Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la relativa a determinar si la Mutua Colaboradora de la Seguridad Social, en el caso Fremap, puede resarcirse de los fastos médicos derivados de la asistencia sanitaria prestada en un primer momento a un trabajador que, posteriormente, fue derivado al SAS. Y el TS tras declarar la recurribilidad de la decisión de instancia al ser palmaria la afectación general, confirma el fallo combatido que había condenado al SAS al reintegro de los gastos médicos por la asistencia sanitaria inicialmente prestada. La Sala parte de que es el INSS el competente para la determinación de la contingencia; cuestión por otra parte que no es objeto de debate. Por otro lado, del relato de hechos probados se desprende que la reclamación se corresponde con los gastos por las pruebas médicas realizadas por la Mutua como consecuencia de la prestación de asistencia sanitaria inicial. Tal asistencia se prestó antes de la calificación de la contingencia y las pruebas evidencian el origen común y no profesional de las dolencias; conclusión que es asumida por el INSS cuando presta la asistencia sanitaria posterior. En consecuencia, los gastos de la asistencia sanitaria prestada por Fremap, deben ser satisfechos por el SAS, como apreció la Sala de suplicación. Se desestima el recurso.
Resumen: La cuestión controvertida consiste en decidir si la suspensión del subsidio para mayores de 52 años, debida a la aceptación de una herencia por parte del actor el 10-09-2014, que ascendió a 92.108, 09 euros, de los cuales 52.059, 09 fueron dinero en efectivo, debe limitarse al mes de septiembre de 2014, o debe mantenerse desde la fecha indicada hasta que el SPEE le reconoció la reanudación del subsidio con efectos de 1-04-2015. El SPEE dictó resolución mediante la cual suspendió el subsidio desde el 10-9-2014 por un máximo de 12 meses, porque el actor disponía de rentas mensuales individuales superiores al 75% del SMI. La sentencia recurrida estimó el recurso del beneficiario al entender que el periodo de suspensión debe ser mensual. Sin embargo, el TS da lugar al recurso deducido por el SPEE y, reiterando doctrina, declara que, para la distinción entre el efecto suspensivo o extintivo, la norma legal no atiende a las cuantías, sino a la reiteración en el tiempo de la superación de las rentas por lo que la obtención de rentas superiores al mínimo legal por un tiempo que no alcance los doce meses, provoca la suspensión del subsidio, que podrá reanudarse en el momento que se acredite de nuevo la carencia de rentas.
Resumen: Recurre en casación unificadora el INSS la sentencia de suplicación que declaró a la actora, trabajadora de la ONCE, en situación de gran invalidez. La sala IV desestima el recurso por falta de contradicción entre las sentencias comparadas. Se indica que las sentencias comparadas deciden valorando distintos hechos probados. Así, en el caso de la sentencia recurrida consta probado que antes de la incorporación al mercado laboral la futura trabajadora de la ONCE (vendedora del cupón) tenía en el año 1992 una grave pérdida de visión (0,1 en cada ojo), que no obstante no podía equipararse a la situación de ceguera total, habiéndose con posterioridad agravado la pérdida de agudeza visual, siendo en el momento de la solicitud de la pensión de gran invalidez de 0,015 en un ojo y de 0,01 en el otro, lo que constituye una situación de ceguera total que exige la ayuda de otra persona para los actos básicos de la vida. En cambio, en la sentencia de contraste la actora padece una tetraplejia, con la consiguiente necesidad de auxilio para los actos más esenciales de la vida desde antes de su incorporación al mercado laboral. Diferencias fácticas que justifican el reconocimiento sobrevenido de la pensión de gran invalidez en la sentencia recurrida y no así en la sentencia de contraste.
Resumen: La cuestión suscitada se limita a determinar si la percepción previa de una renta activa de inserción, RAI, al tiempo de cumplir los 55 años, es asimilable a la de una prestación o subsidio de desempleo, para reunir el requisito del art. 274.4 de la LGSS de tener cumplida dicha edad al agotar la prestación o subsidio de desempleo. La Sala IV ha sostenido siempre que la renta activa de inserción forma parte del sistema de protección por desempleo del régimen público de Seguridad Social, junto a las prestaciones contributivas y asistenciales, estableciendo los conceptos que integran aquellas otras prestaciones por desempleo cuando en el régimen jurídico de la renta activa de inserción no se hallaban definidos determinados elementos o estructuras de la misma. Así, que el régimen jurídico de la RAI sea diverso al del subsidio o de la prestación por desempleo no comporta que su naturaleza también sea diversa, porque atienden la misma situación de necesidad, siendo la RAI una modalidad de la acción protectora por desempleo, añadida a la prestación y al subsidio, que presenta autonomía y que ha de abordarse en atención a los fines que le son propios. La sentencia, reitera doctrina y concluye que el agotamiento del subsidio propio de la RAI debe asimilarse al de los otros subsidios por desempleo cuando se trata de abrir el acceso al específico para mayores de 55 años.
