• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MENCHEN HERREROS
  • Nº Recurso: 22/2019
  • Fecha: 18/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Solo cabe revisar en casación sentencias absolutorias analizando cuestiones jurídicas, sin que quepa reconstruir un nuevo relato fáctico al que anudar un pronunciamiento condenatorio. Ninguno de los documentos y demás elementos probatorios designados puede ser apreciado como evidencia del supuesto error padecido en la apreciación de la prueba. El único documento con relevancia casacional solo acredita que la sargento que ejerce la acusación presenta un trastorno psíquico de estrés postraumático de varios años de evolución compatible con un posible maltrato psíquico por acoso sexual que, sin embargo, carece de aptitud demostrativa de las vejaciones y asedio sexual que se imputan al acusado. La expresión empleada por la sentencia relativa a que determinados hechos que fueron objeto de acusación "no han quedado probados" no tiene carácter jurídico, por lo que no predetermina el fallo. El tribunal dictó sentencia absolutoria en atención a la ausencia de prueba de cargo bastante que acreditara la conducta abusiva atribuida al acusado, lo que fue razonadamente justificado, sin infracción alguna del derecho a la tutela judicial efectiva. Tampoco incurre la sentencia recurrida en déficit de motivación, pues razona de forma pormenorizada los motivos por los que considera que la versión sostenida por la acusación carecía de sustento probatorio suficiente como para enervar la presunción de inocencia. No procede imponer las costas a la acusación, al no apreciarse temeridad o mala fe.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO PIGNATELLI MECA
  • Nº Recurso: 45/2019
  • Fecha: 15/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En su escrito de preparación la parte que recurre considera que la sentencia de instancia ha infringido: (1) el art. 24.1 y 2 CE, en relación con el art. 2 LO 11/2007, de Derechos y Deberes de los Miembros de la Guardia Civil; (2) el art. 24 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en relación con el art. 5.1 y 2 de la misma ley; y (3) los arts. 28, 34 y 37 del RD 96/2009, por el que se aprueban las RROO para las Fuerzas Armadas, en relación con los arts. 15 y 16 LO 11/2007, de Derechos y Deberes de los Miembros de la Guardia Civil. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pueda extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL CALDERON CEREZO
  • Nº Recurso: 51/2019
  • Fecha: 15/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En su escrito de preparación aduce el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: (1) vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.1 CE); y (2) vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.2 CE). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pueda extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MENCHEN HERREROS
  • Nº Recurso: 21/2019
  • Fecha: 03/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El informe pericial analítico efectuado en fase de instrucción por organismos oficiales, por su objetividad, imparcialidad e independencia, tiene, prima facie, eficacia probatoria, sin que sea necesaria su ratificación en el juicio oral cuando haya sido propuesto como prueba de cargo y no se haya impugnado por ninguna de las partes. En cualquier caso, ante los problemas de conexión por videoconferencia, el informe pericial fue leído en la vista oral por el secretario relator al hacer el apuntamiento. En el recurso de casación no pueden plantearse cuestiones nuevas. La inferencia realizada por la sala de instancia cumple con los cánones de la lógica y la suficiencia, pues los múltiples indicios enumerados en la sentencia, como hechos base que reúnen todos los requisitos exigidos por el TS y el TC, conducen a afirmar, de modo razonable y sin que resulten admisibles conclusiones alternativas, los hechos consecuencia constitutivos de delito consistentes en las diversas relaciones que cada uno de los recurrentes tuvo con la droga intervenida. En consecuencia, se está ante una inferencia hábil para desvirtuar la presunción de inocencia. Resulta incompatible recurrir la sentencia por vulneración del derecho a la presunción de inocencia por falta de prueba de cargo y por error de hecho en la valoración de la prueba. Pero es más, este último motivo se apoya en testimonios prestados en sede judicial, lo que no constituye verdadera prueba documental a efectos casacionales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
