• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3644/2018
  • Fecha: 24/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recurre en casasción para la unificación de doctrina la sentencia que declaró la existencia de cesión ilegal y la vulneración de la garantía de indemnidad. Pero el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencais enfrentadas dentro del recurso. Así, en la sentencia de contraste la declarada existencia de una cesión ilegal de trabajadores, no se proyecta en la vulneración del derecho fundamental concernido, y se cesa a la trabajadora por expiración del plazo para el que fue contratada, no siendo posible la renovación de la contrata, circunstancia que la trabajadora conocía perfectamente antes de formular su demanda de cesión ilegal, siendo un dato objetivo la propia finalización de la contrata, lo que rompe la conexión entre el dato indiciario de existencia de cesión ilegal alegado en el escrito de demanda y la vulneración de la garantía de indemnidad. Y estas circunstancias son ajenas a la sentencia recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 172/2018
  • Fecha: 24/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No resuelve la sentencia la cuestión relativa a cuál ha de ser la empresa que debe asumir las consecuencias de la extinción de la relación laboral de la demandante, si la anterior empleadora para la que venía prestando servicios como limpiadora del centro de trabajo, o la que ha resultado nueva adjudicataria de los servicios de limpieza de distintos centros de trabajo de la empresa principal, en función de si debe considerarse incluido en dicha adjudicación el específico centro de trabajo en el que estaba destinada la actora, por no apreciar contradicción con la sentencia de contraste, ya que en la sentencia recurrida el centro de trabajo se cerró definitivamente por demolerse el edificio, habiéndose omitido las tareas de limpieza en el pliego de condiciones de adjudicación de la nueva contrata, mientras que en la sentencia de contraste se trata del traslado del nuevo centro de trabajo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 149/2019
  • Fecha: 23/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia casa y anula la de instancia y desestima la demanda de conflicto colectivo en que se solicitaba si el personal de ADIF con categoría de mando intermedio y cuadro que accedió a dicha categoría el 01-01-1999 y que ha permanecido en ella más de 20 años, tiene derecho a percibir desde el 01-01-2019 como complemento personal por permanencia de 20 años en el mismo nivel salarial, el salario correspondiente al nivel salarial superior al que ostentan: la banda de referencia mínima o inferior del Personal de Estructura de Apoyo. La decisión se fundamenta en que: 1) El escrito de interposición no adolece de defectos de cita y fundamentación de la infracción legal; 2) El conflicto es jurídico y no de intereses por lo que no debe apreciarse inadecuación de procedimiento; 3) No procede declarar la falta de jurisdicción; 4) Ni el art. 121 de la Normativa Laboral de Renfe, ni la cláusula 18 apartado 1 del XIV CC de Renfe, reconoce el derecho de los Mandos Intermedios y Cuadros que accedieron a dicha categoría el 01-01-1999 y que han permanecido en ella más de 20 años, a percibir desde el 01-01-2019 el complemento por antigüedad de 20 años conforme al salario correspondiente al Personal de Estructura de Apoyo, por cuanto lo que se establece es el derecho al complemento para el nivel salarial superior pero no la categoría superior
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 4055/2018
  • Fecha: 23/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si cabe recurso de suplicación contra la sentencia que se dicte en instancia, en el caso de que la cuantía solicitada por diferencias salariales en demanda de reclamación de derecho y cantidad, no supere los 3.000 ? en su cómputo anual, aunque sí lo haga la suma total del periodo reclamado superior a ese año. La sentencia de suplicación consideró que no cabía recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia por no superar la cifra de 3.000 ? la cuantía reclamada por cada uno de los trabajadores. En el presente caso nos encontramos ante una reclamación de cantidad plural frente al FOGASA, parcialmente estimada por silencio administrativo positivo, en cuya demanda uno de los trabajadores reclama la cantidad de 3.267 euros, a la que le es de aplicación lo dispuesto en el art. 192.1 de la LRJS que sobre la determinación de la cuantía del proceso dispone que: ?Si fuesen varios los demandantes o algún demandado reconviniese, la cuantía litigiosa a efectos de la procedencia o no del recurso, la determinará la reclamación cuantitativa mayor sin intereses ni recargos por mora.? Cabe por ello concluir que la sentencia de instancia por razón de la cuantía era recurrible en suplicación, teniendo en cuenta que la cuantía reclamada por uno de los trabajadores en la demanda asciende a 3.267?, con independencia de que los demás trabajadores no alcanzaran la cuantía de los 3.000?, al ser la mayor de ellas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 1241/2018
