Resumen: Justificación en razones de interés público de la reserva de la LOE en favor de arquitectos y arquitectos para redactar o dirigir proyectos constructivos cuyo objeto sea la construcción de edificios para usos del art.2.1 a) LOE. Justificación en razones de interés general de las restricciones del ejercicio de una actividad a determinados profesionales. Respaldo de la exigencia de unas determinadas condiciones de preparación y cualificación de los profesionales cuando la actividad administrativa trate de verificar que un inmueble cumple las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad necesarias para ser destinado al uso previsto. Prevalencia del principio de libertad de acceso con idoneidad sobre el de exclusividad y monopolio competencial. Necesidad de estar al caso concreto para determinar si en la redacción de un proyecto en concreto es suficiente la intervención de un arquitecto técnico o es necesaria la intervención de un técnico superior. Imposibilidad de admitir el monopolio sobre todo tipo de construcción a favor de una profesión determinada. En este caso, atendiendo al uso administrativo del edificio de cuya ampliación se trata, la competencia es de los arquitectos y arquitectos técnicos.
Resumen: No concurre la caducidad invocada, habida cuenta de que el expediente había quedado finalizado ya con los diversos intentos de notificación al interesado, debidamente acreditados, de la resolución sancionadora, amén de que la instructora acordó, con adecuada motivación, el mismo día del último intento de notificación, la suspensión de la tramitación y del cómputo del plazo de caducidad ante la abierta obstrucción de aquel a ser notificado, habida cuenta de la deliberada situación ilocalización en la que se había colocado. En cualquier caso, la notificación personal llevada finalmente a cabo tuvo lugar dentro del plazo de 6 meses a la vista de la suspensión de la tramitación de los expedientes administrativos acordada por el RD 463/2020 de declaración del estado de alarma. La sanción de separación del servicio impuesta es proporcionada, atendidos la naturaleza del delito por el que se impuso la condena penal -un delito contra la salud pública-, el daño provocado a los ciudadanos -por la lesión al bien jurídico de la salud-, por la grave afección al crédito e imagen de la institución y la frontal oposición a los deberes de rectitud, integridad y respeto a la ley exigidos a cualquiera de los miembros de la Guardia Civil, principios que no pueden predicarse de quien, estando obligado a luchar contra el tráfico de drogas, comete él mismo ese delito.
Resumen: Conforme al inalterable relato de hechos probados, la conducta del recurrente se incardina adecuadamente en el tipo disciplinario apreciado, toda vez que tenía la obligación de saber que debía atender a un ciudadano que se presentó a prestar declaración en un horario distinto del habitual, lo que, además de estar prevenido con carácter general en las normas de régimen interior aplicables a su unidad, constaba en el encargo concreto de su hoja de servicios y se le había advertido por el guardia civil al que relevó en el servicio, que le había indicado que un vigilante de seguridad acudiría, cuando saliera de su trabajo, a declarar como testigo en relación con la conducta atribuida a una persona que se encontraba detenida. La abierta negativa del recurrente a tomar declaración al vigilante de seguridad, al que remitió a otro puesto, supuso una clara y grave negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales que fue correctamente subsumida en la falta grave apreciada, por la que se le impuso la sanción mínima de las posibles para las faltas graves. La adecuada subsunción de la conducta en la falta grave hace inviable la pretensión subsidiaria relativa a la posible calificación de la conducta como falta leve.
Resumen: El recurso de casación contencioso-administrativo viene destinado a resolver cuestiones de derecho, con exclusión de las de hecho, sin perjuicio de la posible integración de los hechos declarados probados dentro de los marcados límites que permite el art. 93.3 LJCA, referido a supuestos en los que, partiendo del respeto a los hechos probados en la instancia, quepa un complemento mediante la inclusión de otros hechos omitidos en el relato fáctico probatorio y que aparezcan suficientemente justificados en las actuaciones, siempre que no contradigan aquella narración probatoria y su toma en consideración resulte precisa para apreciar la alegada infracción del ordenamiento jurídico. En el caso, el recurrente pretende imponer una conclusión valorativa en abierta contradicción con la narración fáctica contenida en la sentencia impugnada, lo que debe rechazarse de plano. Pero, es más, el tribunal sentenciador dio motivada respuesta sobre la valoración de la prueba realizada por la autoridad sancionadora, de la que se deduce una razonada y razonable apreciación del material probatorio, de las testificales practicadas y de la credibilidad del testimonio del dador del parte, cuya versión, además, resultó corroborada periféricamente por otras declaraciones testificales.
