• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3309/2018
  • Fecha: 15/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La finalización válida de contrato temporal conlleva la indemnización que esté prevista normativamente y no la indemnización por despido por causas objetivas del art. 52 ET, de forma que cuando se extingue un contrato de relevo por una causa válida como es la jubilación total del trabajador jubilado parcialmente, no procede indemnizar con la indemnización de 20 días por año de servicio. Llega a dicha conclusión la sentencia, en aplicación de lo dispuesto en las STJUE 05-06-2018, asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility, y recogida en la STS 13-03-2019 (Rec. 3970/2016), en las que se estableció que no es contraria al derecho comunitario una norma que permite que la extinción regular del contrato temporal no dé lugar a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 3901/2018
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consta que el causante se separó de su 1ª esposa en 1986, contrayendo matrimonio con la actora en 1989, distribuyéndose la pensión proporcionalmente por resolución del INSS de 1996. En abril de 2017 fallece la primera esposa y la viuda reclama la pensión íntegra, lo que resulta denegado. En la demanda reclama la actora el abono íntegro de la pensión de viudedad. La sentencia de suplicación revoca la sentencia de instancia estimatoria de la demanda. La sala IV, tras apreciar que concurre la necesaria contradicción a pesar de aplicar las sentencias comparadas normas diferentes y exhaustiva remisión a la evolución normativa sobre la materia, interpreta sistemáticamente el art. 174.2 LGSS 1994 en la redacción dada por la ley 26/09- razonando que en la misma se consagra la percepción proporcional de la pensión por la viuda y la 1º esposa, sin perjuicio de los mínimos establecidos para la viuda, y se establece que la subida o bajada de la pensión para uno de los beneficiarios repercute en el otro. Ello conduce a estimar el recurso de la actora y declarar que, cuando la pensión del excónyuge se extingue, la parte de su pensión se traslada a la del viudo o conviviente. Sin que ello implique que la muerte de la excónyuge constituya un nuevo hecho causante, ni se trate de una revisión de los porcentajes de pensión atribuidos, ni de un acrecimiento de la pensión. Sin que esta solución no es aplicable a supuestos de fallecimiento del viudo o de reparto de la pensión entre excónyuges.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 4275/2018
  • Fecha: 01/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV declara la nulidad de la sentencia recurrida tras apreciar de oficio la falta de competencia funcional de la Sala de lo Social del TSJ para conocer del recurso de suplicación interpuesto. En el caso se trata de una reclamación contra la resolución del SPEE que declara la extinción del subsidio y ordena un reintegro en cuantía inferior a 3.000 €. Se reitera doctrina que establece, respecto a la recurribilidad relativa a la impugnación de una resolución sancionadora de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, que hay que estar a los efectos del recurso, al contenido económico de la prestación o del acto objeto del proceso, en su caso, en cómputo anual y al contenido económico del acto cuya anulación se pretende, incluidos los actos de carácter sancionador, como el que nos ocupa, ex art 192.4 LRJS. Pues bien, se cuestiona la extinción de un subsidio por importe de 1.817,60 €, por lo que la cuantía reclamada no alcanza el límite de acceso al recurso de suplicación y, la cuestión debatida no tiene el alcance general exigido, pues dicha circunstancia, ni es notoria ni ha sido tampoco alegada y probada en juicio ni se aprecia dato alguno que permita deducir que posee claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes, toda vez que lo debatido es la extinción del subsidio por desempleo de un beneficiario en atención a sus concretas circunstancias personales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 35/2019
  • Fecha: 26/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si procede declarar la responsabilidad empresarial respecto de la base reguladora de la pensión de IPT, derivada de accidente de trabajo, haciendo responsable a la empresa en la diferencia entre la reconocida y la que resultaría de tomar la cotización realizada por aquella. La Sala IV declara que no existe responsabilidad empresarial en el pago de la prestación al haber cumplido en el pago de la cotización correspondiente al contrato para la formación y el aprendizaje conforme a las reglas propias del mismo. No se le puede hacer responsable al empresario de una prestación cuando no ha incurrido en incumplimiento alguno en relación con sus obligaciones con la SS. Esto es, se han cumplido por la empresa con todas las normas generales y particulares que permiten al trabajador el acceso a la prestación de invalidez, con lo cual la responsable en el pago es la Mutua Colaboradora. Además, no es posible mantener que la empresa haya incurrido en infracotización generadora de la responsabilidad exigida. No está declarado probado que lo cotizado en relación con el trabajador fuera incorrecto, esto es que lo que cotizado en el año de referencia fuera inferior a lo marcado por las respectivas normas en la materia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 466/2019
