• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 89/2019
  • Fecha: 22/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda sobre Tutela de Derechos Fundamentales, se solicita que se facilite de forma general el acceso a las páginas web de contenido sindical a toda la plantilla. Argumenta el sindicato que a los trabajadores no se les permite el acceso a la página web de un sindicato determinado permitiéndose el acceso a las páginas web de otros sindicatos. Para racionalizar el uso de Internet, la dirección de Aena decidió en el año 2000, establecer un filtro de contenidos. La aplicación que gestiona el filtro de contenidos permite establecer políticas diferenciadas por perfiles de usuarios. Se impugna la práctica empresarial que impide a determinados trabajadores el acceso desde sus ordenadores a páginas web sindicales. En la consideración de que dicho tratamiento supone una vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación de trabajadores con perfil informático básico con relación a los trabajadores a los que se les otorga perfil informático medio o avanzado, la Sala estima que la actuación empresarial es vulneradora de los derechos fundamentales a la libertad sindical y de igualdad de trato, en tanto que impide al colectivo clasificado con perfil informático básico acceder a las páginas web de contenido sindical en igualdad de condiciones que los trabajadores con perfil medio o avanzado, sin que la empresa justifique de forma objetiva y suficiente el trato desigual y discriminatorio otorgado, con lo cual se vulneran los preceptos denunciados (arts. 14 y 28 CE).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 156/2020
  • Fecha: 17/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV, en Pleno, confirma la sentencia recurrida que desestima la demanda en materia de vulneración de derechos fundamentales - derecho a la integridad física-, estimando en parte la excepción de falta activa en relación al punto d) del suplico de la demanda. Previamente analiza los requisitos del escrito de formalización del recurso de casación, en relación con la exigencia de cita y fundamentación de la infracción legal, concluyendo que, si bien la técnica del recurso es manifiestamente mejorable, cumple con las exigencias del art. 210.2 LRJS. Centrado el recurso en la excepción de litispendencia, se referencia la jurisprudencia relativa a la delimitación del ámbito objetivo de la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales, estimando que no concurre litispendencia entre un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, en los que se denuncia la vulneración de normas en materia de prevención de riesgos laborales y de protección de la salud, descartados por la Sala de instancia, porque no se probó que tuvieran entidad suficiente para provocar daños graves y ciertos a la vida y a la integridad física o psíquica de los trabajadores, con un procedimiento de conflicto colectivo, en el que se denuncia la vulneración de dichas normas, porque no coinciden las causas de pedir entre ambos procedimientos. Y ello, aunque la pretensión fuera similar en ambos supuestos y se basara en el incumplimiento por parte de la empresa del art. 7 del RD 664/1997.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 14/2021
  • Fecha: 17/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que consideró ajustada a derecho la decisión de la empresa de suspender 457 contratos y reducir la jornada del resto de la plantilla, por causa organizativa por COVID-19. Tras recordar la Sala los requisitos que tiene que tener el recurso de casación, especialmente en relación con la imposibilidad de plantear cuestiones nuevas y fundamentar el recurso en normativa y jurisprudencia, sin que sirvan meras alegaciones insistiendo en el interés de su pretensión, apurando la tutela judicial, entra a conocer de la cuestión relativa a si la medida es proporcional, señalando que ello es así, ya que conforme se señaló en la sentencia de instancia, la medida se adopta como consecuencia de que la OMS declaró la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, declarándose en España el estado de Alarma por RD 463/2020, y aprobándose el RD-Ley 8/2020, que suspendía los contratos celebrados por entidades del sector público, teniendo previsión la empresa de paralización de las obras y proyectos en curso. Añade la Sala que no se puede alegar vulneración del a buena fe negocial cuando la representación legal solicitó la aplicación de la medida al 100% de la plantilla. Respecto de que la medida adoptada por la empresa era meramente preventiva, que ello es una cuestión nueva por lo que no puede entrar a conocerse de ella.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 4590/2019
  • Fecha: 17/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV reiterando jurisprudencia anterior, casa y anula la dictada en suplicación que confirmando la de instancia había reconocido el derecho del trabajador, profesor de religión, a percibir el complemento de formación (sexenios) en las mismas condiciones que los profesores interinos, aunque no acreditaba la formación específica requerida para ello, para denegar dicho derecho. Se debate si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de Religión Católica es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el Ministerio de Educación. La sentencia, tras declarar que las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional (2014) y esta Sala (2016) despliegan efectos positivos de la cosa juzgada, razona que sólo procede el reconocimiento del derecho al sexenio cuando se cumplen las exigencias legales en materia de formación, ya que aunque las normas equiparan el régimen retributivo del profesorado de religión al del funcionario interino, dicha igualación debe ser conforme a lo que el ordenamiento jurídico prescribe, es decir, se tiene que acreditar haber realizado la formación consistente en cursos homologados por el Ministerio de Educación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 980/2020
  • Fecha: 17/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada es la de determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV reitera doctrina que señala que el citado complemento presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa. De la STS 9/2/2016, R. 297/14 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento – incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 4523/2019
