Resumen: La sentencia anotada declara la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer del derecho de un trabajador a ser contratado con preferencia a otro que tiene puesto inferior en la bolsa de empleo del Ayuntamiento (de Marbella) demandado. Con lo que reitera la doctrina establecida en las STS Pleno 11-6-19, Rec 132/2018, 3-2-2012, Rec 2861/18, en el sentido de que la doctrina anterior de la Sala sobre las bolsas de trabajo en la Administración Pública ha de entenderse modificada tras la entrada en vigor de la regulación contenida en la LRJS art. 2.n), que atribuye a esta jurisdicción el conocimiento de las "demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional".
Resumen: No entra la sentencia a conocer de la cuestión relativa a si procede el reconocimiento en situación de incapacidad permanente total por silicosis, por no apreciarse la existencia de contradicción con la sentencia de contraste, ya que si bien en ambos supuestos los trabajadores padecen silicosis simple o de grado 1 sin enfermedades intercurrentes y sin puesto de trabajo en sus empresas no expuesto al riesgo pulvígeno, pretendiendo el reconocimiento en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional en base al artículo 45.1 de la OM 15-04-1969, ahí acaban las similitudes, ya que en la sentencia recurrida consta que el trabajador fue despedido por causas económicas, lo que no consta en la sentencia de contraste, por lo que pierde relevancia el factor de la posible recolocación en otro puesto de trabajo de la misma empresa, lo que sigue siendo relevante si no se ha extinguido el contrato de trabajo. Además, en la sentencia recurrida consta que el trabajador recibió indemnización conforme a la Orden de 09-05-1962, lo que no consta en la sentencia de contraste.
Resumen: El objeto del recurso se ciñe a determinar si procede reconocer la prestación de desempleo a un trabajador, menor de 30 años, que presta servicios para su padre, afiliado al RETA, en virtud de un contrato de trabajo y que no convive con el mismo. En suplicación se argumentó que el artículo 1.3.e) del ET excluye la existencia de relación laboral cuando los servicios se prestan para el empresario por sus descendientes, salvo que se acredite la condición de asalariado. Procede la estimación del recurso porque concurren las circunstancias que posibilitan el acceso a la prestación de desempleo denegada ya que nos encontramos en el supuesto de un hijo menor de 30 años, no conviviente, contratado por su progenitor, afiliado al RETA, por lo que no está excluido del ámbito de aplicación del ET, lo que determina, como ya se ha adelantado, la estimación del recurso formulado. La solución es respetuosa con los postulados constitucionales ya que supone que el acceso a la prestación de desempleo no resulta subordinada al requisito de ser mayor o menor de treinta años, lo que supondría una discriminación por razón de edad, sino que se le reconoce el derecho a la citada prestación en el supuesto de que no conviva con su progenitor, denegándosele en caso contrario. El requisito de la convivencia se erige así en la piedra angular no contraria a la Constitución ya que es un factor relevante para determinar la existencia de una especial relación y, en su caso dependencia.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si tiene derecho a la jubilación anticipada a los 61 años de edad (con arreglo a la normativa anterior a la reforma operada por la Ley 27/2011), un trabajador que cesó en el trabajo el 08/02/2013 con más de 38 años de cotización, y que tras percibir el subsidio por desempleo prestó nuevamente servicios por cuenta ajena al 75% de la jornada desde el 07/01/2016 a 16/04/2016. La sentencia comentada llega a la conclusión de que no procede reconocer el derecho solicitado porque los términos de la disp. final 12.2 Ley 27/2011, en su redacción dada por el RDL 5/2013, son claros y terminantes, y además se han reiterado en el tiempo, al exigir para aplicar la regulación anterior que la relación laboral se haya extinguido antes del 01/04/2013 y que con posterioridad a tal fecha no se vuelva a quedar incluido en alguno de los regímenes de la Seguridad Social; y es claro que el último requisito no se cumple en este caso.
Resumen: La actora solicitó la prestación de IP, que le fue denegada por el INSS por no encontrarse en situación de alta o asimilada y no ser sus lesiones constitutivas de ningún grado de incapacidad. La sentencia de instancia admite que las dolencias de la actora son constitutivas del grado de IPP, pero niega el reconocimiento de la prestación porque no concurre el requisito de alta. Recurre únicamente la parte actora en suplicación -sin que el INSS hubiere llegado ni tan siquiera a impugnar el recurso-, para plantear que debe aplicarse la doctrina flexible y humanizadora para considerar que se encuentra en situación asimilada al alta. La sentencia recurrida no solo no se pronuncia sobre es única pretensión ejercitada en suplicación, sino que revisa de oficio lo declarado en la sentencia de instancia para establecer que las dolencias de la demandante no son constitutivas de incapacidad permanente parcial. Se plantea en casación unificadora determinar si incurre en incongruencia la sentencia de la Sala cuando sólo recurre la trabajadora demandante que no ha impugnado ese pronunciamiento. La Sala IV concluye que lo expuesto provoca una reformatio in peius atentatoria del derecho de tutela consagrado constitucionalmente, a la vez que con ello incurre en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre la pretensión ejercitada por la recurrente que constituye el único objeto del recurso de suplicación, contraviniendo de esta forma lo dispuesto en el art. 218.1 LEC.