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada se centra en determinar si procede el reconocimiento de una pensión de jubilación del RETA, cuando el causante no se encontraba al corriente en el pago de las cuotas, no se ha atendido a la invitación al pago, y se solicita que la deuda debida sea compensada con la prestación que se pudiera reconocer. Y el TS, reiterando doctrina, da lugar al recurso deducido por la Entidad Gestora y declara que no procede el reconocimiento de la prestación por no reunir el requisito de estar al corriente del pago. Señala que en el RETA la cotización es obligatoria, siendo además, condición indispensable para tener derecho a la prestación de jubilación hallarse al corriente de pago de sus cuotas exigibles en la fecha en que se entienda causada la prestación (art 28 Decreto 2530/70). Para acceder a las prestaciones es requisito básico haber cumplido el periodo mínimo de cotización exigido y tenerlo ya cumplido en la fecha del hecho causante. Así, el art. 30 del Decreto 2530/10, refiere la exigencia carencial a «la fecha en que se entienda causada la prestación». Además, el beneficiario viene igualmente obligado a estar «al día» en el pago de las cuotas, pues siendo el solicitante a la vez obligado al pago de las mismas, obviamente sufriría el sistema si se dejase en su mano la posibilidad de desatender el pago de cotizaciones y es por ello por lo que tal requisito es «condición indispensable para tener derecho a las prestaciones».
Resumen: La cuestión debatida se centra en decidir si la percepción del complemento por incapacidad permanente total cualificada (IPTC (20% de la base reguladora) es compatible con la pensión de jubilación abonada por otro Estado incluido en el ámbito aplicativo de los Reglamentos UE (en este caso, Alemania). La sentencia desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina del INSS, en aplicación de la doctrina sentada por la STS 698/2018 de 29 junio, a partir de la STJUE de 15 marzo 2018 (C-431/16, Blanco Marqués), y reiterada en numerosas sentencias, con arreglo a la cual el art. 53.3.a) del Reglamento UE 883/2004, sobre Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social regula la compatibilidad entre pensiones de la misma naturaleza (como son las de IP y jubilación) señalando que a esos fines solo es posible tener en cuenta las prestaciones adquiridas en otro Estado miembro cuando la legislación nacional establezca que se tengan en cuenta las prestaciones o los ingresos adquiridos en el extranjero. Nuestro legislador no ha aprobado hasta la fecha una previsión semejante, lo que conduce a afirmar la compatibilidad o acumulación de prestaciones cuestionada.
Resumen: La Sala IV desestima el recurso de casación unificadora al apreciar la falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la aportada de contraste. El recurso tiene por objeto determinar si la actora tiene derecho a ser declarada en situación de gran invalidez o subsidiariamente de incapacidad permanente absoluta como consecuencia de una ceguera con una agudeza visual en el ojo derecho inferior a 0,1 y visión de bultos en el ojo izquierdo, que ya presentaba en el momento de su afiliación a la SS. La Sala entiende que no concurren los requisitos de contradicción, requeridos por el art. 219.1 LRJS pues, aunque en ambos casos las trabajadoras se incorporaron a la ONCE, cuando ya presentaban ceguera legal, en la recurrida se acredita que la afiliación de la demandante al RGSS se produjo el 1-07-1991, al ser contratada como vendedora de cupones por la ONCE, ya que no admitió las modificaciones fácticas, propuestas por la demandante, según las cuales su afiliación y alta en el RGSS se produjo el 12-07-1983, habiendo prestado servicios para varias empresas, presentando el 5-05-1989 una agudeza visual de 0, 125 en OD y visión de bultos en 01. En cambio, la sentencia referencial, aunque tiene presente que la demandante presentaba una agudeza visual en ambos ojos inferior al 0, 1 al ser dada de alta en la ONCE, subraya que ya había prestado servicios anteriormente -a la ONCE- en actividades diversas, desconociendo cuál era entonces su deficiencia visual.
