Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, trae causa de demanda deducida por una organización sindical en impugnación parcial del acuerdo de 21 de diciembre de 2018 de la CIVE del II convenio, que fue objeto de registro y publicación por resolución de 29 de marzo de 2019, de la Subdirección General de Relaciones Laborales, con publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, solicitando que se declare la nulidad de la frase: “gestionado por la dirección general competente en materia de función pública”, del punto segundo del acuerdo y se declare, que el ámbito de aplicación, lo es a quien sea de aplicación el II convenio. Y, la Sala IV, hace suyas las argumentaciones de la Sala de origen desestimatoria de la demanda. Razona al respecto que el citado Acuerdo de conformidad con el art. 83.1 del ET, puede establece que se aplique al personal laboral gestionado por la dirección general competente en materia de función pública.
Resumen: Vulneración de derechos fundamentales:la cuestión sometida a consideración de la Sala unificadora consiste en determinar, si una vez que se ha reconocido por la sentencia de instancia que se ha vulnerado el derecho a la igualdad retributiva derivada de la percepción de un salario inferior al establecido en la norma convencional, la parte actora tiene derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios derivados de dicha vulneración, cuantificada en la diferencia retributiva que no han percibido. La Sala de unificación, estima el recurso y declara que se permite la acumulación como lucro cesante de las diferencias salariales en la que se sustenta la vulneración del derecho a la igualdad retributiva, dado que en este tipo de situaciones en los que se aprecia una vulneración de derechos fundamentales de esa naturaleza, el daño a resarcir no es solo el daño moral, sino también la pérdida de una parte del salario que debió abonar el empresario de acuerdo a la norma convencional de aplicación y decidió no cumplirla.
Resumen: Determinar si los actores, que han obtenido una sentencia favorable, que reconoce la vulneración del derecho a la igualdad retributiva derivada de la percepción de un salario inferior al establecido en el convenio en función del hecho de haber sido contratados temporalmente al amparo de un programa de subvención a la contratación convocado por el SPEE, tienen derecho a una indemnización de daños y perjuicios derivados de dicha vulneración, cuantificada en la diferencia retributiva que no han percibido.Los trabajadores demandaron, alegando que no se les aplicó el convenio colectivo que correspondía, percibiendo salarios inferiores a los estipulados. La sentencia de instancia favoreció a los trabajadores, estableciendo que se había vulnerado el principio de igualdad de trato y no discriminación y condenó a la entidad gubernamental a pagar compensaciones por daños morales y lucro cesante. Esta decisión fue parcialmente revocada en suplicación por el TSJ que redujo la indemnización y eliminó la compensación por lucro cesante, argumentando que las diferencias salariales debían reclamarse como una cuestión salarial y no como indemnización por discriminación. El TS declara que procede acumular la reclamación de indemnización por lucro cesante de las diferencias salariales conectadas con la vulneración del derecho a la igualdad retributiva, como criterio para la concreción de su cuantía. Reitera doctrina STS 3-4-2024 R.5999/2022 y 3-4-2024 R. 5599/2022
Resumen: Para la reparación de las consecuencias de la vulneración de un derecho fundamental, como es la desigualdad retributiva de los trabajadores temporales, es posible la condena conjunta a una indemnización por daños materiales consistente en la remuneración dejada de percibir y una indemnización por daños morales consustancial a la violación de cualquier derecho fundamental. El plazo para el ejercicio de la acción resarcitoria de los daños y perjuicios causados por violación de derechos fundamentales, no es de caducidad sino de prescripción de un año. Reitera doctrina establecida en STS 524/2024 de 3 de abril (rcud. 5599/2022).
Resumen: La sentencia comentada decide sobre si se produce discriminación retributiva por percepción del salario inferior al de convenio. El origen del caso se encuentra en una convocatoria del SPEE que permitió a la Delegación del Gobierno de Ceuta contratar, temporalmente, trabajadores para servicios de interés general. Los trabajadores demandaron, alegando que no se les aplicó el convenio colectivo que correspondía, percibiendo salarios inferiores a los estipulados. La sentencia de instancia favoreció a los trabajadores, estableciendo que se había vulnerado el principio de igualdad de trato y no discriminación y condenando a la entidad gubernamental a pagar compensaciones por daños morales y lucro cesante. Sin embargo, esta decisión fue parcialmente revocada en apelación por el TSJ que redujo la indemnización por daños y eliminó la compensación por lucro cesante, argumentando que las diferencias salariales debían reclamarse como una cuestión salarial y no como indemnización por discriminación. El TS se centró en determinar si correspondía o no compensar a los trabajadores por la discriminación salarial más allá del daño moral, considerando adecuado restablecer la indemnización por lucro cesante dada la vulneración del derecho a la igualdad retributiva. Este fallo subraya la interpretación de que la protección de los derechos fundamentales, como la igualdad retributiva, implica una reparación integral que incluye tanto el daño material por salarios no percibidos como el daño moral.
