• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 4813/2019
  • Fecha: 06/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala Tercera del Tribunal Supremo considera que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la determinación de si un agente de la policía tiene derecho a percibir una indemnización por daños recibidos en el ejercicio de su función policial y en acto de servicio de la Administración, o si bien debe limitarse a los términos ordinarios de la reclamación de responsabilidad patrimonial. En sus aspectos procesales, interesa esta cuestión porque si se trata de un supuesto de indemnidad del funcionario solo las sentencias estimatorias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo -tanto provinciales como centrales- serían recurribles en casación, pero si, por contra, se considerase que es un supuesto de responsabilidad patrimonial no serían recurribles en casación. En cuanto a los aspectos materiales del recurso, también interesa resolver esa cuestión al margen de que se trate de la policía autonómica catalana o de los policías pertenecientes a otras Administraciones, pues los mismos pueden estar en idéntica situación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 5626/2018
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala admite el recurso. Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar el plazo para la interposición del recurso contencioso- administrativo cuando dicha interposición está precedida de la resolución de un órgano perteneciente a otro orden jurisdiccional (en este caso civil) declarando la falta de jurisdicción del mismo por entender que el asunto corresponde al conocimiento del jurisdiccional contencioso-administrativo, y, en concreto, si es el plazo de un mes que establece el artículo 5.3 o el general de dos meses que señala el artículo 46.1, ambos de la LJCA. Identificar como normas jurídicas que en principio será objeto de interpretación, los artículos 5.3 y 46.1 de la ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) en relación con el artículo 24.1 de la Constitución Española.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 6381/2019
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Declara la Sala Tercera del Tribunal Supremo que la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la determinación del orden jurisdiccional competente (civil o contencioso-administrativo) para conocer de la reclamación de las aportaciones de los colegios profesionales de carácter territorial al Consejo General respectivo. Y ello, por cuanto se aprecia contradicción entre las distintas Salas territoriales a propósito de la cuestión litigiosa. Sucede además que la Sala Primera del Tribunal Supremo, en distintos pronunciamientos, declara la incompetencia de la jurisdicción civil para conocer de tales pretensiones y razona la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa al respecto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 3598/2019
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso y desestima el recurso contencioso-administrativo. Dando respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión, ha de entenderse que la anulación por el Tribunal Constitucional, en su sentencia 30/11, de 16 de marzo, al declarar inconstitucional el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por LO 2/07, de 19 de marzo, no afecta al ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de aguas sobre las cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, dado el tenor del artículo 50 del citado Estatuto y lo expresado por la sentencia del Tribunal Constitucional. No pueden prosperar las alegaciones de la parte recurrida, que en cuanto se refieren a la concurrencia de los supuestos de admisibilidad del recurso ha de estarse a lo resuelto en el auto de admisión y en cuanto cuestionan la competencia de la Administración autonómica resultan desvirtuadas por lo expuesto en los anteriores fundamentos, teniendo en cuenta que el órgano de la Administración autonómica que adopta la resolución, lo hace en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 20/2019
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En caso de que un paciente no acepte el alta hospitalaria, la dirección del centro -previa comprobación del informe clínico correspondiente y con audiencia del paciente-, si este persiste en su negativa, lo ha de poner en conocimiento del juez para que confirme o revoque su decisión de alta, conforme a lo dispuesto en el art. 21.2 de la Ley básica regulagora de la autonomía del paciente. El juez a que se refiere el precepto es el juez civil. Las competencias que se atribuyen al juez de lo contencioso-administrativo en la materia se refieren a la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para proteger la salud pública cuando puedan implicar privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, conforme se desprende del art. 8.6, párrafo segundo LJCA. En el caso, el paciente -cuyo derecho a la salud ya fue plenamente atendido durante su estancia hospitalaria- no presenta cuadro contagioso o infeccioso alguno, pues su negativa a aceptar el alta hospitalaria se basa en las dificultades que tiene para buscar un alojamiento. No se está, en consecuencia, ante ninguna medida urgente que afecte a la salud pública ni que implique privación o restricción de la libertad u otro derecho fundamental. Por lo tanto, ha de resolverse el conflicto atribuyendo la competencia para conocer al juez del orden civil.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 8185/2018
  • Fecha: 17/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Administración Local. Validez de acuerdos consistentes en declaraciones de naturaleza política. Contenido y eficacia de la declaración consistente -entre otros extremos- en declarar al municipio de Collbató (Barcelona) como territorio catalán libre, así como la provisionalidad de la legislación española mientras que el Parlamento de Cataluña no dicte la legislación legalmente aplicable. Admisibilidad del control jurisdiccional de los actos políticos de las Entidades Locales. Nulidad. El acuerdo adolece de un vicio patente de falta de competencia porque no existe entre las competencias municipales, ninguna atribución que consienta a un municipio terciar en aspectos de evidente trascendencia constitucional, que afecten a la titularidad de la soberanía, a la petición de una fragmentación del Estado, ni a trastocar, o pedir que se trastoque, la organización territorial básica del Estado mismo. Vulneración asimismo del principio de lealtad institucional al soslayar el proceso de reforma constitucional para alterar el tenor de la misma, así como del principio de objetividad de la actividad administrativa, al asumir la Corporación una posición de parte en abierta contradicción con la Constitución. Carece de relevancia, a los efectos anulatorios, que la declaración agote o no sus efectos en el hecho de la propia declaración.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 8016/2018
