Resumen: La cuestión planteada es la de resolver si la empresa vulnera el derecho de huelga, y es responsable de los actos de sustitución interna de los huelguistas realizados por sus responsables de área o sección, sin autorización del empresario, aun cuando no los conociera ni aprobara. Consta que los encargados o responsables de tres áreas incurrieron en conductas de sustitución interna de trabajadores mientras estos se encontraban en el ejercicio de su derecho de huelga; tal actuación fue llevada a cabo por propia iniciativa, y en la creencia de que podían desempeñar las tareas; la sustitución referida fue muy minoritaria, teniendo un impacto muy reducido en relación a la incidencia muy significativa de la huelga en la producción de la demandada - BSH Electrodomésticos España SA. La Sala IV tras una interesante labor argumental concluye que la sustitución interna de trabajadores huelguistas puede constituir un ejercicio abusivo de las facultades directivas empresariales. Así ocurrirá cuando, sea de forma intencional, o sea de forma objetiva, dicha sustitución produzca un vaciamiento del contenido del derecho de huelga, o una desactivación o aminoración de la presión asociada a su ejercicio. Así, la pretendida «no responsabilidad» de la empresa no es compatible con la dinámica real del ejercicio del derecho de huelga, siendo irrelevante la escasa repercusión que los actos de sustitución de los huelguistas tuvieron. Se declara la vulneración del derecho de huelga.
Resumen: Por auto del Juzgado, confirmado por la sala de suplicación se declaró la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de una demanda de tutela de derechos fundamentales planteada por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en la cual denuncia el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, así como al honor y la propia imagen, solicitando el fin de la conducta y la reparación de daños materiales y morales. En el recurso de casación unificadora el actor insiste en la competencia de esta jurisdicción. Se estima el recurso y se declara la competencia del orden jurisdiccional social. Desde la sentencia de 14 de octubre de 2014 (RD 265/2013) la Sala viene manteniendo que en materia de prevención de riesgos laborales la competencia del orden social es plena, tanto si la acción se encauza a través de un proceso ordinario, como si se hace a través de la modalidad procesal de tutela. En este caso se reclaman daños materiales y morales derivados del acoso laboral con infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales. Es de aplicación lo dispuesto en el art. 2-e) de la LRJS.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia del TSJ que estima la excepción de incompetencia de jurisdicción invocada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en el procedimiento de conflicto colectivo seguido a instancia del Sindicato Confederación General del Trabajo contra dicha demandada y los sindicatos relacionados. Declara, siguiendo la interpretación de los arts 1, 2.1 a) y 3.e LRJS examinados reiteradamente por la doctrina de la Sala IV, que la competencia para el conocimiento del litigio corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a tenor con lo dispuesto en el art. 3.e LRJS, toda vez que dicho precepto excluye del conocimiento de la jurisdicción social, los litigios relacionados con los pactos o acuerdos concertados por las Administraciones públicas con arreglo a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, que sean de aplicación al personal funcionario o estatutario de los servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral. La aprobación de los calendarios en los distintos centros docentes de la Consejería de Educación tiene su base en el Acuerdo de 21 de mayo de 2019, adoptado por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de 29 de octubre de 2015 cuyo ámbito personal afecta a todos los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León sea cual sea la naturaleza de su relación jurídica laboral, estatutaria o funcionarial.