  • Fecha: 17/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada es la de determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV reitera doctrina que señala que el citado complemento presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa. De la STS 9/2/2016, R. 297/14 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento – incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 118/2019
  • Fecha: 17/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, revoca el fallo combatido desestimatorio de la demanda de tutela de derechos fundamentales rectora de autos. En concreto, la cuestión litigiosa quedó centrada en determinar si se ha producido o no la vulneración del derecho fundamental de huelga, al imponer unilateralmente la empresa [Grecasa] unos servicios mínimos sin recabar la intervención de la autoridad gubernativa, y sin tener en cuenta el art. 28.2 CE. La Sala IV con apoyo y parcial reproducción de la STS 9-2-2021 (rec 113/19), declara que la empresa carece de la facultad de imponer unilateralmente cualquier clase de servicio mínimo, por mucho que su actividad pudiere estar vinculada a la prestación de servicios públicos de carácter esencial. Esa decisión es en sí mismo abusiva, ilícita, y nula de pleno derecho, cuando se ha adoptado sin que hubiere mediado una resolución de la autoridad gubernativa que imponga la realización de alguna clase de servicios mínimos, máxime cuando no se trata de servicios esenciales. Esta decisión incidió en el éxito de la huelga, al imponer la obligación de prestar servicio a un elevado número de trabajadores a los que se les impidió el derecho de participar en la huelga, minorando considerablemente su incidencia. Con remisión al art 8.10 LISOS confirma la indemnización de 6.251 € en concepto de indemnización al sindicato demandante por los daños y perjuicios causados por la vulneración del derecho de huelga.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 126/2019
  • Fecha: 16/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se discute el alcance interruptivo de un conflicto colectivo respecto de las acciones individuales con idéntico objeto. La cuestión sustantiva versa sobre el derecho a percibir un complemento retributivo. La Sala de lo Social resolvió el procedimiento de conflicto colectivo y reconoció el derecho del Profesorado de Religión a percibir el complemento. La demandante reclama las cantidades correspondientes. Se trata de precisar si la demandante tiene derecho a cobrar solo con efectos retroactivos de un año desde que reclama (tras ser firme la sentencia de conflicto colectivo) o desde un año antes de que se formalizara el conflicto (lo que rechaza la sentencia recurrida). Es doctrina consolidada que la tramitación de procedimiento de conflicto colectivo interrumpe la prescripción de las acciones individuales que se hubieran ejercitado o pudieran ejercitarse con el mismo objeto hasta que finaliza con resolución firme. Este efecto (art. 160.5 de la LRJS) obedece a la especial naturaleza del proceso de conflicto colectivo. Los trabajadores individuales no intervienen en el proceso colectivo, pero ello no impide que resulten afectados por sus consecuencias, y con la sentencia firme se inicia el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones individuales. La acción individual para reclamar, interrumpido su plazo por la presentación del conflicto col. está sujeta a un renovado periodo anual (art 59.2 ET), que comienza cuando alcanza firmeza la sentencia de conflicto colectivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 2510/2019
  • Fecha: 16/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si una anterior demanda de conflicto colectivo ha interrumpido el plazo de prescripción de las acciones individuales que se ejercitan tras dictarse la sentencia que resuelve el conflicto colectivo. La cuestión sustantiva versa sobre el derecho a percibir un complemento retributivo por formación (“sexenios”), de una Profesora de Religión que presta servicios para la Comunidad Autónoma. En unificación de doctrina se trata de precisar si la demandante tiene derecho a cobrar el referido complemento solo con efectos retroactivos de un año desde que ella lo reclama (tras ganar firmeza la sentencia de conflicto colectivo) o si tiene derecho a percibir los complementos desde un año antes de que se formalizara el conflicto colectivo. Es doctrina constante de la Sala (por todas, STS 359/2017 de 26 abril, rcud. 432/2015) que el cómputo del plazo comienza desde que la acción pudo ejercitarse y se interrumpe por el ejercicio de la acción, reclamación extrajudicial o reconocimiento de deuda. Los representantes de los trabajadores están legitimados para el ejercicio de acciones colectivas por lo que el mero inicio del proceso de conflicto colectivo genera el efecto jurídico de interrumpir la prescripción de las acciones individuales con el mismo objeto del conflicto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 2384/2019
  • Fecha: 16/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación, revoca la sentencia de instancia y estima en parte la demanda de reclamación de cantidad ordenando a la Consejería de Educación a abonar a la actora la suma de 170,70 euros. Ante la cuestión relativa a si procede reclamar el pago de cantidades en concepto de complemento específico para la formación permanente (sexenios) de un profesor de religión católica que se reclama tras sentencia de conflicto colectivo de 16-03-2017, desde 1 año antes del ejercicio de la acción individual, o desde 1 año antes de la demanda de conflicto colectivo, en el sentido de que el plazo de prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda de conflicto colectivo. Se reitera así jurisprudencia anterior en que se determinó que el plazo de prescripción empieza a computarse desde que la acción pudo ejercitarse, interrumpiéndose por la presentación de una demanda de conflicto colectivo con el mismo objeto y alzándose cuando alcanza firmeza la sentencia de conflicto colectivo.

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