• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1518/2018
  • Fecha: 03/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de suplicación revocó la dictada en la instancia desestimatoria de la demanda, y declaró el derecho de la actora a percibir la prestación por viudedad, con efectos desde la fecha del fallecimiento del causante. Tras el fallecimiento del causante, la actora solicitó la prestación de viudedad que fue denegada por no haber acreditado que el causante le abonaba la pensión compensatoria hasta su fallecimiento. Posteriormente se le reconoció con efectos económicos de los tres meses anteriores a la petición, debido a un cambio Jurisprudencial. Se denuncia la infracción de los artículos 43.1 y 178 de la LGSS, por considerar que no puede equipararse un supuesto de revisión o anulación de actos administrativos denegatorios anteriores fundados en datos fácticos anteriormente inexistentes o no justificados o en un cambio de la normativa vigente entre el momento inicial y el de la solicitud ulterior, con el supuesto examinado en que no han variado los datos fácticos y las normas son las mismas. La Seguridad Social recurre, planteando como cuestión litigiosa la determinación de la fecha de efectos y denuncia la infracción del art. 43.1 y 178 de la LGSS de 1994. La sentencia tiene en cuenta la doctrina de la STS/IV de 1 de febrero de 2000 (rcud. 3214/1998), y la STS/IV de 29 de enero de 2014 (rcud. 743/2013), que matiza qué ha de entenderse por pensión compensatoria, revisando la doctrina anterior al respecto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 2904/2018
  • Fecha: 02/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión se limita a determinar si la percepción previa de una renta activa de inserción al tiempo de cumplir los 55 años, es asimilable a la de una prestación o subsidio de desempleo, para reunir el requisito del art. 274.4 de la LGSS de tener cumplida dicha edad al agotar la prestación o subsidio de desempleo. La Sala Cuarta ha sostenido siempre que la renta activa de inserción forma parte del sistema de protección por desempleo del régimen público de Seguridad Social, junto a las prestaciones contributivas y asistenciales, estableciendo los conceptos que integran aquellas otras prestaciones por desempleo cuando en el régimen jurídico de la renta activa de inserción no se hallaban definidos determinados elementos o estructuras de la misma. Así, que el régimen jurídico de la RAI sea diverso al del subsidio o de la prestación por desempleo no comporta que su naturaleza también sea diversa, porque atienden la misma situación de necesidad, siendo la RAI es una modalidad de la acción protectora por desempleo, añadida a la prestación y al subsidio, que presenta autonomía y que ha de abordarse en atención a los fines que le son propios. La sentencia concluye que el agotamiento del subsidio propio de la RAI debe asimilarse al de los otros subsidios por desempleo cuando se trata de abrir el acceso al específico para mayores de 55 años.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3816/2017
  • Fecha: 02/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión debatida en la sentencia es comentada se centra en determinar si el fallecimiento del causante, peón agrícola, tiene un origen común o profesional. La viuda y los hijos del causante formularon demanda en la que solicitaban que se calificase como accidente de trabajo el fallecimiento. La sentencia de suplicación desestimó la demanda, al considerar que el fallecimiento no ocurrió en tiempo de trabajo. La sala IV desestima el recurso de los actores por no concurrir el necesario requisito de la contradicción entre sentencias. Y ello por ser dispares los hechos acreditados en la recurrida y en la referencial. Así, en el caso de autos el causante tenía jornada partida y el fallecimiento no tiene lugar ni en el tiempo, ni en el lugar de trabajo. Por el contrario, en el supuesto de contraste la trabajadora tiene jornada continuada y el accidente sucedió durante la pausa para comer y cuando se incorporaba al lugar de trabajo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 2916/2018
