Resumen: RCUD. La cuestión planteada se refiere al derecho a las aportaciones que habían quedado suspendidas del Plan de Pensiones de una trabajadora que cesó el 31-09-2018 acogiéndose a la baja indemnizada por no aceptación de la movilidad geográfica del Acuerdo. La sentencia de instancia desestimó la petición por no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos (jubilación, despido colectivo y despido objetivo) poniendo de manifiesto las condiciones ventajosas de su extinción. La Sala de suplicación distingue períodos: aportaciones ordinarias del 2014 al 2017 no proceden según el Acuerdo; del 01-07-2017 al 30-09-2018 constaban abonadas las ordinarias faltando el último mes que es el que reconoce y en cuanto al plan de recuperación, por un lado, en cuanto a las ordinarias no se cumple la condición relativa al ROE y sobre las extraordinarias del 01-01-2014 al 30-06-2017 estima que deben reconocerse ya que el cese no le era imputable pues la baja indemnizada se equipara a un despido colectivo conforme a la Directiva 98/59/CE y jurisprudencia del TJUE. Se recurre en casación para unificación de doctrina y la Sala no aprecia contradicción con la referida de contraste pues aun reconociendo similitudes en la de contraste el debate jurídico se había centrado en el finiquito y en concreto sobre la interpretación de la intención de la parte firmante del finiquito y su renuncia a reclamar cualquier cantidad que no existía en la recurrida. Además, la jurisprudencia establece que la eficacia liberatoria de finiquitos depende de circunstancias específicas, no comparables en ambos casos.
Resumen: La Delegación del Gobierno de Ceuta al amparo de una subvención del Servicio Público de Empleo Estatal contrata al actor, pero le abona un salario inferior al fijado por el IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. La sentencia de instancia reconoce la existencia de vulneración del derecho fundamental a la igualdad retributiva y estima como indemnización por daños y perjuicios causados la diferencia salarial entre lo percibido y lo que debió percibir más la cantidad de 6.251 euros por daños morales. Recurrida en suplicación, el TSJ de Andalucía deja sin efecto la indemnización por lucro cesante por entender que esas diferencias debían reclamarse por el procedimiento ordinario de reclamación de cantidad dada su naturaleza salarial y reduce la indemnización por daños morales a 300 euros que es la que cuantía que venía fijando para casos similares. En casación, la Sala inadmite el motivo del recurso referido a los daños morales por falta de contradicción y en cuanto al lucro cesante aclara que en realidad no se trata de una reclamación ordinaria por diferencias salariales, sino una fórmula para calcular con un criterio objetivo -dotado de claridad y precisión- la cuantía de la indemnización que resarce los daños y perjuicios causados. Por ello no puede apreciarse tampoco prescripción alguna ya que el plazo de un año comienza a correr cuando queda sin efecto la situación a la que se vincula la existencia de los años.
Resumen: Trabajadores desempleados son contratados al amparo de una subvención concedida por el SEPE, con abono de una retribución inferior a la prevista en el convenio de aplicación. Demandan por vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación y, a su vez, solicitan el abono de dos indemnizaciones, una por lucro cesante y otra por daños morales. El JS estima parcialmente la demanda, considera vulnerado el art.14 CE y concede las dos indemnizaciones. El TSJ revoca parcialmente, no reconoce la indemnización por lucro cesante y reduce la indemnización por daños morales. Recurre en casación unificado el SEPE. La Sala IV se remite a lo ya resuelto en asuntos similares y entiende que en procesos de tutela de derechos fundamentales por discriminación retributiva es posible acumular la acción de indemnización por daños y perjuicios, consistente en la diferencia salarial dejada de percibir. Además, para la adecuada reparación de la lesión es posible la condena conjunta de las dos indemnizaciones por daños materiales y por daños morales.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid y se confirma la estimación de la demanda que declara el derecho de la actora, contratada interina desde 2016 a 2022, a percibir la cantidad prevista en el artículo 151.2 del Convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid para el supuesto de incapacidad permanente total. En interpretación de dicho precepto, que circunscribe el derecho a la percepción de los 15.500 euros por una sola vez al personal laboral «fijo», y con remisión a sentencia previa, sostiene que si a la demandante, que tenía 64 años, se le denegara el abono de cantidad reclamada que sí se abona a los trabajadores fijos de dicha comunidad, se estarían vulnerando la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura como anexo de la Directiva 1999/70/CE, así como el artículo 15.6 ET. No existe ninguna razón objetiva atendible que permita justificar la diferencia de trato. Si el contrato de trabajo se extingue como consecuencia de una declaración de IPT quedan en la misma situación una persona trabajadora con contrato de duración determinada que una persona trabajadora fija: Ambas están incapacitadas para ejercer su profesión habitual y sufren los mismos perjuicios.
