• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 15/2020
  • Fecha: 08/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda de revisión de la que trae causa la sentencia anotada, se solicita la revisión de una sentencia que confirmó la resolución del INSS que reconoció al actor prestación de incapacidad permanente total, desestimando el reconocimiento de prestación de gran invalidez. Se aporta en el recurso revisión, al amparo del art. 510 de la LEC, informe médico pericial de 7/8/19. El TS rechaza la revisión pretendida, de acuerdo a reiterado criterio jurisprudencial, porque el documento no es eficaz a efectos de la revisión de la sentencia. En primer lugar, no es de fecha anterior a la sentencia recurrida ni tiene el carácter de documento decisivo al que alude el art. 510 LEC, ni se trata de documento que haya sido retenido por fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo favor se hubiese dictado el fallo impugnado. Dicho documento expresa el criterio de un médico y se aporta en un proceso en materia de responsabilidad patrimonial, pero lo en el expuesto no puede prevalecer sobre el criterio sentado en la sentencia recurrida. Y, finalmente, se ha superado el plazo de 3 meses recogido en el art. 512.2 de la LEC. En consecuencia, además de ser extemporánea la demanda, no concurre ninguno de los motivo de revisión del art. 86.3 LRJS, ni del art. 510 LEC.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4792/2018
  • Fecha: 07/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se casa y anula la sentencia de suplicación, tras interpretar lo dispuesto en los arts. 69.1 y 151 LRJS, y art. 23 RD 928/2998 de 14 de mayo, y tras recordar la abundantísima jurisprudencia en relación a las Mutuas, y respecto de la que se confluyó que no se les puede aplicar el art. 71.4 LRJS, que permite el nuevo ejercicio de la acción, siempre que el derecho no haya prescrito. Concluye la sentencia que la empresa no interpuso recurso de alzada contra la resolución administrativa, no siendo hasta dos años después cuando presenta reclamación previa, por lo que en aplicación de la doctrina constitucional sobre los actos administrativos firmes y consentidos, se debe concluir que no puede admitirse la demanda por haberse omitido el preceptivo recurso de alzada, al tratarse de un acto consentido que no fue recurrido en tiempo y forma
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3037/2018
  • Fecha: 26/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada recae en proceso de conflicto colectivo en el que se impugna como modificación sustancial de condiciones de trabajo la variación del sistema de incentivos decidida por la demandada. La Sala IV, comienza por descartar la defectuosa articulación del recurso de casación unificadora por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción y la inexistencia de contradicción planteadas en la impugnación del recurso. En cuanto al fondo del asunto, tras sistematizar la jurisprudencia sobre cuándo una modificación es sustancial, considera que la adoptada por la empresa no lo es, ya que el sistema de incentivos se implantó en la empresa en 2014 y el mismo ha ido variando en los ejercicios posteriores, por lo que no puede entenderse consolidado. Además, tampoco consta la repercusión cuantitativa negativa que haya podido tener el sistema de incentivos fijado para el ejercicio 2017. Sin que puedan acogerse los argumentos de la impugnante, pues ni en convenio ni en pacto individual se regulan los incentivos. En consecuencia, se estima el recurso de la empresa y se confirma la sentencia de instancia desestimatoria de la demanda
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 3930/2018
  • Fecha: 25/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No entra la sentencia a conocer de la cuestión relativa a si procede el reconocimiento en situación de incapacidad permanente total por silicosis, por no apreciarse la existencia de contradicción con la sentencia de contraste, ya que si bien en ambos supuestos los trabajadores padecen silicosis simple o de grado 1 sin enfermedades intercurrentes y sin puesto de trabajo en sus empresas no expuesto al riesgo pulvígeno, pretendiendo el reconocimiento en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional en base al artículo 45.1 de la OM 15-04-1969, ahí acaban las similitudes, ya que en la sentencia recurrida consta que el trabajador fue despedido por causas económicas, lo que no consta en la sentencia de contraste, por lo que pierde relevancia el factor de la posible recolocación en otro puesto de trabajo de la misma empresa, lo que sigue siendo relevante si no se ha extinguido el contrato de trabajo. Además, en la sentencia recurrida consta que el trabajador recibió indemnización conforme a la Orden de 09-05-1962, lo que no consta en la sentencia de contraste.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 1713/2018
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si la sentencia de instancia desestimatoria de la demanda de 33 trabajadores de una Agencia Pública Andaluza en la que reclaman cantidades en concepto de trienios, era recurrible. La Sala IV analiza el acceso al recurso de suplicación, cuestión que puede ser examinada de oficio y al margen de la contradicción entre sentencias, concluyendo que la sentencia de instancia era recurrible. Y ello porque de las cantidades reclamadas por los 33 trabajadores, sólo en lo que se refiere a dos de ellos no superaban los 3000 €, que es el límite de acceso al recurso. Y la pretensión de reclamación de cantidad, en el supuesto de una demanda planteada por varios trabajadores, tiene acceso al recurso cuando alguna de las sumas reclamadas es superior a los 3000 €. A lo que se suma que, conforme a lo ya establecido por la Sala IV, si la traducción económica del derecho reclamado es inferior a 3000 €, pero la cantidad acumulada reclamada supera esa cifra, la sentencia de instancia es recurrible en suplicación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 48/2019