  • Fecha: 26/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada reitera la doctrina relativa a la interpretación y aplicación de lo previsto en la Disposición Final segunda del RDL 17/2014, de 26 de diciembre a los contratos de colaboración social celebrados con anterioridad al 27/12/2013 y que continúen vigentes a la entrada en vigor del RDL 17/14 ( el 31/12/2014), pueden seguir desarrollándose válidamente cualquiera que sea la actividad, temporal o permanente, que haya sido contratada, sin perder por ello su naturaleza, no siendo considerados, por tanto, como contratos laborales. Partiendo de la definición de los trabajos de colaboración social se analiza la evolución de la jurisprudencia en la materia y que concluye con que que la exigencia de temporalidad va referida al trabajo que se va a desempeñar y actúa con independencia de que se haya establecido una duración máxima del contrato en función de la propia limitación de la prestación de desempleo, de suerte que se exige a la administración pública contratante la acreditación de la obra, trabajo o servicio que se vaya a realizar y su exacta localización, así como la duración prevista del total de la obra, trabajo o servicio. Aquella disposición se trata de una norma legal con vocación transitoria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 554/2019
  • Fecha: 26/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación que, confirmando la de instancia, estimó la demanda y reconoció el derecho a pensión por jubilación anticipada, considerando acreditado el abono de la indemnización por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido documento privado, careciendo de relevancia la ilegalidad del pago en efectivo tras Ley 7/2012. Ante la cuestión de si para el acceso a la jubilación anticipada cabe acreditar el cobro de la indemnización mediante documento privado, la Sala 4ª, siguiendo su propia jurisprudencia en que se determinó que en los supuestos de jubilación anticipada por cese producido como consecuencia de reestructuración empresarial (art. 161 bis 2 A) d) LGSS), debe acreditarse haber percibido la indemnización correspondiente mediante transferencia bancaria o documentación equivalente, concluye que el documento privado no lo es, ya que el legislador modificó la norma para eliminar la posibilidad de alegar que se había percibido la indemnización cuando ello no fuera cierto, de ahí que la transferencia bancaria sea el referente, ya que lo que se pretende es que exista constancia de que efectivamente se ha percibido la indemnización, siendo instrumento inadecuado aquél que únicamente consigne una manifestación de voluntad de las partes de saldar el débito indemnizatorio, sin que exista una justificación efectiva y contable de que se ha producido el percibo de la misma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 3832/2018
  • Fecha: 26/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora tiene reconocida una pensión de IPT y la Consejería le reconoció un grado de discapacidad del 10%. El objeto del recurso es determinar si los beneficiarios de la pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez tienen derecho a que se les reconozca a todos los efectos, al amparo de lo previsto en el art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, el 33% de discapacidad, o si el precepto incurrió en ultra vires en relación con la autorización normativa. La cuestión ha sido resuelta por sentencias de la Sala Cuarta. El RD Legislativo 1/2013 ha incurrido en un exceso en el mandato de legislación delegada llegando a reconocer un grado de discapacidad del 33% «a todos los efectos» a los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, y no exclusivamente a los efectos de aquella Ley. La sustitución de la frase “a los efectos de esta ley” por la de “a todos los efectos” constituye una evidente alteración del mandato legislativo que modifica de manera esencial el texto que debía refundir. Si el legislador quería mantener en sus términos la dicción literal del precepto que equiparaba al 33% de discapacidad a los pensionistas de IPT, IPA y GI a los exclusivos efectos de esa ley, no estaba en su espíritu la extensión de este beneficio a todos y cualquiera de los múltiples, variados y muy heterogéneos efectos que despliega en distintas ramas de nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento de un grado de discap
