Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: los arts. 486 LPM y 24.1 y 2 CE, en relación con la tutela judicial efectiva; los arts. 24.2 y 103 CE, en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías; los arts. 24.2 y 17 CE, en relación con la presunción de inocencia; y los arts. 25 y 17 CE, en relación con el principio de legalidad y de tipicidad. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales, de manera que, como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que lleva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1. LJCA, a que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: el art. 10 y concordantes de la Orden General 11/2014, sobre la prestación del servicio; y el art. 24 CE, respecto de la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad y la presunción de inocencia. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales, de manera que, como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que lleva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1. LJCA, a que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: La revisión de oficio de los actos administrativos nulos es un procedimiento extraordinario y excepcional que solo puede utilizarse cuando concurran los motivos de nulidad de pleno derecho previstos legalmente, supuestos en los que el interés general demanda que los actos afectados de tal invalidez sean expulsados de la vida jurídica. Por ello, la revisión de oficio es objeto de interpretación restrictiva y el procedimiento revisor excepcional. El recurso no ataca el acto administrativo que constituye su objeto -la resolución ministerial de inadmisibilidad del trámite revisorio por manifiesta falta de fundamento-, sino que se limita a reproducir las causas de nulidad invocadas en vía administrativa, introduciendo, además, otras nuevas. No concurre la primera causa de nulidad alegada, pues el jefe accidental de zona tenía competencia para acordar el inicio del expediente, por ostentar la misma competencia que el titular al que sustituía. No se vulneró el principio non bis in ídem, pues los hechos objeto de reproche fueron corregidos en un único expediente disciplinario, por más que se iniciaran dos, el primero de los cuales, al terminar sin declaración de responsabilidad, dio lugar al segundo, incoado por la posible comisión de infracción disciplinaria distinta. Las inexactitudes de la notificación del acuerdo de inicio del expediente carecen de vicio invalidante que afecte de nulidad radical al acto administrativo, sin que, además, produjeran indefensión al recurrente.
Resumen: El uso del art. 379.2 CP -tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l o tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 g/l- para fijar el grado de embriaguez es arbitrario y vulnera los elementos específicos del tipo penal eventualmente aplicable a los hechos -la embriaguez en acto de servicio de armas-, que no requiere sino una embriaguez que coloque al sujeto activo en situación de no poder desempeñar el servicio en las adecuadas condiciones psicofísicas, por determinar la incapacidad o una disminución de la capacidad necesaria para prestar dicho servicio. Lo que se cuestiona en el sobreseimiento es la existencia de un fundamento razonable para sostener una acusación sobre la apreciación indiciaria de elementos objetivos y subjetivos que justifican enjuiciar al acusado y no el problema de la procedencia de su absolución o condena, objeto exclusivo del juicio oral y de la sentencia. No procede acordar el sobreseimiento definitivo cuando, como ocurre en el caso, se constata la improcedencia de un juicio de tipicidad provisional con el alcance estrictamente necesario para excluir la certeza o seguridad de que los hechos indiciarios son atípicos. En este momento, no procede efectuar consideración alguna sobre la alegación de la Fiscalía Togada referida a la devolución de la causa para que se continúe la tramitación por sala de distinta composición hasta su conclusión por sentencia, sin perjuicio de su derecho a promover la recusación en el momento procesal oportuno.
Resumen: La denuncia de error facti debe ser desestimada, al haberse formulado con abierta inobservancia de los mínimos requisitos legales, ya que se apoya en pruebas personales -testificales- o en documentos que carecen de la literosuficiencia necesaria, al carecer del poder demostrativo directo exigido legalmente. La autoincriminación del acusado ante sus superiores no puede ser tenida en cuenta como prueba de cargo válida para desvirtuar la presunción de inocencia, al no haberse respetado en ella el derecho de defensa del acusado, que no estuvo asistido de abogado. Pero ello no significa que no existan otras pruebas válidamente practicadas de las que se infiere razonablemente la culpabilidad del recurrente, como la declaración de la víctima-perjudicado o el visionado de las grabaciones -en las que se aprecia que el acusado accedió con llave al dormitorio de la víctima, lo registró, cacheando la ropa y rebuscando entre sus pertenencias, y realizó una serie de actos que manifiestamente ponen de relieve que pretendía llevar a cabo una nueva sustracción de dinero-. Ese conjunto probatorio, unido a otros datos periféricos, como los referidos a la sustracción de la llave maestra, justifican suficientemente la conclusión de condena alcanzada por el tribunal de instancia. El motivo de casación invocado al amparo del art. 849.1.º LECRIM por infracción de ley penal sustantiva debe analizarse desde el respeto al relato de hechos probados, relato que contradice abiertamente el recurrente.
Resumen: Las pruebas practicadas en las que respaldó el fundamento de su convicción el tribunal de instancia son suficientes para enervar la presunción de inocencia. El principio de intervención mínima, como última ratio, es un razonable postulado de política criminal dirigido al legislador, pero, una vez tipificada la conducta como delito, la aplicación judicial del precepto no se rige por dicho principio, sino por el de legalidad que, en el caso, obliga a analizar si los hechos que se declaran probados son o no constitutivos del tipo apreciado, ya que carecen de previsión en el ámbito disciplinario. Concurren los elementos objetivo y subjetivo del tipo básico del art. 56.1 CPM: ausencia del recurrente de su unidad de destino por más de tres días; omisión de comunicación al mando de una determinada circunstancia médica por el cauce reglamentario -con quebranto de su deber de permanente disponibilidad-; y dolo genérico, evidente en un soldado profesional que conoce las obligaciones que le incumben. No concurre la contradicción de hechos probados que se invoca, al no existir incoherencia alguna entre los formulados, de forma racional, y el fallo. La falta de previsión legislativa del derecho a la doble instancia penal -hoy subsistente en el ámbito castrense- ha permitido elaborar una doctrina que, por la vía del art. 852 LECRIM, permite una revisión íntegra de la sentencia de instancia en casación, incluidas las cuestiones fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad.
