Resumen: La sala IV establece en la sentencia comentada que tiene acceso al recurso de suplicación la sentencia de instancia que resuelve sobre una demanda de impugnación sanción de extinción de la prestación por desempleo, cuando la cuantía litigiosa alcanza los 3.000 € exigidos con carácter general en el art. 191.2.g LRJS, aunque no llegue a los 18000 € recogidos en el art. 192.4 de la LRJS. En el caso enjuiciado se pretendía se dejara sin efecto la sanción de extinción de la prestación de desempleo acordada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). La sentencia de suplicación inadmitió el recurso de suplicación por no alcanzar el importe económico del acto impugnado a 18000 €, por lo que no cabía recurso de suplicación. La sala IV, tras recordar que cuando se trata de analizar la propia competencia objetiva de la Sala no es preciso la contradicción, anula la sentencia devolviendo las actuaciones para que la Sala de suplicación, partiendo de la recurribilidad de la sentencia de instancia, entre a resolver el fondo de la cuestión debatida. Fundamenta su decisión en que la restricción establecida en el art 191.3.g) LRJS sobre la recurribilidad en suplicación de las sentencias de instancia, limitada a la cuantía de 18.000 € únicamente afecta a las sanciones que se impongan en materia laboral, no de Seguridad Social y en que el acceso al recurso solo vendrá limitado por la cuantía general de 3.000 €, referida al contenido económico del acto impugnado
Resumen: Recurre el FOGASA en casación unificadora la sentencia del TSJ que confirma la de instancia que declara la improcedencia del despido declarando la extinción de la relación laboral en la fecha de la resolución, condenando a la demandada al abono de la indemnización, incrementada en la suma de 21.696,51 euros, en concepto de salarios de tramitación. El Abogado del Estado en representación del FOGASA plantea dos motivos de recurso, por un lado, si es posible, en un despido que se califica como improcedente y resulta imposible la readmisión, condenar por salarios de tramitación y, por otro, si, en caso de despido improcedente, el FOGASA tiene facultades para anticipar el derecho de opción del empresario. Con relación al primer motivo la Sala IV declara la falta de contenido casacional pues la doctrina consolidad de la Sala mantiene que las consecuencias del art. 110.1 b) LRJS conlleva el pago de salarios de tramitación. Deduce la Sala, respecto del segundo motivo que no concurre contradicción, pues en la sentencia de contraste en ningún momento el trabajador interesó en el acto de juicio que se declarase en sentencia la extinción de la relación laboral, en la sentencia recurrida en la que, junto a la opción ejercitada por FOGASA, concurre la realizada por el propio trabajador, con amparo en el apartado b) del art. 110.1 de la LRJS, lo que, en cualquier caso, permite a la Sala de suplicación entender que en esa doble petición debe primar la del trabajador.
Resumen: El problema que se suscita en la sentencia anotada es el de determinar si la formalización de 30 contratos temporales sucesivos suscritos en la modalidad de interinidad por sustitución desde el 21-12-1990 al 22-7-2002, fecha en la que se suscribió contrato de interinidad por vacante, cuya duración superó ampliamente el plazo de tres años, previsto en el art. 70 EBEP, nova el contrato de trabajo, existente entre las partes en la modalidad de indefinido no fijo, cuestión a la que la Sala de suplicación da una respuesta positiva. Pero, el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso, al no coincidir ni los hechos ni los fundamentos con la sentencia que se aporta de contraste.
Resumen: Se plantea la cuestión consistente en decidir si el contrato de interinidad por vacante puede convertirse en indefinido no fijo por el mero transcurso del plazo tres años del art. 70 del EBEP. La sentencia reitera la doctrina de la Sala en el sentido de que dicho precepto no establece que la superación del plazo de tres años suponga la novación de los contratos de interinidad por vacante, ni tampoco que este tipo de contratos tenga una duración máxima de tres años. La conversión en indefinido no fijo sólo podría derivar de la apreciación de la existencia de fraude o abuso en la contratación, circunstancias que aquí no aparecen constatadas, no existiendo, pues, elementos que puedan llevarnos a afirmar que se ha desnaturalizado la causa de temporalidad del contrato de trabajo.
