Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar la fecha de efectos económicos del reconocimiento del complemento de pensión por hijos a un varón, tras la sentencia del TJUE que declaró que la norma por la que se reconocía sólo a las mujeres (artículo 60 LGSS, en su redacción original) se opone a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, por constituir una discriminación por razón de sexo. La Sala IV reitera doctrina señalando que la fecha de efectos de reconocimiento al progenitor (hombre) que la solicitó con posterioridad a ese pronunciamiento es la de la fecha de la solicitud de la pensión. Por aplicación de los principios de interpretación conforme del Derecho de la Unión, de cooperación leal y de efecto útil, el reconocimiento del complemento de maternidad por aportación demográfica producirá efectos desde la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación, siempre que se cumplan los restantes requisitos exigidos por la redacción original del art. 60 de la LGSS.
Resumen: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar la fecha de efectos económicos del reconocimiento del complemento de pensión por hijos a un hombre, tras la sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2019 que declaró que la norma por la que se reconocía sólo a las mujeres (artículo 60 LGSS) , en su redacción original se oponía a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, por constituir una discriminación por razón de sexo. Razona la sentencia apuntada que el reconocimiento del complemento de maternidad por aportación demográfica producirá efectos desde la fecha del hecho causante de la pensión a la que complementa, siempre que se cumplan los restantes requisitos exigidos por la redacción original del art. 60 de la LGSS, todo ello unido al principio informador del ordenamiento jurídico relativo a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, que se integra y observa en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Así mismo, tras la STJUE 14/9/2023 y STS 15/11/2023 -Rec. 5547/2022- el varón tiene derecho a una indemnización por daños morales de 1800 euros.
Resumen: La cuestión a resolver en la sentencia anotada es la relativa a determinar si existe discriminación por la condición de trabajadora temporal de la actora en relación a su integración en una determinada entidad de previsión (Lanaur Bat) en vez de en otra (Lanaur Hiru) de las constituidas en KUTXABANK para atender a los distintos sistemas establecidos en materia de seguridad social complementaria, la primera para el colectivo de trabajadores fijos en determinada fecha, y la segunda para los que eran temporales en ese momento, todo ello a los efectos de que posibilite a la actora integrarse en el sistema de prestación definida (Lanaur Bat) en vez del de aportación definida a un plan de pensiones (Lanaur Hiru) en el que actualmente se encuentra integrada. Y el TS declara contrario al principio de igualdad la decisión de la empresa KUTXABANK, de adscribir a la trabajadora de autos, respecto del Plan de pensiones, a la Entidad de Previsión Social Lanaur Hiru en lugar de la Entidad de Previsión Social Lanaur Bat, únicamente por razón de la naturaleza temporal de su contrato de trabajo, de conformidad con las previsiones del convenio colectivo.
Resumen: La cuestión consiste en determinar si concurre la competencia funcional para conocer de una reclamación en materia de seguridad social inferior a 3000 €. A la demandante le fue reconocida pensión de jubilación y solicitó en demanda el reconocimiento del complemento de maternidad en porcentaje del 10% en vez del 5% reconocido. La cuantía reclamada en cómputo anual es inferior a los 3000 €. La Sala examina de oficio la competencia funcional pues, partiendo de que la cuantía reclamada no alcanza el límite legal de acceso al recurso de suplicación, ha de determinarse si concurre la afectación general. La Sala IV considera, con remisión a la doctrina jurisprudencial, que existe una evidente afectación general por ser notoria la litigiosidad sobre la cuestión debatida. En consecuencia, al no haber resuelto la Sala de suplicación el fondo de la cuestión, se anula la sentencia recurrida y se devuelven las actuaciones para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión debatida.
Resumen: La cuestión consiste en determinar la fecha de efectos del reconocimiento a un varón del complemento de pensión por maternidad ex art. 60 LGSS en la redacción entonces vigente: a) el 17-2-2020 fecha DOUE que publica la STJUE de 12-12-2019, C-450/18 (art. 32.6 L. 40/2015). b) Tres meses antes de la solicitud del complemento de maternidad (art. 53.1 LGSS). c) Desde la fecha de jubilación del actor. La Sala Cuarta se remite a las SSTS, Sala de lo Social, 17-2-2022, recs 2872/2021 y 3379/2021, según las cuales el art. 60 LGSS debería ser aplicado con efectos ex tunc. En dichas sentencias las recurridas habían resuelto la aplicación retroactiva de los 3 meses y dicho pronunciamiento había devenido firme porque sólo recurría el INSS. En el presente caso la recurrida ha entendido que la fecha de efectos es la de 3 meses previos a la solicitud y la Sala IV estima el recurso con remisión al razonamiento de las sentencias mencionadas en las que se descarta la publicación en el DOUE como fecha de efectos, porque el art. 32.6 Ley 40/15, relativo a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, no tiene proyección en el ámbito de prestaciones de la Seguridad Social y seguidamente, tras un examen del TFUE, del Reglamento de Procedimiento del TJUE y de su jurisprudencia, concluían la necesidad de reconocer dicho complemento con efectos ex tunc. No se pronuncia sobre la indemnización por vulneración de dº fundamental, al ser cuestión nueva.
