Resumen: En primer lugar se rechaza la falta de competencia dado que del acta elevada ante en la denuncia anónima no se advera ninguna referencia a la afectación del mercado nacional. Los indicios que llevaron a la AVC a sospechar de la comisión de la infracción circunscribían la misma al ámbito autonómico, sin que existieran datos de que los acuerdos pudieran afectar a un ámbito supra autonómico, por lo que, en dicho momento inicial, la competencia le correspondía a la autoridad vasca de la competencia. De otro lado, la AVC no remitió al Servicio de Defensa de la Competencia, en el momento inmediato posterior a la denuncia, la misma junto con la indicación del órgano - estatal o autonómico- que consideraba competente, a cuya comunicación obliga el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, dentro del sistema de resolución de conflictos, remitiéndola posteriormente. Sin embargo, esta omisión carece de virtualidad invalidante (art 62.1 L 30/92, actual 47.1 L 39/15), pues no puede equipararse el retraso con la omisión del trámite. No se vulnera derecho a inviolabilidad domiciliaria. La entrada fue autorizada mediante auto del juzgado, sin que en el recurso de apelación contra dicha resolución se apreciaran motivos de nulidad. Esta resolución judicial es titulo bastante. Respecto a la vulneración de los principios de actos propios y abuso de confianza, no se despliega el esfuerzo argumental suficiente por parte de la recurrente, que se limita a la cita de sentencias sin argumento adicional.
Resumen: Auto de Admisión. La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar el orden jurisdiccional competente para conocer de las impugnaciones relativas a las autorizaciones de actividades formativas inherentes a los contratos de formación y aprendizaje.
Resumen: Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional (en adelante, SMI) para 2019. Se desestima el recurso. Se reitera que la fijación del SMI está dentro de la función de dirección política del Gobierno y, por tanto, no es susceptible de fiscalización jurisdiccional. Sí lo serán los aspectos puramente formales de dicha actividad, lo que determina que sea objeto de análisis el RD. impugnado en tres aspectos: 1)la exigencia del dictamen preceptivo del Consejo de Estado (CE), 2) si en el ejercicio de la potestad de fijación del SMI atribuido al Gobierno se ha ejercitado prescindiendo de los criterios legales, con fijación apriorística del porcentaje de incremento y 3) su vacatio legis. Respecto a lo primero, se atribuye al RD. una naturaleza jurídica dual, puramente decisoria pero adoptado en un texto articulado, ciñendo la parte demandante su pretensión anulatoria exclusivamente al contenido decisorio de fijación anual del RD impugnado, que considera que constituye un reglamento ejecutivo, confundiendo la potestad reglamentaria con la atribución legal al Gobierno de la potestad ejecutiva de fijar el SMI, la que no está sujeta a dictamen del CE. En relación a lo segundo, se declara que el quantum de variación no obedece a una operación reglada, sino a un criterio de oportunidad política no sujeto a control judicial. Por último, no son de aplicación las normas sobre vacatio legis de los reglamentos a un acto de potestad ejecutiva.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y desestima el recurso contencioso administrativo, en los términos del fallo en vía casacional. Siguiendo la doctrina establecida por esta Sala, la resolución administrativa que fija el coste económico- financiero del uso del agua tiene carácter normativo y en tal sentido se considera una disposición de carácter general; que dicho coste unitario del agua ha de fijarse en aplicación de los criterios establecidos en el art. 326 bis.1.c) del RDPH; que la revisión de los costes del uso del agua establecido en la correspondiente resolución administrativa vendrá determinada por la norma legal habilitante y en este caso, a falta de otras previsiones específicas ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 326. bis.1.c) del RDPH, que establece la incorporación a los correspondientes planes hidrológicos de demarcación de los análisis y estudios económicos del uso del agua que deben elaborar los organismos de cuenca, lo que permite entender que la revisión de la disposición en cuestión habrá de producirse, al menos, en el mismo plazo de revisión del correspondiente plan hidrológico establecido en el TRLA; y que el importe fijado en la correspondiente disposición resulta de aplicación durante todo el periodo de vigencia de la misma".
Resumen: Tras reconocer el TS que es el competente para conocer de la impugnación de estas disposiciones reglamentarias dictadas por el Gobierno en sustitución de las instituciones de Cataluña, al amparo de lo autorizado por el Senado conforme al art. 155 CE (el Estado no sustituye a la Comunidad Autónoma sino que ejercita sus propias potestades que le asigna el Acuerdo del Senado), examina el debate referido a si es admisible la imposición de objetivos (valorización de los envases en función del material del envasado) que exceden de los fijados por la normativa estatal y que se traduce en una responsabilidad ampliada del productor del producto, para declarar que cuando el legislador básico está imponiendo la condición de que esta responsabilidad ampliada debe aprobarse por el Gobierno del Estado, está sustrayendo de la disponibilidad de las CC.AA. la posibilidad de imponer responsabilidad ampliada para su territorio, pues conforme a esa delimitación constitucional de la competencia y por lo que se refiere a esta responsabilidad ampliada, debe estimarse incardinada en esa competencia estatal, lo cual justifica que se reserve su imposición a la normativa básica o, si se quiere, que se deban imponer por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, sin que pueda la legislación autonómica imponerlas bajo la habilitación de normas adicionales de protección, que es lo que prevé el art. 6.3º.5ª e) y f) que se declara nulo.
Resumen: Impugnándose el RD 210/18, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20", la sala comienza rechazando el reparo procesal de falta de competencia objetiva para conocer del recurso aducido por ambas partes demandadas -Administración del Estado y Generalidad de Cataluña- razonando en esencia que dicha cuestión ya fue aducida y resuelta previamente en el mismo proceso por auto de 15-1-19 que, a su vez, acogía el criterio ya establecido en el anterior auto de 28-11-18, dictado en el recurso 636/18, criterio mantenido asimismo en otros procesos, considerando que el Tribunal Supremo es el competente para conocer de la impugnación de disposiciones reglamentarias dictadas por el Gobierno en sustitución de las instituciones de Cataluña, al amparo de lo autorizado por el Senado conforme al art. 155 de la Constitución. Mantiene, a continuación, la misma decisión adoptada en otro recurso -268/18- en el que se impugnaba el mismo precepto y párrafo, aunque diferentes parágrafos, y objetivos, por los mismos motivos, entre otros, que se invocan en este recurso, anulándolos, argumentando, en esencia, que las disposiciones impugnadas fijaban objetivos que excedían de los fijados para el conjunto del Estado, sin que estuviera autorizado ex art.31.3º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, pues el Consejo de Ministros al aprobar el RD impugnado actuaba potestades autonómicas.
Resumen: Tras reconocer el TS que es el competente para conocer de la impugnación de estas disposiciones reglamentarias dictadas por el Gobierno en sustitución de las instituciones de Cataluña, al amparo de lo autorizado por el Senado conforme al art. 155 CE (el Estado no sustituye a la Comunidad Autónoma sino que ejercita sus propias potestades que le asigna el Acuerdo del Senado), examina el debate referido a si es admisible la imposición de objetivos (valorización de los envases en función del material del envasado) que exceden de los fijados por la normativa estatal y que se traduce en una responsabilidad ampliada del productor del producto, para declarar que cuando el legislador básico está imponiendo la condición de que esta responsabilidad ampliada debe aprobarse por el Gobierno del Estado, está sustrayendo de la disponibilidad de las CC.AA. la posibilidad de imponer responsabilidad ampliada para su territorio, pues conforme a esa delimitación constitucional de la competencia y por lo que se refiere a esta responsabilidad ampliada, debe estimarse incardinada en esa competencia estatal, lo cual justifica que se reserve su imposición a la normativa básica o, si se quiere, que se deban imponer por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, sin que pueda la legislación autonómica imponerlas bajo la habilitación de normas adicionales de protección, que es lo que prevé el art. 6.3º.5ª e) y f) que se declara nulo.
Resumen: Impugnándose el RD 210/18, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20", la sala comienza rechazando el reparo procesal de falta de competencia objetiva para conocer del recurso aducido por ambas partes demandadas -Administración del Estado y Generalidad de Cataluña- razonando en esencia que dicha cuestión ya fue aducida y resuelta previamente en el mismo proceso por auto de 15-1-19 que, a su vez, acogía el criterio ya establecido en el anterior auto de 28-11-18, dictado en el recurso 636/18, criterio mantenido asimismo en otros procesos, considerando que el Tribunal Supremo es el competente para conocer de la impugnación de disposiciones reglamentarias dictadas por el Gobierno en sustitución de las instituciones de Cataluña, al amparo de lo autorizado por el Senado conforme al art. 155 de la Constitución. Mantiene, a continuación, la misma decisión adoptada en otros recursos -268/18, 269/18, 273 y 448- en los que se impugnaban el mismo precepto del Real Decreto -art. 6.3º.5ª a) y b)- y determinados objetivos recogidos en el PECAT20 por idénticos motivos que los que se suscitan en este proceso, anulándolos, argumentando que las disposiciones impugnadas fijaban objetivos que excedían de los fijados para el conjunto del Estado, sin que estuviera autorizado ex art.31.3º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, pues el Consejo de Ministros actuaba potestades autonómicas.
Resumen: Impugnándose el RD 210/18, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20", la sala comienza rechazando el reparo procesal de falta de competencia objetiva para conocer del recurso aducido por ambas partes demandadas -Administración del Estado y Generalidad de Cataluña- razonando en esencia que dicha cuestión ya fue aducida y resuelta previamente en el mismo proceso por auto de 15-1-19 que, a su vez, acogía el criterio ya establecido en el anterior auto de 28-11-18, dictado en el recurso 636/18, criterio mantenido asimismo en otros procesos, considerando que el Tribunal Supremo es el competente para conocer de la impugnación de disposiciones reglamentarias dictadas por el Gobierno en sustitución de las instituciones de Cataluña, al amparo de lo autorizado por el Senado conforme al art. 155 CE. Mantiene, a continuación, la misma decisión adoptada en otro recurso -268/18- en el que se suplicaba la declaración de nulidad de los mismos objetivos incluidos en los apartados a que se refiere el presente recurso, por cuestionarse en aquel proceso la determinación de objetivos en relación con esos mismos residuos, anulándolos, argumentando que las disposiciones impugnadas fijaban objetivos que excedían de los fijados para el conjunto del Estado, sin que estuviera autorizado ex art.31.3º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, pues el Consejo de Ministros actuaba potestades autonómicas.
Resumen: Se confirma en casación una sentencia que condenó al Ayuntamiento de Barcelona al abono de una indemnización por las lesiones sufridas durante el ejercicio de sus funciones por un agente de policía, al declararse insolvente la agresora, condenada a la pena de dos años de prisión con responsabilidad civil. El Alto Tribunal confirma la doctrina establecida en la sentencia 956/2020, de 8 de julio, recaída en el recurso de casación 2519/2018, de forma que la indemnización a los policías locales por lesiones sufridas en acto de servicio, que siguieron una vía penal, se subsume en el principio general de resarcimiento o indemnidad del funcionario, que se encuadra en la materia de función pública. Esos daños no son imputables a una Administración pública porque la causa de la lesión o daño que sufre el agente no ha sido una actuación normal o anormal de un servicio público imputable a la actuación administrativa, ni ha sido ésta la que produce una lesión resarcible que el perjudicado no tenga la obligación de soportar. Ello determina que la sentencia impugnada, procedente de un Juzgado, sea susceptible de recurso de casación, al ser estimatoria y susceptible de extensión de efectos. Aprecia la Sala identidad de razón en la aplicabilidad a los policías locales del régimen de indemnidad de los mozos de escuadra, pese al silencio de la Ley autonómica de policías locales. Ese principio tampoco es ajeno al Derecho estatal, aplicable supletoriamente.