  • Fecha: 23/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso de casación para unificación de doctrina tiene por objeto determinar si existe o no "cosa juzgada material" en un supuesto en el que en el proceso para el reconocimiento de IPT se fijó la base reguladora de la prestación, cuando, posteriormente, el beneficiario reclama la modificación de la misma en base a hechos y argumentos no alegados en aquel proceso. En la solicitud de IP se dictó sentencia por la cual se declaró al actor afecto de IPT, con derecho al percibo de una pensión calculada sobre una base reguladora de 1.805,57 euros. El actor presentó solicitudes de revisión de base reguladora en 2010 y 2014, que fueron desestimadas por resoluciones del INSS denegándolas por haberse calculado correctamente. Presentada nueva reclamación el actor formuló la correspondiente demanda origen de las presentes actuaciones. La sentencia de suplicación concluye que por sentencia firme del Juzgado de lo de 2009 no solo se reconoció al actor afecto de IPT para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo, sino que también se declaró la base reguladora de esa prestación, lo que excluye que se pueda discutir esta cuestión en este ulterior proceso. La Sala, reiterando doctrina desestima el recurso confirma la concurrencia de la cosa juzgada pues en el primer proceso en el que el actor reclamó la prestación de IT lo hizo con un contenido concreto que incluía la determinación de la base reguladora, cuya cuantificación quedó establecida en la sentencia y adquirió firmeza.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 1562/2018
  • Fecha: 23/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El debate radica en determinar si es válida la primera citación al demandado, que tiene la condición de persona jurídica privada, realizada por el Juzgado de lo Social a través de Lexnet. La sentencia recurrida estimó el recurso de la mercantil y anuló las actuaciones desde la admisión de la demanda porque la primera citación de la empresa demandada, de la que dependía la personación de la parte se había realizado telemáticamente. Contra ella recurre en casación unificadora el demandante, alegando la vulneración de la disposición final cuarta en relación con el art. 4.a) del Real Decreto 1065/2015, argumentando que el emplazamiento en la dirección electrónica de la empresa se había ajustado a lo dispuesto en el art. 56.5 de la LRJS en relación con el art. 162 de la LEC. La sentencia recuerda la doctrina del T. Constitucional a partir de la sentencia del Pleno del TC número 40/2020, que declaró que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando no se procede al emplazamiento personal sino que se opta por un emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que no está previsto en la normativa procesal para estos casos. En este caso la primera citación a juicio a la empresa no se hizo telemáticamente, por lo que no compareció al juicio oral. La aplicación de la citada doctrina constitucional al supuesto enjuiciado obliga a desestimar el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2905/2018
  • Fecha: 23/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la de determinar si procede calificar la pensión de IPT que percibe la beneficiario como derivada de accidente de trabajo. Pero el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción, y si bien en ambos casos concurren accidentes de trabajo con secuelas físicas que dan lugar a la indemnización por lesiones permanentes no invalidantes, con enfermedades psíquicas reactivas a las secuelas físicas producto de los accidentes de trabajo, no habiendo tenido con anterioridad a los accidentes los trabajadores patologías psíquicas, iniciando con posterioridad, y a resultas de dichas patologías psíquicas, otros procesos de IT calificados por el INSS como derivados de enfermedad común. En la sentencia recurrida obra una sentencia firme que señaló la existencia de patologías diversas, en la de contraste se consideró acreditada la relación de causalidad entre el accidente laboral y las patologías psíquicas subsiguientes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 112/2019