Resumen: La cuestión que se plantea es si la parte recurrida, incluida en el RETA y que forma parte de una comunidad de bienes (art. 305.2 b) LGSS), tiene derecho a la pensión de jubilación activa del 100 por ciento (art. 214.2, párrafo segundo, LGSS), cuando es la sociedad la que tiene contratada a la persona trabajadora. El Juzgado estimó la demanda y la Sala de suplicación la confirmó. Ahora, se estima el recurso del INSS por entender que la trabajadora autónoma societaria no es uno de los sujetos a los que la norma permite disfrutar de una jubilación activa, entender lo contrario rompería la necesaria conexión que la norma exige entre el jubilado y los contratos de trabajo que de él dependen, la cual solo la pueden tener los trabajadores autónomos no societarios, en tanto que si la finalidad de la norma (art. 214.2 LGSS) es favorecer la conservación del nivel de empleo, la jubilación de un trabajador societario no cumple con ese presupuesto ya que no es causa de extinción de los contratos, no ha contratado directamente a sus trabajadores, ni además asume el mismo nivel de responsabilidad frente a sus trabajadores que el trabajador autónomo no societario.
Resumen: El reconocimiento a uno de los progenitores del derecho a percibir el complemento de maternidad por aportación demográfica no debe impedir que el otro progenitor también lo perciba siempre que se cumplan los restantes requisitos exigidos por la redacción original del art. 60 de la LGSS. Reitera doctrina establecida en sentencia de Pleno de 17.5.2023, rec. 3821/2022.
Resumen: Se reconoce jubilación aplicando Reglamentos comunitarios con prorrata española 68,79%. El TSJ el 16/07/21 estimó parcialmente el recurso del INSS sobre la cuantía. En revisión solicita que el cálculo de la prorrata se efectué sobre la BR y no sobre la pensión máxima de la LPGE. La Sala de suplicación en su doctrina que avala el tope máximo aplicado a las pensiones coordinadas, consecuencia de la igualdad de trato en STS23/11/22. La Sala IV remite a su doctrina sobre la demanda de error judicial y sus presupuestos procesales (temporales, de agotamiento de recursos). En el caso se acredita recurso y el rcud interpuesto aborda la cuestión objeto del error. En relación con la interposición de incidente de nulidad ante el TSJ si están en juego derechos fundamentales, en el caso no es preceptivo. Recordó que error debe ser expresamente reconocido, declarado por el órgano judicial, está desvelado o es develado. EN el caso hay doble petición la referida a la indemnización y constitución de capital coste es impropia de la revisión y se desestima de plano. Sobre la forma de calcular la pensión se descarta el error por no ser error craso y evidente e injustificado se solicita una interpretación de las normas diversa de la que prosperó en el procedimiento siendo ello ajeno a la existencia de error. Recordó que pese a la petición del fiscal no se imponen costas por gozar del beneficio de justicia gratuita, que también aplica la Sala a esta demanda de error.
Resumen: La cuestión a resolver es la de decidir si los periodos de cotización ficticia por parto que contempla el art. 235 LGSS, pueden ser tenidos en cuenta a efectos de acreditar la carencia específica para la pensión de jubilación que exige el art. 205. 1 letra b) LGSS, de dos años cotizados dentro de los quince años inmediatamente anteriores al hecho causante, cuando los partos han tenido lugar antes de dicho periodo de quince años. La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida y con ello desestima la demanda. En el caso, si bien se acredita el requisito de carencia genérica para acceder a la pensión de jubilación, no cumple sin embargo con el de la carencia específica de dos años dentro de los quince inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante, habiendo tenido a sus hijos antes de ese periodo de los quince años. Al efecto se efectúa una conjunta e integradora interpretación de los arts 205.1 b) y 235 LGSS de la que se concluye que la cotización ficticia por parto es válida para la carencia genérica de quince años que no está ligada a ningún concreto periodo de tiempo a lo largo de la vida laboral del beneficiario, pero no puede en cambio imputarse a la carencia específica exigida en cada caso si el parto no ha tenido lugar en ese mismo periodo de referencia. A efectos de carencia específica, han de producirse dentro del periodo de quince años anteriores al hecho causante.
Resumen: El jubilado en 18, padre de 4 hijos, solicitó complemento de maternidad en 20, el INSS lo denegó. El JS concede con efectos de la publicación en el DOUE de la STJUE, el TSJ confirmó. El actor cuestiona en cud la fecha de efectos del complemento, la Sala remite a su doctrina rcud 2872/21, 3379/21 y 3192/21 la fecha de efectos es la de la propia pensión; debe aplicarse STJUE 12/12/19 y ser compatible la aplicación de los órganos nacionales con la interpretación de las Directivas, declaró la discriminación por razón de sexo al varón. El art. 60 LGSS excluyó a padres pensionistas del complemento, anudándose aquel al acaecimiento de la fecha del HC de la prestación, efectos ex tunc y a situaciones anteriores al pronunciamiento de la STJUE. Sobre la repercusión de STJUE de 14/09/23 C-113/22, el TJUE ha dictado 2 sentencias declarando la doble vulneración por España de la Directiva 79/7: por infringir el art. 60 LGSS el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y por la actuación del INSS continuando denegando el complemento. La STS 15/11/22 aplica S. 14/09/23: debe indemnizarse con 1800€ a los compelidos a reclamar judicialmente a partir día siguiente de 12/12/19, fecha STJUE que apreció discriminación, el INSS no puede valerse de la cosa juzgada para la indemnización no ejercitada. Pero sin ejercitarse acción en vía de recurso no cabe cuestión nueva, ni la Sala de oficio pronunciarse sobre la indemnización en ese momento procesal, a salvo el derecho de la parte a reclamarla
