• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4245/2018
  • Fecha: 27/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si el demandante tiene derecho a una pensión de jubilación parcial anticipada del 85% de la base reguladora. La demanda solicita el reconocimiento del derecho a percibir una pensión de jubilación anticipada parcial con el porcentaje del 85%. El escrito de demanda no contiene ninguna mención a la cuantía de la base reguladora. En el expediente administrativo consta que se había reconocido al demandante la pensión en la cuantía del 75% de la base reguladora de 2.036,90 euros mensuales. La sala examina de oficio si la sentencia de instancia es recurrible en suplicación y concluye que ni en demanda, ni en ampliación de la demanda, ni en el acto del juicio se combatió la cuantía de la base reguladora establecida por el INSS, lo que en su caso debió alegarse en la demanda o en su ampliación. En definitiva, la actora solicitó en demanda y ratificó en el juicio oral, una pensión de jubilación parcial del 85% de la base reguladora establecida por el INSS, quien la había fijado en 2.036,90 euros mensuales. El escrito de aclaración de sentencia no es un momento procesal idóneo para alterar el petitum. Se debe calcular la cuantía litigiosa conforme a la base reguladora. La diferencia entre la pensión reconocida por el INSS (el 75% de 2.036,90 euros mensuales, en total: 1.527,75 euros mensuales) y la cantidad reclamada en demanda, (el 85% de la base reguladora: 1.731,37 euros mensuales), en cómputo anual, no alcanza los 3.000 euros, sin que concurra la afectación general.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 1455/2019
  • Fecha: 27/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No resuelve la sentencia la cuestión relativa a si adquiere la condición de indefinida no fija la trabajadora que lleva ocupando la plaza de interinidad por vacante desde el año 2000, sin que desde el año 2007 se haya convocado proceso alguno de selección, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia de contraste, ya que en la sentencia recurrida consta que se convocó concurso de traslado que se resolvió quedando resuelta la plaza ocupada por la actora, no procediéndose desde entonces a poner en marcha ningún proceso de selección, mientras que en la sentencia de contraste consta que se convocó un proceso extraordinario de consolidación de empleo que se resolvió procediéndose a adjudicar la plaza, tras seguirse el trámite indicado en la norma convencional
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 2891/2019
  • Fecha: 27/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión planteada consiste en decidir si la relación laboral de la trabajadora demandante con la Consejería demandada es indefinida no fija, teniendo en cuenta que las partes celebraron contrato de interinidad por vacante el 11/09/2006 vinculado a la Oferta de Empleo Público del año 2007, y que con anterioridad figura la suscripción de otros cuatro contratos temporales, uno de los cuáles se celebró en fraude de ley, lo que comportó que, a partir de ese momento, se activara la presunción del artículo 15.3 ET y la relación se considere indefinida no fija. Sin embargo, nada de eso sucede en la sentencia de contraste en la que sólo consta la firma de un único contrato de interinidad por vacante. Lo que determina que el recurso interpuesto por la Consejería demandada deba ser desestimado al no concurrir la contradicción exigida en el art. 219 LRJS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 159/2020
  • Fecha: 27/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por sentencia de instancia se estimó la excepción de falta de legitimación activa de Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada y CSIF, sin pronunciarse sobre la demanda de conflicto colectivo en que se solicitaba se declarara no ajustado a derecho el ERTE Covid-19. La Sala 4 confirma la sentencia de instancia, por entender: 1) Que la modalidad de conflicto colectivo es adecuada para impugnar el ERTE por fuerza mayor Covid-19 operado en la empresa Ilunión SA respecto de los servicios de seguridad, ya que no es objeto de impugnación la resolución administrativa (en el caso se estimó por silencio positivo), sino la decisión empresarial de suspensión de contratos de trabajo; 2) Que siendo adecuado el procedimiento de conflicto colectivo, los sindicatos no tienen legitimación para interponer el mismo, ya que el ERTE afectó a los centros de trabajo en los aeropuertos de Barajas, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Barcelona, y no a todos los centros de la empresa, teniendo Alternativa Sindical representantes en el comité de empresa de Galicia y Valencia, un delegado sindical en Asturias y una delegada a nivel estatal, pero no tiene miembros en los comités de empresa de los centros afectados, sin que CSIF tenga representante en el comité intercentros, por lo que no tienen implantación suficiente en el ámbito del conflicto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 2390/2019
  • Fecha: 27/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a si procede reconocer la condición de trabajadora indefinida no fija a quien prestaba servicios con contrato de interinidad por vacante para una administración pública durante más de 3 años sin convocarse la plaza, por no apreciarse la existencia de contradicción con la sentencia de contraste, ya que en la sentencia de contraste el debate giró en torno a determinar si existió o no un despido y si existió o no satisfacción extraprocesal por haber sido repuesto el vínculo laboral lo que no acontece en el supuesto de la sentencia recurrida, en que se reclama la condición de trabajador indefinido no fijo por cuanto el contrato se suscribió en fraude de ley.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 94/2020