Resumen: Impugnación de convenio colectivo: la cuestión a resolver es si el artículo 157.2 del I Convenio colectivo del Grupo Aena (BOE núm. 305, 20/12/2011), que establece una única unidad electoral, a efectos de la elección de la representación laboral correspondiente, se ajusta a la legalidad, en materia de elección a representantes unitarios de las personas trabajadoras, cuando establece un único colegio electoral por cada centro de trabajo que incluya a todo el personal laboral que presta servicios en las empresas y entidades del Grupo Aena. La Sala de la Audiencia Nacional declaro la nulidad de precepto convencional. Recurrida en casación ordinaria se desestiman todos y cada uno de los recursos presentados, confirmando la sentencia de instancia en el sentido de entender que no hacerlo así, supondría, por un lado, modalizar la posibilidad regulada en el TRLET de representación de los trabajadores mediante delegados de personal cuando el centro no supere cierto número de trabajadores, y por otro, alterar las previsiones de proporcionalidad en los órganos de representación de los trabajadores que se contienen en los preceptos estatutarios de cobertura.
Resumen: La controversia suscitada se centra en determinar si la actora, personal laboral fijo del SERMAS, y se rigen por el convenio colectivo para el personal laboral de dicha Comunidad, tienen derecho a percibir el complemento compensatorio de los diplomados en sanidad en cuantía equivalente al complemento de carrera profesional del personal estatutario. En concreto, si les corresponde el complemento reclamado desde que éste fue reactivado para el personal estatutario fijo del SERMAS, lo cual se produce por Acuerdo de 4-7-2018 de la Mesa Sectorial de Sanidad. La Sala IV, siguiendo criterio previo, no entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas. Solo la sentencia recurrida -y no la referencial- trata de la cuestión de la repercusión y consecuencias de la aprobación y publicación del Convenio Colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid de 2018-2021; asimismo, solo la recurrida examina la cuestión de la naturaleza transitoria de las previsiones del Acuerdo de 8/2/2007; y, por tanto, el debate enjuiciado en la sentencia impugnada es ajeno al de la de contraste, puesto que esta no se pronuncia en sobre la repercusión de las normas del Convenio Colectivo 2018-2021, ni tampoco sobre sus disposiciones transitorias, en tanto que el núcleo objeto de examen fue el Acuerdo de 2007.
Resumen: La sentencia apuntada resuelve sobre el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la trabajadora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, a su vez, había revocado una sentencia favorable a la demandante dictada por el Juzgado de lo Social. La trabajadora, enfermera del Sermas desde 1995, percibía un complemento de carrera profesional correspondiente al nivel III. La legislación de la Comunidad de Madrid estableció la suspensión de nuevos reconocimientos y pagos de niveles de carrera profesional desde 2009 hasta 2017. En 2018, se inició la recuperación gradual de la carrera profesional para el personal estatutario, no así para el personal laboral como la demandante. La actora reclamó las diferencias salariales derivadas del complemento personal transitorio abonado por el nivel II y el debido por el nivel IV, por un importe de 5.476,12 euros brutos. Pero el TS desestimó el recurso de casación, concluyendo que no existía contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, ya que la primera abordaba la cuestión de la repercusión del convenio colectivo 2018-2021, mientras que la segunda no lo hacía. Además, respaldó la interpretación de que las diferencias en los regímenes retributivos entre el personal estatutario y laboral no constituían discriminación.
Resumen: El Juzgado de lo Social dictó sentencia estimando la demanda de la trabajadora y reconociendo su derecho a la integración en el nivel II de la carrera profesional, así como al cobro de 3.723,08 euros por diferencias salariales desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2020. El SERMAS recurrió en suplicación, pero la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia. El SERMAS interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando contradicción con otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que negaba el reconocimiento de la carrera profesional al personal laboral. El Tribunal Supremo analiza la posible contradicción entre las sentencias comparadas y concluye que no existe tal contradicción debido a diferencias sustanciales en los hechos y pretensiones de ambos casos. En la sentencia recurrida se trataba de personal laboral interino reclamando diferencias salariales, mientras que en la sentencia de contraste se trataba de personal laboral indefinido solicitando reconocimiento de nivel de carrera profesional. Las normas aplicables y los periodos reclamados también difieren, lo que impide apreciar la contradicción necesaria para unificar doctrina. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación, confirma la sentencia recurrida, el derecho de la actora a ser integrada en el nivel II de la carrera profesional y al cobro del correspondiente complemento.
Resumen: Determinar si el trabajador tiene derecho al percibo del complemento de carrera profesional como personal laboral fijo en las mismas condiciones que el personal estatutario de su misma categoría en aplicación del Acuerdo de 25 de enero de 2007. Falta de contradicción.Difieren las sentencias contrastadas en tres aspectos: el período reclamado, la pretensión, pues en la recurrida se pide la diferencia retributiva y en la de contraste el reconocimiento del nivel; y, las normas aplicables al caso, pues en la recurrida el período reclamado lo es vigente el convenio Colectivo aplicable (BOCM 23 agosto de 2018), mientras que en la de contraste el Convenio en cuestión aún no se había publicado, ya que la solicitud se presentó el 06 de marzo de 2018. Falta de contradicción a pesar de que el Ministerio Fiscal informa a favor de su estimación. Condena en costas (1800 euros).