Resumen: En la demanda de revisión de la trae causa la sentencia anotada, se solicita la revisión de una sentencia que acordó que la IPA reconocida al actor derivó de enfermedad profesional y le condenó, al considerar que tal patología resultó de la exposición a fibras de amianto en dicha empresa. La revisión se sustentó en la existencia de un documento decisivo ---expediente médico del actor obrante en la Unidad de Salud Laboral--. Pero, el TS rechaza la revisión pretendida, de acuerdo a reiterado criterio jurisprudencial, porque el documento en cuestión (el expediente médico del actor en un proceso para la declaración de IPA por enfermedad profesional) no es decisivo y porque además pudo disponer del mismo durante el proceso.
Resumen: Se produce incongruencia omisiva cuando la sentencia no resuelve todos los puntos formulados por las partes, tal como sucede en el caso de la sentencia comentada, en el que se impugnaba la resolución denegatoria del INSS de la pensión de incapacidad permanente solicitada por la actora. Dicha denegación se basaba en la falta de gravedad de sus dolencias y en el incumplimiento del requisito del alta o situación asimilada al alta en la fecha del hecho causante. En la instancia se denegó la demanda por la falta de gravedad de las dolencias, sin examinar el requisito del alta o asimilada por innecesario. En suplicación tanto la actora en su recurso, como el INSS en su escrito de impugnación hacían referencia al segundo motivo de denegación administrativa. En concreto, en el escrito de impugnación del recurso de suplicación se alegaba que la trabajadora no se encontraba en situación asimilada al alta en la fecha del hecho causante, pese a lo cual la sentencia del TSJ declaró a la actora en situación de incapacidad permanente total por la gravedad de sus dolencias, sin examinar si se encontraba en situación de alta o asimilada en la fecha del hecho causante.
Resumen: Ante el TS se trata determinar, únicamente, si la finalización válida de un contrato de interinidad por vacante por cobertura reglamentaria de la plaza por la Administración, debe conllevar una indemnización por extinción del contrato, en concreto la de 20 días por año del art. 53 ET. Razona la Sala IV que, partiendo del dato incuestionable de que nuestro ordenamiento jurídico no ha previsto ningún tipo de indemnización por finalización del contrato temporal de interinidad, hay que referir que la doctrina de la STJUE de 14-9-2016 (C-596/14), fue rectificada por las SSTJUE de 5-6-2018, (C-574/16 y C-677/16), y, más recientemente, por la STJUE de 21-11-2018 (C-619/17), en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala IV. La cual en STS Pleno de 13-3-2019 (R. 3970/2016), zanjó la cuestión reseñando que «no es posible confundir entre distintas causas de extinción contractual y transformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que el legislador no ha contemplado como tal. El régimen indemnizatorio del fin de los contratos temporales posee su propia identidad, configurada legalmente de forma separada, sin menoscabo alguno del obligado respeto al derecho a no discriminación de los trabajadores temporales». No puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la Ley para supuestos radicalmente distintos como son las causas objetivas contempladas en el art. 52 del ET.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social tenía acceso al recurso de suplicación, en una demanda en la que se reclamaba una mayor pensión de jubilación, al no estar conforme con la base reguladora, resultando una diferencia entre lo reconocido y lo reclamado que no superaba los 3.000 euros. La Sala IV sostiene que no existe contradicción entre las sentencias comparadas al no concurrir la identidad exigida. En la recurrida la discrepancia está en que el demandante pretende aplicar el régimen ordinario de determinación de la pensión de jubilación mientras que la entidad gestora entiende que está bajo otra cobertura legal anterior a la reforma de 2011. Ese debate no es el que ha permitido a la sentencia de contraste apreciar la existencia de afectación general. Esto es, en el caso de autos la naturaleza de la pretensión articulada en demanda no se asemeja , a efectos de notoriedad, a la que presentaba en la sentencia de contraste y menos cuando el presente debate resulta novedoso. Por otra parte, la Sala IV confirma que el recurso no reúne las notas de afectación general por notoriedad. No se constata que la situación de conflicto generalizada concurra en este caso, ni siquiera por la vía de la notoriedad, ya que estamos ante un debate que se ciñe a si el demandante, que solicita la pensión de jubilación, debe acogerse al régimen de la D.T. 4ª.5 de la LGSS.
Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación para estimar la demanda presentada por el actor, en que solicitaba se le reconociera la jubilación anticipada que le fue denegada tras acogerse al plan de prejubilaciones de Banca Cívica, y que le fue denegada por no constar como inscrito como demandante de empleo en los 6 meses anteriores al hecho causante. Reitera lo dispuesto en la STS 14-04-2020 (Rec. 790/2009), en que se concretó que los requisitos de los apartados b) y d) del art. 161 bis 2 LGSS, no son exigibles en aquellos supuestos en que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador, tras la extinción del contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiere correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social, por lo que no es exigible al actor el requisito de encontrarse inscrito en la oficina de empleo durante un plazo de 6 meses anteriores a la solicitud de prejubilación, ya que la extinción lo fue mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación
