Resumen: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar la fecha de efectos económicos que debe otorgarse al recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo que se impuso a la empresa demandante. La sentencia reitera la doctrina de la Sala en el sentido de que la fecha de efectos del recargo debe ser la de tres meses antes de que el beneficiario o, en su caso, la autoridad administrativa laboral, interesaran del INSS su imposición, y no la fecha de reconocimiento de la prestación sobre la que aquel se aplica, por lo que estima el recurso de la empresa demandante.
Resumen: El recurso tiene por objeto determinar si la situación de Incapacidad Temporal (IT) en la que se encontraba el trabajador como consecuencia de una caída cuando el actor se dirigía a su vehículo situado en el aparcamiento de la empresa durante su tiempo de descanso de 40 minutos, debe considerarse o no accidente de trabajo. La Sala de suplicación confirma la sentencia de instancia que estimó la demanda interpuesta por el actor frente al INSS, TGSS, Mutualia, y la empresa, y declaró que el proceso de IT iniciado por el actor derivaba de la contingencia de accidente de trabajo al considerar que la Incapacidad Temporal de la trabajadora deriva de accidente laboral, por entender que el accidente se produjo con ocasión del trabajo (art. 115.1 LGSS). Y dicho pronunciamiento es confirmado por la Sala IV por ser acorde con la doctrina contenida, entre otras en SSTS de 13/12/2018 -rcud. 398/2017- y 1/12/2017 - 3892/2015-, entendiendo que la consideración del caso debatido como accidente de trabajo le viene dada como accidente propio y a virtud de la definición que del mismo hace el art. 115.1 LGSS, al considerar AT «toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo».
Resumen: La actora, que presta servicios como ayudante en ambulancia para transporte ordinario de pacientes, reclama en demanda la prestación por riesgo durante la lactancia natural. Tal pretensión fue desestimada en la instancia, confirmando tal pronunciamiento la sala de suplicación. Recurre en casación unificadora. La sala IV desestima el recurso por entender que no concurre el requisito de la comparación entre las sentencias comparadas. Así, a pesar de que ambas trabajadores prestan servicios en una ambulancia, las condiciones de trabajo y actividad desempeñada no son comparables. La actora realiza desempeña funciones de portaliteras en ambulancia para el transporte regular de enfermos, sin estar sujeta a condiciones de turnicidad, nocturnidad y disponibilidad; mientras que la trabajadora de la sentencia referencial es una enfermera del servicio de urgencias del 112, sometida a todas esas variables, e incluso a una muy superior exposición a otros riesgos adiciones por agentes químicos o biológicos, derivados de los mayores peligros que surgen de la difícil previsibilidad de su actuación, y de la necesidad de enfrentarse a inopinadas situaciones de emergencias de más difícil control. Finalmente, en la sentencia recurrida constan informes sobre evaluación de riesgos del puesto de trabajo, y tal dato no consta en la sentencia de contraste.
Resumen: Se desestima la demanda de revisión contra las sentencias de instancia que denegó la pensión de jubilación por falta de carencia, acordándose dar cuenta al Ministerio Fiscal en aplicación art. 40 LEC por si la actuación del demandante u otras personas pudiera ser constitutiva de infracción penal por confección o presentación de documento falsos o fraudulencia en la obtención de prestaciones, así como la sentencia de suplicación que la confirmó. Sistematiza su propia doctrina sobre la revisión la Sala 4ª y considera que la demanda no encaja en causa alguna de revisión y la desestimación de la demanda estaba justificada en causas independientes del fraude procesal. La sentencia de instancia considera que la valoración de la prueba se realiza con independencia de su falsedad en términos penales, pretendiendo la parte obtener la carencia manifestando que había prestado servicios para una empresa que al parecer no había cotizado durante la prestación de servicios, alcanzando su conclusión la sentencia porque los documentos eran fotocopias, la empresa no tenía actividad desde 1990 estando involucrada en una estafa, aunque compareció a juicio para reconocer la certeza de la prestación de servicios varios años después, no se aportó ningún testigo que acreditase los servicios, y el actor presentó 2 demandas en 2 juzgados distintos alegando hechos distintos pero fundamentados en prestación de servicios en empresas que no le dieron de alta.
Resumen: La Sala IV desestima el recurso de ENCE Energía y Celulosa. S.A. en el que el debate se centra en si existe en la estructura salarial de la empresa una doble escala salarial ilícita proyectada sobre el complemento personal de antigüedad que conlleva diferencias salariales con repercusión en la indemnización por despido a consecuencia de la fecha de ingreso en la empresa. En suplicación se entendió existente una doble escala salarial y revocó la de instancia. La jurisprudencia de la Sala ha vetado la posibilidad de que el CC. establezca diferencias retributivas por la única circunstancia de la fecha de ingreso, declarando por este motivo la nulidad de las dobles escalas salariales. Igualmente, la jurisprudencia constitucional también lo considera reprochable desde la perspectiva del derecho a la igualdad. En el caso enjuiciado, existe el complemento personal de antigüedad sustituido luego por el "complemento ad personam", que solo percibe un grupo de trabajadores y se va revalorizando anualmente e incluso incrementando en caso de ascensos de nivel, y con repercusión no únicamente en la cuantía salarial, sino también a efectos de prestaciones y mejoras sin que por parte de la empleadora se aporten indicios para intentar una justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato en de unos u otros trabajadores en atención a la fecha de ingreso en la empresa.
