• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3834/2017
  • Fecha: 13/12/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El demandante, peruano, fue durante 4 años residente especialista en un hospital público de Madrid, constando cotizado ese periodo. Finalizada la residencia, solicitó la prestación por desempleo siendo denegada por no encontrarse el actor entre las personas comprendidas en el artículo 264 TRLGSS. Recurre ante la Sala IV el actor la sentencia de suplicación desestimatoria de la demanda de reclamación de prestaciones de desempleo. La Sala IV, remitiéndose a las normas aplicables al caso y reiterando jurisprudencia, resalta que la relación de los residentes especialistas médicos es una relación especial incluida en el campo de aplicación del régimen general de la seguridad social, dentro del cual se contempla el derecho a la prestación por desempleo. El actor tenía permiso de estancia en España concedido al amparo de lo recogido en el artículo 43 del RD 557/11, sin que fuera exigible la autorización de trabajo al tratarse de una relación laboral especial excluida de tal requisito. Y ello supone que tampoco puede aplicársela la exclusión de la obligación de cotizar contenida en la DA 16ª del RD 557/11. A ello se suma que el actor tiene permiso de residencia, por lo que, conforme a reiterado criterio jurisprudencial, debe considerársele en situación legal de desempleo, ya que puede permanecer en España a la búsqueda de otro empleo y solicitar en este caso el oportuno permiso de trabajo. Se estima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
  • Nº Recurso: 30/2017
  • Fecha: 03/10/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de revisión. A la actora, liberada de prisión el 18-12-2013, le fue reconocida prestación por desempleo por el período 24-1-2013 a 23-7-2013, decisión revocada por resolución del SPEE de 23-9-2014, interpuesta demanda, el JS dictó sentencia desestimatoria con base en la DA sexagésima sexta LGSS. Presenta la actora demanda de revisión en la que se pide la rescisión de la SJS, sin concretar la norma a cuyo amparo insta la revisión, alegando que por la STC 123/2016, ha sido declarada inconstitucional la DA sexagésima sexta LGSS. Pero no se estima al apreciar la Sala IV diversas causas de inadmisión: La extemporaneidad del recurso, presentado el 7-8-2017, frente a la SJS dictada el 10-3-2015, habiendo superado con creces el plazo de caducidad de tres meses del art. 512.2 LEC. El defectuoso modo en que se formula la demanda al fundar su pretensión en las normas comprendidas en los arts. 509 a 516 LEC, sin precisar nada más. La ausencia total del menor intento de agotar las posibilidades de impugnación de la resolución que impugna. En todo caso, la naturaleza del "documento", que en modo alguno se ajusta a las características descritas en el art. 510.1 LEC. Y, además, carece de toda base legal invocar la declaración de nulidad de la DA sexagésimo sexta LGSS, que afectó al punto 1, en tanto que la SJS señala como requisitos incumplidos los del apartado 2.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 883/2017
  • Fecha: 12/07/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia reitera la doctrina de la Sala al señalar que cuando el objeto del litigio es la resolución administrativa que impone una sanción de suspensión o extinción de la prestación de desempleo prevista en la LISOS, se trata de un acto administrativo en materia de seguridad social que afecta al contenido de una prestación, al que se aplica por este motivo la regla general de los 3.000 € calculada conforme al art. 192.4 LRJS y no la singular de 18.000 € prevista para la impugnación de actos administrativos en materia laboral en el art. 191.3.g) LRJS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1628/2017
  • Fecha: 12/07/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se discute en la sentencia anotada sobre la restitución de la prestación por desempleo percibida como consecuencia de una suspensión contractual cuando posteriormente se lleva a cabo un despido colectivo, el beneficiario acciona y obtiene una sentencia declarando la nulidad de su despido, aunque la readmisión aparece como imposible, lo que aboca a que mediante Auto judicial se extinga el contrato. Como se sabe el RDL 10/2010 de 16 de junio, que dio nueva redacción a la L 27/2009 de 30 de diciembre, prevé la reposición de esos días con un límite de 180. La Sala IV en aplicación de la L 35/2010 revoca la sentencia recurrida porque desestimó tal reposición alegando que la extinción ha de deberse a la misma causa que motivó la suspensión, entendiendo que no eran aplicables al caso las reglas de reposición del desempleo. Y el TS viene a entender que tal razonamiento no es ajustado a Derecho, pues la reiterada doctrina de la Sala en la materia es trasladable al caso en que la impugnación individual del despido individual enmarcado en el proceso de despido colectivo y que acaba con calificación de nulidad [sin negar la concurrencia de la causa], y ante la imposibilidad de readmisión, se extingue el contrato por auto judicial. Exigencias interpretativas constitucionales y genéricas obligan a no presumir que la causa extintiva es diversa de la suspensiva si lo único que consta es el carácter improcedente o nulo de un despido basado en las mismas causas que el ERTE previo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 540/2017
  • Fecha: 03/07/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada recae en proceso iniciado por demanda en la que se impugna la resolución administrativa que declara indebido el cobro de la prestación por desempleo inicialmente reconocida. La Sala IV examina en primer lugar de oficio, por afectar a la competencia funcional de la sala de suplicación, la cuestión relativa a si era recurrible la sentencia de instancia. Indica la sala IV que la impugnación de la resolución administrativa que deja sin efecto el acuerdo inicial por el que concedió la prestación de desempleo equivale a la denegación del derecho a la prestación. En consecuencia, la regla aplicable en cuanto al acceso al recurso no es la de la cuantía, sino la prevista en el art. 191.3.c LRJS que permite en todo caso el recurso contra las sentencias dictadas en procesos que versen sobre el reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de seguridad social. Pero se desestima el recurso del actor, en el que se denuncia la infracción del art. 72 de la LRJS, por no concurrir la necesaria contradicción entre sentencias. Y ello, porque es dispar la naturaleza de los expedientes administrativos en los que recaen las resoluciones impugnadas, no existe homogeneidad en las circunstancias de las que se desprende para la parte la incongruencia denunciada y porque tampoco son coincidentes las pretensiones ejercitadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