  • Nº Recurso: 27/2019
  • Fecha: 02/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No puede prosperar el motivo basado en error facti, pues el recurrente no expresa dónde se encuentra el error, además de articular otro motivo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No se vulneró el derecho a la presunción de inocencia, ya que el tribunal sentenciador dispuso de suficiente prueba de cargo, consistente en la declaración del acusado en el juicio oral, junto a las testificales y documental que acreditan los diversos intentos de contacto realizados con el inculpado desde la unidad. Los hechos probados se subsumen adecuadamente en el delito contemplado en el art. 56 CPM, que fue correctamente interpretado, ya que en él se contempla un tipo penal abierto, en el que se hace referencia al militar que "incumpliendo la normativa vigente" se ausentara de su unidad, destino o lugar de residencia por más de 3 días o no se presentara pudiendo hacerlo. Estando de baja temporal con cumplimiento en su domicilio de Ceuta, al recurrente le fue concedido el pase a un domicilio en Badajoz, pero, pasados más de 2 meses, se revocó tal autorización y se le ordenó que cumpliera la baja en Ceuta, sin que el recurrente se presentara ni en la fecha señalada ni en los más de 3 días siguientes. Además, el recurrente no estuvo a disposición y bajo el control de sus superiores, pues ni compareció a pasar por los servicios sanitarios de su unidad ni se encontraba en su domicilio en Badajoz -al haberse trasladado a otra localidad-, donde no se le pudo entregar un burofax.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERA
  • Nº Recurso: 23/2019
  • Fecha: 01/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No se conculcó el derecho fundamental a los medios de prueba de la recurrente, ya que la denegación de la diligencia en la que se apoya el motivo obedeció a que la misma no era pertinente ni necesaria. Tampoco concurre la pretendida inmotivación del auto recurrido, que razona adecuadamente los motivos que respaldan su decisión de sobreseimiento, ofreciendo respuesta a las cuestiones nucleares objeto de controversia cuando señala que los testimonios practicados no acreditan que el denunciado incurriera en trato degradante hacia la denunciante, aunque su comportamiento pudiera calificarse de hosco, brusco, maleducado, displicente o grosero hacia el conjunto de los integrantes de la unidad, conducta que, aunque pudiera constituir infracción disciplinaria, carece de la gravedad suficiente para elevarla a la categoría de ilícito penal. No se aprecia que el recurso ejercitado por la acusación particular incurra en temeridad y mala fe respecto de uno de los acusados, ya que el auto recurrido sí formula reproche a su conducta, aunque de naturaleza meramente disciplinaria. Sin embargo, sí se aprecian respecto del otro coacusado, ya que, tras declarar 19 testigos, absolutamente nada se pudo acreditar respecto de lo reprochable de su conducta, hasta el punto de que en el recurso de casación se modificó la imputación hasta entonces mantenida frente a él, de forma que ya no se consideraba que hubiera cometido las mismas acciones que el otro coacusado, sino que no hizo nada por evitarlas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER JULIANI HERNAN
  • Nº Recurso: 10/2019
  • Fecha: 01/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Solo está legitimado para recurrir quien tenga interés en la modificación de la resolución recurrida como consecuencia del gravamen que le produce la desestimación de sus pretensiones. La recurrente se limitó, en sus conclusiones provisionales, a solicitar su absolución del delito de insulto a superior, sin formular acusación alguna como perjudicada frente a la acusada del delito de abuso de autoridad. En consecuencia, no puede admitirse legitimación a quien en la instancia no solicitó condena de la recurrida, que solo fue acusada por el Ministerio Fiscal del delito del que luego resultó absuelta. En cualquier caso, la escueta argumentación del recurso -conforme al cual, en los interrogatorios practicados en el juicio oral quedó demostrado que la acusada perpetró el delito de abuso de autoridad- no puede ser estimada: revertir una absolución en condena sobre una distinta configuración de las cuestiones de hecho exige que el tribunal ad quem realice su propia valoración, precedida de un examen directo de las pruebas personales del que no dispone; además, las declaraciones testificales, aunque puedan estar documentadas, no son un documento a efectos casacionales en el que pueda apoyarse el motivo de casación de error de hecho en la valoración de la prueba contemplado en el art. 849.2.º LECRIM.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO PIGNATELLI MECA
