Resumen: La rectificación de una autoliquidación -y la consiguiente devolución de ingresos indebidos- sí es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea.
Resumen: La sentencia recurrida no se dictó en situación de vacío probatorio, pues se apoyó en la declaración del propio recurrente -que no negó la realidad de los hechos cuando prestó declaración asistido de abogado y una vez instruido de su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable-, en la testifical del mando que emitió el parte y de la cabo primero que tenía nombrado el servicio junto con el recurrente y en la documental consistente en el cuadrante de planificación de los servicios del mes, prueba de cargo, toda ella, que fue lícitamente obtenida, regularmente practicada y razonablemente valorada para alcanzar una convicción sobre la certeza de los hechos declarados probados no dio lugar a duda alguna, por lo que no se vio infringido el derecho a la presunción de inocencia ni resultó aplicable el principio in dubio pro reo. Los hechos declarados probados -conforme a los cuales, el sargento recurrente, sin ponerlo en previo conocimiento de sus superiores y por unos alegados motivos de índole personal, no compareció a prestar el servicio que tenía encomendado- se incardinan adecuadamente en la falta apreciada, sin que resulte relevante la alegación relativa a que el servicio no se vio afectado, al haberse llevado a efecto por la cabo primero que debía prestarlo junto con él, ya que se trata de una infracción de mera actividad que no exige que se cause perjuicio al servicio, circunstancia esta solo importante para valorar la extensión de la sanción a imponer.
Resumen: En aplicación del criterio fijado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en pronunciamientos anteriores, se concluye que si una Administración, para el ejercicio de las funciones que le son propias, solicita de la Administración Tributaria la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines tributarios; ahora bien, si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias, como sería la potestad sancionadora en este caso, y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado. Por tanto, el acto dictado con base en unos datos tributarios cedidos será conforme a Derecho si la cesión respeta las reglas del artículo 95.1 de la LGT.
Resumen: Las indagaciones preliminares realizadas por el dador del parte disciplinario -al amparo del art. 40.2 LORDGC- no implican ni la nulidad del parte ni del expediente disciplinario por el hecho de que no se acordara, con carácter previo a este, la práctica de una información reservada. El recurrente no ha acreditado, no ya lo indispensable de la prueba denegada o no practicada, sino ni siquiera su necesidad para la fijación de los hechos con relevancia disciplinaria, no habiendo identificado en qué haya consistido el menoscabo sustancial que hubiera experimentado por culpa de la actuación administrativa o judicial en cuanto a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, ni cuales fueron los hechos relevantes que quiso y no pudo acreditar, de forma que no ha concretado de qué manera se le originó una indefensión material real y efectiva. La prueba se practicó en el seno del procedimiento sancionador con total respeto al derecho de contradicción. Se está ante un procedimiento de control jurisdiccional de la actuación de la Administración que es directo o de instancia única y de plena cognición -aunque referido únicamente al objeto del proceso-, por lo que la sala puede entrar en el examen del expediente disciplinario. Se aprecia que existió prueba de cargo, que fue razonablemente apreciada por la autoridad sancionadora, que extrajo de aquella conclusiones que se compadecen con la lógica, la razón y la sana crítica, por lo que no se vio afectada la presunción de inocencia.
Resumen: La negación de los hechos por los que fue condenado el recurrente por la jurisdicción penal supone una radical desviación de la naturaleza y estructura de la infracción por la que se impuso la sanción, cuyo hecho típico no es otro que la sentencia firme condenatoria de la jurisdicción ordinaria, sin perjuicio de la ponderación posterior de los hechos declarados probados tanto para su adecuada incardinación en la previsión disciplinaria típica como para la determinación de la consecuencia sancionadora. En el caso, la subsunción en la infracción disciplinaria muy grave apreciada es adecuada: en primer lugar, por el carácter doloso del delito contra la salud pública por el que fue condenado el recurrente -tipificado en los arts. 368 y 369.1.5.º CP-; y además, por el grave daño ocasionado a la Administración -en concreto, al cuerpo militar al que pertenece el recurrente, dedicado a la persecución del delito y cuyos miembros no pueden mostrar una tacha como la derivada de los hechos por los que se produjo la condena- y a los ciudadanos, por el perjuicio causado a la salud pública. La sanción de separación del servicio impuesta no puede tacharse de desproporcionada, a pesar de ser la más gravosa de las posibles, habida cuenta de la gravedad y relevancia de los hechos por los que se produjo la condena, objetivamente incompatibles con la probidad exigible a los miembros del instituto armado.
