Resumen: La naturaleza de la regulación de las causas de abstención y recusación se refieren "al mismo hecho", no "al mismo sujeto", lo que resulta obvio, porque el conocimiento previo determinante de la contaminación, se refiere al mismo hecho, del que hubieran conocido en fases previas y luego volvieran a conocer para enjuiciarlo. No existe una vulneración de la tutela judicial efectiva porque la vía del recurso adecuada ex lege lo sea con arreglo a la fecha de la incoación del procedimiento, que excluye la posibilidad de interponer un previo recurso de apelación ante el TSJ, habida cuenta que la regulación legal así lo prevé. Los elementos del tipo penal objeto de condena, son el empleo de violencia o intimidación en dos actos diferenciados en el tiempo y en los que sometió violentamente a la víctima a realizar el acto sexual descrito en el relato de hechos probados. Los hechos probados recogen dos hechos diferenciados que, aunque cometidos por el mismo sujeto y sobre la misma víctima, debido a la diferencia temporal y espacial devienen relevantes, en orden a no considerar como continuada su conducta.
Resumen: Se confirma la condena del recurrente sobre la base del testimonio de la víctima, coherente y persistente, en quien no concurren móviles espurios, y aparece corroborado por prueba pericial. El Tribunal Superior de Justicia subraya y enriquece la corrección de las inferencias que han llevado en la instancia a la condena; no excluye la veracidad de los hechos imputados las dificultades de la víctima para precisar las fechas en que aquéllos tuvieron lugar. La resolución recurrida hace frente también a la prueba de descargo que fue ofrecida en la instancia, esto es, el testimonio de la madre de A. -que depuso como acusada y amparada en el legítimo ejercicio del derecho de defensa- y su hermano -cuyo testimonio se descartó por la escasa verosimilitud que cabe conceder a sus manifestaciones, por su vinculación al entorno familiar-. El argumento invocado en el plenario por la defensa, referido a la ausencia de secuelas físicas en la menor también obtuvo respuesta desestimatoria, vistas las explicaciones ofrecidas por los facultativos forenses, por lo que ha de ser entendida como un dato neutro, que no permite confirmar pero tampoco descartar los hechos.
Resumen: El tribunal sentenciador dispuso de suficiente prueba de cargo, que fue valorada de forma racional y lógica para alcanzar el relato de hechos que dio por probado, sin que pueda sostenerse que el derecho a la presunción de inocencia no fuera enervado. En el relato de hechos probados concurren los elementos del tipo aplicado: a) condición de guardia civil del sujeto activo; b) conducta integrada por una inexactitud u omisión en la consignación de datos o circunstancias conocidas por el infractor -la circunstancia de no encontrarse en la localidad de su destino, Ceuta, sino en Marruecos-; c) inexactitud íntimamente ligada a los deberes y obligaciones propias de los integrantes del instituto armado, como se desprende de las RR.OO., de la LO 11/2007 y RD 274/2018, en cuanto a las obligaciones de comunicar las salidas al extranjero y de solicitar autorización para fijar temporalmente la residencia en lugar distinto al habitual durante la baja temporal para el servicio por motivos de salud. La sanción impuesta -suspensión de un mes, cuando la norma contempla la posibilidad de sancionar con hasta tres meses de suspensión- se acomodó a una dosimetría razonable, atendidas las circunstancias concurrentes, habida cuenta del grave comportamiento del infractor, por falaz, en una doble vertiente, netamente omisivo de una obligación, de una parte, e inveraz, de otra, sin que pueda sostenerse como más lógica la perdida de haberes o de destino.
Resumen: Error tipo: La hipótesis defensiva basada en el error sobre un hecho que presta fundamento al reproche está sometida, además, a un especial estándar de acreditación. El error excluyente del dolo no puede basarse en el simple desconocimiento o la sola falta de previsión. Principio acusatorio: en realidad, el título de condena es el mismo que el que fue objeto de acusación. La única variación en el título de condena, a favor de reo, al no haberse aplicado el último incido del art. 188.4 CP, sino el primero, al no constar que el acusado tuviese conocimiento de la minoría de edad de una de las víctimas. No se aplicó otro tipo distinto al que fue objeto de acusación. Solo se redujo el reproche anudado a su comisión al descartarse una circunstancia típica agravatoria. Atenuante analógica de colaboración: la aportación del PIN del teléfono móvil del acusado no es suficiente. No cualquier facilitación adquiere un valor normativo equivalente al de la confesión que justifique la aplicación analógica de la atenuación prevista específicamente para esta última. En el caso, el acusado no reconoció los hechos y, en todo caso, se podría haber accedido al contenido, judicialmente autorizado, por medio de algún software. Individualización: la mayor penalidad impuesta al recurrente respecto del otro acusado aparece justificada por el mayor desvalor de las conductas por las que ha sido condenado.
Resumen: Confesión: la confesión solo se produjo cuando el acusado tuvo conocimiento de la aparición de unas prendas ensangrentadas y se solicitó su consentimiento para extracción del ADN. Tampoco facilitó la investigación, ni su reconocimiento fue completo, negando la comisión de la agresión sexual a la víctima, intentado imputar la agresión a otras personas. Compatibilidad de las agravantes de aprovechamiento de lugar y alevosía: infracción del non bis in idem, la superioridad de su atacante por la naturaleza del arma que portaba y la ausencia de riesgo para éste, son elementos que integran la alevosía, pero del citado plan no se desprende el plus de antijuridicidad que es exigible para la agravante de aprovechamiento. Disfraz: no procede, llevar una capucha, sin tapar el rostro, no impide la identificación de una persona, sin que el citado hecho, como tal, lleve aparejado un mayor desvalor de la acción. Presunción de inocencia en relación con el delito de agresión sexual: existe prueba, racionalmente valorada, que avala el ataque contra la libertad sexual de la víctima. No se exige ningún ánimo adicional, se ha excluido el ánimo libidinoso que se reclama por el recurrente, siendo irrelevante el móvil que tuviera el autor de la acción. Tampoco la disforia de género que afirma padecer el recurrente es obstáculo o impedimento para ello.