Resumen: La Sala desestima el recurso de Ence Energía y Celulosa, S.A. (ENCE) en el que se plantea si existe en la estructura salarial de la empresa una doble escala salarial ilícita proyectada sobre el complemento personal de antigüedad que conlleva diferencias salariales con repercusión en la indemnización por despido a consecuencia de la fecha de ingreso en la empresa. En suplicación se entendió existente una doble escala salarial y revocó la de instancia. La jurisprudencia de la Sala ha vetado la posibilidad de que el Convenio C. establezca diferencias retributivas por la única circunstancia de la fecha de ingreso, declarando por este motivo la nulidad de las dobles escalas salariales. Igualmente la jurisprudencia constitucional también lo considera reprochable desde la perspectiva del derecho a la igualdad. En el caso enjuiciado, existe el complemento personal de antigüedad sustituido luego por el "complemento ad personam", que solo percibe un grupo de trabajadores y se va revalorizando anualmente e incluso incrementando en caso de ascensos de nivel, y con repercusión no únicamente en la cuantía salarial, sino también a efectos de prestaciones y mejoras sin que por parte de la empleadora se aporten indicios para intentar una justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato en de unos u otros trabajadores en atención a la fecha de ingreso en la empresa.
Resumen: Nuevamente, la cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la relativa a determinar si procede el abono de la indemnización prevista para el despido por causas objetivas cuando lo que acaece es que finaliza un contrato de interinidad por vacante como consecuencia de que la plaza, adscrita a una oferta pública de empleo, es ocupada por quien la ha obtenido tras superar las pruebas convocadas al efecto. La Sala de suplicación reconoció la indemnización postulada, sin embargo tal parecer no es compartido por el TS. Razona al respecto que en nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; en el caso de la interinidad, esa indemnización es inexistente. A lo anterior se anuda, que en el presente caso no se cuestiona ni la regularidad del contrato de interinidad, ni la legitimidad del cese, y se descarta la aplicación del art. 70 EBEP por haber durado la contratación más de tres años. Por lo tanto, siguiendo doctrina emanada de TS, Pleno, 13-3-2019 (rec. 3970/16), y la evolución de la doctrina TJUE, la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no da lugar a la indemnización de los despidos por causas objetivas.
Resumen: La cuestión nuclear deducida en la sentencia anotada gira en torno a la procedencia o no de la indemnización por el cese en la plaza ocupada mediante contrato de interinidad por vacante, acaecido tras un proceso extraordinario de consolidación de empleo. La Sala de suplicación reconoció la indemnización postulada, sin embargo tal parecer no es compartido por el TS. Razona al respecto que en nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; en el caso de la interinidad, esa indemnización es inexistente. A lo anterior se anuda, que en el presente caso no se cuestiona ni la regularidad del contrato de interinidad, ni la legitimidad del cese, ni siquiera la eventual aplicación del artículo 70 EBEP. Por lo tanto, siguiendo doctrina emanada de TS, Pleno, 13-3-2019 (rec. 3970/16), y la evolución de la doctrina TJUE, la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no dé lugar a la indemnización de los despidos por causas objetivas.
Resumen: El debate de casación unificadora se centra en determinar si la situación de jubilación por discapacidad impide el reconocimiento de una incapacidad permanente en el grado de gran invalidez. El actor tiene reconocida una pensión de jubilación anticipada por razón de discapacidad. El INSS dictó resolución denegándole la prestación por gran invalidez al resultar improcedente la revisión del grado de incapacidad absoluta reconocido. El TS aborda la cuestión relativa a si la situación de jubilación por discapacidad impide el reconocimiento de la gran invalidez, como se ha considerado en la instancia y en suplicación. Y, con remisión a sentencias previas y efectuando un minucioso examen de los diversos supuestos de jubilación, concluye que la jubilación ordinaria no sólo es la que establece el art. 205 LGSS sino que, junto a ella, hay otras que merecen igual calificativo, como la que aquí se debate, conocida como jubilación por discapacidad del art. 206.2 LGSS. De la interpretación del art. 200.2 LGSS se colige que la prestación de IP, en tanto que en ella entre en juego como requisito para su reconocimiento el no ostentar la edad de jubilación ordinaria, no podrá reconocerse cuando se haya alcanzado la edad ordinaria del art. 205.1 a) ni cuando se alcance la que tengan establecida colectivos específicos, en donde el nº de años de edad del art. 205.1 a) a la edad de una persona, se vincula también a la posibilidad de generar la pensión de jubilación. Desestima el recurso.
Resumen: La Mutua Egarsat, condenada en el asunto del que trae causa el litigio, interpone demanda de revisión de las sentencias del Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia, que estimaron la demanda en la que se impugnaba la resolución dictada por la Mutua Egarsat en reclamación de prestaciones de incapacidad temporal indebidamente percibidas. La demanda rescisoria se acoge genéricamente a los arts. 236 LRJS y 510 LEC, pero no señala el concreto motivo de este último precepto a cuyo amparo se articula, limitándose simplemente a exponer que el INSS no aportó en el procedimiento una serie de documentos que considera decisivos, a la vez que acompaña dos certificados en los que se hacen constar las prestaciones de incapacidad temporal abonadas a la demandante en un determinado periodo. La Sala IV, tras recordar el carácter excepcional y extraordinario del proceso de revisión de sentencias firmes y los requisitos elaborados sobre el concepto de documento decisivo recobrado u obtenido, desestima la demanda de revisión al entender que los documentos invocados son de fecha posterior a las sentencias cuya rescisión se pretende y que se trata, además, de distintos certificados de organismos públicos referentes a hechos anteriores al inicio del proceso judicial, que podrían haberse recabado en cualquier momento previo.