Resumen: La denegación probatoria fue razonadamente motivada, ya que a través de los medios probatorios denegados solo se podía poner de manifiesto el desconocimiento del recurrente respecto de la existencia, cometidos y exacto nombramiento de la figura de "coordinador de servicios", extremos que, además de estar ya acreditados en el expediente, resultaban irrelevantes para examinar la conducta sancionada, concretada en la desatención de un servicio y en la desconsideración con un superior. El recurrente no actuó adecuadamente cuando suspendió por decisión propia el control de alcoholemia que tenía ordenado realizar, pues no puede modificarse el servicio inicial por propia iniciativa sin previa autorización del Centro de Operaciones de Tráfico, salvo en casos urgentes, extremos estos últimos que no resultaron acreditados en las actuaciones. Respecto de la segunda falta sancionada, consta acreditado que cuando el sargento pidió explicaciones al cabo recurrente sobre su decisión de suspender el servicio, este, tras omitir el saludo militar, le contestó que "él no era nadie para fiscalizarle, ni para recibir sus novedades ni su saludo, porque no era su jefe natural", términos que -con independencia del tono de la respuesta, que resulta irrelevante-, integran la acción por la que se impuso la sanción, consistente en una actuación que, por las formas o por su contenido, suponga menoscabo en la consideración, honor, buen nombre o prestigio del sujeto pasivo.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que aunua una resolución sancionadora de la CNMC en materia de telecomunicaciones, fundada en una anterior resolución de la CNMC que, tras el oportuno test de replicabilidad, vino a declarar que la recurrente había incurrido en una práctica de irreplicabilidad económica. La sentencia recurrida considera que en el marco de la revisión de una sanción, y a fin de determinar si concurre o no el elemento objetivo de la infracción, el Tribunal puede examinar los hechos probados a la luz de las pruebas practicadas en autos, y en concreto, puede examinar el carácter irreplicable de la oferta y los criterios tenidos en cuenta a la hora de aplicar el test de replicabilidad. Desestimación del recurso de casación. La existencia de una anterior resolución de la CNMC, que devino firme, en la que se concluyó que la oferta económica presentada por Telefónica de España S.A.U. en el concurso público convocado por el Gobierno Vasco no era replicable económicamente por un operador generalista como Euskaltel no excluye que, una vez incoado un expediente sancionador a raíz de aquella resolución, Telefónica pueda combatir la concurrencia del elemento objetivo de la infracción a base de cuestionar los criterios y estándares aplicados por la CNMC al realizar aquel test de replicabilidad.
Resumen: Archivo de una diligencia informativa instruida en virtud de queja. Escrito de demanda donde no se argumenta nada sobre las hipotéticas infracciones (concurrencia de causas de abstención; diferenciación que hace el Acuerdo recurrido, y de su aplicación al caso de autos, entre las conductas constitutivas de infracciones disciplinarias y las decisiones que, por adoptarse en el ejercicio de la función jurisdiccional, quedan fuera del control de los órganos de gobierno de juzgados y tribunales; y prescripción) en que hubiera podido incurrir el Acuerdo recurrido. Los órganos de este orden jurisdiccional han de juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición, con la consecuencia de devenir imposible la estimación de un recurso cuando tales motivos no permitan detectar qué infracciones se imputan a la resolución impugnada.
Resumen: El recurrente no realizó designación formal de asesor militar de confianza, por lo que el instructor y el secretario no tenían obligación de notificar a este ninguna resolución del procedimiento, ya que aquella designación formal es condición sine qua non de la aplicación del régimen de notificaciones establecido legalmente. Conforme a lo dispuesto en la LO 8/2014, el informe del Consejo Superior del Ejército respectivo ya no está generalizado en todos los expedientes de una determinada clase de falta, sino que está limitado a los casos en que la propia LO lo exija, lo que ocurre cuando se propone la sanción de separación del servicio, razón por la que la intervención del citado órgano no era preceptiva en el caso. La permanencia del recurrente en situación de suspensión de empleo en dos periodos -uno derivado del procedimiento penal y otro de la imposición de la sanción disciplinaria- no conculca el principio non bis in ídem, ya que la sanción administrativa está desligada de la naturaleza penal de los hechos por los que fue condenado el recurrente, al ser distintos los bienes jurídicos en presencia, ya que la justificación de la sanción administrativa se encuentra en el lógico interés del Estado en la probidad de los miembros de las Fuerzas Armadas. Las resoluciones sancionadoras atendieron a la gravedad objetiva de la condena, ponderando el elevado grado de lesión producido al bien jurídico protegido -la imagen pública de las Fuerzas Armadas y la dignidad militar-.
Resumen: El TS desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la sanción de suspensión por comisión de falta muy grave impuesta por el CGPJ a magistrada que en funciones de guardia no dio cumplimiento a las requisitorias y orden de detención que se hacían saber como pendientes en el atestado policial. La Sala no comporte las quejas de oscuridad del atestado, en que se amparaba la recurrente para impugnar la sanción, ni que de dicho atestado se dedujera que la magistrada de guardia nada había de acordar sobre las requisitorias de las que daba cuenta. Tampoco aprecia la infracción de las garantías administrativas; por falta de motivación y de valoración de la prueba; de los principios de tipicidad, de culpabilidad, ni del principio de proporcionalidad al imponer, sólo, una sanción de suspensión por tiempo de cinco días.
Resumen: La simulación, sea objetiva o subjetiva, sea absoluta o relativa, al incorporar el dolo o intención entre sus elementos constitutivos excluye la comisión culposa o negligente y, desde luego, el error invencible de prohibición (inconciliable con la simulación). No es posible invocar la interpretación razonable de la norma prevista en el artículo 179.2.d) de la LGT para neutralizar la imposición de una sanción tributaria por hechos en que ha concurrido simulación. No cabe acogerse a un error de prohibición -de naturaleza invencible- para justificar la inexistencia de infracción ante hechos declarados, en la sentencia, como simulados, a menos que tal calificación pudiera excepcionalmente ser revisada con ocasión de un recurso de casación, y así lo hubiera pretendido el recurrente.
