Resumen: La Sala IV desestima la demanda de revisión de sentencia firme al no concurrir los requisitos exigidos. El carácter excepcional de este recurso supone que solo sea viable por la concurrencia de alguna de las causas que de manera taxativa establece la ley, cuya interpretación no puede ser extensiva, y por la confluencia inexcusable de los requisitos exigidos. Entre ellos, se exige que la parte que promueva esta demanda agote todos los recursos jurisdiccionales que la ley prevé para que la sentencia pueda considerarse firme a efectos revisorios; único medio de garantizar la subsidiaridad del recurso de revisión. En el caso, no se ha agotado el recurso de casación para la unificación de doctrina y además, el documento que ampara la revisión no es idóneo al ser de fecha posterior a la sentencia firme cuya revisión se pretende. Finalmente, se recuerda que una doctrina del TJUE no puede revisar una sentencia firme de los órganos judiciales de un Estado a consecuencia de la posterior doctrina que pudiere establecer dicho órgano judicial, salvo que así lo hubiere dispuesto expresamente la normativa interna de cada país, circunstancia que no concurre en el ordenamiento español.
Resumen: Se discute sobre la proyección temporal de la STC 164/2016, de 3 de octubre, que declara inconstitucionales los apartados 1 y 2 de la Disp. Adic. 1ª de la Ley 4/2010, de la CAM, de medidas urgentes por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales de dicha Comunidad, y que imponía una reducción salarial del 5% al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Se debe decidir si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se aplicó la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La virtualidad temporal de la sentencia del TC es lo que se debate en el recurso de casación. La sentencia de contraste del TS 3-11-2016 (rc 48/13), una vez resuelta la cuestión de inconstitucionalidad, acogió la demanda de conflicto colectivo y condenó a la empresa al reintegro a los trabajadores de las cantidades detraídas desde el mes de julio de 2010, como consecuencia de la aplicación de aquella reducción salarial del 5% sin haberla negociado previamente. No concurre la contradicción entre las sentencias comparadas a pesar de las similitudes y una posible contradicción doctrinal, y ello porque la recurrida resuelve una reclamación individual presentada solo tras dictarse la STC cuyos efectos se discuten. Y la referencial aborda un conflicto colectivo no solo anterior a la citada STC sino que, precisamente propicia que se dicte la misma. La sentencia cuenta con Voto Particular
Resumen: La sentencia anotada trae causa de demanda de revisión y subsidiaria de error judicial frente a la STJ/Cataluña de 28-6-2018 que declaró la procedencia del despido de la actora. El TS desestima la revisión porque el art. 236.1 de la LRJS exige para la válida interposición de la demanda de revisión, no sólo que la sentencia sea firme, sino que previamente se hayan agotado previamente los recursos jurisdiccionales previstos. Y en el caso, no consta que se haya agotado el recurso de casación para la unificación de doctrina frente a la sentencia que se pretende revisar. Suerte adversa corrió asimismo la declaración de error judicial, y ello porque ni en la decisión judicial de instancia ni de suplicación se aprecia la comisión de un error patente e injustificado, ya que ambas han valorado las pruebas aportadas, motivando suficiente y coherentemente la fijación de los hechos, en una interpretación coherente y razonable de las pruebas aportadas que, en modo alguno cabe calificar como errónea en el sentido que ha venido fijando la reiterada doctrina de la Sala Cuarta.
Resumen: La parte presenta demanda al entender que existe un error judicial al no haberse declarado la nulidad de la resolución del SPEE de 16/11/2015, por la que se le imponía la sanción de extinción del subsidio por desempleo para trabajadores eventuales agrarios y declaraba la percepción indebida de 3.1124,07 euros, al compatibilizar dicho subsidio con el trabajo agropecuario por cuenta propia. El Juzgado desestimó la demanda y en vía de suplicación, tras pedir una revisión fáctica sobre sus rendimientos netos que le fue denegada, se rechazó el recurso por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia contra cuya sentencia se interpuso recurso de unificación de doctrina que fue inadmitido por falta de contradicción, por auto de fecha 31/05/2018. La Sala entiende que no concurre un supuesto especialmente cualificado al que se refiere en su doctrina previa, que exige que el error sea "craso, evidente e injustificado". Argumenta que en el presente caso, en el que la parte demandante está discrepando de la valoración de la prueba que se realizó por los órganos judiciales, pretendiendo en este momento que se vuelva a revisar lo decidido por dichas resoluciones judiciales, solicitud que no procede ya que ambas han valorado las pruebas aportadas, motivando suficiente y coherentemente la fijación de los hechos, en una interpretación coherente y razonable de las pruebas aportadas que, en modo alguno cabe calificar como errónea en el sentido jurisprudencial anteriormente indicado.
Resumen: La sentencia anotada decide un recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad. La sentencia de suplicación confirma el reconocimiento de existencia de relación laboral desde el 5/4/10 y el derecho de la actora a percibir las sumas indicadas en el fallo, al entender que el contrato de colaboración social no obedecía a una causa temporal real y, por ello, no resultaba aplicable la d.Final 2ª del RDL 17/14, de 26 de diciembre. Alega el M.Fiscal que dicha norma permitía la continuidad de la colaboración social celebrada antes del establecimiento de la doctrina jurisprudencial sentada en las SSTS de 27/12/13, tanto si se realizan actividades de carácter permanente u ordinario, como de naturaleza temporal. Se trata de coordinar la doctrina jurisprudencial con la d.final 2ª del RDL 17/14. Concluye la sala IV indicando que la finalidad de la norma era que continuasen vigentes las características de temporalidad atribuidas a los contratos de colaboración social suscritos antes del 27/12/13; fecha de las sentencias que supusieron un cambio jurisprudencial. En consecuencia, se estima el recurso resolviendo que los contratos de colaboración social vigentes y celebrados con anterioridad al 27/12/13 siguen siendo válidos cualquiera que sea la actividad contratada, temporal o permanente y sin que sean considerados contratos laborales.
