Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si la prueba de la auditoría interna del Banco recurrido, en base a la cual se despidió al trabajador, debió ser inadmitida por vulneración del derecho a la protección de datos. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto dado que el recurrente no cita ni fundamenta la infracción legal, en los términos exigidos por el art 224 LRJS, lo que lleva a desestimar el recurso. El escrito de interposición, tras transcribir los hechos probados y parte de la literalidad de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, se limita, en primer lugar, a señalar que, ya en el acto del juicio y en fase probatoria, la parte actora alegó la infracción del artículo 90.2 LRJS, por entender que no debería haberse admitido el informe de auditoría en que se basa la carta de despido. En segundo lugar, el recurso se limita a transcribir, algún pasaje sobre el derecho de protección de datos de la STC 292/2000. No expresa qué infracción legal ha cometido, no la empresa demandada, sino la «sentencia impugnada», recordando la Sala que el extraordinario recurso de casación para la unificación de doctrina se interpone contra la sentencia de sala de suplicación y no contra la decisión empresarial impugnada ante el juzgado de lo social, ni tampoco contra la sentencia de este juzgado.
Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación para reconocer el derecho de la actora, enfermera en un servicio de emergencias sanitarias que presta servicios a turnos y nocturnos, a la prestación de riesgo durante la lactancia. Aplica la sentencia lo establecido en la STS (Pleno) 26-06-2018 (Rec. 1398/2016) y otras muchas, en que se determinó que tras la STJUE de 19-10-2017, Otero Ramos C-531/15, cuando la evaluación de riesgos no se hubiera llevado a cabo con arreglo a lo dispuesto en el art. 4.1 Directiva 92/95, que impone al empresario el deber de determinar los riesgos para la lactancia en atención a la situación de la trabajadora y del puesto de trabajo, se admitía la inversión de la carga de la prueba, ya que la falta de evaluación de dicho riesgos suponía un trato menos favorable para la mujer vinculado a la lactancia, y por lo tanto constituye discriminación por razón de sexo conforme al art. 2.2 c) Directiva 2006/54/CE. De este modo, la falta de precisa evaluación de riesgos específicos para la lactancia, no puede, por sí misma, privar a la trabajadora de la prestación cuando de dicha evaluación se puede deducir la existencia de riesgos para la lactancia. En relación con el sistema de trabajo a turnos y nocturno, considera la Sala que ello, en sí mismo, no supone un riesgo para la lactancia, aunque podría serlo en los supuestos en que no es posible garantizar la extracción de leche y su conservación
Resumen: La trabajadora prestó servicios mediante diversos contratos temporales (11 eventuales, 1 de relevo y 1 de sustitución), formalizándose un último contrato de interinidad para ocupar una vacante vinculada a la oferta de empleo público, siendo cesada y nombrada personal estatutario eventual. La acota presentó demanda por despido por la terminación del contrato de interinidad por finalización del proceso de consolidación. La sentencia de instancia desestimó la demanda, sentencia confirmada en suplicación. La Sala 4 no entra a conocer de la cuestión relativa a la calificación del cese por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, puesto que en la de contraste se apreció fraude en la contratación, mientras que en la recurrida no
Resumen: La Sala IV desestima la demanda de revisión de sentencia firme al no concurrir los requisitos exigidos. El carácter excepcional de este recurso supone que solo sea viable por la concurrencia de alguna de las causas que de manera taxativa establece la ley, cuya interpretación no puede ser extensiva, y por la confluencia inexcusable de los requisitos exigidos. Entre ellos, se exige que la parte que promueva esta demanda agote todos los recursos jurisdiccionales que la ley prevé para que la sentencia pueda considerarse firme a efectos revisorios; único medio de garantizar la subsidiaridad del recurso de revisión. En el caso, no se ha agotado el recurso de casación para la unificación de doctrina y además, el documento que ampara la revisión no es idóneo al ser de fecha posterior a la sentencia firme cuya revisión se pretende. Finalmente, se recuerda que una doctrina del TJUE no puede revisar una sentencia firme de los órganos judiciales de un Estado a consecuencia de la posterior doctrina que pudiere establecer dicho órgano judicial, salvo que así lo hubiere dispuesto expresamente la normativa interna de cada país, circunstancia que no concurre en el ordenamiento español.
Resumen: Se discute sobre la proyección temporal de la STC 164/2016, de 3 de octubre que declara inconstitucionales los apartados 1 y 2 de la Disp. Adic. 1ª de la Ley 4/2010, de la CAM, de medidas urgentes por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales de dicha Comunidad, y que imponía una reducción salarial del 5% al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Se debe decidir si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se aplicó la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La virtualidad temporal de la sentencia del TC es lo que se debate en el recurso de casación. La sentencia de contraste del TS 3-11-2016 (rc 48/13), una vez resuelta la cuestión de inconstitucionalidad, acogió la demanda de conflicto colectivo y condenó a la empresa al reintegro a los trabajadores de las cantidades detraídas desde el mes de julio de 2010, como consecuencia de la aplicación de aquella reducción salarial del 5% sin haberla negociado previamente. No concurre la contradicción entre las sentencias comparadas a pesar de las similitudes y una posible contradicción doctrinal, y ello porque la recurrida resuelve una reclamación individual presentada solo tras dictarse la STC cuyos efectos se discuten. La referencial aborda un conflicto colectivo no solo anterior a la citada STC sino que, precisamente propicia que se dicte la misma. La sentencia cuenta con Voto Particular.
