Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en lo siguiente: a) vulneración del derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24 CE; b) vulneración del art. 25.1 CE (principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad); c) vulneración del art. 19 LORDGC, que regula el principio de proporcionalidad. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Competencia de la CNMC para aprobar el contrato tipo de acceso a la red postal a elaborar por el operador designado para prestar el servicio postal universal. Obligación de comprobar que las tarifas fijadas en el contrato tipo se ajustan a los principios de transparencia, no discriminación y cobertura del coste ocasionado al titular de la red. Posibilidad de la CNMC de desarrollar los criterios para determinar las tarifas, imposibilidad de fijar ella misma las tarifas sustitutivas de las previstas en el contrato tipo pero si podrá la CNMC desarrollar criterios para su determinación, entre ellos, los relativos a la concesión de descuentos en el acceso a la red vinculados al volumen y características de los envíos. Entre estos criterios se incluyen los tendentes a impedir trato discriminatorio en los descuentos. Imposibilidad de que la CNMC establezca por si misma los descuentos de modo que, por su detalle, implique una fijación de tarifas. Posibilidad de declarar la disconformidad a derecho de los criterios en materia de descuentos que establezca la CNMC. En el caso: distinto tratamiento respecto del descuento efectuado a grandes y clientes y operadores alternativos. Determinación de que el tratamiento diferenciado -que no discriminatorio- dispensado en el contrato tipo a los grandes clientes minoristas y a los operadores alternativos no vulnera lo dispuesto en los artículos 11, 11 bis y 12 de la Directiva 67/97/CE.
Resumen: Situación de estancia irregular en España de un extranjero. Sanción aplicable, multa o expulsión. El TS confirma su jurisprudencia -sentencia 423/2022, de 6 de abril, rec. 3529/2021 y sentencia 337/2022, de 16 de abril, rec. 6695/2020- y, en interpretación de la normativa española (a los efectos de su compatibilidad con la Directiva de Retorno), concluye que la situación de estancia irregular determina, en su caso, la decisión de expulsión, sin que quepa la posibilidad de sustitución por una sanción de multa. En este sentido, afirma que la expulsión, comprensiva de la decisión de retorno y su ejecución, exige, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, tras la tramitación de un procedimiento con plenas garantías de los derechos de los afectados, conforme exige la jurisprudencia comunitaria. Tales circunstancias de agravación han de considerase las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de carácter subjetivo o de carácter objetivo, y que pueden comprender otras de análoga significación.
Resumen: La Sala, partiendo de la jurisprudencia que declara que la acción para reparar los daños causados al dominio público es de distinta naturaleza a la acción de carácter sancionador, responde a la cuestión de interés casacional planteada declarando que la prescripción de la infracción apreciada en el procedimiento abierto para la averiguación y determinación de la misma, no trasciende a la obligación de reparación del dominio público hidráulico afectado, como acción de distinta naturaleza que se ejercita en el mismo procedimiento, estando obligada la Administración a promover la restauración de la realidad física alterada o transformada por medio de la acción ilegal, y sin que la apreciación de prescripción de la infracción impida el oportuno pronunciamiento en el mismo procedimiento respecto de la oportuna reposición del dominio público hidráulico, y con menos razón, considerar que apreciar la prescripción de la infracción determina la improcedencia del procedimiento sancionador abierto al efecto y, en consecuencia, el requerimiento para la reposición del dominio público hidráulico se habría acordado sin seguir un procedimiento.
Resumen: Aun cuando en el ámbito del procedimiento disciplinario por falta leve no resulte aplicable la causa de abstención o, en su caso, de recusación, contemplada en el art. 53.10 LPM, concurren en el caso elementos fácticos relevantes y suficientes para considerar fundadas las sospechas del recurrente sobre la parcialidad y falta de objetividad del instructor designado por el mando sancionador, designación que, además, afectó negativamente al derecho de defensa. Entre tales elementos destaca que el teniente adjunto de la Compañía designado instructor del procedimiento disciplinario había intervenido directamente en los hechos objeto de investigación, al haber sido el autor de los documentos en los que, supuestamente, se contenía la orden incumplida por el encartado. Tal intervención impide reconocer en el instructor la falta de interés personal, objetividad, imparcialidad o neutralidad que le era exigible, pues su vínculo con los hechos objeto de investigación era de tal naturaleza e intensidad que, a priori, no puede apreciarse en él la ausencia de todo prejuicio o predeterminación en el desempeño de sus funciones como instructor. Esa desafortunada designación de instructor , además, afectó al derecho de defensa del recurrente, pues tal condición de instructor motivó que el mando sancionador denegara la prueba interesada por el encartado en orden a que el referido teniente declarara como testigo en el procedimiento , viéndose, en consecuencia, privado de tal medio de prueba.
Resumen: Modelo 720. Prescripción 39.2. LIRPF y sanción DA 18 LGT. Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022 en el asunto C-788/19, Comisión Europea c. Reino de España. Alegaciones.
Resumen: La Sala valora si imponer a una misma persona una sanción por cada una de las infracciones recogidas en los artículos 76.5 y 77.30 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, supone o no castigar una sola conducta dos veces. La sentencia concluye que no se puede sancionar a la entidad recurrente por ambas infracciones, no siendo compatible sancionar a una misma persona por la realización de emisiones radioeléctricas no autorizadas que vulneren o perjudiquen el desarrollo o implantación de lo establecido en los Planes de utilización del dominio público radioeléctrico o en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias -artículo 76.5 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones- y a la vez sancionarle como responsable de poner su red a disposición de un tercero que no tiene autorización para realizar las mismas emisiones radioeléctricas. Existe, pues, un concurso se normas sancionadoras sin que puedan aplicarse conjuntamente debiendo resolverse aplicando el principio de especialidad, siendo prevalente el tipo del 76.5 LGT.
Resumen: La sala reitera la doctrina fijada en la STS nº. 337/2022, de 16 de marzo (RC 6695/2020), confirmada después en la STS nº 423/2022, de 6 de abril (RC 3529/2021), remitiéndose íntegra y expresamente a los Fundamentos 2º, 3º y 4º de la sentencia citada en primer lugar. La respuesta a la cuestión de interés casacional era y es que "[?] Primero, que la situación de estancia irregular determina, en su caso, la decisión de expulsión y no cabe la posibilidad de sustitución por una sanción de multa. Segundo, que la expulsión, comprensiva de la decisión de retorno y su ejecución, exige, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, tras la tramitación de un procedimiento con plenas garantías de los derechos de los afectados, conforme exige la jurisprudencia comunitaria. Tercero, que por tales circunstancias de agravación han de considerase las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean carácter subjetivo o de carácter objetivo, y que pueden comprender otras de análoga significación." Sin que lo resuelto en la STJUE 3/3/22 -asunto C-409/20- cambie el sentido de la anterior respuesta.
Resumen: Auto de admisión. Precisar que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la disposición impugnada, en tanto puede suponer una limitación o restricción a la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial (ETH), resulta conforme o no a los principios de proporcionalidad y necesariedad ínsitos a las "imperiosas razones de interés general" definidas en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, el art. 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; los arts. 4.8 y 15 de la Directiva 2006/123/CE (Directiva de servicios) y los arts. 4, 9 y 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Resumen: La Sala de Admisión plantea abordar el examen relativo a si son aplicables los principios y garantías propios del procedimiento administrativo sancionador a la revocación de una licencia de autotaxi; y, segundo, si es posible obtener como prueba de cargo los datos de los obligados tributarios cedidos por la Administración tributaria para la tramitación de un procedimiento sancionador y su eventual integración en el ilícito del tipo infractor.