Resumen: Se cuestiona si la empresa viola el derecho de huelga cuando determinados trabajadores sustituyen a los huelguistas sin haber recibido órdenes ni instrucciones de la empresa. En el informe de la Inspección de Trabajo se concluye que determinados trabajadores han incurrido en conductas de sustitución interna de trabajadores huelguistas (un total de seis operarios). La sentencia se plantea si es posible la sustitución de los huelguistas por trabajadores de la propia empresa, y concluye que el TC a partir de una interpretación a contrario sensu del artículo 6.5 del RD Ley 17/1977, no admite el esquirolaje externo ni puede ampararse la sustitución de los huelguistas en la potestad directiva de movilidad funcional. En cuanto a la responsabilidad del empresario en esa práctica, se argumenta que los si los efectos ordinarios de la huelga afectan al empresario directamente como parte contratante del trabajo y es quien ostenta la autoridad jerárquica en la empresa no puede desligarse de la responsabilidad que adoptan los mandos intermedios. En cuanto a la existencia de cosa juzgada por haberse declarado probado que la empresa no tuvo participación en los actos de sustitución interna de los huelguistas, la sala lo considera irrelevante para la resolución del presente recurso ya que la sentencia recurrida parte de ese dato para la resolución del recurso -hecho probado quinto- y tal dato ha sido considerado en este recurso de casación para la unificación de doctrina.
Resumen: La cuestión que debe resolverse en el presente recurso de casación para la unificación de la doctrina consiste en decidir si se ha vulnerado o no el derecho de huelga en un supuesto en el que diversos mandos intermedios sustituyeron el trabajo de los empleados huelguistas por iniciativa propia, sin autorización del empresario, pero sin que éste se opusiese o impidiese tal sustitución. En la sentencia recurrida consta que, al menos cuatro trabajadores que ostentan la cualidad de jefes de área o responsables de un departamento o servicio de la empresa demandada BSH Electrodomésticos España SA, realizaron durante la jornada de huelga del día 10 de enero de 2017 tareas que no tenían ordinariamente encomendadas (como la reparación de lavavajillas o ensayos de laboratorio), que los trabajadores encargados de ellas no estaban efectuando por estar ejercitando el derecho de huelga. Así lo documentó la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social que ese día realizó una visita a las instalaciones de la empresa y emitió informe. La doctrina correcta se encuentra en la sentencia de contraste. La sustitución interna de trabajadores huelguistas puede constituir un ejercicio abusivo de las facultades directivas empresariales. Así ocurrirá cuando, sea de forma intencional, o sea de forma objetiva, dicha sustitución produzca un vaciamiento del contenido del derecho de huelga, o una desactivación o aminoración de la presión asociada a su ejercicio.
Resumen: Se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina por la CAM frente a la sentencia que declaró a la trabajadora indefinida no fija desde el 11-9-2013, al apreciar la existencia de fraude de ley en la contratación por obra o servicio determinado, pues la prestación de servicios como educadora lo fue para actividades ordinarias y permanentes, suscribiendo posteriormente un contrato de interinidad por vacante. Pero el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso. En el primer motivo, porque la sentencia recurrida se pronuncia sobre el carácter fraudulento del contrato de obra o servicio suscrito con anterioridad al de interinidad por vacante cuestionado, sin que dicha pretensión fuera alegada por las partes en suplicación, mientras que la de contraste se limita a examinar si procede declarar a la trabajadora indefinida no fija por el mero transcurso de más de 3 años en interinidad por vacante, descartando precisamente el posible análisis del fraude de ley o abuso de derecho al no haber sido alegado por las partes. En el segundo, porque la recurrida no se sustenta en la aplicación del art. 70 EBEP. Además, concurre como motivo adicional de inadmisión, la falta de cita y fundamentación legal de la incongruencia extrapetita denunciada por la CAM en el primer motivo.
Resumen: Impugnación de Convenio Colectivo por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, XXV Convenio Colectivo Estatal para Oficinas de Farmacia. No hay cosa juzgada respecto de la STS 919/2018 de 18 octubre (rec. 66/2017). Ahora se discute si la sola presencia de la UGT como representación de quienes trabajan en oficinas de farmacia cumple con las exigencias legales para alcanzar un convenio de carácter estatutario; entonces se debatía sobre el derecho de otros sindicatos a integrarse con terminado número de representantes en la Comisión Negociadora. La existencia de representación unitaria en el sector, aunque exigua (28 RLT para 70.000), y la firma del Convenio por un solo sindicato más representativo (UGT), impiden aplicar la regla excepcional del artículo 88.2.II ET (válida constitución de la Comisión con los sindicatos más representativos). Las exigencias del ET sobre representatividad contenidas en el Título III ET son de orden público (doctrina reiterada); indiferencia de los motivos por los que no se alcanza la representatividad requerida. Clarificación de la doctrina de STS 4 diciembre 2000 (rec. 3867/1999, Deutsche Bank). No hay inadecuación de procedimiento si la impugnación del convenio colectivo (activada por la Autoridad Laboral) desemboca en declaración de nulidad por déficit de representatividad de quienes lo suscribieron. En tal caso su validez como pacto extraestatutario es ajena al objeto litigioso.