  • Fecha: 02/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si puede reconocerse la prestación de gran invalidez o incapacidad permanente absoluta, a quien ya se encuentra en situación de jubilación anticipada por discapacidad. La sentencia del juzgado de lo social desestimó la demanda, y la de la Sala de lo Social el recurso de suplicación formulado por el demandante. Se sostiene que la situación de jubilación anticipada por discapacidad no ha de impedir el acceso a la prestación de incapacidad permanente de quien no ha cumplido la edad de 65 años. La sentencia se remite a las recientes SSTS del Pleno de 24/6/2020, rcud. 1411/2018; 29/6/2020, rcud. 1062/2018; y 1/7/ 2020, rcud. 1935/2018. La Sala Cuarta no se ha pronunciado sobre el alcance que debe otorgarse a la situación de quienes estando en situación de jubilación por discapacidad igual o superior al 65% pretenden acceder a la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez y concluye que la doctrina correcta es la que rechaza que se pueda acceder a la situación incapacidad permanente en el grado de gran invalidez desde la situación de jubilación por discapacidad del artículo 206.2 LGSS. la remisión al art. 205.1 a) LGSS viene referido a la edad de una persona y a una contingencia; esto es, la edad lo es en tanto exista la posibilidad de generar la pensión de jubilación, de forma que, sin dicha posibilidad, la edad de 67 años (o la que corresponda) no impediría el reconocimiento de la incapacidad permanente, tal y como dispone el ya citado art. 196.5 de la LGSS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 2390/2018
  • Fecha: 01/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre el INSS en casación para la unificación de doctrina contra la sentencia que declaró que la interesada tiene derecho a la pensión de jubilación anticipada que reclama. La Sala no aprecia la existencia de contradicción respecto del segundo motivo en el que la sentencia de contraste examina un supuesto de jubilación anticipada y la sentencia de contraste un supuesto de incapacidad permanente total, situación respecto de la que no existe la previsión de la exigencia de la inscripción como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses anteriores a la fecha de la solicitud. El primer motivo del recurso analiza si resulta exigible el requisito de alta o situación asimilada al alta para acceder a la pensión de jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, con anterioridad a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, por cuanto que la interesada vio extinguida su relación laboral con anterioridad a 1 de abril de 2013 ( disposición transitoria cuarta, 5 a) LGSS 2015). La Sala IV desestima el recurso y concluye que se está en situación asimilada a la de alta (artículo 36.1. 1º RD 84/1996) si hay inscripción en la oficina de empleo como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la jubilación (artículo 161 bis LGSS de 1994 y artículo 207 LGSS de 2015).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 38/2019
  • Fecha: 25/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a resolver en la sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, es la de determinar si los trabajadores de la empresa demandada han ganado como condición más beneficiosa (CMB), el derecho a percibir íntegramente las pagas extraordinarias de julio, septiembre y navidad, en los supuestos en los que hayan tenido suspendido el contrato de trabajo por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia de un menor de nueve meses, percibiendo las oportunas prestaciones de seguridad social. La SAN estimó en su integridad la demanda de conflicto colectivo y condenó a la empresa a pagar las cantidades correspondientes a las pagas extraordinarias de julio y septiembre de 2018. Dicho parecer es compartido por el TS que, tras recordar su consolidada doctrina sobre la CMB, declara que la actuación empresarial, ahora cuestionada, trae su origen en el momento de iniciarse la actividad empresarial en España en la década de 1970. Y se extiende progresivamente a las nuevas prestaciones de SS en esta materia, a medida que se incorporan a nuestro OJ. Abunda en esta solución, el hecho de que la empresa no hubiere rectificado definitivamente esa actuación tras la publicación del denominado "Modelo de homogeneización de nómina", que justamente versaba sobre el complemento de la prestación de maternidad hasta el 100 % del salario real, como hasta esa fecha venía haciendo con las prestaciones de IT. Tampoco supone una discriminación por trato desigual.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 2053/2018
