• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 1087/2018
  • Fecha: 29/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada es si la acción formulada por el INSS y la TGSS iniciadora de expediente de revisión de actos declarativos de derechos estaba o no prescrita en el momento en que se inició. El TS recuerda que la acción revisoria prevista en el art. 146.1 LRJS permite a la Seguridad Social obtener la tutela judicial cuando pretende revocar sus actos firmes declarativos de derechos, en perjuicio de sus beneficiarios, habida cuenta de que la ley le impide la revisión de oficio y le obliga a acudir a la vía judicial para conseguirlo; para lo cual se establece un plazo de prescripción de 4 años, que es distinto al previsto art. 45.3 (actual 55.3) LGSS, que se refiere a la obligación reintegro que pueda tener el beneficiario por haber percibido indebidamente una prestación, y que puede estar precedida o no de una revisión de un acto declarativo de derecho. La sentencia aprecia la prescripción porque transcurrieron más de 4 años desde la fecha de la resolución que reconoció la pensión de viudedad en porcentaje del 52 por ciento, sin tener en cuenta que existía otra persona beneficiaria, hasta que la entidad gestora acordó iniciar expediente de revisión de actos declarativos de derechos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 2407/2018
  • Fecha: 14/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV reitera doctrina y rechaza la demanda del trabajador por la que impugnaba la resolución administrativa que extinguía su derecho a la prestación desempleo y declaraba indebidas las cantidades percibidas en tal concepto. El demandante obtuvo el importe de la venta de un fondo de inversión en el mes de agosto de 2015. El SEPE justifica su resolución en la circunstancia de que el beneficiario de la prestación había dejado de reunir los requisitos para acceder a la misma por superación de las rentas propias. La sala iv, tras apreciar la concurrencia del requisito de la contradicción considera que no se trata de una obtención de rentas que haya de generar un efecto suspensivo y si, por el contrario de un incumplimiento del deber de comunicación que tiene consecuencias más gravosas (la extinción y la obligación de reintegro de lo indebidamente percibido desde que se produjo la infracción de aquel deber), según la previsión de los arts. 213 LGSS. Partiendo de que, en cualquier caso, sólo es computable la plusvalía o ganancia obtenida, se ratifica la extinción por sanción al incurrir el beneficiario en falta grave, ex arts. 25.3 y 47.1) de la LISOS, que tipifican como tal la ausencia de comunicación de datos relevantes en el ámbito del percibo de la prestación: obtención de rendimientos de la venta de un fondo de inversión. Por ello, se estima el recurso unificador formulado por el SEPE, declarando la firmeza de la sentencia de instancia, desestimatoria de la demanda
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 4586/2018
  • Fecha: 04/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada se ciñe a resolver si la inasistencia al reconocimiento médico de la persona trabajadora, en situación de IT, habiendo sido citada por el INSS mediante correo certificado con acuse de recibo -citación no recibida por haber cambiado de domicilio el beneficiario sin ponerlo en conocimiento de la entidad gestora- acarrea la extinción del subsidio de IT, o la entidad gestora debió haber realizado una nueva notificación mediante edictos. La Sala IV opta por esta última solución, y se remite a lo decidido en sus STS de 12-1-2017 (R. 3433/2015), y 9-5-2019 (R, 3433/2015), razonando que que el INSS, de conformidad con lo establecido en el art. 129 de la LGSS, para la tramitación de las prestaciones que no tengan carácter sancionatorio o recaudador, ha de ajustarse a lo dispuesto en la Ley 30/1992, por lo que al resultar infructuosos los dos intentos de notificación por correo certificado con acuse de recibo -citando para reconocimiento médico- enviados a la beneficiaria, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, debió proceder a la notificación por medio del correspondiente Edicto publicado en el Boletín Oficial. Dicha exigencia supone una mayor garantía jurídica de la afectada, por cuanto le resulta claramente perjudicial el acuerdo del INSS disponiendo la extinción de la prestación económica de incapacidad temporal. El TS estima el recurso de la beneficiaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 1891/2018
  • Fecha: 02/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El beneficiario demandado había sido declarado en situación de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo. Tras la incoación de expediente de revisión de actos declarativos de derechos por el INSS, dicho organismo interpuso la demanda rectora de las actuaciones. La sentencia de suplicación confirmó la de instancia que modificó la contingencia que para a ser la de enfermedad común, pero entendió que el beneficiario no tenía que devolver la cantidad correspondiente a la diferencia en la cuantía de la prestación derivada del cambio de contingencia. La cuestión debatida en el recurso de casación unificadora consiste en determinar si el actor está obligado a devolver tal suma. La sala IV, tras apreciar que concurre la necesaria contradicción entre sentencias, razona que ha existido una percepción de prestaciones en importe superior a la que correspondería al beneficiario, por lo que, de conformidad con el art. 55 de la LGSS, está obligado a reintegrar la diferencia, sin que a ello se oponga el que las resoluciones dictadas por el INSS sean inmediatamente ejecutivas. Y sin que resulte de aplicación lo previsto en el art. 71 del RD 141/04, que se refiere a la obligación de reintegro de cantidades por empresas o mutuas. Se estima el recurso del INSS y la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 4637/2018