Resumen: Resulta justificado el temor del recurrente sobre la falta de objetividad del instructor del expediente. La imputación por este de una tercera infracción que ni siquiera había sido contemplada en la orden de incoación del expediente disciplinario y el mantenimiento de la acusación por la falta grave de abuso de autoridad -una vez negado el supuesto abuso por la presunta víctima del mismo en declaración testifical-, proponiendo, además, sin justificación, la más gravosa de las sancionas previstas en la ley para tal infracción son claros indicios de aquella falta de objetividad. A ello se añade la posterior declaración testifical del propio instructor en otro expediente disciplinario en la que calificó al hoy recurrente como «antisistema», «terrorista administrativo», considerando que «una persona así no puede ser un buen guardia civil», circunstancias todas ellas que denotan aversión, enemistad o rechazo palmarios y ostensibles frente al mismo desde hacía tiempo. Asimismo, resulta relevante que la propia autoridad con potestad sancionadora tuviera que anular el pliego de cargos y la propuesta de resolución inicialmente formulados por el instructor y que posteriormente tampoco sancionara por la falta grave de abuso de autoridad que continuó siendo imputada por el instructor en los nuevos pliego de cargos y propuesta de resolución, así como que dicha autoridad rebajara sustancialmente la sanción propuesta por el instructor respecto de la única falta finalmente sancionada.
Resumen: El tribunal de instancia ponderó toda la prueba de cargo y de descargo de que se dispuso, explicando de forma lógica los fundamentos de su convicción sobre la certeza de los hechos que declaró probados, consistentes en que el recurrente, en su condición de jefe de turno, no realizó, o realizó incorrectamente, alguno de los puntos de verificación fiscal que anotó en su papeleta de servicio como efectivamente realizados. Las imágenes aportadas al expediente se corresponden con lo sucedido durante la prestación del servicio de vigilancia fiscal del aeropuerto, habida cuenta del medio puramente objetivo utilizado para su captura, la completa identificación de lugar y tiempo especificados en la solicitud de las imágenes y en la propia grabación y la fiabilidad de la cadena de custodia. El rechazo por el instructor del expediente de la documental propuesta -por redundante, innecesaria e irrelevante-, en modo alguno supuso indefensión material al recurrente, como luego puso de manifiesto su práctica en sede judicial. El ámbito de aplicación del derecho a no autoincriminarse queda alejado del caso enjuiciado, pues cuando el recurrente cumplimentó la papeleta de servicio era desconocido por el mando que la información reflejada en la misma no se ajustaba a la realidad, circunstancia luego descubierta mediante el visionado de las cámaras de seguridad del aeropuerto, sin que, en consecuencia, el recurrente hubiera sido compelido a elegir entre autoincriminarse o alterar la verdad.
Resumen: El tribunal de instancia dio respuesta motivada a los planteamientos del recurrente referidos a la legalidad metrológica del equipo utilizado en la prueba de detección de alcohol, al razonar, de forma no arbitraria y conforme a las reglas de la lógica, que de la documental practicada se desprendía que el alcoholímetro empleado contaba con certificado de calibración en vigor en la fecha en que fue utilizado y cumplía todos los requisitos establecidos por las normas sobre verificaciones periódicas de los instrumentos de medición de alcohol en aire espirado. Por otra parte, para determinar el estado de ebriedad no es imprescindible la verificación mediante técnicas alcoholimétricas, pues aquella puede acreditarse también por prueba testifical de la que se deduzca objetivamente que el interesado presentaba síntomas externos inequívocos de embriaguez. La sala considera que el tribunal sentenciador tuvo a su alcance y valoró toda la testifical practicada en el expediente disciplinario y, además, la apreció correctamente cuando concedió razonadamente mayor relevancia a unas declaraciones testificales sobre otras, con una argumentación de todo punto lógica, que impide calificar su criterio como irracional o arbitrario.
Resumen: El hecho de que el mando sancionador fuera el sujeto pasivo de la actuación antidisciplinaria no permite cuestionar su objetividad, siempre que no conste un prejuicio previo que contaminara la decisión adoptada. No se aprecia que el mando viera afectado su desinterés personal en el caso, circunstancia sobre la que el tribunal de instancia se pronunció razonadamente al resolver sobre la recusación planteada. No concurre la incongruencia omisiva que se denuncia: la sola invocación, sin justificación alguna, de una supuesta enemistad por parte del mando no constituye la causa de recusación de enemistad manifiesta. El tribunal de instancia apoyó el fundamento de su convicción sobre la certeza de los hechos que declaró probados en la declaración de numerosos testigos presenciales que escucharon la frase a través de la que se impartía la orden luego incumplida por el recurrente, prueba objetivamente incriminatoria razonablemente apreciada, por lo que no resultó infringido el derecho a la presunción de inocencia. Del intangible relato de hechos probados se desprende que el recurrente tardó aproximadamente una hora en comparecer en el despacho de su superior, desatendiendo así la clara orden impartida por este de que compareciera de inmediato, una vez terminada la reunión que estaban manteniendo con otros oficiales. La entidad de la gravedad de la conducta desobediente ya fue adecuadamente ponderada al serle impuesta una sanción por falta leve, así como al individualizar la sanción.
