• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 118/2020
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras presentarse demanda por la autoridad laboral solicitando nulidad acuerdo alcanzado en periodo de consultas de despido colectivo, la misma fue estimada en instancia que desestimó la excepción de caducidad. La Sala 4ª aprecia caducidad de la acción, teniendo en cuenta que las demandas de impugnación de acuerdos colectivos (arts. 51 ET y 149 b) LRJS) por la autoridad laboral, están sometidas al plazo de caducidad de 20 días previsto en el art. 124 LRJS, debiendo fijarse el dies a quo cuando finaliza el plazo de 15 días que tiene la Inspección de trabajo para emitir informe, periodo que empieza a correr desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 2473/2018
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso tiene por objeto la indemnización por la extinción de un contrato temporal, contrato de relevo suscrito entre la trabajadora y el Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) extinguido al jubilarse el trabajador relevado a los 64 años y posterior suscripción de un contrato de interinidad por vacante con un plazo de un año. La Sala razona que no concurre contradicción entre las sentencias contrastadas, ya que en la recurrida se suscribieron dos contratos temporales consecutivos, uno de relevo que finalizó antes de la fecha pactada y otro de interinidad por vacante, pero cuya duración no estaba vinculada a la cobertura reglamentaria de la plaza sino a la fecha en la que el trabajador relevista hubiera cumplido los 65 años. Este contrato se extinguió en la fecha pactada, aunque no se había cubierto la vacante. En cambio, en la sentencia referencial se suscribió un contrato de interinidad por vacante que se extinguió cuando se efectuó la cobertura en un proceso de consolidación de empleo. Ambas sentencias rechazan la aplicación del art. 70 del EBEP. Los hechos y fundamentos son esencialmente diferentes, lo que excluye que concurra la contradicción que viabiliza el recurso de casación unificadora.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 513/2018
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurren en casación unificadora las trabajadoras que vieron desestimada su reclamación tanto en la instancia como en suplicación. Presentan separadamente dos recursos, seis de ellas el primero y una de ellas el segundo. Los recursos tienen por objeto determinar si las trabajadoras recurrentes tienen derecho a las cantidades que reclaman por haber realizado -conforme alegan- funciones de categoría superior durante un determinado periodo de tiempo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid (Servicio Madrileño de Salud). Respecto de ambos recursos, la Sala IV no aprecia la existencia de contradicción, ya que en las tres sentencias de contraste se declara probado que las trabajadoras realizaban durante los periodos reclamados funciones de la categoría de oficial administrativo, superior a la que tenían reconocida de auxiliar administrativo. Por el contrario, en la sentencia recurrida no se probó la realización de esas funciones de categoría superior durante el periodo allí reclamado, ya que la sentencia recurrida afirma, respecto de una de las recurrentes, que, durante el periodo reclamado, las "funciones acreditadas" son "propias de la categoría de auxiliar administrativo y no de oficial administrativo", y, respecto de las demás trabajadoras, que "ni siquiera constan las funciones que afirman haber desempeñado, no habiendo interesado la revisión fáctica a tal efecto".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3507/2018
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso tiene por objeto determinar si la extinción del contrato por causas objetivas debe calificarse como nulo por vulneración de la garantía de indemnidad del trabajador demandante. La sentencia recurrida estima el recurso de suplicación que interpuso la parte demandada, declarando la procedencia de la extinción del contrato y revocando con ello la sentencia del Juzgado de lo Social que había declarado la nulidad del despido. La recurrente en casación unificadora plantea un solo punto de contradicción dirigido a la declaración de nulidad del despido. La sentencia aportada de contraste fue objeto de recurso de casación para la unificación de doctrina que concluyó con Auto por el que se homologa el acuerdo transaccional alcanzado por las partes. La Sala IV, tras analizar la doctrina constitucional en relación con la tutela judicial efectiva y el acceso a los recursos, y el requisito de la firmeza de la sentencia de contraste a efectos del análisis de la contradicción, rectifica la doctrina emanada de la STS 23 de octubre de 2008, RCUD 1281/2007 y concluye que el auto que homologa un acuerdo transaccional es una forma de conclusión del recurso contra la sentencia de suplicación que, al ser sustituido su contenido por el acuerdo alcanzado, queda privada de efecto alguno y, por ende, no puede adquirir la condición de sentencia firme porque, en definitiva, el proceso en el que se dictó la sentencia de suplicación ha concluido con una resolución judicial que la ha sustituido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 158/2019
  • Fecha: 21/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, consiste en determinar el convenio colectivo aplicable a los trabajadores que prestan servicios para la UTE Kirol Portuak II y, en concreto, si se les ha de aplicar el Convenio Colectivo de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de Gipuzkoa o, por el contrario el del sector del metal, habiendo estimado la Sala de origen la demanda de conflicto colectivo deducida por el Sindicato ELA y optado por el Convenio de limpieza de Gipuzkoa. El TS tras desestimar los óbices procesales suscitados [falta de legitimación del sindicato, inadecuación de procedimiento e incongruencia interna de la sentencia recurrida], y descartada la revisión de los hechos probados, entra a decidir sobre cuál es el convenio aplicable a la vista de sus ámbitos funcionales, no obstante recordar que se trata de una materia indisponible y de orden público, por lo que no cabe elegir un convenio distinto del que debe aplicarse. Sentado lo anterior, y atendiendo a la actividad de la UTE y a las funciones que realizan los trabajadores que se insertan y encajan mejor en las expresiones de "limpieza, mantenimiento, conservación y recuperación de puertos", que en las expresiones "construcción naval y su industria auxiliar", confirma el fallo combatido y declara aplicable el Convenio de limpieza de Gipuzkoa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 618/2019