  • Fecha: 22/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El sindicato Ertzainen Nazional Elkartasuna (E.R.N.E.) planteó demanda de tutela de derechos fundamentales en materia de protección del derecho fundamental a la integridad física y del derecho a la salud frente a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco. La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda y declaró vulnerado el derecho fundamental que tiene el personal funcionario de la Ertzaintza, a la integridad en su vertiente exclusivamente física, al haber omitido total o parcialmente las medidas de prevención laboral que le eran exigibles con motivo de la pandemia generada por el COVID-19, y la obligación de aquella Consejería de suministrar a todos los efectivos de la Ertzaintza determinados medios de protección frente a la Covid-19. La sentencia comentada desestima el recurso de casación formulado por la Letrada del Gobierno Vasco, tras rechazar la excepción de incompetencia de jurisdicción - de acuerdo con la competencia plena sobre la materia que la jurisdicción social tiene atribuida por el art. 2 e) LRJS, interpretado por la jurisprudencia que cita - y descartar igualmente la incongruencia extra petita alegada, la inadecuación de procedimiento y el incumplimiento de las reglas de la carga de la prueba. La Sala IV confirma la infracción de las medidas de prevención laboral que le eran exigibles con motivo de la pandemia generada por el COVID-19 denunciadas en los términos que señala.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 145/2019
  • Fecha: 22/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La STSJ recurrida estima la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la Sección Sindical de UGT reconociendo que el abono efectuado en marzo de 2018 corresponde al complemento de las vacaciones de 2018 (calculado por tanto Bs los con las variables habituales de enero a diciembre de 2017) declara el derecho de los trabajadores a percibir el abono del complemento vacaciones de 2017 (calculado de enero a diciembre de 2016) condena a la empresa demandada a abonarlo y así sucesivamente cada mes de agosto, absolviendo a las restantes demandadas. En la demanda se reclamaba que se reconociera que lo abonado en marzo de 2018 era el complemento de vacaciones que debió cobrarse en 2017, obtenido de las retribuciones variables devengadas en 2016, reclamándose que en agosto de 2018 se abonase el complemento de vacaciones del periodo de devengo del año 2017. La sentencia recurrida entendió que lo pagado en marzo de 2018 era el complemento del periodo de cálculo de 2017. La Sala IV confirma la interpretación de la sentencia recurrida teniendo en cuenta los hechos que rodearon el Acuerdo de noviembre de 2017, concluyendo que su clausulado debe interpretarse en conjunto, pues ya en julio de 2017, con pleno conocimiento general por las partes de lo que la jurisprudencia comunitaria y de esta Sala habían adoptado en la materia, y lo acontecido en la empresa Alstom, los trabajadores de la demandada ya estaban reclamando ese régimen de cálculo de las vacaciones anuales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 2740/2018
  • Fecha: 22/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada declara la competencia de la jurisdicción española para conocer de una demanda por despido formulada por una trabajadora, que prestó servicios en la EUIPO, en virtud de sucesivos contratos, el último de ellos de naturaleza laboral, suscritos con diversas ETTs, siendo la última mercantil adjudicataria de un contrato con la OAMI, por el cual debía encargarse de la recepción del correo, preparación y numeración del mismo y la codificación de datos en relación a las demandas presentadas en la OAMI, mediante métodos manuales o electrónicos, planteándose la existencia de cesión ilegal. La sentencia basa su decisión en lo dispuesto en la LOPJ art. 25 en relación con LO 16/2015 art. 35, toda vez que dichos contratos se suscribieron por empresas domiciliadas en España, con una persona domiciliada también en España, sin que dicha conclusión pueda enervarse por la inmunidad disfrutada por la EUIPO, toda vez que la misma solo opera respecto a sus actividades oficiales, lo que no concurre en este caso. Aplica doctrina de la TS 14-02-2020 Rec. 82/17
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 147/2020
  • Fecha: 22/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de casación presentado frente a la sentencia de instancia que, dictada en procedimiento de despido colectivo, declaró la improcedencia del despido de los trabajadores, por cuanto no se cumplen las exigencias previstas en los arts. 229.1 b y 230.1 LRJS, al no depositarse ni consignarse el importe de la condena. Argumenta la Sala que con el escrito de preparación del recurso de casación no se aportó certificación de depósito de 600 euros, ni se efectuó consignación de la cantidad a la que fue condenada, por lo que procedía declarar por Auto tener por no preparado el recurso, y aunque en lugar de hacerlo se dictó Diligencia de Ordenación por la que se otorgó plazo a la parte para que aportara justificantes, la parte se limitó a aportar una certificación del abono del depósito 9 días hábiles después de la notificación de la sentencia, no siendo hasta tiempo después cuando se dictó nueva Diligencia de Ordenación por la que nuevamente se otorgó plazo para que la parte justificara la consignación del importe de la condena, entregando la parte justificante de consignación de cantidad inferior a la misma, pero dictándose Diligencia Ordenación por la que se tuvo por preparado el recurso, lo que no debió hacerse, porque la ausencia total de consignación es un defecto insubsanable, habiéndose debido dictar Auto de inadmisión del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 3497/2018
  • Fecha: 21/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre Canal de Comunicaciones Unidas S.A.U. la sentencia que declara el derecho del actor a percibir la cantidad interesada en la demanda. Se sigue la STS del Pleno 85/2021, 26/01/2021 (rcud 5005/2018) en la que se discute sobre la proyección temporal de la STC 164/2016, de 3 de octubre que declara inconstitucionales los apartados 1 y 2 de la DA 1ª de la Ley 4/2010, de la CAM, de medidas urgentes por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre de PG de la CAM y que imponía una reducción salarial del 5% al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Se debe decidir si cabe predicar de dicha nulidad efectos retroactivos desde que se aplicó la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La sentencia recurrida considera que la STC 164/2016 produce efectos generales desde la fecha de su publicación en el BOE (artículo 38.1 LOTC), si bien no tiene efectos retroactivos desde la fecha en que entró en vigor la norma tachada de inconstitucional. La referencial sostiene que solo a partir de publicarse en el BOE la STC anulatoria surte efectos y que los mismos son hacia el futuro dados sus términos. En la sentencia recurrida no existe intervención administrativa que pueda generar la impresión de que ha surgido una situación administrativa firme. No hubo proceso negociador en este caso que pueda generar la impresión de que la rebaja retributiva se había encauzado conforme a lo querido por la norma.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.