Resumen: Se plantea en casación para la unificación de doctrina si la superación del plazo de tres años contemplado en el artículo 70.1 del EBEP, convierte o no en indefinido no fijo el contrato de interinidad de la trabajadora, parte recurrida en el actual recurso. La sentencia recurrida confirma la sentencia de instancia que estimo la demanda formulada por la trabajadora y declara que se encuentra vinculada con su empresario la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CAM por una relación laboral indefinida. La Sala IV entiende que no existe la identidad y la contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste que exige el artículo 219.1 LRJS. La sentencia de contraste examina la cuestión de si el mero transcurso del plazo de tres años previsto en el artículo 70.1 EBEP convierte el contrato de interinidad por vacante en indefinido no fijo. La sentencia recurrida, en cambio, no declara que la relación laboral de la trabajadora es indefinida no fija por la mera superación del plazo de tres años del artículo 70.1 EBEP de su último contrato de interinidad por vacante suscrito en 2014, sino que lo hace por entender que la contratación de la trabajadora fue fraudulenta desde el primer contrato de obra o servicio determinados celebrado en 2006.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaira, desestima la demanda en la que se solicitaba se declarara nula la decisión empresarial comunicada el 14-2-2019 por Novaltia S. Coop. a los trabajadores de los centros de trabajo de Zarátamo y Vitoria-Gasteiz, por la que las relaciones laborales de los trabajadores adscritos a dichos centros pasaban a regirse por el Convenio Colectivo Estatal para el Comercio de Mayoristas Distribuidores de Especialidades y Productos Farmacéuticos, con condena a la empresa a reponer a los afectados en sus anteriores condiciones de trabajo con aplicación del Convenio Colectivo de Cooperativa Farmacéutica Vascongada SCL (Vascofar). La Sala IV sostiene que el convenio colectivo aplicable a la empresa absorbida se ha mantenido vigente en ultraactividad, por aplicación art. 44.4 ET. Finalizada la misma se aplicará el convenio de rango superior al igual que en la empresa absorbente. Con remisión a criterio previo, sostiene que si bien el convenio colectivo de origen no ha expirado, que se mantiene vigente en ultraactividad, si consta que con posterioridad a la fusión, ha entrado en vigor un nuevo convenio colectivo aplicable, cual es el Convenio Colectivo Estatal para el comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos, (BOE 19-10- 2017) convenio que se viene aplicando a los trabajadores de la empresa absorbente y que procede también para los centros controvertidos
Resumen: La Sala IV reitera doctrina y en cuanto a la interpretación y aplicación del art. 70 EBEP, sostiene que el plazo de 3 años a que se refiere no puede entenderse como una garantía inamovible, por lo que el mero transcurso de un periodo de tiempo superior no convierta en indefinida no fija la relación del trabajador de forma automática. El precepto va referido a la ejecución de la oferta de empleo, sin que del mismo se derive cuál debe ser el alcance de la superación del plazo en relación con la naturaleza del contrato. La conversión en indefinido no fijo sólo podría venir derivada, en todo caso, de la apreciación de la existencia de fraude o abuso en la contratación, circunstancia que aquí no concurren. En definitiva, se trata de la finalización regular de un contrato de interinidad por vacante, válidamente celebrado, que se produce por la concurrencia de la causa extintiva propia, cual es la cobertura reglamentaria de la plaza para la que fue contratada la actora. La consecuencia es la inaplicabilidad de las reglas indemnizatorias del despido por causas objetivas y, dado que no se contempla indemnización alguna para el caso de la terminación regular del contrato de interinidad, no le corresponde a la trabajadora indemnización alguna. No procede aplicar la que sea equivalente al despido por causas objetivas, ni aquella otra que el legislador ha fijado para otras modalidades contractuales en el art. 49.1 c) ET.
Resumen: La cuestión nuclear deducida en la sentencia anotada gira en torno a la procedencia o no de la indemnización por el cese en la plaza ocupada mediante contrato de interinidad por vacante, acaecido tras un proceso extraordinario de consolidación de empleo. La Sala de suplicación reconoció la indemnización postulada, sin embargo tal parecer no es compartido por el TS. Razona al respecto que en nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; en el caso de la interinidad, esa indemnización es inexistente. Por lo tanto, siguiendo doctrina emanada de TS, Pleno, 13-3-2019 (rec. 3970/16), y la evolución de la doctrina TJUE, la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no da lugar a la indemnización de los despidos por causas objetivas. Tampoco se produce la conversión en indefinida no fija de la relación laboral por transcurso del plazo de tres años del art. 70 EBEP. Hay que destacar que en esta resolución recala la Sala en las recientes SSTJUE de 19-3-2020 (C-103/18), y C-429/18, respecto a la necesidad de que se examinen en cada caso las circunstancias concurrentes para determinar si se está ante una práctica abusiva e incumplimiento de la Directiva 1999/70.
Resumen: No entra a conocer la sentencia la cuestión relativa a si el contrato de interinidad por vacante es válido o la relación laboral debe ser considerada de carácter indefinido no fijo por haber superado el plazo de 3 años del art. 70 EBEP, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia de contraste, por cuanto en la sentencia recurrida la actora suscribió un primer contrato de interinidad para puesto fijo discontinuo, y posteriormente contrato de interinidad por vacante para ocupar la plaza hasta la conclusión de los procesos selectivos regulados en el convenio colectivo de aplicación, siéndole comunicado a la actora que al no haber sido obtenida la plaza por nadie la misma se vinculaba a varias ofertas de empleo pasadas y su contrato continuaba vigente, sin que nada de ello conste en la sentencia de contraste, en que a la actora se le contrató con un contrato de interinidad por vacante vinculada a una única oferta de empleo, sin que conste en la sentencia de contraste, y sí en la recurrida que la plaza saliera a concurso
Resumen: La cuestión planteada en la sentencia anotada es la de determinar si la superación del plazo de tres años contemplado en el artículo 70.1 del EBEP, convierte o no en indefinido no fijo el contrato de interinidad por vacante desde el 15-6-2007. Y el TS, reiterando doctrina, declarara que el mero transcurso del plazo de tres años en el contrato de interinidad por vacante, vinculado a oferta pública de empleo, no convierte al contrato en indefinido no fijo. En todo caso, el citado plazo de tres años no puede entenderse como una garantía inamovible pues la conducta de la entidad empleadora puede abocar a que antes de que transcurra dicho plazo, se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, sea por otras ilegalidades, con las consecuencias que cada situación puede comportar; al igual que en sentido inverso, el plazo de tres años no puede operar de modo automático. En definitiva, son las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar a una concreta concesión. Hay que destacar que en esta resolución, recala la Sala en las recientes STJUE de 19-03-2020, sobre empleos de duración determinada, señalando que ese es el criterio que ha venido aplicando la Sala cuando ha entendido que no había causa ni razón alguna que pudiera justificar la no realización efectiva de las convocatorias públicas de empleo.