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se presenta demanda solicitando el abono del subsidio de incapacidad temporal entre el 31 de mayo de 2017 (fecha en que se le deniega al actor la incapacidad permanente), y el 12 de junio de 2017 (fecha de notificación a la empresa de la resolución del INSS), con base reguladora diaria de 108,89 euros brutos. Por sentencia de instancia confirmada en suplicación se desestimó la demanda. La sentencia tras recordar que las cuestiones relativas a la competencia funcional son apreciables de oficio, sin que sea precisa la existencia de contradicción, declara la incompetencia funcional, y señala que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación por razón de la cuantía, puesto que lo que se reclaman son 13 días de prestación de IT que alcanza sólo 1.415, 57 euros, cantidad inferior a los 3.000 a que refiere el art. 191.2 g) y 192.3 LRJS. Considera igualmente, tras sistematizar la jurisprudencia sobre la cuestión, que no puede apreciarse la existencia de afectación general que no es notoria y ni siquiera ha sido alegada o probada en el proceso por ninguna de las partes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 27/2019
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La demanda de revisión tiene por objeto la sentencia firme que estimó en parte la reclamación de indemnización de daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo sufrido por el demandante en fecha 15 de noviembre de 2017, condenando al Ayuntamiento demandado a pagar al actor la suma de 1.752,3 €, del total reclamado de 2.688, 68 €. La Sala IV entiende que con independencia de que lo solicitado en la demanda revisoria, con base en el supuesto del art. 510.1. 1º LEC, con base al documento que se aporta junto a la misma, que consiste en un informe médico fechado 23 de mayo de 2019, en el que se describen las secuelas que, a juicio de la doctora que lo firma, le habrían quedado al demandante a consecuencia de la intervención quirúrgica a la que fue sometido tras el accidente, no tiene encaje legal en el procedimiento de revisión de sentencias firmes, en tanto que interesa la revocación de la sentencia del juzgado y que se acuerde el reconocimiento del actor por el médico forense. procede desestimar en todo caso la revisión, porque se trata de un informe médico de fecha posterior a la sentencia, referido a lesiones anteriores al inicio del procedimiento judicial y ni tan siquiera se refiere a circunstancias que no hubieren sido valoradas en el proceso judicial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 3238/2019
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones reclama el trabajador la suma de 653,51 € en concepto de diferencias en la indemnización percibida al extinguirse válidamente los contratos eventuales que le unían con la demandada Correos y Telégrafos SA. Estimada la demanda en la instancia, la sala de suplicación declara la irrecurribilidad de la sentencia dictada, por no superar la suma reclamada los 3.000 € que la LRJS establece como límite de acceso al recurso. Recurre en casación unificadora Correos planteando en primer lugar que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación al existir afectación general. La sala IV razona que, a pesar de ser contradictorias las sentencias comparadas, tal requisito no sería exigible al debatirse una materia que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional y que, por lo tanto, puede examinarse de oficio aunque no concurra la contradicción. Y en el caso de autos la afectación general es notoria pues se debate la aplicación de la doctrina Diego Porras I del TJUE y, adicionalmente, han sido presentados ante el TS un importante número de recursos de casación unificadora en la que debate idéntica cuestión y en los que la cuantía reclamada no supera el límite de los 3000 €. En consecuencia, se declara la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia, con anulación de la recurrida y reposición de las actuaciones al momento anterior de ser dictada, para la resolución de las cuestiones de fondo debatidas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 463/2017
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras imponerse a la empresa una sanción de 18.l000 euros por una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales (no disponer de Plan de Seguridad y Salud por no identificar el riesgo de vuelco de grúa y no evaluar y planificar la actividad preventiva), se presentó demanda por la empresa impugnando dicha resolución, pretensión estimada en instancia cuya sentencia se revocó en suplicación, por considerarse que se había producido un incumplimiento empresarial de la normativa de prevención de riesgos laborales. La sentencia examina de oficio la competencia funcional, y aplicando lo dispuesto en el art. 191.3 LRJS, que declara la irrecurribilidad de las sentencias de instancia en los supuestos en que la cuantía sea inferior o igual a 18.000 euros atendiendo al contenido económico del acto administrativo, casa y anula la sentencia de suplicación y declara la irrecurribilidad de la sentencia de instancia
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2387/2018
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor suscribió varios contratos con el sindicato como adjunto sindical o sindicalista, desarrollando tareas de colaboración en la campaña de elecciones sindicales en la provincia, siendo elegido vocal del Consejo del Sindicato Intercomarcal de CCAA del País Valenciano, disponiendo de autonomía absoluta, sin horario fijo, elaborando la ejecutiva los planes de trabajo. Se presentó demanda reclamando la existencia de relación laboral, acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales. La sentencia de instancia declaró su incompetencia por cuanto no existía relación laboral, sentencia confirmada en suplicación. La STS 72/2021, 20-01-2021 (Rec. 2387/2018), resuelve la cuestión e si el trabajo como sindicalista adjunto es laboral en sentido positivo, tras sistematizar la jurisprudencia en relación a cuándo debe apreciarse que concurren las notas de laboralidad. Fundamenta su decisión la sentencia en que: 1) Las partes han suscrito varios contratos laborales; 2) El sindicato fue dado de alta como trabajador por cuenta ajena; 3) se ha pactado remuneración de carácter fijo; 4) La última contratación fija jornada de 20 horas semanales; 5) Consta sujeción a las instrucciones de la ejecutiva, como consecuencia de las quejas sobre la dejación de funciones de ésta. Añade que no se está ante una persona afiliada y elegida para desempeñar funciones de representación sindical, sin que la elección para un cargo representativo altere la calificación del nexo que une a las partes

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