Resumen: Se discute sobre la proyección temporal de la STC 164/2016, de 3 de octubre, que declara inconstitucionales los apartados 1 y 2 de la Disp. Adic. 1ª de la Ley 4/2010, de la CAM, de medidas urgentes por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales de dicha Comunidad, y que imponía una reducción salarial del 5% al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Se debe decidir si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se aplicó la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La virtualidad temporal de la sentencia del TC es lo que se debate en el recurso de casación. La sentencia de contraste del TS 3-11-2016 (rc 48/13), una vez resuelta la cuestión de inconstitucionalidad, acogió la demanda de conflicto colectivo y condenó a la empresa al reintegro a los trabajadores de las cantidades detraídas desde el mes de julio de 2010, como consecuencia de la aplicación de aquella reducción salarial del 5% sin haberla negociado previamente. No concurre la contradicción entre las sentencias comparadas a pesar de las similitudes y una posible contradicción doctrinal, y ello porque la recurrida resuelve una reclamación individual presentada solo tras dictarse la STC cuyos efectos se discuten. Y la referencial aborda un conflicto colectivo no solo anterior a la citada STC sino que, precisamente propicia que se dicte la misma. La sentencia cuenta con Voto Particular
Resumen: La sentencia anotada trae causa de demanda de revisión y subsidiaria de error judicial frente a la STJ/Cataluña de 28-6-2018 que declaró la procedencia del despido de la actora. El TS desestima la revisión porque el art. 236.1 de la LRJS exige para la válida interposición de la demanda de revisión, no sólo que la sentencia sea firme, sino que previamente se hayan agotado previamente los recursos jurisdiccionales previstos. Y en el caso, no consta que se haya agotado el recurso de casación para la unificación de doctrina frente a la sentencia que se pretende revisar. Suerte adversa corrió asimismo la declaración de error judicial, y ello porque ni en la decisión judicial de instancia ni de suplicación se aprecia la comisión de un error patente e injustificado, ya que ambas han valorado las pruebas aportadas, motivando suficiente y coherentemente la fijación de los hechos, en una interpretación coherente y razonable de las pruebas aportadas que, en modo alguno cabe calificar como errónea en el sentido que ha venido fijando la reiterada doctrina de la Sala Cuarta.
Resumen: La parte presenta demanda al entender que existe un error judicial al no haberse declarado la nulidad de la resolución del SPEE de 16/11/2015, por la que se le imponía la sanción de extinción del subsidio por desempleo para trabajadores eventuales agrarios y declaraba la percepción indebida de 3.1124,07 euros, al compatibilizar dicho subsidio con el trabajo agropecuario por cuenta propia. El Juzgado desestimó la demanda y en vía de suplicación, tras pedir una revisión fáctica sobre sus rendimientos netos que le fue denegada, se rechazó el recurso por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia contra cuya sentencia se interpuso recurso de unificación de doctrina que fue inadmitido por falta de contradicción, por auto de fecha 31/05/2018. La Sala entiende que no concurre un supuesto especialmente cualificado al que se refiere en su doctrina previa, que exige que el error sea "craso, evidente e injustificado". Argumenta que en el presente caso, en el que la parte demandante está discrepando de la valoración de la prueba que se realizó por los órganos judiciales, pretendiendo en este momento que se vuelva a revisar lo decidido por dichas resoluciones judiciales, solicitud que no procede ya que ambas han valorado las pruebas aportadas, motivando suficiente y coherentemente la fijación de los hechos, en una interpretación coherente y razonable de las pruebas aportadas que, en modo alguno cabe calificar como errónea en el sentido jurisprudencial anteriormente indicado.
Resumen: La sentencia anotada decide un recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad. La sentencia de suplicación confirma el reconocimiento de existencia de relación laboral desde el 5/4/10 y el derecho de la actora a percibir las sumas indicadas en el fallo, al entender que el contrato de colaboración social no obedecía a una causa temporal real y, por ello, no resultaba aplicable la d.Final 2ª del RDL 17/14, de 26 de diciembre. Alega el M.Fiscal que dicha norma permitía la continuidad de la colaboración social celebrada antes del establecimiento de la doctrina jurisprudencial sentada en las SSTS de 27/12/13, tanto si se realizan actividades de carácter permanente u ordinario, como de naturaleza temporal. Se trata de coordinar la doctrina jurisprudencial con la d.final 2ª del RDL 17/14. Concluye la sala IV indicando que la finalidad de la norma era que continuasen vigentes las características de temporalidad atribuidas a los contratos de colaboración social suscritos antes del 27/12/13; fecha de las sentencias que supusieron un cambio jurisprudencial. En consecuencia, se estima el recurso resolviendo que los contratos de colaboración social vigentes y celebrados con anterioridad al 27/12/13 siguen siendo válidos cualquiera que sea la actividad contratada, temporal o permanente y sin que sean considerados contratos laborales.
Resumen: Se casa y anula la sentencia de suplicación para determinar que el tiempo dedicado por los trabajadores en el servicio de salvamento y extinción de incendios o en la dependencia del servicio en el área de maniobras y plataformas, del aeropuerto de Palma de Mallorca, a desplazarse desde el centro de trabajo a distintos lugares donde se ordena la prestación de servicios, así como su regreso, no es tiempo de trabajo a todos los efectos y no debe retribuirse como jornada extraordinaria. Argumenta la Sala 4 que el tiempo que transcurre yendo desde el Bloque técnico hasta el Parque SSEI no se está a disposición del empleador sino llevando a cabo una tarea preparatoria y análoga a la desde el desplazamiento desde el vestuario de la empresa hasta el lugar de trabajo, sin que el hecho de que haya de accederse primero al Bloque Técnico y utilizar una tarjeta magnética de acceso signifique que haya comenzado a discurrir el tiempo de trabajo.