  • Fecha: 19/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Lla acción revisoria prevista en el art. 146.1 LRJS permite a la Seguridad Social obtener la tutela judicial cuando pretende revocar sus actos firmes declarativos de derechos, en perjuicio de sus beneficiarios, habida cuenta de que la ley le impide la revisión de oficio y le obliga a acudir a la vía judicial para conseguirlo; para lo cual se establece un plazo de prescripción de 4 años, que es distinto al previsto art. 45.3 (actual 55.3) LGSS, que se refiere a la obligación reintegro que pueda tener el beneficiario por haber percibido indebidamente una prestación, y que puede estar precedida o no de una revisión de un acto declarativo de derecho. La sentencia aprecia la prescripción porque transcurrieron más de 4 años desde la fecha de la resolución que reconoció el incremento de pensión, hasta que la entidad gestora acordó iniciar expediente de revisión de actos declarativos de derechos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3478/2017
  • Fecha: 19/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: De acuerdo con el art. 192.4 LRJS, en el caso de impugnación de un acto administrativo sancionador en materia de seguridad social, hay que atender al contenido económico del mismo a efectos del recurso de suplicación, de modo que resulta preciso que el gravamen para el sancionado (el contenido económico de la propia sanción) supere los 3.000 € previstos con carácter general en el art. 191.2.g de la misma ley. En este sentido, la sentencia declara de oficio la falta de competencia funcional, porque en el supuesto enjuiciado se impugnaba una resolución del SPEE que acordó revocar la prestación asistencial de desempleo, con reintegro de las indebidamente percibidas que cifró en 1704 €, por lo que no cabía recurso de suplicación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 2863/2018
  • Fecha: 13/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia llega a la conclusión de que no puede imponerse la sanción de extinción de la prestación de desempleo, cuando el beneficiario ha omitido la comunicación a la entidad gestora de la obtención de rendimientos económicos absolutamente insignificantes, que no han de tener la menor incidencia en el derecho al mantenimiento de la prestación, en tanto que ni tan siquiera han de dar lugar a su suspensión, al tratarse de una actividad absolutamente marginal y de nula relevancia económica (1.865,38 € brutos, en los que se ha practicado una retención a cuenta de 167,87 €) cuya manifiesta y evidente insignificancia económica justifica que se hubiere omitido la notificación de esta circunstancia a la entidad gestora.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 4945/2018
  • Fecha: 13/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se debate en el recurso de casación unificadora resuelto por la sentencia anotada si para tener derecho a continuar incluido en la renta activa de inserción ha de cumplirse el requisito de inscripción ininterrumpida durante 12 meses y si se entiende interrumpida la inscripción si el beneficiario sale al extranjero durante más de 15 días. La sentencia de instancia, desestimando la demanda del beneficiario de la RAI, confirma la resolución del SPEE que le excluyó del programa de RAI. La Sala IV examina en primer lugar, si la interposición del recurso reúne los requisitos formales legalmente establecidos. Y se concluye que se cumplen en el caso los requisitos de realizar un relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, así como el de citar y fundamentar la infracción legal cometida en la sentencia recurrida. Pero se desestima el recurso por no concurrir el requisito de la contradicción entre sentencias, pues en el caso de autos la salida al extranjero por el demanda tiene duración superior a 15 días y en de contraste es de 5 días. Además, en la sentencia recurrida, al contrario de lo que sucede en el supuesto de contraste, no se alega por el actor razón alguna que justifique la salida al extranjero. Por todo lo cual, se desestima el recurso del actor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3095/2018
  • Fecha: 25/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se dirime en el recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si reúne el requisito de carencia de rentas propias, exigido para la percepción del subsidio por desempleo quien es, además, titular de la prestación económica de la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid cuya cuantía mensual, superior al 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. La sentencia de suplicación consideró que la imputación de los ingresos por RMI no debe realizarse en exclusiva al actor, sino que deben ser divididos entre los miembros de la unidad familiar . La sentencia estima el RCUD deducido por el SPEE frente a la sentencia de suplicación estimatoria de la demanda, reiterando el criterio sentado en la STS de 24/1/2018 (Rcud 2696/2016), conforme al cual el único titular de la RMI es el solicitante, quien ingresa su importe en su patrimonio como renta propia. Sin que a ello obste el carácter alimenticio de la RMI y la consiguiente obligación de su titular de que la misma beneficie a todos los integrantes de la unidad familiar. En consecuencia, no puede distribuirse artificialmente la prestación entre los integrantes de la unidad familiar para eludir la aplicación de los topes máximos de renta legalmente establecidos para acceder al subsidio por desempleo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 3266/2018
  • Fecha: 28/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ante la cuestión de si procede reintegrar a la Mutua el capital coste ingresado por ésta correspondiente al 20% de la prestación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, cuando dicho reconocimiento se produce por sentencia, siendo posteriormente reconocido en situación de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común, la sentencia confirma la de suplicación que denegó el reintegro, reiterando jurisprudencia anterior que entendió que la normativa que disciplina el reintegro parcial del capital coste constituido para afrontar las obligaciones de las Mutuas en materia de pago de prestaciones, no contempla la posibilidad de que se produzca el reintegro en estos supuestos, siendo taxativo el apartado tercero del art. 71 RGRSS cuando dispone que los capitales coste de pensiones no son objeto de reversión ni rescate total o parcial, salvo en los supuestos contemplados en los apartados primero y segundo, que no contemplan el supuesto ahora examinado. Añade la Sala que el complemento del 20% desaparece por la agravación del estado de la persona beneficiaria, aludiendo el art. 71.2 RGRSS a la mejoría, pero no al cambio de su estado que es lo que aquí acontece

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