Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia comentada consiste en resolver si los profesores de religión católica dependientes del Ministerio de Educación tienen derecho al reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios), sin necesidad de justificar la formación requerida a través de los cursos homologados por el citado Ministerio. La sentencia da una respuesta negativa a dicha cuestión en aplicación de la doctrina unificada de la Sala, que viene reconociendo a los profesores de religión el derecho individual a percibir sexenios en los mismos términos que los funcionarios interinos, cuando se haya acreditado la formación permanente exigida por nuestras Leyes. Por tanto, la sentencia no comparte la interpretación que realiza la resolución impugnada de que de la STS 79/2016, de 9 de febrero de 2016 (R. 152/2015), que confirmó la SAN de 16 de diciembre de 2014 (proc. 297/2014), derive el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna.
Resumen: Reiterando jurisprudencia anterior, la sentencia casa y anula la de suplicación que confirmando la de instancia había reconocido el derecho de la trabajadora, profesora de religión, a percibir el complemento de formación (sexenios) en las mismas condiciones que los profesores interinos, aunque no acreditaba la formación específica requerida para ello, para denegar dicho derecho. Argumenta la sentencia que sólo procede el reconocimiento del derecho al sexenio cuando se cumplen las exigencias legales en materia de formación, ya que aunque las normas equiparan el régimen retributivo del profesorado de religión al del funcionario interino, dicha igualación debe ser conforme a lo que el ordenamiento jurídico prescribe, es decir, se tiene que acreditar haber realizado la formación consistente en cursos homologados por el Ministerio de Educación. Como en el supuesto no se acredita dicha formación, se deniega el derecho al sexenio.
Resumen: Reiterando jurisprudencia anterior, la sentencia casa y anula la de suplicación que confirmando la de instancia había reconocido el derecho de la trabajadora, profesora de religión, a percibir el complemento de formación (sexenios) en las mismas condiciones que los profesores interinos, aunque no acreditaba la formación específica requerida para ello, para denegar dicho derecho. Argumenta la sentencia que sólo procede el reconocimiento del derecho al sexenio cuando se cumplen las exigencias legales en materia de formación, ya que aunque las normas equiparan el régimen retributivo del profesorado de religión al del funcionario interino, dicha igualación debe ser conforme a lo que el ordenamiento jurídico prescribe, es decir, se tiene que acreditar haber realizado la formación consistente en cursos homologados por el Ministerio de Educación. Como en el supuesto no se acredita dicha formación, se deniega el derecho al sexenio.
Resumen: El FOGASA puede ejercer el derecho de opción previsto en el art. 110.1 a) LRJS, en sustitución de la empresa siempre y cuando: a) el titular del derecho sea la empresa y no el trabajador, b) la empresa no haya comparecido a juicio; c) la empresa se encuentre en alguna situación de las previstas en el art. 23.2 LRJS y, además, sea difícil o imposible la readmisión; y d) que el FOGASA haya comparecido en el momento procesal adecuado para llevar a cabo esa opción. No obstante lo cual, la doctrina de la Sala ha precisado que el derecho de opción del trabajador ex art. 110.1.b) LRJS es preferente y prioritario, por ser personal frente al del FOGASA del art. 110.1 a) LRJS. De modo que, en caso de ejercerse ambas opciones, prevalece el derecho del trabajador.
Resumen: En el supuesto que decide la sentencia anotada, la empresa, incumpliendo la lícita previsión establecida en el convenio colectivo de prohibición de prorratear las dos pagas extras que establece, ha venido abonando las mismas de manera prorrateada en los seis meses anteriores al vencimiento de cada una de ellas, al menos desde el inicio de la relación laboral en 2014. La previsión convencional no establece ninguna consecuencia para el incumplimiento de la obligación de no prorrateo de las pagas extraordinarias. La sentencia recurrida estimó la demanda y condenó a la empresa al abono de la suma de 2.151,62 €. El TS comparte tal parecer. Razona en interpretación del art. 25 del Convenio colectivo del sector de establecimientos sanitarios de la CAM, que aún cuando el convenio no contenga una explícita regla que precise las consecuencias del incumplimiento de la prohibición de prorrateo, de ello no cabe derivar que la instauración unilateral del mismo pueda vaciar de eficacia y contenido a la propia norma paccionada. La sentencia cuenta con un voto particular.