  • Nº Recurso: 25/2019
  • Fecha: 24/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La invocación de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por ausencia de prueba de cargo y, simultáneamente, de error de hecho en la apreciación de la existente prueba testifical y documental se excluyen mutuamente por ser incongruentes. El tribunal de instancia dispuso de prueba de cargo lícitamente obtenida, practicada con todas las garantías y referida a todos los elementos esenciales del delito, de la que, mediante una inferencia razonable y no arbitraria, dedujo los hechos y la participación que en ellos tuvo el recurrente. Aunque en el relato fáctico no se atribuye materialmente al recurrente el estampado del sello oficial sustraído y la firma mendaz en la casilla correspondiente de la hoja de servicios que entregó en la Jefatura de Sanidad, no siendo el de falsedad un delito de propia mano, es posible no solo subsumir los hechos en el delito apreciado sino concluir, de manera indubitable, la participación del recurrente en los mismos, atribuyéndole su comisión en concepto de autor o, al menos, de coautor o autor mediato. La mendacidad ha de ser de entidad bastante e idónea para causar error y confundir al destinatario de la misma, por lo que, dado lo burdo, grosero o patente de la misma y su consiguiente inidoneidad para producir el engaño, se estima que la actuación del recurrente carece de la necesaria antijuridicidad o de la entidad o gravedad intrínsecas para integrar, por sí misma, la conducta delictiva apreciada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER JULIANI HERNAN
  • Nº Recurso: 9/2019
  • Fecha: 24/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Al quedar las cuestiones de hecho al margen del recurso de casación, excede del examen que le es propio la valoración de la prueba. No obstante, en el ámbito del derecho punitivo en que se encuentra el derecho disciplinario militar cabe hacer una interpretación más laxa y agotar la tutela judicial en una materia tan impregnada de los principios que informan el derecho penal, en el que pueden revisarse los hechos en una segunda instancia. En el caso, el tribunal de instancia apoya su convicción sobre la realidad de los hechos en dos testificales que corroboran la versión del mando dador del parte, por lo que no se vulneró el derecho a la presunción de inocencia. En el caso no se estaba ante un reconocimiento médico de un paciente, sino que la desconsideración en alta voz del recurrente hacia su superior tuvo lugar mientras ambos estaban en el ejercicio de sus funciones, pues el superior, como comandante médico, le estaba comunicando la resolución de su expediente de determinación de insuficiencia de condiciones psicofísicas. La queja del recurrente sobre la ausencia de imparcialidad del instructor carece de trascendencia respecto del comportamiento objeto de reproche y no influye en el fallo de la sentencia impugnada. Los hechos no se produjeron en el contexto de un acto clínico en sentido estricto, sino tras la notificación de una resolución administrativa acogida con disgusto por el sancionado, lo que no admite una reacción alejada de la consideración debida a un superior.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
  • Nº Recurso: 33/2019
  • Fecha: 24/09/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: (1) los arts. 24 y 25 CE, al vulnerarse el derecho de defensa, así como el derecho a no declarar; (2) el art. 24 CE, al vulnerarse el derecho a la presunción de inocencia; (3) el art. 25 CE, por vulneración del principio de legalidad (tipicidad); y (4) el art. 25 CE, por vulneración del principio de proporcionalidad e individualización de la sanción. Puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales, de manera que, como el recurrente alega tales infracciones, sin prejuzgar el fondo del asunto pues únicamente se trata ahora de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, se acepta la existencia del invocado interés casacional objetivo, por lo que el recurso debe ser admitido a trámite.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.