Resumen: Se confirma la sentencia que estimó parcialmente la demanda, en impugnación de actos administrativos, interpuesta por 8 trabajadores del establecimiento minero contra el Ministerio de SS y, revocando las dos resoluciones de éste, declaró el derecho a que se aplicaran a los puestos de trabajo y a seis de los trabajadores los coeficientes reductores de la edad de jubilación que indica. Y desestima la demanda en el resto de los pedimentos y, por tanto, no les reconoce el derecho a la aplicación del coeficiente reductor de la edad de jubilación a dos de los actores, porque tenían la condición de trabajadores autónomos. La Sala IV desestima el recurso de casación interpuestos por estos últimos. Así, se desestima la excepción de cosa juzgada pues aun cuando se trata de una cuestión nueva, se analiza al afectar al orden público procesal. No opera el efecto positivo de la cosa juzgada en la sentencia recurrida, respecto de la sentencia anterior que decretó la nulidad de las resoluciones impugnadas para que el organismo competente dictara otra, a los efectos de asignar el coeficiente reductor de la edad de jubilación, puesto que el derecho de los actores a la aplicación del coeficiente reductor de la edad de jubilación es una cuestión que habría de ser determinada en cada caso concreto en la nueva resolución. Tampoco se aprecia la incongruencia extra petita pues lo resuelto en la sentencia recurrida fue examinado en la resolución objeto del presente procedimiento.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, trae causa del conflicto colectivo promovido por unos sindicatos frente a ACOESPO, revocando el fallo combatido que declaró el derecho de los trabajadores a una actualización salarial para 2021 del 3,1%, entendiendo que este porcentaje correspondía al IPC real anual. Los sindicatos reclamaban que la revisión salarial prevista en el convenio colectivo debía aplicarse conforme al IPC real del año 2021, que fue del 6,5%. El convenio establece un incremento anual del 1% para los años de vigencia y una cláusula de revisión salarial que ajusta la subida a 31 de diciembre de cada año según el IPC real, con aplicación retroactiva al 1 de enero. La cuestión principal es la interpretación del concepto "IPC real" para la revisión salarial: si debe entenderse como la media anual del IPC mensual (3,1%) o como la variación interanual del IPC de diciembre respecto al año anterior (6,5%). El Tribunal Supremo concluye que la finalidad del convenio es preservar el poder adquisitivo anual de los trabajadores, por lo que debe considerarse el IPC interanual real, es decir, el 6,5%, y no la media mensual. Se declara el derecho de los trabajadores a la actualización salarial del 6,5% para 2021 con efectos retroactivos desde el 1 de enero, condenando a la parte empresarial a su abono.
Resumen: Varios sindicatos formularon demanda de conflicto colectivo contra empresas del Grupo IBERDROLA y la Comisión de Control del Plan de Pensiones IBERDROLA, entre otros. La Audiencia Nacional desestimó las excepciones, estimó la demanda declarando que todas las prestaciones recogidas en el Plan de Pensiones de IBERDROLA debían revalorizarse con arreglo a la variación del IPC real de diciembre de cada año con respecto a diciembre del año anterior, según la fórmula prevista en el Plan para cada prestación y condenó a las demandadas a actualizar las prestaciones del 2022 tomando como referencia el incremento del IPC a diciembre de 2021, de un 6,5% así como a abonar la diferencia resultante a los beneficiarios afectados. Recurren en casación la Comisión de Control, IBERDROLA SA y otras catorce sociedades del grupo Iberdrola. La Sala reagrupa los motivos esgrimidos comenzando el análisis por las cuestiones procesales para pasar luego al fondo del asunto. En primer lugar, desestima la excepción de incompetencia del orden jurisdiccional social dado que el Plan de Pensiones tiene su origen en la negociación colectiva. En segundo lugar, reitera su doctrina sobre la modalidad procesal de conflicto colectivo concurriendo en el caso de autos tanto el elemento subjetivo, grupo genérico de afectados dotados de homogeneidad a través del Plan, como el elemento objetivo, interés general para una aplicación uniforme de la normativa del Plan. En tercer lugar, descarta la falta de legitimación activa de los sindicatos reclamantes al apreciar un vínculo especial y concreto con el objeto del debate y atendiendo en último término a lo dispuesto en el art 154.a) LRJS. En cuarto lugar, expone su doctrina sobre la revisión de hechos probados para inadmitir la rectificación del hecho probado segundo y la adición de un apartado al octavo. Finalmente, entra en el fondo de la cuestión desplegando el marco normativo aplicable y analizando la naturaleza jurídica de los planes y fondos de pensiones. Dado que prevalece su función económico-financiera sobre el cometido de carácter social o de previsión conforme a doctrina constitucional que menciona, concluye que prima la naturaleza contractual del Plan por lo que en orden a las revalorizaciones ha de estarse a su legislación específica y reglamentaria, esto es, al Reglamento del Plan y a su Anexo IV. Por todo ello desestima los recursos formulados y confirma la sentencia de instancia.