  • Nº Recurso: 1035/2017
  • Fecha: 29/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recurre la sentencia que considera procedente la pérdida de la prestación de desempleo durante los 27 días en que el demandante permaneció en el extranjero sin comunicarlo y el derecho a reanudar su disfrute por el tiempo que le fue concedido. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas al ser diferentes los supuestos fácticos toda vez que en la sentencia recurrida el desplazamiento al extranjero se produjo en septiembre de 2014 mientras que en la propuesta como término comparativo acaeció en agosto de 2012. Nos hallamos ante la peculiar situación de una sentencia recurrida relativa a hechos acaecidos con posterioridad a la reforma introducida en la LGSS por el RDL 11/2013 de 2 de agosto, en la que no obstante se aplica la normativa anterior y una sentencia de contraste que ante hechos que tuvieron lugar antes de la citada reforma reciben la aplicación de la normativa posterior. No cabe establecer la contradicción preceptiva en razón a los hechos en que se produjo el incumplimiento de las obligaciones por los beneficiarios de la prestación, lo que implica una diferencia de origen normativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 142/2017
  • Fecha: 27/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la sentencia se aborda la cuestión de la fijación de la fecha de inicio o dies a quo para el cómputo del plazo de caducidad para la presentación de la demanda de oficio ex art. 148 b) LRJS, en impugnación de la decisión empresarial de suspensión de los contratos de trabajo, fundada en la petición del SPEE sobre la posible percepción indebida de prestaciones de desempleo. Afirma que como sucede en los procesos de impugnación de despido colectivo y de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, una interpretación sistemática y homogeneizadora del régimen de impugnación de estos procesos colectivos conduce a entender aplicable el plazo de caducidad de 20 días señalado con carácter general para cualquier tipo de acción destinada a contrarrestar este tipo de medidas del empresario, sin distinción alguna para el caso de que la impugnación provenga de la autoridad laboral. Sentado lo anterior, aborda la determinación del dies a quo, que sitúa cuando la autoridad laboral recibe el informe de la Inspección de Trabajo y el SPEE efectúa la petición, poniéndose así en marcha el mecanismo de la impugnación, concluyendo que estamos ante un peculiar supuesto de necesaria coordinación de dos órganos administrativos distintos, y que por razones de seguridad jurídica de la acción, ambos (SPEE y Autoridad laboral) deben actuar dentro del mismo plazo de los 20 días para el ejercicio de sus respectivas potestades. Al no haberse hecho así, declara caducada la demanda de oficio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 490/2017
  • Fecha: 21/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que resuelve la sentencia comentada se centra en decidir si el trabajo por cuenta propia es del todo incompatibilidad con la prestación o el subsidio por desempleo, con independencia de la cuantía de las rentas obtenidas, y en consecuencia si incumbía al beneficiario el deber de comunicar su percepción al SPEE. La sentencia aplica la doctrina de la Sala que, rectificando la anterior, establece que la incompatibilidad no alcanza a la realización de tareas de carácter absolutamente marginal o residual que generen unos ingresos carentes de toda relevancia económica, de acuerdo con la excepción contenida en el art. 231.1 LGSS, tal como sucede en el supuesto enjuiciado dado que los trabajos de recolección de aceituna realizados por el actor en el año 2012 le proporcionaron un rendimiento neto de 790,42 €, cuantía que, a todas luces, resultaría insuficiente para atender sus necesidades básicas, y podría calificarse en sí misma de manifiestamente irrelevante, aún tomando en consideración el importe de los ingresos íntegros (3.415,10 €), puesto que estos, en todo caso, seguirían siendo inferiores al 75% del SMI, que es el parámetro de rentas de cualquier naturaleza que determina el acceso al subsidio [art. 215.1. 1) LGSS].
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1095/2016
  • Fecha: 13/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si en las rentas del peticionario del subsidio de desempleo por responsabilidades familiares se computa la pensión de orfandad de los hijos a su cargo. La Sala IV reitera doctrina declarando que la pensión de orfandad no debe ser considerada como renta de la solicitante del subsidio, que tiene a su cargo a los beneficiarios de la prestación de muerte y supervivencia. Argumenta, en interpretación del art 215.2 LGSS, que el tope cuantitativo de ingresos (75 % SMI) previsto como requisito para lucrar el subsidio está referido en exclusiva al beneficiario solicitante, sin que el cómputo del tope quede condicionado al número miembros integran unidad familiar. Para tener derecho a la prestación hay un primer requisito que cumplir, consistente en que el solicitante carezca de rentas propias de cualquier naturaleza que superen la aludida cuantía, y sólo cuando este requisito ha sido superado, es cuando pueden acreditarse cargas familiares. En definitiva, el límite de los ingresos en cuantía no superior al 75% del SMI, ha de referirse a los obtenidos por el propio beneficiario de la prestación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 3458/2016
  • Fecha: 12/06/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Según la sentencia comentada, los médicos internos residentes extracomunitarios tienen derecho a percibir la prestación por desempleo cuando la relación laboral especial de residencia para la formación se extingue por haber finalizado el programa de formación, y reúnen los requisitos necesarios para obtenerla, en especial, si mantiene la residencia legal en España, con lo que reitera la doctrina de la Sala establecida por STS Pleno, de 24/marzo/2017. RCUD 85/2016.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.