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 4369/2018
  • Fecha: 25/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre la Mutua la sentencia de suplicación que estimó el recurso de la parte demandante (pareja de hecho e hija del sujeto causante), revocando la de instancia y reconociendo, a la segunda, la pensión de orfandad absoluta (derivada de accidente de trabajo), con el consiguiente incremento. Se discute la pensión de orfandad absoluta (asimilada o impropia) del art. 38 del Decreto 3158/1966, con el consiguiente incremento del 52% de la base reguladora, ante la inexistencia de pensión de viudedad a favor de la pareja de hecho supérstite del causante por incumplimiento de los correspondientes requisitos legales. El TS estima el recurso, casa y anula la sentencia recurrida y desestima la demanda, ya que el incremento de la pensión de orfandad sólo procede en los supuestos de orfandad absoluta, tal como recogen los arts. 175 LGSS y 36 del Decreto 3158/66 (modificado por RD 296/2009). En efecto, dichos preceptos reconocen el derecho a incrementar la pensión de orfandad cuando a la muerte del causante no exista beneficiario de la pensión de viuedad, pero siempre que se trate de orfandad absoluta. Sin embargo, en los supuestos de orfandad relativa, tal como ocurre en el caso presente, se exige siempre que el progenitor sobreviviente sea beneficiario de la pensión de viudedad, pues cualquier otra interpretación vulneraría la normativa referida y produciría un trato desigual injustificado respecto a los hijos de cónyuges que no acceden a la pensión de viudedad por cualquier otra causa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3870/2018
  • Fecha: 14/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso de casación para la unificación de doctrina tiene por objeto determinar si el escrito de interposición del recurso de suplicación, presentado vía Lexnet por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, está fuera de plazo. El 24/06/2016 se notifica a las entidades demandadas, por el sistema Lexnet, la Diligencia de 13/06/2016, por la que se tenía por anunciado el recurso de suplicación. El escrito fue presentado, por vía Lexnet, el 11/06/ 2016, a las 15,30 horas con sello de entrada en el Juzgado de lo Social de 13/07/2016. El TSJ dicta sentencia en la que considera, partiendo del art. 135.1 LEC, que la ampliación del plazo de gracia que aquel precepto establece - hasta las 15 horas del día siguiente hábil- es clara en cuanto al momento final de ese plazo, por lo que, si el plazo cumplía el día 8/07/2016 y el día de gracia seria el lunes siguiente, día 11/07/2016, hasta las 15, 00 horas, la presentación del escrito a las 15,30 horas de este día, supone que se presentó fuera del plazo marcado por la norma. La Sala IV, en relación con el art. 60.3 LRJS y el art. 151.2 LEC, ha venido señalando que el plazo para interponer el recurso correspondiente, cuando el recurrente es alguna de las entidades o personas a las que se refiere el apartado 3 del art. 60, se tiene por realizado al día hábil siguiente a la fecha de recepción. Esto significa que el día inicial del plazo para interponer el recurso comienza al siguiente del que se tiene por realizado. Se estima
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 4697/2018
  • Fecha: 12/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada aborda el recurso deducido por el INSS frente a la sentencia dictada en suplicación que reconoce a la demandante el derecho a percibir la pensión de viudedad en el porcentaje del 52 % de la base reguladora de 937,08 euros mensuales, con las correspondientes revalorizaciones, sin la limitación de la pensión compensatoria. En el primer motivo se suscita por la Entidad Gestora que se vulneraron los criterios de valoración de la prueba, que la sentencia incurre en incongruencia al no atenerse al relato de la sentencia de instancia y haber valorado una prueba testifical que fue desatendida en instancia, fundamentando el fallo en un hecho no probado, pero el TS aprecia la falta de contradicción porque la referencial censura que la STSJ parta de hechos diversos a los declarados probados; la recurrida valora lo que el Juzgado considera acreditado de un modo distinto. Tampoco se declara concurrente la contradicción en el motivo segundo dirigido a determinar el momento en que debe acreditarse la condición de víctima de violencia de género, si debe ser de forma necesariamente coetánea (a la separación o divorcio) o si puede estimarse de manera flexible, y ello porque tal y como tiene reiteradamente declarado la Sala IV, la coetaneidad de la violencia de género y la ruptura matrimonial no ha de interpretarse de manera mecánica, sino valorando todas las circunstancias del caso, lo que dificulta el contraste de sentencias a efectos de unificación.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.