Resumen: Se cuestiona si al despedir al trabajador demandante se siguieron los criterios de selección que se acordaron en el despido colectivo. En el supuesto de la sentencia recurrida y la de contraste concurren similares hechos probados en determinados extremos e Igualmente, en ambos casos existe un despido previo del trabajador que fue impugnado y que concluyo con la declaración de nulidad. Del mismo modo, en ambos supuestos los trabajadores fueron despedidos nuevamente en julio de 2012, al ser seleccionados tras la aplicación de los criterios establecidos en un Manual de competencias, Mapa de conocimientos y Estudio de cargas de trabajo. Del mismo modo, los trabajadores de una y otra sentencia estaban encuadrados en el grupo de especialista a fin de ser valorados. Pero no todos los criterios a los que se acudió para obtener la selección de los afectados, según los hechos probados, fueron debidamente atendidos en el caso de la sentencia recurrida, lo que no sucede en el caso de la sentencia de contraste. Es cierto que respecto de unos determinados criterios, el relativo al área de la competencia la sentencia recurrida y la de contraste valoran de forma diferente el alcance de la ausencia de baremación de cuatro indicadores, pero ello no tendría relevancia en este momento en el que, existiendo una determinada aplicación en otro de los criterios, que no concurre en la de contraste, hace que su pronunciamiento final pueda separarse del que consta en la referencial.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la de determinar si ha de calificarse de despido la finalización del contrato laboral que unía al actor la universidad pública, que ha venido desarrollándose al amparo de un contrato temporal como profesor asociado que se formalizó el 1/4/2012 y ha sido prorrogado en cada anualidad hasta el 5/9/2017. Todo ello, en función de que se aprecie fraude en la contratación o no. La sentencia de suplicación, con estimación del recurso de la universidad, desestima la demanda. La sala IV aprecia que no concurre la necesaria contradicción entre sentencias. Tras recordar la doctrina dictada a propósito de la contratación temporal de profesores asociados, señala que la casuística que se presenta en cada particular supuesto puede determinar que no concurra la contradicción, como es el caso. Así, son distintas las situaciones contractuales y los periodos de servicios prestados bajo contrato administrativo y laboral. Y tampoco son equivalentes las funciones realizadas por los respectivos actores.
Resumen: Se cuestiona si, a efectos de promoción económica (trienios) y profesional, el personal fijo discontinuo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria tiene derecho a que se compute todo el tiempo transcurrido desde la fecha de inicio la prestación de servicios o sólo el tiempo de prestación efectiva. La cuestión suscitada consiste en determinar si cabía interponer recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia, en la que se declara el derecho de la actora a que se tenga en cuenta, a efectos de promoción económica (trienios), todo el tiempo transcurrido desde la fecha de inicio la prestación de servicios, con condena a la AEAT a abonarle la suma de 136,30 € por el ejercicio 2016. El propio Auto aclaratorio de la sentencia recurrida da cuenta de que la Sala Cuarta ya había dictado varias sentencias resolviendo el tema de fondo referido al modo de calcular los trienios. Teniendo en cuenta que la cuestión aquí suscitada viene referida al modo de computar la antigüedad a quienes prestan sus servicios con carácter fijo discontinuo por cuenta de la AEAT y que la misma ha generado una notoria litigiosidad, la sentencia dictada por el Juzgado sí era recurrible en suplicación. Procede la estimación del recurso de casación para casar y anular la sentencia recurrida y declarar la admisibilidad del recurso de suplicación por afectación general y devolución a la Sala para que resuelva los recursos de suplicación interpuestos en su día por las partes litigantes.
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia funcional y estima el recurso de casación para la unificación de doctrina (sin realizar el paso previo del examen de la contradicción, innecesario como es bien sabido, en estos casos) porque la trabajadora reclamaba en la demanda el derecho a ser encuadrada en el grupo profesional III, en lugar del IV donde había sido integrada como indefinida por la Xunta de Galicia tras apreciarse la existencia de cesión ilegal, así como el derecho a las diferencias salariales devengadas desde que se produjo dicha integración el día 03/06/2015 hasta el día 30/11/2016, en cuantía total de 4.697,46 € (fijada definitivamente en aclaración a la demanda), por lo que es claro que cabía recurso de suplicación aunque la cuantía solicitada no alcanzara los 3.000 € en su cómputo anual, ya que la suma total del periodo reclamado sí supera los 3.000 € del art. 191.2.g) LRJS .
Resumen: La cuestión suscitada gira en torno a los arts 110.1.a) y 23.2 y 3 LRJS, y art. 33 del ET, debatiéndose cuáles son las consecuencias económicas del despido improcedente, en concreto, en relación con el abono o no de salarios de tramitación, cuando el FOGASA ejercita anticipadamente la opción que hubiera debido corresponder a la empresa. La Sala IV reitera doctrina y revocando el parcialmente el fallo combatido, declara la limitación de la responsabilidad del Fondo en las consecuencias legales inherentes al despido improcedente dejando sin efecto la condena al pago de salarios de tramitación. Se funda esta decisión en el hecho de que el art. 23.2 de la LRJS autoriza al Fondo a instar en el proceso "lo que convenga en Derecho", siempre que concurran simultáneamente las siguientes circunstancias, como ha sido el caso: 1) que la empresa no haya comparecido en el acto del juicio; 2) que estemos en presencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 23.2 LRJS, esto es, que se trate de empresas incursas en procedimientos concursales, declaradas insolventes o desaparecidas, siempre que conste que la empresa ha cerrado sus actividades, siendo, en consecuencia, imposible o de difícil realización la readmisión; 3) que se trate de un supuesto en el que el titular de la opción fuere el empresario, 4) que el FOGASA haya comparecido en el procedimiento en el momento de efectuar la opción.
