• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 341/2019
  • Fecha: 27/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Remoción y cese de juez sustituto por falta de idoneidad, por no atender diligentemente los deberes del cargo incurriendo en retraso en el dictado de sentencias. Desestimación del recurso. La Comisión Permanente del CGPJ ostenta una competencia residual para todas aquellas materias que no estén atribuidas al Presidente, al Pleno o a las Comisiones legales, y la declaración de inidoneidad y cese de los jueces sustitutos no se encuentra entre las materias que corresponden a estos. Los hechos que han motivado la imposición de la declaración de inidoneidad han quedado plenamente acreditados. Inaplicación del principio de presunción de inocencia, pues el procedimiento de remoción no tiene carácter disciplinario.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 55/2020
  • Fecha: 15/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Determinación del lugar de localización de las operaciones de reaseguro y de las operaciones de seguro y capitalización cuando el tomador tiene su residencia o domicilio en el extranjero. a calificación realizada por la Junta Arbitral de la operación subyacente para negar la existencia del reaseguro, no resultaba posible atendiendo a la figura que se examina. Constituye una contradicción irresoluble, con peligro de graves consecuencias jurídicas y administrativas para la compañía de reaseguro contribuyente en el impuesto sobre sociedades cuya exacción se cuestiona, que mientras en el tráfico jurídico y asegurador gire como una aseguradora y realice las actividades propias del reaseguro, se prescinda por la Junta Arbitral de una insoslayable realidad jurídica a efectos de determinar la competencia de la Administración tributaria para la exacción por el impuesto sobre sociedades, lo cual en realidad resulta un conflicto extraño al contribuyente,pues gira el problema en torno a la determinación competencial tributaria, no a la obligación tributaria en sí. Las operaciones de reaseguro están comprendidas en la expresión de "operaciones de seguro y capitalización" que contempla el Convenio Económico. En cuanto a las operaciones en las que el tomador del seguro reside en el extranjero, se atribuirán, en su caso, a una u otra Administración en igual proporción que el resto de las operaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 23/2019
  • Fecha: 30/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Convocatoria de provisión de plaza de Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, turno de especialistas, y resolución por la que promueve a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Desestimación. Base primera de la convocatoria: La DT 12 de la LOPJ puede ser aplicada siempre que el CGPJ aprecie y justifique en forma razonable que no se dan las circunstancias requeridas para la aplicación estricta del procedimiento ordinario previsto en el artículo 344 de la LOPJ, y que resulta necesario ampliar el ámbito subjetivo de posibles candados a una plaza de magistrado del Tribunal Supremo en los términos previstos en la referida DT. En lo que respecta a quienes hubieran superado las pruebas de selección en el orden civil y penal, la justificación ofrecida por el Consejo es admisible. Y la mayor limitación de la especialización mercantil es un argumento que, junto con el de la especialización originaria de los actuales miembros de la Sala de lo Civil del turno de especialistas, constituye una justificación razonable y suficiente. No se ha omitido motivación alguna, y la motivación del nombramiento efectuado resulta suficiente, no siendo necesaria una una valoración comparativa expresa de los méritos del candidato o candidatos propuestos con de los no propuestos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 184/2019
  • Fecha: 30/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Convocatoria de provisión de plaza de Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, turno de especialistas, y resolución por la que promueve a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Desestimación. Base primera de la convocatoria: La DT 12 de la LOPJ puede ser aplicada siempre que el CGPJ aprecie y justifique en forma razonable que no se dan las circunstancias requeridas para la aplicación estricta del procedimiento ordinario previsto en el artículo 344 de la LOPJ, y que resulta necesario ampliar el ámbito subjetivo de posibles candados a una plaza de magistrado del Tribunal Supremo en los términos previstos en la referida DT. En lo que respecta a quienes hubieran superado las pruebas de selección en el orden civil y penal, la justificación ofrecida por el Consejo es admisible. Y la mayor limitación de la especialización mercantil es un argumento que, junto con el de la especialización originaria de los actuales miembros de la Sala de lo Civil del turno de especialistas, constituye una justificación razonable y suficiente. El incremento de cinco años en la carrera no causó ningún perjuicio al recurrente. No resulta irrazonable el considerar como mérito cualificado la superación de las pruebas de especialización en el orden civil que fueron anuladas previamente. Y la consideración como mérito cualificado la superación de las pruebas de especialistas tanto en materia tanto civil como mercantil, así podría considerarse por parte del Consejo al resolver.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 364/2019
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución de la Junta Arbitral del Convenio Económico con Navarra. Conflicto de competencia positivo entre la Comunidad Foral y la Diputación foral de Vizcaya para establecer el domicilio fiscal, determinado por la residencia, de un contribuyente. Carga de la prueba. Presunciones legales. La valoración de la prueba, en el proceso, corresponde al Tribunal judicial, que no tiene por qué quedar vinculado por las reglas que rigen en el procedimiento administrativo. En este caso, lo decisivo es la pasividad en el despliegue de actividad probatoria por la Hacienda foral vizcaína en el proceso. La valoración sobre los abundantes indicios aportados por la Hacienda tributaria de Navarra que efectúa la Junta Arbitral es razonable y motivada, no fruto del capricho o la arbitrariedad, aun partiendo de la dificultad de una prueba directa determinante de la residencia. Dentro de las presunciones, la fundamental aquí es aquella de que goza la Junta Arbitral autora del acto recurrido. Se desestima, así, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación foral de Vizcaya.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 316/2019
