Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado en el que la cuestión casacional a determinar consistirá en conforme la interpretación dada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de octubre de 2020 -asunto C-568/19 - a la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, la expulsión del territorio español es la sanción preferente a imponer a los extranjeros que hayan incurrido en la conductas tipificadas como graves en el art. 53.1.a) Ley Orgánica 4/2000 o, si por el contrario, la sanción principal es la multa siempre que no concurran circunstancias agravantes añadidas a su situación irregular. Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la Sala de enjuiciamiento pueda extenderse a otras si así lo exigiese el debate procesal finalmente trabado ( art. 90.4 LJCA) son los artículos 53.1.a), 55.1.b) y 57.1 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Reseñar que, sobre cuestión análoga, se ha pronunciado recientemente esta Sala: sentencias de 17 de marzo y 27 de mayo de 2021 ( RCAS 2870/20 y 1739/20), en un sentido que podría resultar favorable a la parte aquí recurrente.
Resumen: El tribunal sentenciador no vulneró el principio de causalidad, pues no declaró probado que el recurrente fuera el autor material del documento que presentó para acreditar que había superado las pruebas físicas requeridas en la convocatoria para ascenso a cabo, sino que, dentro del plazo de subsanación de defectos, presentó un certificado que, además de tener un formato obsoleto, figuraba firmado en determinada fecha por quien ya había cesado en su cargo previamente. El tribunal de instancia dispuso de suficiente prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia, dando por acreditado, sin duda alguna: que las bases de la convocatoria exigían tener superadas determinadas pruebas físicas dentro del año anterior a la fecha límite de admisión de solicitudes; que el recurrente fue excluido por falta de justificación de dicho extremo; que, dentro del plazo concedido para subsanar el defecto, aportó un certificado que resultó no ajustarse a la realidad; que no negó la realidad de los hechos determinantes de la condena, ya que manifestó que entendía que las pruebas físicas realizadas 2 años antes eran válidas a tenor de la normativa de la Armada; que presentó el certificado siendo consciente de su falsedad, para que surtiera efectos. El relato fáctico integra todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo -pues el certificado era apto para acreditar la superación de las pruebas físicas requeridas y se aportó a sabiendas de su falsedad-.
Resumen: Del conjunto de la prueba practicada se desprende que: el sargento recurrente salió a las 8:40 horas del portal donde se ubica su vivienda oficial dentro del acuartelamiento, vestido con chándal, accediendo a continuación a la oficina, en la que tenía asignado servicio a partir de las 8:00 horas y en la que, desde dicha hora, se encontraba de inspección el capitán jefe de la compañía; de ello no se desprende que el recurrente llegara desde el exterior del acuartelamiento; el sargento recurrente pidió disculpas al capitán, solicitándole, hasta en dos ocasiones, que le permitiera modificar la hora de inicio del servicio, lo que fue rechazado por el oficial. De todo ello se deduce que la argumentación de la sentencia de instancia por la que se excluye tener por probada la justificación alegada por el recurrente -relativa a que venía del servicio de urgencias de la Clínica Internacional de Avilés-no es contraria a las reglas de la lógica ni a las máximas de la experiencia.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar, en supuestos en que se ha constatado la superación del plazo para el primer vertido de energía establecido por el artículo 8.1 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, si la aplicación del principio de proporcionalidad para no proceder a la cancelación por incumplimiento de la inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución, puede hacerse depender del mayor o menor periodo temporal de la superación del plazo legal establecido, aun constatada la inexistente intervención de tercero como causante del retraso.
Resumen: Reintegro de subvenciones. Artículos 17.3.n y 37.2 LGS y principio de proporcionalidad.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos, relativos a la sentencia impugnada: a) vulneración del art. 25.1 CE (principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad) y jurisprudencia que lo desarrolla emanada de la sala de casación, en relación con la falta grave prevista en el art. 8.33 LORDGC; b) vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, reconocido en el art. 24 CE; c) error en la valoración de la prueba. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que eventualmente surjan en la deliberación en la que se examine y decida el recurso.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido el art. 24 CE, por infracción del derecho a la presunción de inocencia, así como el art. 25 CE. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) infracción del art. 24.2 CE, por vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías; b) infracción del principio non bis in idem, por haberse seguido contra el recurrente dos procedimientos disciplinarios distintos por los mismos hechos; c) ifracción del art. 25.1 CE, por vulneración del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad; d) vulneración del principio de proporcionalidad, con infracción del art. 19 LORDGC. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que eventualmente surjan en la deliberación en la que se examine y decida el recurso.
Resumen: La especialidad prevista en el art. 43.1 LORDGC -conforme al cual, en el cómputo de los plazos señalados por días en materia de procedimiento y recursos solo se excluyen los domingos y los declarados festivos- impide la aplicación al caso de la regla del art. 30.2 Ley 39/2015, que establece el carácter inhábil de los sábados, por lo que el acuerdo del instructor que consideró extemporáneo el escrito de alegaciones al pliego de cargos fue conforme a derecho. El comportamiento del recurrente -que, sin autorización de sus superiores, se ausentó del servicio, haciéndose cargo de él un compañero al que había pedido anticipadamente que le relevara, y que se reincorporó 45 minutos después de haberse ausentado, tras ser requerido al efecto por su superior, que lo había localizado de inmediato- carece de la gravedad necesaria para ser subsumido en la falta grave apreciada, teniendo perfecto encaje en la falta disciplinaria leve: la ausencia no causó perturbación alguna en el servicio, que se siguió prestando con normalidad por el compañero al que el recurrente pidió que le sustituyera; el recurrente se encontraba plenamente localizado; además, se reincorporó al servicio con premura, regresando a su unidad a los 45 minutos de haberse ausentado. La sala solo aprecia una culpa leve en el recurrente, que no tenía intención de dejar desatendido el servicio, aproximándose su conducta a un mero incumplimiento formal, al no haber obtenido autorización de sus superiores para la sustitución.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) infracción del art. 24.1 y 2 CE, con indefensión, por indebida denegación de la prueba propuesta, por errónea valoración de la prueba practicada y por deficiente motivación de la sentencia impugnada; b) infracción del art. 24.2 CE, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que eventualmente surjan en la deliberación en la que se examine y decida el recurso.