  • Fecha: 25/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si, en aplicación del art. 22 de la Orden de 3 de abril de 1973, para la aplicación y desarrollo del Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social para la minería del carbón, puede considerarse en situación asimilada al alta, a efectos de acceder a la pensión de jubilación anticipada en el RGSS, a quien ha sido declarado en incapacidad permanente total en dicho régimen, y ha prestado servicios en una empresa minera no perteneciente al sector de la minería del carbón. La sentencia recurrida estima el recurso y entiende que la precitada OM es extensible a todos los trabajadores declarados en situación de incapacidad permanente total en el RGSS, en razón de la actividad laboral desempeñada en cualquier tipo de empresa minera, aunque no pertenezcan al sector de la minería del carbón, y no se encuentren por lo tanto incluidos en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. La Sala IV, tras analizar la normativa aplicable concluye, reiterando el pronunciamiento de sentencias anteriores, que el art. 22 de la Orden de 3 de abril de 1973 no es aplicable a la situación de IPT reconocida a cargo del RGSS, ya que el mismo hace referencia literal expresa a los pensionistas "de este Régimen Especial", esto es, el de la Minería del Carbón y que no están comprendidos los pensionistas que perciban su prestación con cargo a ningún otro Régimen de los que integran el sistema de la Seguridad Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3095/2018
  • Fecha: 25/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se dirime en el recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si reúne el requisito de carencia de rentas propias, exigido para la percepción del subsidio por desempleo quien es, además, titular de la prestación económica de la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid cuya cuantía mensual, superior al 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. La sentencia de suplicación consideró que la imputación de los ingresos por RMI no debe realizarse en exclusiva al actor, sino que deben ser divididos entre los miembros de la unidad familiar . La sentencia estima el RCUD deducido por el SPEE frente a la sentencia de suplicación estimatoria de la demanda, reiterando el criterio sentado en la STS de 24/1/2018 (Rcud 2696/2016), conforme al cual el único titular de la RMI es el solicitante, quien ingresa su importe en su patrimonio como renta propia. Sin que a ello obste el carácter alimenticio de la RMI y la consiguiente obligación de su titular de que la misma beneficie a todos los integrantes de la unidad familiar. En consecuencia, no puede distribuirse artificialmente la prestación entre los integrantes de la unidad familiar para eludir la aplicación de los topes máximos de renta legalmente establecidos para acceder al subsidio por desempleo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 1778/2018
  • Fecha: 25/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras reclamar la empresa Gas Natural a un antiguo trabajador suyo, en situación de incapacidad permanente total, una cantidad en concepto de impago de los impuestos repercutidos por el consumo eléctrico del que venía disfrutando de forma gratuita por razón de haber sido empleado de aquella compañía distribuidora de energía eléctrica, por la sentencia de instancia se estimó parcialmente la demanda, sentencia revocada en suplicación para desestimar ésta, declarándose la incompetencia del orden jurisdiccional social en cuanto a la pretensión de condena al abono de los suministros de energía eléctrica y tributos desde 01/01/2014, correspondiendo la competencia a la jurisdicción civil. Y en cuanto a la reclamación de los tributos devengados hasta esa fecha, se desestima la demanda. La Sala 4ª, reiterando abundante jurisprudencia anterior, confirma la sentencia de suplicación, por entender que se trata de un beneficio ventaja o prestación que deriva de la anterior prestación laboral, y hay que estar al plazo prescriptivo del art. 59.1 ET, siendo erróneo acudir al de las mejoras voluntarias de Seguridad Social o al específico de cada Impuesto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 1545/2018
  • Fecha: 25/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reiterando jurisprudencia anterior se confirma la sentencia de suplicación que confirmando la de instancia desestimó la demanda de despido presentado por el trabajador, controlador aéreo, de Enaire, que fue cesado por jubilación obligatoria cuando cumplió 65 años en aplicación de la DA 4 Ley 9/2010 y art. 4 Ley 27/2011. El argumento es que es conforme a derecho la jubilación forzosa de controladores aéreos, por estar amparada la medida legislativa en evitar las consecuencias negativas de la incidencia sobre el interés general de factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre operaciones aéreas. Respecto del segundo motivo del RCUD, la Sala considera que es mero trasunto del anterior, y además no puede apreciarse contradicción, puesto que la sentencia se acomoda a lo dispuesto en la STJUE de 13 de septiembre de 2011, C-447/09, asunto Prigge invocada de contraste.

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