• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3048/2018
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Formula recurso de casación para la unificación de doctrina el Abogado del Estado en representación del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas en casación unificadora a efectos de que se determine si la competencia para conocer de la pretensión rectora de las actuaciones corresponde al orden laboral o al contencioso-administrativo. El actor reclama el reconocimiento de su derecho al abono de determinada cantidad en concepto de compensación por sustitución del suministro de carbón. La sentencia de suplicación admite la competencia del orden social de la jurisdicción. Sin embargo, la sala IV revoca tal pronunciamiento y declara la competencia del orden contencioso-administrativo por entender que lo que se reclama es el abono de una subvención a cargo del Estado y porque el título jurídico que sustenta la pretensión no es el contrato de trabajo ni un acuerdo colectivo. En definitiva y, dada la naturaleza de la ayuda solicitada, el orden jurisdiccional competente para pronunciarse sobre si su abono resulta o no procedente es el contencioso-administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3340/2018
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La jurisdicción social no es competente para conocer de la reclamación del trabajador del ?vale del carbón?, que es una subvención pública de la que es beneficiaria la empresa. Porque se trata subvenciones directas en favor de las empresas del sector del carbón y a cargo de los presupuestos generales del Estado, que están sujetas, por lo tanto, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que ni son prestaciones de seguridad social - por más que se hable de ayudas a la prejubilación - ni son los trabajadores los beneficiarios de las mismas, porque el título jurídico en el que se sustenta la demanda no nace del contrato de trabajo o de un acuerdo colectivo, ni de ningún otro instrumento regulador de la relación laboral entre el trabajador y la empresa, de modo que la mera y simple formalidad de incluir en la demanda a la empleadora no puede alterar la competencia jurisdiccional, que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3375/2018
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se plantea la cuestión de determinar si tiene derecho a percibir la prestación por desempleo un trabajador en situación de jubilación parcial anticipada. El trabajador, en situación de jubilación parcial, suscribió con la empresa contrato de trabajo a tiempo parcial con jornada de trabajo equivalente al 15% de la jornada completa. La empresa acumuló la jornada parcial y la concentró en los 131 días laborales posteriores, abonado las cotizaciones y el salario correspondientes al 15% de la jornada durante todo el tiempo que duraría la jubilación parcial. El contrato de trabajo se suspendió desde el 15 de agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, que no coincidió con los meses en los que el actor desarrollaba su actividad laboral como consecuencia de la acumulación de jornada, sin que la empresa abonara el salario correspondiente y el SPEE no abonó tampoco la prestación por desempleo. La sentencia recurrida no reconoció el derecho a la prestación por desempleo. La Sala IV desestima el recurso. Se funda esta decisión en el hecho de que no concurre el requisito de la prestación por desempleo regulada en el artículo 267 de la LGSS, porque no hay una suspensión del contrato de trabajo. Concluye la Sala que el actor no tiene derecho a percibir prestación de desempleo sin perjuicio del derecho que le pudiera asistir a percibir de la empresa el salario no abonado durante el periodo de 15 de agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 2104/2018
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Según la sentencia comentada, la jurisdicción social no es competente para conocer de la acción del trabajador en reclamación de subvención pública de la que es beneficiaria la empresa. Se trata subvenciones directas en favor de las empresas del sector del carbón, y a cargo de los presupuestos generales del Estado, que están sujetas por lo tanto a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que no se trata de prestaciones de seguridad social, por más que se hable de ayudas a la prejubilación, ni los beneficiarios de las subvenciones son los trabajadores, porque el título jurídico en el que se sustenta la demanda no nace del contrato de trabajo o de un acuerdo colectivo, ni de ningún otro instrumento regulador de la relación laboral entre el trabajador y la empresa, de modo que la mera y simple formalidad de incluir en la demanda a la empleadora no puede alterar la competencia jurisdiccional, que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 2680/2018
  • Fecha: 03/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si está prescrito el derecho a la indemnización de daños y perjuicios por la declaración de incapacidad absoluta (IPA), en revisión por agravación de la incapacidad permanente total (IPT), que le fue reconocida al demandante en 1993, ambas como consecuencia del accidente laboral sufrido en 1989. El plazo para ejercitar dicha acción derivada de contingencias profesionales es de 1 año, ex art. 59.2 ET. El día inicial del plazo es aquel en el que pudieron ejercitarse las acciones, entendiendo que no puede iniciarse éste hasta que “el beneficiario tiene un cabal conocimiento de las secuelas del accidente”. En el caso, la realidad del alcance definitivo del accidente de trabajo -o enfermedad profesional- no se ha conocido hasta que el trabajador ha sido declarado en IPA, en el año 2012, que, también judicialmente, se ha vinculado al mismo accidente de trabajo. El que entre el accidente de trabajo y las secuelas declaradas en 2012 haya transcurrido un excesivo espacio de tiempo, resulta irrelevante para definir el día inicial del plazo para reclamar la reparación del daño que el siniestro le ha ocasionado y que se traduce en una situación de IPA. Por tanto, este último momento es el que le permite al demandante iniciar el ejercicio de las acciones en reparación del daño que ha provocado el siniestro y no otro anterior. Con ello se está respetando el derecho del perjudicado a ser íntegramente resarcido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2169/2018
