• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 3030/2019
  • Fecha: 22/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se dilucida el alcance de la facultad que atribuye el art. 146 LRJS a las entidades gestoras de la Seguridad Social para revisar de oficio sus actos declarativos de derecho en perjuicio del beneficiario, sin necesidad de activar la vía judicial con interposición de demanda frente a los mismos. Por resolución del SPEE de abril de 2012 se reconoció a la actora prestación por desempleo. El 15/2/17 el SPEE dicta resolución de percepción indebida de la prestación fundada en el reconocimiento judicial con efectos económicos retroactivos de la condición de funcionaria. La Sala IV, con remisión a doctrina previa, considera que el SPEE ha actuado conforme a derecho al anular de oficio las resoluciones administrativas que reconocieron a la demandante las prestaciones de desempleo que ha dejado sin efecto. Argumenta en interpretación tanto literal como sistemática del art. 146.1 de la LRJS, que el SPEE está facultado para revisar sus actos, sin necesidad de acudir a la vía judicial ni sujetarse al plazo de un año, cuando se basa tal revisión en la omisión de datos o aportación de datos inexactos por el solicitante, dado que el precepto contiene una regla de excepción a la prohibición de autotutela en materia de desempleo. El derecho a los salarios correspondientes a la fecha a la que se extiende el reconocimiento retroactivo de la condición de funcionaria es preexistente a las prestaciones de desempleo, y opera de manera coetánea e incompatible durante todo el periodo de su percepción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 4281/2019
  • Fecha: 22/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre el INSS en casación para la unificación de doctrina contra la sentencia que declaró que el actor tiene derecho a la pensión de jubilación anticipada que reclama. La Sala analiza si resulta exigible el requisito de haber mantenido ininterrumpidamente la inscripción como demandante de empleo para acceder a la pensión de jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, con anterioridad a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, por cuanto que el interesado no figuró como demandante de empleo entre el 27/4/11 y el 29/12/16 y presentó reclamación previa el 10/10/17. La Sala IV, tras apreciar que concurre la necesaria contradicción entre sentencias y reiterando el criterio sentado en su anterior STS de 1/12/2020 (R. 2390/18), desestima el recurso y concluye que se está en situación asimilada a la de alta (artículo 36.1. 1º RD 84/1996) si hay inscripción en la oficina de empleo como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la jubilación (artículo 161 bis LGSS de 1994 y artículo 207 LGSS de 2015). Añade que el paro involuntario con inscripción en la oficina de empleo es una situación asimilada al alta, por lo que no era necesario determinar si es aplicable o no el requisito del alta o situación asimilada a efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación anticipada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1563/2019
  • Fecha: 22/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La demandante, nacida en 1958, fue trabajadora de la ONCE hasta Abril´92, fecha en la que se le declara en situación de IPA: Posteriormente, accede a la jubilación el 1 de julio de 2014 de forma anticipada por discapacidad. Solicitó revisión del grado de incapacidad permanente para acceder a la situación de gran invalidez, la cual le fue denegada en resolución de 17 de abril de 2017 por no haber variado su estado respecto de la calificación inicial. En suplicación se confirmó la denegación de la pensión por entender que no es posible permitir el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente estando jubilado anticipadamente. La recurrente se encuentra jubilada anticipadamente y no ha cumplido aún la edad de jubilación establecida en el artículo 205.1 a) de la LGSS , por lo que tiene derecho a acceder la declaración de incapacidad permanente desde la situación de jubilación anticipada. La actora cumple los requisitos previstos en el art. 195.1 LGSS para acceder a la pensión de jubilación pero no tiene la edad ordinaria de jubilación pero la sentencia recurrida omite pronunciarse sobre la concurrencia o no de la prestación solicitada por lo que tiene derecho a acceder la declaración de IP desde la situación de jubilación anticipada casando y anulando la sentencia recurrida, para que se dicte una nueva sentencia resolviendo todos los motivos de suplicación resolviendo sobre el derecho a la prestación con absoluta libertad de criterio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 4497/2019
  • Fecha: 22/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Un trabajador autónomo solicita la pensión de jubilación y el INSS la deniega por no estar al corriente en el pago de sus cotizaciones pero le invita al pago en el plazo de 30 días naturales. El accionante interpuso reclamación previa y posterior demanda judicial frente a la Resolución denegatoria. Se discute sobre el alcance del requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones cuando se trata de las que ya han prescrito. El hecho de que se considere que el recurrente está al corriente en el pago de las cuotas exigibles en la fecha en la que se entiende causada la prestación, en los términos del artículo 28 del Decreto 2530/1970, no significa que las cuotas prescritas se consideren deudas satisfechas, a efectos de fijar el importe de la pensión de jubilación. Esta doctrina ha sido reiterada por la STS 905/2022 de 15 noviembre (rcud. 1390/2019). Hay que reconocer el derecho a la pensión de jubilación con cargo al RETA a quien en el momento de acceder a ella cumple todos los requisitos (edad, periodo de carencia, situación de origen, etc.), debiendo considerarse al corriente en el pago de las cotizaciones si las que adeuda están prescritas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1390/2019
  • Fecha: 15/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada, se centra en determinar si, a los efectos de tener por cumplido el requisito de hallarse al corriente en el pago de las cuotas, en el acceso a una pensión con cargo al RETA, computan las que se encuentran impagadas pero afectadas por el instituto de la prescripción. Y el TS, reiterando doctrina, recuerda respecto de la exigencia de hallarse al corriente del pago de las cuotas en el acceso a la pensión de viudedad del RETA, que no afecta a las cuotas impagadas pero prescritas. En efecto, las cuotas prescritas antes del hecho causante no impiden tener por cubierto el requisito de hallarse al corriente del pago de las cuotas y, por ende, no es preciso abrir el mecanismo de invitación al pago para lucrar la prestación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 853/2019
  • Fecha: 15/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El debate litigioso que se resuelve en la sentencia anotada consiste en determinar cómo deben computarse los ingresos de la esposa del beneficiario, a efectos del derecho a percibir la renta activa de inserción: si los ingresos derivados de la tenencia de bienes inmuebles urbanos que no constituyen la vivienda habitual de la beneficiaria y no se encuentran arrendados, deben calcularse aplicando al valor catastral un porcentaje equivalente al 100 por 100 del interés legal del dinero o atendiendo a la renta imputable fiscalmente a ese inmueble a efectos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF), conforme al art. 85 de la Ley 35/2006, esto es el 2% o el 1'1% del valor catastral, en función de que el valor catastral haya sido revisado o no. Y, el TS, reiterando doctrina, respecto del requisito de carencia de rentas, recuerda que la forma de cálculo de los rendimientos presuntos que entraña la titularidad de bienes inmuebles distintos de la vivienda habitual por los que no se obtienen ingresos, es la que resulta de aplicar el interés legal del dinero al valor catastral del inmueble, calculando así la renta imputable a ese bien a estos efectos (TS 16-1-18 Rec 882/2017; 29-10-19 Rec 424/2017; 14-5-20 Rec 4525/2017).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 3908/2019
  • Fecha: 11/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor nacido en 1956 se prejubiló en virtud de oferta realizada por el Banco el 26/03/12 en las mismas condiciones del Acuerdo laboral del proceso de integración, el sindicato comunicó al INSS el 28/02/13 la lista de extinciones al amparo del art. 4.1 RD 1716/2012 figurando el actor, en el INSS figuraba causa de cese con código 54 cese involuntario, solicitó jubilación anticipada el 2/01/17 concedida por el INSS con posterior revisión por error al entender que se trató de extinción voluntaria. Por Sentencia firme TSJ Sala de lo contencioso se declaró que las indemnizaciones por despido debieron ser declaradas exentas. El JS estimó la demanda y declaró el derecho a la jubilación anticipada con efectos de 2/01/17. El TSJ desestimó el recurso. La Sala IV consideró que el acuerdo de prejubilación suponía una baja no voluntaria. Remite a su reiterada jurisprudencia y previa STS 5/07/2022, rcud 1382/20: las prejubilaciones son producidas en el marco de un ERE con la oferta voluntaria del Banco en virtud de la cláusula vinculada al Acuerdo para personal nacido en 1956 con el compromiso de abono hasta que cumpla 64 años la totalidad de la prestación contributiva por desempleo y cotizaciones desde que se produjo la desvinculación. Se acredita que el trabajador se incluye en el ámbito de aplicación de la Acuerdo de 22/12/10 al cumplir la edad de 55 años y ofertarle la Banca las mismas condiciones de aquel Acuerdo laboral. Concluye que la baja no fue voluntaria y desestimó el recurso
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 636/2019
  • Fecha: 11/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La controversia suscitada radica en determinar si los contratos de colaboración social celebrados antes de las sentencias del TS de 27 diciembre 2013, recursos 2798/2012 y 3214/2012, mantienen el régimen jurídico previo a dicho pronunciamiento. El demandante presta servicios en Régimen de Colaboración Social, desde mayo/2013 y reclama que se declare la existencia de una relación laboral indefinida no fija. La Sala IV, desestima la pretensión tras reiterar la doctrina relativa a la interpretación y aplicación de lo previsto en la Disposición Final segunda del RDL 17/2014, de 26 de diciembre a los contratos de colaboración social celebrados con anterioridad al 27/12/2013 y que continúen vigentes a la entrada en vigor del RDL 17/14 ( el 31/12/2014). Estos pueden seguir desarrollándose válidamente cualquiera que sea la actividad, temporal o permanente, que haya sido contratada, sin perder por ello su naturaleza, no siendo considerados, por tanto, como contratos laborales. Aquella disposición se trata de una norma legal con vocación transitoria aplicable sólo a las relaciones iniciadas antes de la fecha de las sentencias que rectificaban doctrina anterior, siempre que se mantuviesen en el momento de entrada en vigor de la norma; y por ello, no modifica la configuración de la temporalidad. Se rechaza que dicha reforma legislativa vulnere el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, art. 9.3 CE.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 4708/2019
  • Fecha: 11/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la relativa a determinar si en un supuesto de despido improcedente debe declararse extinguida la relación laboral con derecho a la indemnización, cuando el empresario anticipó previamente su opción por la readmisión y el trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente total (IPT). Y el TS, reiterando doctrina, afirma que la declaración de incapacidad posterior al despido hace inviable la posibilidad de readmitir al trabajador, por lo que el único término admisible de condena no es ya la opción de readmitir o indemnizar que con carácter general contempla el art. 56.1 ET, sino que ha de imponerse al empresario la única obligación que tras la declaración de IPT resulta factible, la de indemnizar en los términos legales, y la cuantía de la indemnización debe calcularse en estos casos a la fecha del despido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 856/2019
  • Fecha: 10/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD. La cuestión a resolver es la de establecer la fecha en la que deben fijarse los efectos económicos derivados del procedimiento judicial de determinación de contingencia de la prestación de incapacidad temporal, reconocida en vía administrativa por enfermedad común y calificada como derivada de accidente de trabajo en el proceso judicial. Esto es, si han de retrotraerse la fecha del hecho causante y reconocimiento de la incapacidad temporal, o ha de ser la de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de determinación de contingencia. La Sala IV, tras admitir la recurribilidad de la sentencia y la competencia funcional según STS 22/2021 de 13 enero (rcud. 2245/2019), sostiene, en interpretación del art 53.1 LGSS y del art 6 RD 1430/06, y conforme a sentencia previa que, dado que la trabajadora presenta la solicitud de determinación de la contingencia una vez transcurrido el plazo de tres meses desde el hecho causante, ello obliga a limitar los efectos económicos derivados del reconocimiento de esta pretensión a los tres meses anteriores a la fecha de dicha solicitud. Reitera Doctrina de SSTS 7 julio 2015 (rcud. 703/2014) y 22/2021.

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