  • Fecha: 17/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra sentencia que, en grado de apelación, declaró ajustada a derecho la declaración municipal de territorio libre y soberano. La estimación del recurso se produce dado reciente precedente en la Sala, reiterando la misma doctrina jurisprudencial al dar respuesta a las cuestiones de interés casacional planteada en el auto de admisión, por razones de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley: es procedente anular un acuerdo del Pleno de un Ayuntamiento que consista en una declaración de naturaleza política, siempre que la misma se encuentre al margen de las cuestiones de interés municipal y de las competencias que corresponden a la entidad local, de acuerdo con la Constitución y el marco normativo que le sea aplicable. A estos efectos carece de relevancia la doctrina del FJ 2 de la STC 42/2014; el contenido de la declaración y su finalidad ha de respetar en todo caso el principio de vinculación positiva a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente en nuestro Derecho cualquiera que sea el contenido o finalidad de esa declaración; carece de relevancia que la declaración agote, o no, sus efectos en el hecho de la propia declaración. La estimación del recurso de casación conlleva a la desestimación del recurso de apelación, de modo que ha de estarse a lo dispuesto en la sentencia del Juzgado, que se confirma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 21/2019
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La gestión recaudatoria comprende no solo las controversias sobre recaudación en sentido estricto, sino también aquellas que tienen por objeto declarar la obligación de cotizar o determinar el importe y alcance de las cotizaciones. Pero el concepto viene limitado a los asuntos que persigan el cobro de los recursos o que se refieran al ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social. Sin embargo, se está ante un pleito relativo a prestaciones de Seguridad Social cuando se pretende dilucidar, en una controversia surgida entre las partes del contrato de trabajo, si la empresa cotizó adecuadamente por el trabajador en atención a las circunstancias concurrentes en la prestación de sus servicios, ya que se trata de determinar si concurren o no los requisitos de acceso por este a las prestaciones de la Seguridad Social, lo que exige fijar previamente las condiciones de la relación laboral existente entre las partes para, luego, analizar el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de cotización. En el caso, el objeto del litigio está motivado por la falta de cotización por parte del empleador, aunque fuera parcial, por lo que lo que se persigue en él, en esencia, es que se reconozcan las condiciones de la relación laboral mantenida entre las partes, en concreto, las horas trabajadas, cuestión propia del conocimiento de los órganos del orden social, al amparo de lo dispuesto en el art. 2.a) LRJS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 15/2019
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conforme a la doctrina mantenida por la Sala Especial de Conflictos de Competencia, así como por las Salas Tercera y Cuarta TS, cuando se está ante la impugnación de la resolución de una convocatoria de plazas laborales de la Administración pública, el criterio para la atribución de competencia a favor de uno u otro orden jurisdiccional se basa en la distinción entre convocatorias por las que se accede al vínculo laboral con la Administración: cuando se puede acceder desde el exterior, el enjuiciamiento corresponde al orden contencioso-administrativo; en aquellas otras de carácter restringido, a las que solo tienen acceso quienes ya tuviesen un vínculo laboral con la Administración, la competencia corresponde al orden social. Pero, es más, como ha señalado recientemente la Sala Cuarta TS, es voluntad del legislador de 2011 a través de la LRJS atraer al orden social, por su mayor especialidad, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por especial conexión, puedan calificarse como sociales, incluso cuando esté implicada la Administración pública. En el caso, la parte actora es personal laboral fijo de la Administración General del Estado desde 2010, destinada como trabajadora social en un centro penitenciario, e impugna la resolución de un concurso de traslado en el que únicamente podía participar personal laboral ya vinculado con la Administración. En consecuencia, la competencia para conocer del asunto corresponde a los órganos del orden social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 23/2019
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El personal que presta servicio en los Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes depende del ayuntamiento respectivo, sin que esté contemplado sobre quién ha de recaer el nombramiento de la persona que el ayuntamiento considere «idónea» para desempeñar su Secretaría, persona que no es un funcionario público, sino un particular al que se encomienda el ejercicio de funciones públicas. No existe normativa reguladora de las condiciones de provisión de estas Secretarías ni en lo que atañe a las exigencias o requisitos para proveer las plazas ni en cuanto a la clase de régimen o vínculo jurídico que la persona elegida ha de mantener con el ayuntamiento respectivo, que tiene plena libertad para designar a personas que con las que ya mantiene un vínculo funcionarial -así, el secretario del ayuntamiento o un funcionario de la plantilla municipal-, para concertar un contrato laboral con retribución salarial y alta en la Seguridad Social de la persona elegida o para designar a una persona sin vínculo funcionarial ni laboral, sin alta en la Seguridad Social, limitándose a retribuirla mediante una indemnización. Por ello, es a la clase de vínculo jurídico existente entre las partes a la que ha de atenderse para resolver el conflicto. El análisis de las concretas circunstancias a través de las que la demandante desempeñó sus funciones pone de manifiesto que su relación con el ayuntamiento demandado es laboral, por lo que la competencia corresponde a los órganos del orden social.

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