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el Tribunal Superior de Justicia se dictó sentencia que desestimó el recurso de suplicación contra la sentencia desestimatoria de la demanda en procedimiento de despido. Contra la sentencia firme dictada por el TSJ se admitió a trámite la demanda de revisión. Se señala que la sentencia no fue recurrida en casación, por limitaciones sustantivas y procesales del propio recurso y por las coacciones y amenazas por el inicio de acciones penales. Se manifiesta que el demandante prestó su consentimiento a un acuerdo de baja voluntaria bajo la amenaza de interposición de acciones penales y civiles por la comisión de supuestos hechos delictivos. Se aporta en apoyo de la revisión un Auto que desestimó un recurso de apelación interpuesto por la empresa confirmando el auto dictado por el Juzgado de Instrucción de sobreseimiento provisional de diligencias. La Ley exige, para la válida interposición de la demanda de revisión, no solo que la sentencia sea firme y que se hayan agotado previamente los recursos jurisdiccionales previstos. A la luz de todo lo anteriormente expuesto en orden a la configuración del recurso extraordinario de revisión de sentencias firmes, se debe desestimar el recurso que, en su día, debió ser inadmitido. No consta que la parte que promueve el recurso haya agotado el recurso de casación para la unificación de doctrina, y el Auto de sobreseimiento dictado en procedimiento penal de fecha 12/09/2019), es de fecha posterior a la sentencia que se pretende revisar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 3907/2018
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora solicitó la prestación de IP, que le fue denegada por el INSS por no encontrarse en situación de alta o asimilada y no ser sus lesiones constitutivas de ningún grado de incapacidad. La sentencia de instancia admite que las dolencias de la actora son constitutivas del grado de IPP, pero niega el reconocimiento de la prestación porque no concurre el requisito de alta. Recurre únicamente la parte actora en suplicación -sin que el INSS hubiere llegado ni tan siquiera a impugnar el recurso-, para plantear que debe aplicarse la doctrina flexible y humanizadora para considerar que se encuentra en situación asimilada al alta. La sentencia recurrida no solo no se pronuncia sobre es única pretensión ejercitada en suplicación, sino que revisa de oficio lo declarado en la sentencia de instancia para establecer que las dolencias de la demandante no son constitutivas de incapacidad permanente parcial. Se plantea en casación unificadora determinar si incurre en incongruencia la sentencia de la Sala cuando sólo recurre la trabajadora demandante que no ha impugnado ese pronunciamiento. La Sala IV concluye que lo expuesto provoca una reformatio in peius atentatoria del derecho de tutela consagrado constitucionalmente, a la vez que con ello incurre en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre la pretensión ejercitada por la recurrente que constituye el único objeto del recurso de suplicación, contraviniendo de esta forma lo dispuesto en el art. 218.1 LEC.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 3457/2019
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por resolución de 29/7/11 se impuso a la empresa sanción por infracción muy grave; recurrida en alzada, el recurso fue desestimado por resolución de 11/1/18. La sentencia de suplicación desestima la excepción de prescripción de la sanción. Recurre la empresa en casación unificadora, siendo la cuestión debatida si el plazo de prescripción debe comenzarse a computar a partir de la resolución del recurso de alzada o si el plazo debía computarse desde el día siguiente al transcurso de los 3 meses en que debió de haberse resolverse el recurso administrativo. La Sala IV razona que, a pesar de que la sanción impugnada se rige por la ley 30/92, ha de aplicarse retroactivamente la previsión del art. 30 de la ley 40/15, como ya se ha decidido por la STS 3ª de 30/11/20 (R. 6120/19). Y, conforme a lo establecido en el art. 115.2 de la ley 30/92, transcurrido el plazo de 3 meses que marca el precepto, la empresa podía entender desestimado su recurso y tenía expedita la vía judicial procedente para impugnar la sanción. En consecuencia, la sanción está prescrita pues se había agotado con creces en el momento en que la administración demandada dicta la resolución desestimatoria del recurso de alzada -11/1/18- no sólo el plazo de 3 años establecido, con carácter general, para las infracciones muy graves del art. 132.1 Ley 30/92, sino también el específico de 5 años del art.7.3 del RD 928/98.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 2668/2018
  • Fecha: 23/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si la acción de conflicto colectivo está prescrita, cuando se presenta más de un año después de la efectividad de la medida pero que sigue aplicándose cuando se inicia el conflicto colectivo. En suplicación la sala estimó que la acción no estaba prescrita al estar en liza una medida empresarial que proyecta sus efectos a lo largo del tiempo, encontrándose todavía en vigor en el momento del inicio tanto extrajudicial como judicial del conflicto colectivo. En unificación de doctrina se circunscribe la cuestión a la prescripción de la acción. La decisión empresarial no se agota en un solo acto, sino que proyecta sus efectos hacía el futuro. Al ser la prescripción extintiva una institución que atiende a pragmáticas consecuencias de dotar a las relaciones jurídicas de un mínimo de certeza y seguridad, debe ser interpretada con criterio estricto. Aunque no estemos en presencia de una obligación de tracto sucesivo “strictu senso”, existe un posible incumplimiento empresarial de las normas imperativas sobre distribución de la jornada de trabajo frente al que la representación sindical reacciona planteando un conflicto colectivo. El hecho de que la medida empresarial se prolongase en el tiempo, permite que la reclamación pueda efectuarse mientras los efectos de tales medidas sigan vigentes y en aplicación. Sostener lo contrario sería tanto como mantener que el transcurso del tiempo convierte una medida ilegal en legal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 4600/2018
  • Fecha: 23/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión planteada se centra en decidir si se ha modificado sustancialmente las condiciones de trabajo de la trabajadora demandante, al obligarle a trabajar más de quince domingos y/o festivos durante el año 2015. La sentencia comentada no aprecia la contradicción porque en la recurrida la demandante mantuvo desde su contratación hasta el año 2015 los mismos domingos o festivos, entendiéndose, por tanto, que dicha circunstancia acreditaba la concurrencia de condición más beneficiosa, cuya modificación debía articularse obligatoriamente por la vía del art. 41 ET, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27.8 del convenio, que no pudo considerarse en la sentencia de contraste porque no estaba entonces vigente.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.