el año 2005.
