• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 10029/2022
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Ya la resolución dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial expuso con detalle el resultado de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, así como la razonable y razonada valoración que las mismas le habían merecido, partiendo, naturalmente, de que el testimonio de cargo de las dos menores que se presentan como víctimas de los hechos resultaba bastante para enervar la presunción interina de inocencia. El Tribunal Superior, también de forma plenamente razonada, sale al paso de cada una de las objeciones formuladas por la defensa en apelación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 4298/2020
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La conducta falsaria sobre el documento mercantil aparece mencionada en el art. 392 CP junto a los comportamientos falsarios que recaen sobre documentos públicos y oficiales, equiparándose en sus consecuencias penológicas. Lo que sugiere que las tres conductas comparten bien jurídico público y colectivo. No parece discutible que mediante la sanción de la falsedad de documentos públicos u oficiales se pretende proteger el interés general, la confianza de la ciudadanía, en el buen uso de las facultades o potestades reconocidas a determinadas autoridades o funcionarios para confeccionar documentos. Condiciones de confección presuntivas que son las que otorgan al documento falseado público u oficial la idoneidad para lesionar el bien jurídico protegido y afectar a las funciones documentales con mayor intensidad. Dicha equiparación acentúa la necesidad de que el documento mercantil falseado incorpore también una especial intensidad lesiva de dichas funciones documentales, equiparable a la de los documentos públicos u oficiales. Nivel especial de lesividad que cabe predicar de aquellos que, además de estar previstos en una norma mercantil, gocen de una proyección cualificada en el tráfico jurídico. El l subtipo agravado se estructura sobre dos ideas: 1. Abuso de relaciones personales, que miraría a un grado especial de vinculación entre autor y víctima. 2. abuso de la credibilidad empresarial o profesional, que pondría el acento en las propias cualidades del sujeto activo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO CUESTA DEL CASTILLO
  • Nº Recurso: 9/2022
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida no se dictó en situación de vacío probatorio, pues se apoyó en la declaración del propio recurrente -que no negó la realidad de los hechos cuando prestó declaración asistido de abogado y una vez instruido de su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable-, en la testifical del mando que emitió el parte y de la cabo primero que tenía nombrado el servicio junto con el recurrente y en la documental consistente en el cuadrante de planificación de los servicios del mes, prueba de cargo, toda ella, que fue lícitamente obtenida, regularmente practicada y razonablemente valorada para alcanzar una convicción sobre la certeza de los hechos declarados probados no dio lugar a duda alguna, por lo que no se vio infringido el derecho a la presunción de inocencia ni resultó aplicable el principio in dubio pro reo. Los hechos declarados probados -conforme a los cuales, el sargento recurrente, sin ponerlo en previo conocimiento de sus superiores y por unos alegados motivos de índole personal, no compareció a prestar el servicio que tenía encomendado- se incardinan adecuadamente en la falta apreciada, sin que resulte relevante la alegación relativa a que el servicio no se vio afectado, al haberse llevado a efecto por la cabo primero que debía prestarlo junto con él, ya que se trata de una infracción de mera actividad que no exige que se cause perjuicio al servicio, circunstancia esta solo importante para valorar la extensión de la sanción a imponer.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 4142/2020
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio protege una de las esferas más íntimas del individuo, lugar donde desarrolla su vida privada sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales. Este derecho puede no obstante ceder ante la presencia de intereses que se consideran prevalentes en una sociedad democrática. La resolución judicial que restringe dicho derecho debe contener una fundamentación suficiente respecto a la proporcionalidad de la misma y su imprescindibilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2823/2021
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las partes acusadoras no gozan del derecho a la "presunción de inocencia invertida". El recurso de casación por infracción de derechos fundamentales no es reversible. No obstante, el derecho a la tutela judicial efectiva permite, en ocasiones, reabrir el debate probatorio y anular decisiones judiciales basadas en criterios valorativos no racionales, apartados de toda lógica o ajenos a cualquier parámetro de interpretación sostenible en derecho. El derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza el acierto en la decisión judicial, pero sí repele aquellas respuestas ofrecidas por los órganos jurisdiccionales que se aparten de unos estándares mínimos de "razonabilidad". Solo cuando una sentencia absolutoria sea arbitraria, incurra en un error patente, carezca de motivación, introduzca una motivación extravagante o irracional o realice una aplicación de la presunción de inocencia absolutamente al margen de sus contornos racionales, podrá anularse por la fuerza del derecho a la tutela judicial efectiva. El Ministerio Fiscal interesa la anulación de la sentencia al haber prescindido, con una argumentación no racional, de una prueba que, para el Ministerio Fiscal, con fundamento objetivo, tenía un alto valor (cotejo de huellas anónimas con las reseñas dactilares de la ahora recurrida). Se estima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y se anula la sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 5098/2020
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Prescripción. Para la aplicación del instituto de la prescripción, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido entendido éste como el declarado como tal en la resolución judicial que así se pronuncie. En consecuencia, no se tomarán en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el Tribunal sentenciador. Delito de apropiación indebida, momento consumativo. Tendrá lugar, tratándose de la distracción del dinero por no darle el destino convenido, en la fecha en que debió darse tal destino pactado, si se incumple la obligación y se retiene la posesión de dinero o bienes en provecho del poseedor. La aplicación del subtipo agravado por el abuso de relaciones personales del número 7 del artículo 250 del Código Penal queda reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente, en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario, tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como estafa. Quebrantamiento de forma por falta de claridad en los hechos probados, presupuestos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 2936/2020