  • Fecha: 28/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto de debate de la sentencia analizada consiste en determinar si, a efectos del percibo de la pensión de jubilación parcial anticipada, han de computarse los seis años anteriores al hecho causante [art. 215.2.b LGSS] en concepto de asimilado a trabajador por cuenta ajena [art. 136.2.b LGSS] al ejercer como Consejero Administrador sin control efectivo de la sociedad mercantil (el actor posee menos del 50% del capital social) [art. 305.2.b LGSS]. La sentencia entiende que el concepto de trabajador en el ámbito de la Seguridad Social es distinto del establecido en el Estatuto de los Trabajadores y que no hay razón para ampliar la exclusión que realiza el citado precepto pues el reconocimiento de la pensión de jubilación en cualquiera de sus modalidades no significa traslado de la condición de asimilado al ámbito del Estatuto de los Trabajadores sino que la operatividad se limita al campo de las prestaciones. Se confirman las sentencias dictadas tanto en instancia como en suplicación que declaran al actor en situación de jubilación parcial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3116/2018
  • Fecha: 28/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de instancia, confirmada en suplicación, aprecia la falta de acción del actor para accionar por despido frente a la extinción de un último contrato de relevo, acordada por el Ayuntamiento de Madrid antes de la fecha indicada en contrato y a raíz de la muerte del relevado. La Sala IV, reiterando doctrina, parte de que si bien en su origen el contrato de relevo surge de una novación del contrato de trabajo del relevado, esta conexión no determina una dependencia funcional del contrato de relevo respecto de la situación de jubilación empleo parcial. Ello se desprende del art. 12.7.b) ET, donde se establece que la duración del contrato que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial tendrá que ser indefinida o, como mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de 65 años. Además, la finalidad del contrato de relevo es mantener inalterado el volumen de empleo existente en la empresa respecto de las concretas funciones afectadas, deduciéndose de ello que el puesto de trabajo del relevista ha de conservase, al menos hasta la jubilación total del relevado. Así, la muerte del trabajador relevado no tiene incidencia en el contrato de trabajo del relevista, el cual, se haya suscrito por tiempo indefinido o por una duración determinada, y se mantiene vivo y vigente en sus propios términos. Lo que conduce a rechazar la falta de acción y a declarar improcedente el despido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3264/2018
  • Fecha: 28/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si, en un supuesto de jubilación anticipada, es posible obviar el requisito de la inscripción como demandante de empleo durante los seis meses antes de la fecha de la solicitud. El actor solicitó pensión de jubilación anticipada, y le fue desestimada por el INSS, por no haber acreditado ser demandante de empleo de forma ininterrumpida durante los seis meses anteriores a la solicitud. Se denuncia infracción del art. 207.1.b) de la LGSS. La jubilación anticipada constituye una excepción a la regla general del cumplimiento de la edad ordinaria y como tal requiere que una norma haya previsto tal posibilidad que al legislador le merece digna de protección anticipada pero sujeta al estricto cumplimiento de las previsiones legales que la habilitan, sin que por su carácter excepcional, quepa efectuar interpretaciones ampliatorias de los supuestos previstos o flexibilizadoras de las exigencias legales. En este caso el acceso a la jubilación no sólo exige que le preceda una situación de paro involuntario, sino que requiere un período previo de inscripción que evita el paso automático a la condición de pensionista tras la pérdida involuntaria de empleo y el cumplimiento del requisito depende exclusivamente del trabajador que pretende anticipar su jubilación, por lo que su incumplimiento únicamente a él le es debido. La exigencia legal, solo podría ser flexibilizada por la Sala para circunstancias concretas que revelaran cierta imposibilidad de carácter personal o social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 3266/2018
  • Fecha: 28/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ante la cuestión de si procede reintegrar a la Mutua el capital coste ingresado por ésta correspondiente al 20% de la prestación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, cuando dicho reconocimiento se produce por sentencia, siendo posteriormente reconocido en situación de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común, la sentencia confirma la de suplicación que denegó el reintegro, reiterando jurisprudencia anterior que entendió que la normativa que disciplina el reintegro parcial del capital coste constituido para afrontar las obligaciones de las Mutuas en materia de pago de prestaciones, no contempla la posibilidad de que se produzca el reintegro en estos supuestos, siendo taxativo el apartado tercero del art. 71 RGRSS cuando dispone que los capitales coste de pensiones no son objeto de reversión ni rescate total o parcial, salvo en los supuestos contemplados en los apartados primero y segundo, que no contemplan el supuesto ahora examinado. Añade la Sala que el complemento del 20% desaparece por la agravación del estado de la persona beneficiaria, aludiendo el art. 71.2 RGRSS a la mejoría, pero no al cambio de su estado que es lo que aquí acontece
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3893/2018
  • Fecha: 27/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora solicitó el 11/5/17 la prestación a favor de familiares a raíz del fallecimiento de su padre el 8/7/03, con el que convivía; prestación que le fue denegada por estar casada. La actora había solicitado abogado de oficio para la presentación de demanda de separación, siendo designado letrado el 21/1/03 y dictándose sentencia firme de separación el 28/1/04, sin que la actora percibiera ayuda económica alguna por parte de su marido. En suplicación se confirma la sentencia de instancia que reconoció a la actora la prestación reclamada. La Sala IV revoca dicha sentencia para denegar la prestación por entender, con remisión a anteriores resoluciones, que en el momento del hecho causante a situación de la actora era la de separada "de hecho", y tal situación no es equiparable a la "situación legal de separación" a la que el artículo 176.4 LGSS atribuye igualdad de efectos al divorcio. Rechaza la Sala el argumento de que la actora había solicitado la designación de abogado de oficio antes del fallecimiento de su padre por no ser ello relevante ni otorgar a la actora la condición de separada legalmente en el momento del hecho causante.

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