Resumen: Se cuestiona si, en un supuesto de jubilación anticipada, es posible obviar el requisito de la inscripción como demandante de empleo durante los seis meses antes de la fecha de la solicitud. El actor solicitó pensión de jubilación anticipada, y le fue desestimada por el INSS, por no haber acreditado ser demandante de empleo de forma ininterrumpida durante los seis meses anteriores a la solicitud. Se denuncia infracción del art. 207.1.b) de la LGSS. La jubilación anticipada constituye una excepción a la regla general del cumplimiento de la edad ordinaria y como tal requiere que una norma haya previsto tal posibilidad que al legislador le merece digna de protección anticipada pero sujeta al estricto cumplimiento de las previsiones legales que la habilitan, sin que por su carácter excepcional, quepa efectuar interpretaciones ampliatorias de los supuestos previstos o flexibilizadoras de las exigencias legales. En este caso el acceso a la jubilación no sólo exige que le preceda una situación de paro involuntario, sino que requiere un período previo de inscripción que evita el paso automático a la condición de pensionista tras la pérdida involuntaria de empleo y el cumplimiento del requisito depende exclusivamente del trabajador que pretende anticipar su jubilación, por lo que su incumplimiento únicamente a él le es debido. La exigencia legal, solo podría ser flexibilizada por la Sala para circunstancias concretas que revelaran cierta imposibilidad de carácter personal o social.
Resumen: Ante la cuestión de si procede reintegrar a la Mutua el capital coste ingresado por ésta correspondiente al 20% de la prestación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, cuando dicho reconocimiento se produce por sentencia, siendo posteriormente reconocido en situación de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común, la sentencia confirma la de suplicación que denegó el reintegro, reiterando jurisprudencia anterior que entendió que la normativa que disciplina el reintegro parcial del capital coste constituido para afrontar las obligaciones de las Mutuas en materia de pago de prestaciones, no contempla la posibilidad de que se produzca el reintegro en estos supuestos, siendo taxativo el apartado tercero del art. 71 RGRSS cuando dispone que los capitales coste de pensiones no son objeto de reversión ni rescate total o parcial, salvo en los supuestos contemplados en los apartados primero y segundo, que no contemplan el supuesto ahora examinado. Añade la Sala que el complemento del 20% desaparece por la agravación del estado de la persona beneficiaria, aludiendo el art. 71.2 RGRSS a la mejoría, pero no al cambio de su estado que es lo que aquí acontece
Resumen: La actora solicitó el 11/5/17 la prestación a favor de familiares a raíz del fallecimiento de su padre el 8/7/03, con el que convivía; prestación que le fue denegada por estar casada. La actora había solicitado abogado de oficio para la presentación de demanda de separación, siendo designado letrado el 21/1/03 y dictándose sentencia firme de separación el 28/1/04, sin que la actora percibiera ayuda económica alguna por parte de su marido. En suplicación se confirma la sentencia de instancia que reconoció a la actora la prestación reclamada. La Sala IV revoca dicha sentencia para denegar la prestación por entender, con remisión a anteriores resoluciones, que en el momento del hecho causante a situación de la actora era la de separada "de hecho", y tal situación no es equiparable a la "situación legal de separación" a la que el artículo 176.4 LGSS atribuye igualdad de efectos al divorcio. Rechaza la Sala el argumento de que la actora había solicitado la designación de abogado de oficio antes del fallecimiento de su padre por no ser ello relevante ni otorgar a la actora la condición de separada legalmente en el momento del hecho causante.
Resumen: La sentencia comentada aborda la cuestión relativa a si se puede instar un segundo proceso judicial a efectos de revisar la cuantía de la base reguladora de la prestación de jubilación, cuando en un primer procedimiento ya se fijó la misma en sentencia firme. La sentencia de suplicación estimó la excepción de cosa juzgada invocada por la entidad gestora. La sala IV desestima el recurso de casación unificadora planteado por el demandante al considerar que no concurre el requisito de la contradicción entre sentencias; criterio ya establecido en anteriores autos de inadmisión de la sala. Se razona que la razón de decidir en la sentencia referencial consistía en que en el momento de presentarse la primera demanda el actor desconocía el defecto de cotización empresarial en la que funda su pretensión. Mientras que en la sentencia recurrida consta que en el primer procedimiento el actor ya tenía conocimiento de sus circunstancias de encuadramiento en el régimen general y de cotización empresarial. Esta disparidad justifica que las sentencias comparadas, aplicando la misma norma, hayan llegado a conclusiones dispares.