Resumen: El Tribunal Supremo, en la sentencia apuntada, desestima los recursos de casación interpuestos por CCOO y la CIG contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que había rechazado la demanda de conflicto colectivo presentada por CCOO y apoyada por otros sindicatos contra Portos de Galicia. La demanda impugnaba la exclusión de los celadores-guardamuelles del horario de verano aplicada en 2022, alegando que se trataba de una modificación sustancial de condiciones de trabajo sin seguir el procedimiento legal ni justificar causas. El Supremo confirma que no existía un derecho adquirido o condición más beneficiosa consolidada para ese colectivo respecto al horario de verano y que las notas informativas anuales y la Instrucción de 2013 no atribuían tal derecho. Además, descarta que la sentencia recurrida incurriera en incongruencia omisiva al no pronunciarse expresamente sobre la nulidad solicitada, ya que al negar la existencia de la condición más beneficiosa respondió a todas las pretensiones. Por ello, se confirma la sentencia de instancia y se declara firme, sin imposición de costas.
Resumen: La pretensión de la demanda es la declaración de nulidad del despido colectivo y la fundamentación de dicha nulidad está explicitada en el expositivo sexto de la demanda que literalmente se refiere a dos razones: la primera que el empresario no ha respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.2 ET al haber efectuado los ceses sin el preceptivo informe de la Inspección de Trabajo. Y, la segunda, que el empresario no ha respetado el procedimiento establecido en el artículo 51 ET y ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical, mermando el artículo 64 ET que consagra el derecho a la información y consulta de la representación legal de los trabajadores. La STSJ desestimó íntegramente la demanda formulada por la confederación sindical que tenía por objeto impugnar y solicitar la nulidad del despido colectivo y la Sala IV confirma este fallo pues se declara probado que consta en el expediente el preceptivo informe de la Inspección de Trabajo y, respecto de la segunda cuestión, se acredita que el período de consultas se siguió con el Comité de Empresa en su totalidad y que, tras el cumplimiento de la exigencia de la información pertinente, el acuerdo se adoptó por unanimidad del Comité de Empresa y que la selección de trabajadores se efectuó, de mutuo acuerdo, con trabajadores voluntarios y con trabajadores seleccionados a través de los criterios de selección pactadosmediante incorporación nominal de los mismos al acuerdo.La Sala pone de relieve, por una parte, que, para la viabilidad de una denuncia de discriminación, en este caso por razón de actividad sindical, a quien compete la aportación de indicios -no de meras alegaciones- es al denunciante; y, por otra parte, que ningún indicio ha sido aportado por el demandante. Se desestima también modificación de hechos probados y que la sentencia recurrida haya incurrido en la infracción de la normativa que se denuncia como vulnerada.
Resumen: Jubilación: la cuestión que plantea el presente recurso consiste determinar si las cotizaciones efectuadas por la realización de un trabajo por cuenta ajena durante el periodo de suspensión de la pensión de jubilación pueden conducir a la determinación de una nueva base reguladora de la correspondiente pensión o solo repercuten en el porcentaje o en la cuantía de la prestación. El Juzgado de Instancia, estimó la demanda y computó las cotizaciones a efectos del cálculo de una nueva base reguladora. La Sala de suplicación la confirmó. El INSS recurrió en unificación la sentencia que fue desestimado por falta de contradicción.