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Lesiones con instrumento peligroso. Se trata de una figura compleja, integrada por un delito básico con resultado naturalístico lesivo y por un tipo de peligro concreto, el generado por el uso del instrumento dotado de potencialidad lesiva idónea para irrogar lesiones claramente superiores a las producidas. Es necesario que, además de la lesión causada, se haya creado un peligro complementario para el bien jurídico protegido. La forma agravada sólo puede entrar en juego cuando se dan una serie de circunstancias, objetivas y subjetivas, que denotan, de manera inequívoca, el propósito del autor de convertir, un instrumento inicialmente inespecífico, en algo real y objetivamente peligroso. Es preciso que se trate de un arma, instrumento, objeto, medio, método o forma peligrosos objetivamente por su capacidad lesiva y que, además, hayan sido utilizados de forma concretamente peligrosas en el caso concreto. Naturalmente el dolo del autor debe abarcar el peligro creado con su acción. La agravación penológica recogida en el artículo 148 CP no se ha configurado por el legislador como imperativa, sino potestativa para el juzgador en función de las circunstancias del caso concreto, "atendiendo al resultado causado o riesgo producido". Dilaciones indebidas, plazo razonable. Motivación de la pena. Cuando se trata de fijar una pena en relación legal de alternatividad con otra de distinta naturaleza, el tribunal viene obligado ex artículo 72 CP a dar las razones de su opción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 3032/2020
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de abusos sexuales a menor de 16 años, tipificado en el art. 183. 4 b). Prevalimiento: No se describe propiamente la situación de superioridad de la que se aprovecha el acusado, más que una situación de convivencia con la menor, pero este aspecto ha sido incluido en tal precepto a partir de la LO 8/2021, de 4 de junio, con entrada en vigor a partir del día 25 de junio de 2021. El prevalimiento, que se fundamenta en los diversos parámetros descritos legalmente que permiten al acusado actuar con una posición de ventaja, y que produce la natural disminución de la capacidad de autodeterminarse de la víctima, no tienen efecto alguno cuando, como en el caso analizado, se actúa sorpresivamente, y la víctima repele de manera inmediata al agresor, por lo que no puede mantenerse que la libertad de la persona abusada sexualmente ha quedado mediatizada por tal posición de superioridad, a modo de prevalimiento, sino que, en estos casos, nada tiene que ver con dicha circunstancia, y lo procedente es aplicar el precepto en su dimensión básica de abuso sexual, como corresponde hacerlo en cualquier tipo de abuso sorpresivo, y de inequívoco sentido de acometimiento sexual. La sentencias se estima parcialmente y se suprime el prevalimiento. Indemnización civil: cuestión traída por el recurrente «per saltum», imposibilidad de resolución en esta instancia casacional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 4126/2020
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Quebrantamiento de forma. Falta de claridad en los hechos. Se desestima el motivo. Los hechos son claros. Presunción de inocencia. Prueba indiciaria. Se desestima el motivo. Nos encontramos ante una deducción concluyente de la Audiencia basada en prueba indiciaria. La parte recurrente no construye una hipótesis alternativa. Infracción de ley. Agravación basada en abuso de las relaciones personales y profesionales. Se estima el motivo. Su apreciación es excepcional en el delito de apropiación indebida. Es necesario identificar un doble foco de confianza: el que nace de la relación presupuesto de la apropiación indebida y otro distinto, previo. No concurre en el presente caso. La condición de subdirector de la sucursal y la confianza que los clientes habían depositado en él no es suficiente. Dilaciones indebidas. Para su apreciación como muy cualificada se exigen unas dilaciones "fuera de toda normalidad". Individualización de la pena. La subsistencia de la agravación del art. 250.1.5º no podrá llevar a la aplicación de la mitad superior ex art. 74, al no identificarse una conducta aislada en que se haya superado el monto de 50.000 euros. Quantum indemnizatorio. En materia de responsabilidad civil no rige el principio de presunción de inocencia, sino otros estándares probatorios de menor rigor: hay que estar a la probabilidad preponderante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 5495/2020
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Lo acordado tenía como finalidad evitar el procedimiento adecuado, incumpliendo la normativa sobre contratación establecida al efecto; y a cuyo fin la recurrente firma las certificaciones de conformidad con unas facturas que, en relación con la emitida por la empresa, sabía que no eran ciertas. De modo que fue adjudicada la obra, de modo directo, eludiendo la preceptiva licitación. Además de la gravedad que conlleva el fraccionamiento, que posibilita la falsificación de autos, que en no pocas ocasiones conlleva acusación y condena aneja por prevaricación. Esta Sala ha aplicado la atenuante como muy cualificada en procesos por causas no complejas de duración entre ocho y doce años entre la incoación y la sentencia de instancia. Aunque la estimación haya sido como muy cualificada, se encontraba muy próxima a los parámetros que determinan su estimación como simple, por lo que la rebaja en un solo grado, resulta plenamente justificada. No existe vulneración del principio acusatorio cuando en la fundamentación se afirma la creación ex novo por el acusado de una factura; nada diverso expresa a la emisión o expedición por el recurrente de una factura por obras que no realizó. Las costas del acusador particular han de incluirse entre las impuestas al condenado, salvo que las pretensiones de aquel sean manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas en relación a las deducidas por el Ministerio Fiscal, o a las recogidas en la sentencia, lo que no es el caso.

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