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de magistrado del orden jurisdiccional social. Desestimación del recurso. El recurrente se hallaba en el turno de discapacidad, como lo estaban inicialmente cinco aspirantes más, siendo el único de todos ellos que superó la fase de baremación, y lo que realmente pretende el recurrente no es el respeto de la reserva del turno de discapacidad, sino una resolución del órgano de selección que permitiera pasar a la entrevista sin haber acreditado los conocimientos suficientes para superar la fase de dictamen. Por otra parte, la recurrente se limita a sintetizar sus respuestas en la fase de dictamen, limitándose a mostrar su discrepancia con la valoración del tribunal calificador, sin que concrete qué valoraciones están insuficientemente motivadas, ni ponga de manifiesto la contradicción de la valoración con las bases de la convocatoria; la parte ni siquiera reitera sus argumentos en el escrito de conclusiones, por lo que se carecen de elementos de juicio suficientes para sustituir el criterio utilizado al valorar el dictamen.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 7404/2019
  • Fecha: 02/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala reitera la doctrina sentada en la STS de 11/07/2018 (RC 953/17) respondiendo a la cuestión análoga que presenta interés casacional en el sentido de que: i) la obligación de imposición de las obligaciones de restitución y reposición de las cosas al estado anterior al momento de la comisión de una infracción prevista en la LC -bien como consecuencia de una condena penal o bien de una sanción administrativa-, no se ha visto alterada por la modificación introducida en la LC por la LMLC de 2013; ii) la LC de 1988, tras su reforma por la LMLC de 2013, sí establece (artículo 95.1.2) un plazo máximo de prescripción de quince años, que lo es, no para la imposición de tales obligaciones, sino para la ejecución y el cumplimiento de la imposición de tales obligaciones de restitución y reposición de las cosas a su estado anterior a la infracción; y iii) dicho plazo de quince años -para la ejecución de las citadas obligaciones- tiene el carácter de máximo, porque habrá de estarse, con carácter previo, al plazo que, en cada caso, se establezca en la resolución (penal o administrativa) que imponga las citadas obligaciones, con dicho límite legal. A esta doctrina se añade ahora que a la ausencia de plazo de prescripción para la imposición de las obligaciones de reposición o restauración, no le es de aplicación el citado plazo (máximo) de quince años, introducido en 2013 en la LC, para la ejecución de las medidas u obligaciones de referencia. Hay un voto particular en la sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 140/2020
  • Fecha: 20/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, relativa al uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Respecto de la primera de las órdenes el recurso se desestima y respecto de la segunda se inadmite, al apreciarse falta de legitimación del recurrente por no residir en las islas relacionadas en el anexo de la orden en sentido estricto. No se aprecian ni la desviación de poder alegada ni las vulneraciones constitucionales denunciadas de la libertad individual, integridad física y moral, derecho a la información, honor y propia imagen. Se reitera doctrina del Tribunal Constitucional acerca del carácter no absoluto de los derechos fundamentales y sus limites, apreciándose proporcionalidad en las medidas adoptadas en aras a la protección del interés superior de la salud pública. Se precisa igualmente la doctrina relativa al valor de ley de los Reales Decretos declarativos del Estado de Alarma y su control a través del Tribunal Constitucional, no así el de sus actos de aplicación que lo son asequibles a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 339/2019
  • Fecha: 26/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso contencioso-administrativo. La cuestión que debemos resolver es si el Acuerdo impugnado, del Consejo de Ministros, que deniega al recurrente el indulto solicitado debía o no ser motivado, cuestión sobre la que, como destacan la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, existe abundante y uniforme jurisprudencia en sentido negativo. En efecto, tratándose de acuerdos denegatorios de la concesión de indulto, esta Sala, se ha pronunciado sobre la inexigencia de motivación en las denegaciones de indulto. Dado que las alegaciones que se formulan por el recurrente en la demanda se limitan a la falta de justificación del acuerdo denegatorio impugnado y no ponen en cuestión la observancia de concretos trámites propios del procedimiento de indulto ni se proyectan sobre otros elementos reglados susceptibles de control judicial en relación con los acuerdos denegatorios de indulto, el recurso se desestima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 337/2019
  • Fecha: 26/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala se remite a pronunciamientos anteriores (entre otras, STS -Pleno- de 20/11/2013) en las que se hace referencia al abundante acervo jurisprudencial en orden al alcance de la revisión jurisdiccional de las decisiones de indulto, doctrina que cabe condensar en los siguientes parámetros: 1) El control no puede afectar a los defectos de motivación; 2) Sólo alcanza a los elementos reglados del procedimiento (incluidos los informes preceptivos y no vinculantes a los que alude la Ley de Indulto); 3) No se extiende a la valoración de los requisitos de carácter sustantivo. La revisión de la concesión de indulto o de su denegación queda circunscrita a los límites y elementos reglados que, para el ejercicio de este derecho de gracia, establece la referida Ley de 1870: unos de naturaleza procedimental y otros de extensión de la gracia. Se añade que las exigencias de justificación de tales acuerdos se refieren los que conceden el indulto, exigencias que no resultan aplicables a supuestos, como el de autos, de denegación, respecto de los cuales el control jurisdiccional se limita a los elementos reglados respecto del procedimiento regulado en los arts. 19 a 32 de la Ley de Indulto. Y en el presente caso no son ciertos los defectos formales (emisión de informes) que se imputan a la tramitación del expediente y adecuarse el contendido del acuerdo denegatorio a la doctrina jurisprudencial, sin vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad.

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