  • Fecha: 23/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: CNT plantea demanda de conflicto colectivo porque los trabajadores de la Agencia para la modernización informática de Galicia – Amtega- que antes prestaban servicios para la Junta de Galicia perciben un plus de informática y el resto del personal de dicha entidad, no. La Sala IV confirma la STSJ de Galicia desestimatoria de la demanda. El TS, tras rechazar la denuncia de infracción de las normas o garantías del proceso y la solicitud de revisión del relato fáctico, argumenta que no nos encontramos ante un supuesto de doble escala salarial con aplicación de un único convenio ni en una aplicación discriminatoria entre los trabajadores antiguos y los nuevos. Los trabajadores que se integraron en Amtega procedentes de la Administración autonómica venían percibiendo el plus de informática establecido en el Acuerdo de la Junta de Galicia de 28/1/1993, por lo que gozan de una condición más beneficiosa respetada por la empresa sucesora frente a los nuevos trabajadores. Y del personal temporal (incluidos los indefinidos no fijos) que se integraron en la Amtega, 17 tenían reconocido judicialmente el derecho a tal plus y otros 19 trabajadores temporales y 1 fijo, no percibían el plus al habérsele denegado judicialmente. Tampoco lo percibían otros 10 trabajadores indefinidos no fijos. Así, el mantenimiento o no del plus deriva de situaciones jurídicas concretas, lo que constituye una justificación objetiva y razonable para el distinto trato salarial. Se desestima el recurso
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 105/2020
  • Fecha: 18/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El sindicato ESAN planteó demanda de tutela frente a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, en materia de derechos fundamentales y prevención de riesgos laborales. La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda y declaró la obligación de aquella Consejería de suministrar a todos los efectivos de la Ertzaintza determinados medios de protección frente a la Covid-19. La sentencia comentada desestima el recurso de casación formulado por la Letrada del Gobierno Vasco, tras rechazar la excepción de incompetencia de jurisdicción - de acuerdo con la competencia plena sobre la materia que la jurisdicción social tiene atribuida por el art. 2 e) LRJS, interpretado por la jurisprudencia que cita - y descartar igualmente la incongruencia extra petita alegada, la inadecuación de procedimiento y el incumplimiento de las reglas de la carga de la prueba, confirmando la infracción de las medidas de prevención denunciadas en los términos que señala.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 129/2020
  • Fecha: 17/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida estimó parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales (derecho a la salud, a la vida y a la integridad física) interpuesta por CCOO condenando al Servicio Vasco de Salud al cese inmediato en su conducta vulneradora y a llevar a cabo la evaluación de riesgos por COVID 19 de los puestos de trabajo y por tareas específicas en los centros hospitalarios que cita. La Sala IV declara a competencia del orden social conforme a la interpretación del artículo 2 e) LRJS y de la jurisprudencia de esta Sala Cuarta citada y del auto de la Sala de Conflictos de Competencia de este Tribunal núm. 12/2019, 16/05/2019. El sindicato recurrente sostiene en casación que la entidad demandada no realizó evaluación de riesgos alguna siguiendo la normativa exigible por la LPRL la representación legal de los trabajadores no ha participado en la elaboración de las evaluaciones de riesgo. La Sala IV, inalterado el relato fáctico, desestima los dos motivos razonando que resulta acreditado que la entidad demandada cumplió en los centros, no comprendidos en el ámbito de la condena las obligaciones preventivas de evaluación del riesgo y planificación de la prevención y protección del personal, y que no toda infracción de la normativa sobre prevención de riesgos laborales conduce inexorablemente a la vulneración del derecho a la salud o a la integridad física del artículo 15 CE; únicamente aquéllos incumplimientos que provoquen un riesgo de un perjuicio para la salud.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.