Resumen: En la demanda de revisión de la que trae causa la sentencia anotada, se solicita la revisión de una sentencia que confirmó la resolución del INSS que reconoció al actor prestación de incapacidad permanente total, desestimando el reconocimiento de prestación de gran invalidez. Se aporta en el recurso revisión, al amparo del art. 510 de la LEC, informe médico pericial de 7/8/19. El TS rechaza la revisión pretendida, de acuerdo a reiterado criterio jurisprudencial, porque el documento no es eficaz a efectos de la revisión de la sentencia. En primer lugar, no es de fecha anterior a la sentencia recurrida ni tiene el carácter de documento decisivo al que alude el art. 510 LEC, ni se trata de documento que haya sido retenido por fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo favor se hubiese dictado el fallo impugnado. Dicho documento expresa el criterio de un médico y se aporta en un proceso en materia de responsabilidad patrimonial, pero lo en el expuesto no puede prevalecer sobre el criterio sentado en la sentencia recurrida. Y, finalmente, se ha superado el plazo de 3 meses recogido en el art. 512.2 de la LEC. En consecuencia, además de ser extemporánea la demanda, no concurre ninguno de los motivo de revisión del art. 86.3 LRJS, ni del art. 510 LEC.
Resumen: La sentencia comentada no aprecia afectación general en la reclamación individual del pago de 83,01 € en concepto de diferencia salarial por los pluses no percibidos - toxicidad, incentivos y plus transporte -, correspondientes al día de San Martín de Porres de los años 2014, 2015 y 216, que le fueron retribuidos al actor como festivo (salario base y antigüedad). Porque la demanda de conflicto colectivo en su día formulada no prosperó precisamente por no reunir los criterios para la utilización de ese cauce procedimental, remitiéndose al proceso de reclamación individual, y porque el número de afectados que el relato fáctico indica, además de cuestionado por la sentencia dictada en la modalidad de conflicto que figura en el mismo, lo sería desde un plano meramente teórico o hipotético, ya que no se ha significado ningún dato ni reflejo de controversia real y efectiva sobre el tema debatido, aparte o diferente de la demanda formulada por el actual actor.
Resumen: La Sala IV desestima la demanda de error judicial porque la misma no se apoya en la concurrencia de error patente en las sentencias impugnadas, sino en un intento de promover una nueva instancia, apoyada en distintas causas de pedir que las esgrimidas ante el Juzgado de lo Social y la Sala de lo Social del TSJ. Al efecto se reitera el objeto y finalidad del procedimiento de error judicial: se trata de un nuevo proceso y no de un recurso dirigido a revisar la actuación, adecuada a derecho o no, de una resolución judicial dictada en un proceso entre partes, lo que exige que el error que lo justifica sea "craso, evidente e injustificado". En el caso, la demanda no está basada en dicho error sino en un intento de promover una nueva demanda, fundada en nuevas causas de pedir, que nunca se esgrimieron ni en la instancia, ni tampoco ante la Sala de Suplicación, tratándose, por tanto, de “cuestiones nuevas”, lo cual permite descartar, de antemano, la concurrencia de error judicial, puesto la pretensión del actor consiste en utilizar la excepcional vía de la demanda de error judicial, para promover una nueva instancia judicial, que no resulta amparada en este procedimiento.
Resumen: Se solicita la revisión de una sentencia alegando que se han obtenido documentos relevantes a efectos del art 510.1º LEC. La Sala IV reitera doctrina sobre el carácter extraordinario y excepcional de la demanda de revisión que exige una interpretación rigurosa tanto de las causas que lo viabilizan como de los requisitos formales exigidos. Se desestima la revisión, a la luz de la doctrina sobre los requisitos de los documento que habilitan el planteamiento de la revisión. Los documentos deben ser decisivos, no habiéndose podido disponer de los mismos durante el proceso por causa de fuerza mayor o por maquinación de la parte contraria. Se razona que del auto del juzgado de violencia de género no se deduce que se haya dado la situación que habilita a la resolución contractual. En segundo lugar, el citado documento pudo haberse aportado al proceso por la vía del art. 233 de la LRJS. Finalmente, la demanda es extemporánea, pues desde la fecha del auto en la que la misma se basa -19/2/2020- a la presentación de la demanda -22/9/202- ha transcurrido con exceso el plazo de 3 meses establecido en el art. 512.2 de la LEC.