Resumen: Abuso sexual a menor de dieciséis años. Se alega error de prohibición. El motivo se inadmite. La Sala señala que el error de prohibición exculpante solo actúa cuando el sujeto no solo desconoce la antijuricidad de la conducta, sino cuando está convencido de que se ajusta a la norma. No concurre si pudo conocer la ilicitud, si se hubiera esforzado suficientemente en identificar las razones públicas que regulan el conflicto concreto. Se concluye que, en el presente caso, el recurrente se mostró indiferente respecto a si mantener relaciones sexuales con una menor de trece años estaba permitido por la norma. Se interesa la aplicación del artículo 183 quáter CP: debe interpretarse de forma rigurosa. Se exige que la persona con la que mantenga la relación sexual, por sus circunstancias vitales de edad, grado de desarrollo y madurez, participe de parámetros valorativos similares, de experiencias evolutivas comunes. No es asumible que una menor de trece años pueda ejercer plenamente su autonomía personal y sexual frente a una persona de treinta y seis años. Tampoco es posible su aplicación analógica. Daño moral. Pese a encontrarnos ante una relación consentida, el daño infringido en el núcleo intangible de los derechos fundamentales afectados merece una reparación.
Resumen: El relato fáctico declara la causación de unos hechos de apuñalamiento dirigido a órganos vitales respecto a los cuales no es admisible la consideración de un error por la no aplicación del delito de maltrato habitual, cuando lo que se refiere son dos acciones dirigidas a acabar con la vida de las víctimas a las cuales dirigió su acción clavando reiteradas veces el cuchillo que cogió de la cocina y que dirigió hacia zonas vitales de los cuerpos de las dos víctimas. En el hecho probado no hay ningún elemento fáctico que permita la consideración de presupuesto fáctico de legítima defensa pues, a salvo de las declaraciones del acusado, que el tribunal ha desechado de forma racional y lógica, no hay sustento fáctico de una actuación debida a una represión de una agresión ilegítima de su hijo, víctima en los hechos. De igual manera, no existe base alguna para firmar la situación de miedo insuperable, como circunstancia de atenuación que justifique o que permite declarar una inculpabilidad en la acción. Con respecto al abuso de superioridad, este resulta del empleo de medios dispuestos para la ejecución de la conducta como la mayor envergadura del acusado con respecto a sus víctimas, y de la convivencia existente entre el agresor y sus víctimas que configuran un espacio de superioridad en la realización del hecho y el empleo de un medio hábil para la producción del resultado. El ánimo de matar se evidencia en la actitud violenta del acusado.
Resumen: El tribunal sentenciador dispuso de prueba de cargo, válidamente obtenida y regularmente practicada para tener por probados los hechos declarados como tales. El bien jurídico protegido se identifica con el cumplimiento de elementales obligaciones que forman parte del núcleo esencial de la relación que vincula al militar con las FF.AA., como son los deberes de presencia, disponibilidad, localización y sometimiento al control de los mandos. Conforme al inamovible relato de hechos probados, el recurrente, que se encontraba en situación de servicio activo y pendiente de asignación de destino, estuvo ilocalizable, de modo que no resultó posible comunicarle a través de los diversos medios empleados -teléfono, correo electrónico y correo postal- cuál resultaba el nuevo destino que le había sido adjudicado y el plazo en el que debía presentarse al mismo. Al encontrarse en situación de actividad, pendiente de destino, el recurrente debía observar los deberes inherentes a la disponibilidad permanente para el servicio. En la conducta concurren todos los elementos del tipo: condición militar del sujeto activo; falta de incorporación en plazo en su nuevo destino; incumplimiento de la normativa vigente -arts. 22 y 23 LO 9/2011, en relación con la Instrucción 1/2013, modificada por la Instrucción 78/2018; y el elemento subjetivo, que solo requiere el dolo genérico, consistente en la plenitud de conciencia y voluntad del incumplimiento del deber de presencia y disponibilidad.
Resumen: El dato de la edad de las menores y su conocimiento por el acusado resulta de especial de relevancia para la calificación de los hechos. Las menores eran conocidas por el acusado, incluso amigas, y tenía además contacto con ellas a través de las redes sociales. El acusado tenía conocimiento de que las menores eran menores de dieciséis años. El legislador penal ha recogido en el ordinal cuarto de las agravaciones un conjunto de situaciones en las que determinados colectivos pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, por distintas razones, a los que se pretende proteger de forma especial para conformar un modelo social de convivencia pacífica y tolerante, evitando situaciones que supongan discriminación que más allá de la causación del delito, suponga una lesión del principio de igualdad. El hecho probado es claro en la descripción de una situación objetiva de desigualdad de género que proyecta una pretendida supremacía machista y en la cual se manifiestan estereotipos de conducta que cosifican a la mujer, relegándola al papel de mero instrumento de placer y de servicio al varón. El hecho probado es claro y no deja lugar a dudas, después de la agresión le ordena que le ponga el desayuno y, a una de ellas, le da la opción de elegir la modalidad de una nueva agresión, evidenciando, una conducta denigratoria de la mujer, actuando con poderío de dominación hacia la mujer a la que le ordena servir el desayuno tras la agresión sexual.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido los arts. 25.1 (principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad) y 24 CE, respecto del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