Resumen: La sentencia de suplicación revocó la dictada en la instancia desestimatoria de la demanda, y declaró el derecho de la actora a percibir la prestación por viudedad, con efectos desde la fecha del fallecimiento del causante. Tras el fallecimiento del causante, la actora solicitó la prestación de viudedad que fue denegada por no haber acreditado que el causante le abonaba la pensión compensatoria hasta su fallecimiento. Posteriormente se le reconoció con efectos económicos de los tres meses anteriores a la petición, debido a un cambio Jurisprudencial. Se denuncia la infracción de los artículos 43.1 y 178 de la LGSS, por considerar que no puede equipararse un supuesto de revisión o anulación de actos administrativos denegatorios anteriores fundados en datos fácticos anteriormente inexistentes o no justificados o en un cambio de la normativa vigente entre el momento inicial y el de la solicitud ulterior, con el supuesto examinado en que no han variado los datos fácticos y las normas son las mismas. La Seguridad Social recurre, planteando como cuestión litigiosa la determinación de la fecha de efectos y denuncia la infracción del art. 43.1 y 178 de la LGSS de 1994. La sentencia tiene en cuenta la doctrina de la STS/IV de 1 de febrero de 2000 (rcud. 3214/1998), y la STS/IV de 29 de enero de 2014 (rcud. 743/2013), que matiza qué ha de entenderse por pensión compensatoria, revisando la doctrina anterior al respecto.
Resumen: La cuestión se limita a determinar si la percepción previa de una renta activa de inserción al tiempo de cumplir los 55 años, es asimilable a la de una prestación o subsidio de desempleo, para reunir el requisito del art. 274.4 de la LGSS de tener cumplida dicha edad al agotar la prestación o subsidio de desempleo. La Sala Cuarta ha sostenido siempre que la renta activa de inserción forma parte del sistema de protección por desempleo del régimen público de Seguridad Social, junto a las prestaciones contributivas y asistenciales, estableciendo los conceptos que integran aquellas otras prestaciones por desempleo cuando en el régimen jurídico de la renta activa de inserción no se hallaban definidos determinados elementos o estructuras de la misma. Así, que el régimen jurídico de la RAI sea diverso al del subsidio o de la prestación por desempleo no comporta que su naturaleza también sea diversa, porque atienden la misma situación de necesidad, siendo la RAI es una modalidad de la acción protectora por desempleo, añadida a la prestación y al subsidio, que presenta autonomía y que ha de abordarse en atención a los fines que le son propios. La sentencia concluye que el agotamiento del subsidio propio de la RAI debe asimilarse al de los otros subsidios por desempleo cuando se trata de abrir el acceso al específico para mayores de 55 años.
Resumen: Se cuestiona si puede reconocerse la prestación de gran invalidez o incapacidad permanente absoluta, a quien ya se encuentra en situación de jubilación anticipada por discapacidad. La sentencia del juzgado de lo social desestimó la demanda, y la de la Sala de lo Social el recurso de suplicación formulado por el demandante. Se sostiene que la situación de jubilación anticipada por discapacidad no ha de impedir el acceso a la prestación de incapacidad permanente de quien no ha cumplido la edad de 65 años. La sentencia se remite a las recientes SSTS del Pleno de 24/6/2020, rcud. 1411/2018; 29/6/2020, rcud. 1062/2018; y 1/7/ 2020, rcud. 1935/2018. La Sala Cuarta no se ha pronunciado sobre el alcance que debe otorgarse a la situación de quienes estando en situación de jubilación por discapacidad igual o superior al 65% pretenden acceder a la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez y concluye que la doctrina correcta es la que rechaza que se pueda acceder a la situación incapacidad permanente en el grado de gran invalidez desde la situación de jubilación por discapacidad del artículo 206.2 LGSS. la remisión al art. 205.1 a) LGSS viene referido a la edad de una persona y a una contingencia; esto es, la edad lo es en tanto exista la posibilidad de generar la pensión de jubilación, de forma que, sin dicha posibilidad, la edad de 67 años (o la que corresponda) no impediría el reconocimiento de la incapacidad permanente, tal y como dispone el ya citado art. 196.5 de la LGSS.