Resumen: La cuestión que se aborda se centra en determinar si una retribución variable pactada por la empresa y las secciones sindicales que se calcula con base en los objetivos alcanzados el 31 de diciembre de cada año y exige estar en situación de alta en la empresa en dicha fecha, debe abonarse, en proporción al tiempo trabajado, a un trabajador que cesa voluntariamente antes de fin de año. El TSJ reconoció al actor el derecho a percibir la retribución variable correspondiente al tiempo de prestación de servicios. Sin embargo, tal parecer no es compartido por el TS. Se funda esta decisión en el hecho de que el tenor literal de la cláusula enjuiciada exige que el trabajador continúe en la empresa hasta el final del periodo temporal de devengo del bonus porque se calcula sobre la base de los objetivos alcanzados el 31 de diciembre de cada ejercicio, salvo que por causa ajena a la voluntad del empleado este no pueda continuar prestando servicios en la empresa en dicha fecha. Esta cláusula, rectamente interpretada, no deja al arbitrio del empleador su validez y cumplimiento, siempre que el trabajador permanezca en la empresa el día 31 de diciembre del año de su devengo y se alcancen los porcentajes de cumplimiento en las variables V1, V2 y V3, tendrá derecho al percibo de este complemento. Tampoco cabe aplicar la doctrina del enriquecimiento injusto. Por lo tanto, no puede reclamarse un complemento salarial cuando se ha incumplido uno de los requisitos exigidos para su devengo.
Resumen: La cuestión suscitada es la de determinar si la obligación de comunicar al SPEE la percepción de rendimientos incompatibles derivados de una adquisición hereditaria debe producirse al tiempo de la adjudicación de herencia o bien ulteriormente cuando se enajena el bien adquirido por vía hereditaria, de manera que la falta de dicha comunicación en el primer momento conlleve la extinción del subsidio de desempleo, y no solo la suspensión por el retraso. El TS confirma la suspensión de la prestación. Del art. 215.3.2 LGSS se infiere que cuando se trata de prestaciones no contributivas, para el cálculo de las rentas del beneficiario no puede computarse el valor del patrimonio heredado, sino la renta que produce, incluso cuando se vende, supuesto en el que solo se computan las plusvalías, por lo tanto no son validos los parámetros efectuados por el SPEE, porque solo hubo un incremento de patrimonio inmobiliario en una cuota proindiviso, a lo que se anuda que las operaciones destinadas a determinar los rendimientos presuntos tampoco fueron las correctas imputando una cuantía mensual de 833,33 € cuando la correcta no hubiera sumado 33,3 €. Asimismo, matiza en el caso doctrina previa en el sentido de que no es ilógico que el actor comunicara al SPEE tal extremo una vez ingresado en su patrimonio el dinero de venta de la herencia, derivado tal proceder no solo de lo exiguo de la cantidad, sino de la certitud por parte del beneficiario sobre la concurrencia de una situación de baja.
Resumen: En la demanda reclama el actor el derecho a percibir la prestación de incapacidad temporal durante 11 días. Tal pretensión es estimada en la instancia y en suplicación. La Sala IV, con remisión a anteriores resoluciones, argumenta que, si bien no consta la cuantía del procedimiento, cabe presumir que es inferior al límite legal de 3000 €. En consecuencia, considera que, sin ninguna duda, en el caso no era recurrible en suplicación la sentencia de instancia, en razón de que la cuestión litigiosa consiste en una reclamación de cantidad que no excede de 3.000 euros, computada conforme a las reglas de los arts. 191. 2 g) y 192.3 LRJS; y a que no concurren tampoco los requisitos para que pueda apreciarse afectación general, pues ni tal afectación es notoria, ni siquiera ha sido alegada o probada en el proceso por ninguna de las partes o posea, en los términos reseñados en el fundamento anterior, un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes. En consecuencia, se desestima el recurso del INSS y la TGSS, y se declara la incompetencia funcional de la sala de suplicación.