Resumen: La Sala IV confirma la nulidad de la suspensión temporal de contratos que afecto a la totalidad de la plantilla y condenó solidariamente a UNIPAPEL, a INVESTMENT y a DELION a reponer a los trabajadores afectados en las mismas condiciones anteriores a la suspensión de los contratos de trabajo con el abono de los salarios dejados de percibir, y el reintegro de las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores al Servicio Público de Empleo Estatal. Absolvió a ADVEO GROUP y a ADVEO por estimar su falta de legitimación pasiva. En los recursos no se cuestiona la nulidad de la medida, que ha adquirido firmeza, y si únicamente la extensión subjetiva de la condena. Primeramente, el Tribunal señala la necesidad de consignar el importe de la condena (salarios dejados de percibir) para recurrir, en aplicación del art 230 LRJS, lo que supone desestimar el recurso de dos de las recurrentes por incumplimiento de este requisito. Seguidamente, analiza el alcance de la consideración de grupo empresarial a efectos laborales con responsabilidad solidaria, concluyendo que las empresas absueltas no forman parte del grupo que fue condenado a partir de una inexistente confusión patrimonial o caja única. Finalmente, descarta la existencia de fraude de ley en la adquisición de la unidad productiva autónoma.
Resumen: Se plantea en el recurso de casación para la unificación de doctrina la cuestión de determinar si para el cómputo de la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se deben incluir los periodos de trabajo efectivamente realizados o todo el tiempo que media a partir de la fecha del primer contrato laboral en tal condición. La sentencia comentada desestima el recurso de la universidad demandada, al ser la sentencia recurrida acorde con la reciente doctrina de la Sala, según la cual la exclusión de los periodos no trabajados por los trabajadores fijos discontinuos para adquirir el derecho a un trienio va contra la normativa europea, sin que sea una razón objetiva la existencia de una norma general y abstracta que así lo prevea. En el caso enjuiciado, el convenio colectivo aplicable tan solo dispone que, a efectos de trienios, para los trabajadores fijos discontinuos se reconocerán los servicios previos prestados, sin que en esos términos generales puedan entenderse excluidos los periodos en los que no existe actividad.
Resumen: El presente recurso de casación unificadora es sustancialmente igual a los ya resueltos mediante sentencias 642/2020, de 13 de julio (rcud. 3552/2017) y 748/2020 de 10 septiembre (rcud. 1684/2018). Se articula su recurso de casación para la unificación de doctrina sin cita de ninguno de los apartados del art. 207 LRJS. Sin señalar el amparo procesal en que se apoya, y tras el análisis de la contradicción, la recurrente a modo de censura jurídica, se remite "a los acertados razonamientos que el Magistrado-Presidente consigna en su Voto Particular", que dice asumir íntegramente. En el recurso de casación unificadora, en cuanto extraordinario y excepcional, la posibilidad de presentar escritos o documentos fuera de los hitos expresamente contemplados en la norma resulta del todo excepcional. Los artículos 225.4 y 233.1 LRJS ponen de relieve la insubsanabilidad de los defectos procesales graves y la restricción con que es posible aportar escritos o documentos. No es posible que el escrito de formalización del recurso de casación unificadora sea objeto de subsanación en sus aspectos esenciales. Los artículos 225.4 y 233.1 LRJS ponen de relieve la insubsanabilidad de los defectos procesales graves y la restricción con que es posible aportar escritos o documentos.