Resumen: Se casa y anula la sentencia de suplicación para determinar que el tiempo dedicado por los trabajadores en el servicio de salvamento y extinción de incendios o en la dependencia del servicio en el área de maniobras y plataformas, del aeropuerto de Palma de Mallorca, a desplazarse desde el centro de trabajo a distintos lugares donde se ordena la prestación de servicios, así como su regreso, no es tiempo de trabajo a todos los efectos y no debe retribuirse como jornada extraordinaria. Argumenta la Sala 4 que el tiempo que transcurre yendo desde el Bloque técnico hasta el Parque SSEI no se está a disposición del empleador sino llevando a cabo una tarea preparatoria y análoga a la desde el desplazamiento desde el vestuario de la empresa hasta el lugar de trabajo, sin que el hecho de que haya de accederse primero al Bloque Técnico y utilizar una tarjeta magnética de acceso signifique que haya comenzado a discurrir el tiempo de trabajo.
Resumen: El demandante basa su demanda de declaración de error judicial, en la falta de aplicación de la normativa oficial sobre adjudicación y renovación de la plaza de profesor asociado de las Universidades Públicas de Cataluña y la inaplicación de la Normativa oficial sobre las causas tasadas de acoso laboral. Sobre la misma cuestión, el demandante tiene dos procedimientos activos en curso: Demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por irregularidades en la composición de las Salas; y Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El procedimiento de error judicial tiene por objeto y finalidad, derivada del artículo 121 de la Constitución, el de servir de presupuesto para que, quien se ha visto perjudicado por una decisión judicial errónea, pueda percibir del Estado la correspondiente indemnización por los daños derivados de aquella actuación. Se trata, por tanto, de un nuevo proceso y no de un recurso. Se ha de tratar de un error determinante de una responsabilidad por daños y perjuicios y por ello de imputación culpable e injustificada a quien lo cometió, más allá de las muchas discrepancias interpretativas sostenidas por las partes que se pudieron producir en el pleito de origen. Se desestima la demanda porque en ella el demandante pretende una vía de impugnación frente a una decisión judicial que le ha sido adversa.
Resumen: La Sala de lo Social de la AN desestimó la demanda de Conflicto Colectivo interpuesta por la FEDERACION ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO contra la empresa ANA NAYA GARCÍA SL. y la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, en la que solicitaba que se declarase nula, o injustificada la medida adoptada por la empresa consistente en la suspensión de los contratos de trabajo de todo su personal con efectos desde el día 16/03/2020, mientras permanezca en vigor la orden de cierre por el estado de alarma, con reposición al personal a su situación jurídica previa a la aplicación, con reintegro de salarios dejados de abonar y realización cotizaciones no efectuadas respecto de la totalidad del personal afectado por la medida. La Sala IV desestima el recurso interpuesto por la FEDERACIÓN ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO. Se aprecia incongruencia omisiva al no dar la SAN respuesta a la denuncia de infracción del art. 34 RD-L. 8/2020 (hecho tercero demanda), que resuelve por la Sala por tratarse de una cuestión meramente jurídica. Ante la indicación de la imposibilidad de aplicar la figura del silencio administrativo positivo si media la ausencia de un "requisito imprescindible", se resuelve por la Sala que la empresa cumplió con las exigencias del art. 22.2 del RD-L. 8/2020, por lo que nada impide que opere el silencio administrativo positivo. Se declara que el ERTE es compatible con el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrat
Resumen: Se plantea la cuestión de si es recurrible en suplicación la sentencia de instancia que resolvió una demanda de cantidad de cuantía inferior a 3.000 €, cuando dicha reclamación dimana de una demanda en la que se reclama indemnización por extinción de cada uno de los sucesivos contratos temporales -eventual -, alegándose que concurre afectación general. La Sala IV declara la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia al entender que la afectación general es "notoria". Argumenta que la cuestión de fondo es la aplicación de la STJUE 14 de septiembre de 2016 (C-596/2014, de Diego Porras I), o de su rectificación por las SSTJUE 5 de junio de 2018 y dicha cuestión es notoria para la Sala «tal y como lo demuestra el elevado número de recursos de casación ya resueltos, además de los que se encuentran pendientes de resolución». Además, la Sala conoce la existencia de un determinado número de recursos de casación para la unificación de doctrina, en que se recurren sentencias procedentes de la misma Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha, respecto de la misma empresa – Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos- y en los que se debate la misma cuestión de fondo. De donde concluye que existe una significativa litigiosidad real, y no meramente potencial, sobre la materia.
Resumen: Tras presentarse demanda por la autoridad laboral solicitando nulidad acuerdo alcanzado en periodo de consultas de despido colectivo, la misma fue estimada en instancia que desestimó la excepción de caducidad. La Sala 4ª aprecia caducidad de la acción, teniendo en cuenta que las demandas de impugnación de acuerdos colectivos (arts. 51 ET y 149 b) LRJS) por la autoridad laboral, están sometidas al plazo de caducidad de 20 días previsto en el art. 124 LRJS, debiendo fijarse el dies a quo cuando finaliza el plazo de 15 días que tiene la Inspección de trabajo para emitir informe, periodo que empieza a correr desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas
