Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si la discapacidad del 67%, reconocida a la demandante, debe retrotraerse a la fecha de su solicitud, o, por el contrario, debe retrotraerse al momento en el que se le reconoció una discapacidad sensorial, lo que sucedió el 14-10-1977. La Sala IV, con remisión a sentencia previa, confirma la desestimación de la demanda y ello porque el art. 10.2 RD 1971/1999, en la redacción dada por el RD 1856/2009, dispone que "El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá producido desde la fecha de solicitud", por lo que la literalidad del precepto es meridiana y su legalidad no puede admitir duda alguna, incluso si se pone en conexión con lo preceptuado por el art. 57.3 Ley 30/1992, en la medida en que se trata de una norma de carácter especial. En el caso se ha acreditado que el 17-08-2006, cuando la demandante solicitó la revisión por agravamiento de su anterior declaración de discapacidad, producida el 29-07-1992, no presentaba las mismas patologías que entonces, ni tampoco el 14-10-1977, al producirse la resolución del I.N.P. Por tanto, no concurre el mismo supuesto de hecho entre las circunstancias concurrentes en 1978 o en 1992 y las que causaron la actual declaración de discapacidad, por lo que no cabe activar la eficacia retroactiva excepcional, establecida en el art. 57.3 de la Ley 30/1992.
Resumen: La cuestión planteada en conflicto colectivo se centra en decidir si el acuerdo de 08/09/2017 sobre prejubilaciones adoptado en el seno de la comisión mixta prevista en el III convenio colectivo de la empresa Nucleanor, SA, ha sido modificado con posterioridad por los acuerdos adoptados a raíz del despido colectivo por fuerza mayor, acordado como consecuencia del fin de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña decidido por la OM ETU/754/2017, de 1 de agosto. El recurso formulado por UGT-FICA considera que esos acuerdos no se limitan a aclarar o a desarrollar el acuerdo de prejubilaciones sino que lo modifican, defendiendo en particular que los salarios a considerar deben ser brutos (no netos) y que no deben tenerse en cuenta las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores. La sentencia comentada señala que los referidos acuerdos posteriores podían haber modificado dicho acuerdo si así lo hubieran decidido, toda vez que quienes los suscribieron tenían la legitimación y la mayoría para hacerlo, pero llega a la conclusión de que no lo hicieron, desestimando por ello el recurso planteado.
Resumen: El recurso de casación para unificación de doctrina tiene por objeto determinar si existe o no "cosa juzgada material" en un supuesto en el que en el proceso para el reconocimiento de IPT se fijó la base reguladora de la prestación, cuando, posteriormente, el beneficiario reclama la modificación de la misma en base a hechos y argumentos no alegados en aquel proceso. En la solicitud de IP se dictó sentencia por la cual se declaró al actor afecto de IPT, con derecho al percibo de una pensión calculada sobre una base reguladora de 1.805,57 euros. El actor presentó solicitudes de revisión de base reguladora en 2010 y 2014, que fueron desestimadas por resoluciones del INSS denegándolas por haberse calculado correctamente. Presentada nueva reclamación el actor formuló la correspondiente demanda origen de las presentes actuaciones. La sentencia de suplicación concluye que por sentencia firme del Juzgado de lo de 2009 no solo se reconoció al actor afecto de IPT para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo, sino que también se declaró la base reguladora de esa prestación, lo que excluye que se pueda discutir esta cuestión en este ulterior proceso. La Sala, reiterando doctrina desestima el recurso confirma la concurrencia de la cosa juzgada pues en el primer proceso en el que el actor reclamó la prestación de IT lo hizo con un contenido concreto que incluía la determinación de la base reguladora, cuya cuantificación quedó establecida en la sentencia y adquirió firmeza.
Resumen: Se confirma la sentencia de suplicación que confirmando la de instancia reconoció el derecho a la prestación por desempleo solicitada por quien tras un ERE suspensivo percibió prestaciones por desempleo, comunicando en un segundo ERE lo que se aceptó con fundamento en causas económicas, aprobando el SEPE la reanudación de la prestación por desempleo. Argumenta la Sala que conforme a lo establecido en el art. 208.1 2) LGSS/1994 y DA 63 LGSS/1994, y siguiendo abundante jurisprudencia que determinó que cuando el trabajador se acoge voluntariamente al plan de prejubilaciones acordado en ERE el cese debe entenderse por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, se cumplen las exigencias legales para tener derecho a la prestación por desempleo. En definitiva, aunque fue la trabajadora la que solicitó su inclusión en el ERE, ello no implica que suspendiera el contrato por su propia voluntad, ya que la causa real era la existencia de causas económicas.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la de determinar si procede calificar la pensión de IPT que percibe la beneficiario como derivada de accidente de trabajo. Pero el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción, y si bien en ambos casos concurren accidentes de trabajo con secuelas físicas que dan lugar a la indemnización por lesiones permanentes no invalidantes, con enfermedades psíquicas reactivas a las secuelas físicas producto de los accidentes de trabajo, no habiendo tenido con anterioridad a los accidentes los trabajadores patologías psíquicas, iniciando con posterioridad, y a resultas de dichas patologías psíquicas, otros procesos de IT calificados por el INSS como derivados de enfermedad común. En la sentencia recurrida obra una sentencia firme que señaló la existencia de patologías diversas, en la de contraste se consideró acreditada la relación de causalidad entre el accidente laboral y las patologías psíquicas subsiguientes.
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada se centra en determinar si las entidades responsables de los daños y perjuicios que se reclaman por enfermedad profesional, deben serlo de forma mancomunada, tal y como ha decidido la sentencia recurrida, o solidaria, tal y como pretende la parte demandante. Pero, el TS no entra en el fondo del asunto. Por un lado, la sentencia recurrida no admite el motivo relativo a la calificación de la responsabilidad que declaró la sentencia de instancia como mancomunada porque estaba mal planteado, incumpliendo las reglas procesales que exigían la cita y fundamentación de la infracción legal o jurisprudencial, y que se exige en el art. 196.2 de la LRJS. Y este concreto extremo no ha formulado la parte recurrente un punto de contradicción que fuera dirigido a impugnar la decisión de la sentencia recurrida sobre el defectuoso planteamiento del motivo. Y aún obviando tal extremo, tampoco puede apreciarse la contradicción porque la sentencia de contraste no resuelve el debate sobre la existencia de mancomunidad o solidaridad entre las empresas condenadas porque no consta que se hubiera planteado entonces, dado que la sentencia de instancia había desestimado la demanda y por tanto no contenía ningún pronunciamiento que pudiera ser llevado a suplicación, como sucede en el caso de la sentencia recurrida.
Resumen: Se plantea en casación unificadora si un pensionista de jubilación, acogido al Convenio Hispano-Argentino de Seguridad Social, tiene derecho a percibir el complemento de mínimos, aunque no resida en España. La sentencia recurrida aplica lo dispuesto en el art. 14.3 RD 2007/2009, aplicable al momento de conceder la pensión de jubilación al demandante y descarta la aplicación de la Disposición Adicional 54ª, 2 de la LGSS vigente en aquel momento, toda vez que dicha norma está prevista únicamente para los pensionistas de jubilación, que perciben su pensión con arreglo a la legislación española o, en su caso, a los Reglamentos Comunitarios. La Sala concluye que, en el presente supuesto, en el que se reconoció al demandante una pensión de jubilación con cargo a la Seguridad Social española, en aplicación del art. 2.1.b del Convenio de Seguridad Social Hispano Argentino, no es requisito constitutivo para lucrar el complemento por mínimos el requisito de residencia en España. Es así, aunque el art. 14.3 RD 2007/2009, vigente en el momento del reconocimiento de la pensión, exigía el requisito de residencia para lucrar el complemento por mínimos, sin que España pueda apartarse del cumplimiento de sus obligaciones internacionales, mediante la publicación de un simple Real Decreto, siendo necesario, por el contrario, que negocie la modificación del propio Convenio de Seguridad Social, que suscribió con la República Argentina.
Resumen: El INSS y la TGSS recurren la sentencia que declaró el derecho de la demandante a lucrar pensión de jubilación anticipada, concretada en el 74% de la base reguladora de 1.722,21 € con efectos desde el 14 de enero de 2016. La última relación laboral finalizó por sentencia que estimó su demanda de extinción del contrato de trabajo en base al art. 50.1 b) ET. Para que el derecho a esa modalidad de prestación de jubilación pueda serles reconocido deberán cumplir con los cuatro requisitos que el precepto fija: edad (a), inscripción como demandantes de empleo (b), periodo mínimo de cotización (c) y «que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral» (d). La minoración de la edad de jubilación se halla estrictamente vinculada a la concurrencia de la circunstancia que constituye el elemento esencial de la propia institución jurídica: la involuntariedad del cese. Tampoco cabe incluir los incumplimientos contractuales del empresario como son los que sirven para el ejercicio de la acción del art. 50 ET, de la que se trata en el presente caso. Es la sentencia de contraste la que contiene la doctrina ajustada a Derecho y estima el recurso y casa y anula la sentencia recurrida, resolviendo el debate suscitado en suplicación en el sentido de desestimar el recurso de dicha clase interpuesto por la parte actora y confirmar el fallo desestimatorio de la sentencia del Juzgado.
Resumen: La sentencia anotada aborda el recurso de casación unificadora deducido frente a la sentencia que declaraba el carácter común de la contingencia del proceso de IT que había iniciado el actor con fecha 03-06-14. A los efectos de resolver sobre dicha pretensión, la Sala ade suplicación descarta aplicar la presunción de laboralidad prevista en el actual Art. 156.3 de la LGSS sobre la base de que los primeros síntomas de la patología cardíaca que presentó el trabajador no consta acreditado que se hubiesen presentado en lugar y tiempo de trabajo e, igualmente, que aquél ya tenía antecedentes médicos sobre esa misma dolencia. Pero, el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso. Así, la sentencia recurrida descarta la aplicación de la presunción de laboralidad, por cuanto concurren circunstancias que la desvirtúan, y fundamentalmente, porque no consta debidamente acreditado que los primeros síntomas del infarto se produjeran en horario y lugar de trabajo y, también y además, por presentar antecedentes de patología cardíaca el actor, la sentencia de contraste considera irrelevante, a los efectos de desvirtuar la aplicación de la presunción de laboralidad que los primeros síntomas se produjeran fuera del horario y lugar de trabajo y que el trabajador afectado presentase antecedentes previos de esa misma patología, concurriendo circunstancias bien distintas.
Resumen: La Sala IV, aplica doctrina previa, y estima que los herederos de la trabajadora fallecida por enfermedad profesional, cuya contingencia profesional fue declarada judicialmente con posterioridad al fallecimiento, poseen legitimación para reclamar de la empresa la correspondiente indemnización que hubiera correspondido a la referida trabajadora por daño derivado de culpa contractual. Conforme al art 661 CC, los herederos suceden al difunto, por el solo hecho de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones; derechos entre los que se encuentran las acciones resarcitorias no ejercitadas por el mismo y no prescritas al tiempo de su fallecimiento En el caso, los daños sufridos por la esposa fallecida por enfermedad profesional, aparte de no ser sólo morales porque también sufre un perjuicio económico, forman parte del caudal relicto de la misma a su muerte dado que se comprende en el mismo los derechos nacidos y no ejercitados o en trámite de ser ejercitados por el causante. En efecto, la trabajadora fallecida por enfermedad profesional no pudo reclamar la indemnización por daños y perjuicios, dado que falleció antes de que, por sentencia firme, se reconociera el origen profesional de la contingencia de la que derivó su prestación. Por ello, sus herederos la sucedieron en las acciones y derechos que la misma conservaba al tiempo de su fallecimiento, razón por la que sí estaban legitimados para el ejercicio de la acción que nos ocupa.