Resumen: No cabe apreciar infracción del derecho a la tutela judicial efectiva por vicio de incongruencia omisiva, ya que la sentencia recurrida dio cumplida contestación a las pretensiones articuladas en la demanda y a las alegaciones en que se sustentaban. No se aprecia la alegada vulneración del derecho a la práctica de la prueba conducente a la defensa de los legítimos derechos e intereses del recurrente, ya que las pruebas cuya defectuosa práctica se denuncia fueron íntegramente admitidas por el tribunal de instancia al estimar el recurso de súplica interpuesto frente a una inicial resolución denegatoria, sin que del resultado de la prueba practicada puede deducirse lesión alguna del derecho a la prueba ni perjuicio del derecho a la defensa. Tampoco resultó infringido el derecho a la presunción de inocencia, pues el tribunal de instancia valoró todas las circunstancias que en justificación de su conducta habían sido alegadas por el actor -relativas a la necesidad de presentar un parte disciplinario en la Comandancia contra su comandante, jefe de la Compañía, con quien tenía una mala relación-, aunque considerara, coincidiendo con la Administración sancionadora, que las mismas carecían del necesario carácter extraordinario como para justificar la fijación del propio servicio contraviniendo la normativa sobre jornada y horario en la prestación del servicio del personal de la Guardia Civil.
Resumen: No se aprecian las contradicciones probatorias invocadas en el recurso. El tribunal de instancia no dejó ámbito alguno para la duda o ni, por consiguiente, para la aplicación del principio in dubio pro reo. No se vio afectado el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pues cuando se emitió la orden incumplida no solo no existía procedimiento o investigación alguna contra los recurrentes, sino que se ignoraba que estos hubieran participado o se dispusieran a participar en la grabación de un vídeo no autorizado. La admisión de la pericial informática en los términos en que fue propuesta no puede vulnerar el derecho a la prueba, aunque su resultado no satisfaga las expectativas de los proponentes. Los recurrentes vulneraron, al menos por negligencia grave, sus elementales deberes de secreto y sigilo, al participar en la elaboración y difusión por WhatsApp de un vídeo sobre un acto de servicio consistente en la manipulación y traslado de un depósito de plantas de marihuana incautadas desde una dependencia a otra del acuartelamiento, con independencia de que la orden del comandante de puesto recordando aquella obligación se produjera antes o después de la edición y difusión del vídeo. También incumplieron el deber esencial de todo militar de informar sobre asuntos del servicio de forma objetiva, clara y concisa, al no reflejar en la papeleta de servicio -ni informar al mando por ninguna otra vía- la grabación y difusión del vídeo no autorizado.
Resumen: Modelo 720. Efecto retroactivo del art. 39.2. LIRPF. Prescripción. Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022 en el asunto C-788/19, Comisión Europea c. Reino de España. Alegaciones.
Resumen: Taxi. Revocación de licencia de autotaxi determinación de su naturaleza jurídica: sanción accesoria o condición resolutoria de la licencia. Aplicación de los principios del procedimiento sancionador.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos, relativos a la sentencia impugnada: a) vulneración del principio de presunción de inocencia del art. 24 CE; b) vulneración del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad del art. 25 CE; c) vulneración del principio de proporcionalidad sancionadora del art. 25 CE. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que, a priori, se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