Resumen: En la negociación de un convenio colectivo sectorial se discute sobre el momento y modo de acreditar la representatividad sindical que abre las puertas de la Comisión Negociadora y si han de contabilizarse las representaciones unitarias de aquellas empresas del sector que poseen convenio propio. La demandante protesta por su exclusión de una Comisión Negociadora siendo que al constituirse aportó documentación acreditativa de su implantación, llegando al 10% de los miembros de comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional, manifestando que no debe excluirse a quienes están dentro del ámbito aplicativo del convenio aunque pertenezcan a empresas con convenio propio. No todos los datos que figuran en la prueba han de tener acceso a relación de hechos probados sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo. Con la certificación de diciembre no podía conocerse en octubre la propia representatividad porque la certificación disponible no acreditaba la suficiente implantación. La representatividad debe conocerla el resto de interlocutores en el acto de constitución de la comisión negociadora que es cuando debe acreditarse. que en ese momento no se pudo acreditar con documentos posteriores. La exclusión de un Sindicato de la Comisión Negociadora supone, únicamente, un atentado a la libertad sindical cuando la decisión expulsadora sea contraria a la Ley o claramente arbitraria e injustificada. Ello no ocurre en el presente supuesto.
Resumen: La sentencia comentada se dicta en procedimiento de revisión de sentencia firme, que no aprecia la caducidad de la acción, porque el plazo se suspendió por la solicitud de justicia gratuita, pero rechaza la maquinación fraudulenta alegada para fundamentar la demanda al no existir connivencia entre el condenado por estafa y los trabajadores.
Resumen: Se cuestiona si la ejecución iniciada por el juzgado de lo social, de los bienes embargados al empresario concursado, debe quedar en suspenso hasta que el juzgado de lo mercantil se pronuncie sobre su necesidad para que pueda continuar la actividad empresarial, en el supuesto previsto en el art. 5 bis de la Ley Concursal. Sostienen los recurrentes que el Juzgado de lo Social no puede acordar la suspensión de la ejecución de los bienes embargados a la empresa concursada, sino que debe seguir adelante con la misma hasta que haya un pronunciamiento del Juzgado Mercantil sobre su necesidad para la continuidad de la actividad empresarial. Tras exponer los antecedentes resueltos por la Sala de Conflictos, la sala Cuarta concluye que el juzgado de lo social viene obligado a suspender la ejecución hasta que el juzgado mercantil se pronuncie sobre si los derechos o bienes embargados son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, o se produzca alguna de las otras circunstancias contempladas a tal efecto en el art. 5 bis LC, cuando específicamente señala que desde la presentación de dicha comunicación por parte del deudor no podrán iniciarse ejecuciones de tal clase de bienes o derechos.
Resumen: Se casa y anula la sentencia de suplicación, tras interpretar lo dispuesto en los arts. 69.1 y 151 LRJS, y art. 23 RD 928/2998 de 14 de mayo, y tras recordar la abundantísima jurisprudencia en relación a las Mutuas, y respecto de la que se confluyó que no se les puede aplicar el art. 71.4 LRJS, que permite el nuevo ejercicio de la acción, siempre que el derecho no haya prescrito. Concluye la sentencia que la empresa no interpuso recurso de alzada contra la resolución administrativa, no siendo hasta dos años después cuando presenta reclamación previa, por lo que en aplicación de la doctrina constitucional sobre los actos administrativos firmes y consentidos, se debe concluir que no puede admitirse la demanda por haberse omitido el preceptivo recurso de alzada, al tratarse de un acto consentido que no fue recurrido en tiempo y forma
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que desestimó la excepción de inadecuación de procedimiento y estimó la caducidad de la acción. El TS, tras recordar las exigencias formales del escrito de interposición del recurso de casación, afirma que, en el caso, no invoca el Sindicato recurrente ninguna norma jurídica relacionada con la cuestión controvertida (caducidad de la acción) ni desarrolla argumentos jurídicos en los que apoyar su pretensión. Sentado lo anterior, y en lo que atañe a la impugnación de las convocatorias y normativa que debe regular las convocatorias de movilidad, declara que es cierto que los acuerdos no han sido objeto de registro y publicación por la autoridad laboral. Sin embargo, la aplicación de lo dispuesto en las cláusulas 5ª y 10ª del II Convenio Colectivo de ADIF y ADIF Alta Velocidad, obliga a concluir que los acuerdos de 19-12-2017 y 23-4-2018, suscritos por la parte demandante, tienen virtualidad jurídica. Las convocatorias impugnadas se desarrollaron de conformidad con las Bases de las Convocatorias aprobadas por la Comisión negociadora del Convenio Colectivo el día 24 de julio de 2019 y con lo previsto en las cláusulas 5ª y 10ª del II Convenio Colectivo de ADIF y ADIF Alta Velocidad, lo que conduce a desestimar estos motivos del recurso, y confirmar la decisión judicial de la Sala de origen.
Resumen: No se aprecia afectación general cuando se reclaman diferencias salariales en cuantía inferior a los 3.000 € por una profesora de religión y moral católica, en atención a la mayor jornada realizada respecto de lo estipulado en el contrato de trabajo, de acuerdo con la sentencia comentada que aprecia por ello la falta de competencia funcional, reiterando la doctrina de la Sala..