Resumen: Como consecuencia de la denegación de la jubilación parcial al trabajador como consecuencia de que la Universidad de Valladolid en que prestaba servicios el actor, presentó ante el INSS relación de trabajadores que podían solicitar la jubilación parcial entre los que no se encontraba el actor, que había presentado solicitud de jubilación parcial a efectos de tenerlo por incluido en la relación de la universidad, denegación, conforme al INSS, porque no podía aplicarse la normativa vigente antes del 31-12-2012, y no figurar en la relación de trabajadores que podía solicitar jubilación, presentó el actor demanda que fue estimada en instancia y suplicación. La Sala IV confirma dicha sentencia, por entender que conforme a reiterada jurisprudencia, no existe por parte de la empresa una voluntad excluyente del trabajador frente a la que éste pudiera oponer reacción alguna, tratándose de un defecto formal derivado de un error material consistente en la no integración del trabajador en el listado que no puede perjudicarle
Resumen: Se plantea en el presente recurso de casación unificadora el derecho a prestación por riesgo durante el período de lactancia natural de ATS/DUE del Servicio de Emergencias Sanitarias con horario de 9:30 a 21:30 horas, 7 días en ciclos de tres semanas. La base en la que se encuentra la actora, consiste en una sala de unos 20 metros cuadrados, con un cuarto de baño utilizado por todo el personal, en el que se limpian los restos biológicos tras cualquier intervención, en la que hay dos neveras, una para medicamentos y otra para la comida. La trabajadora tiene una mayor susceptibilidad a contraer infecciones en la mama, constando tres procesos de mastitis por ella sufridos. Tras del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la dirección de Emergencias Sanitarias dictó resolución en la que se afirmaba que "no resulta técnicamente posible la adaptación/cambio del puesto de trabajo debido a las especiales características del puesto ATS/SAMU y la no existencia de otro puesto de trabajo diferente, acorde con la situación de riesgo de la trabajadora". La Sala IV concluye que la prestación no debería habérsele denegado a la trabajadora. La imposibilidad de realizar la "extracción adecuada de la leche" en las "condiciones adecuadas", teniendo en cuenta la especial susceptibilidad de la trabajadora a desarrollar patología inflamatoria en las mamas, significa que, no suspenderse el contrato de trabajo de la trabajadora, no se eliminan los riesgos para la lactancia natural.
Resumen: Se cuestiona si la demandante, separada judicialmente de su causante y que tiene reconocida una pensión compensatoria, tiene derecho a que en el cómputo de la pensión de viudedad se adicionen las cantidades abonadas por el marido para los préstamos concertados por el matrimonio. El reconocimiento de la pensión de viudedad pasa por determinar si en cada supuesto concreto el fallecimiento pone fin al abono de una obligación asumida por el causante con la finalidad de satisfacer ese concepto a que atiende la pensión compensatoria. En este caso, al producirse la separación se establecieron inicialmente unas condiciones por el Juzgado y con posterioridad se dictó nueva sentencia, en la que se redujo la pensión compensatoria y el cónyuge causante abonaba los préstamos hipotecarios, asumidos por el matrimonio. La pensión compensatoria del art. 97 CC compensa el desequilibrio económico provocado por la separación o el divorcio de uno de los cónyuges respecto del otro, en cuyo caso el perjudicado tendrá derecho a una compensación por lo que si el legislador ha anudado la pensión de viudedad al importe de la pensión compensatoria, sin distinguir, de ninguna manera, entre las diferentes fórmulas de pensión compensatoria, no cabe hacer distinciones no efectuadas por el legislador, por lo que fuere cual fuere la fórmula utilizada, tendrá derecho a la pensión de viudedad en la cuantía de la pensión compensatoria, con más los complementos por mínimos, que pudieran corresponderle en su caso.
