• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 53/2019
  • Fecha: 13/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Atribución a determinados juzgados para que de manera exclusiva, y excluyente según los casos, conozcan de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones general incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Desestimación del recurso. Existe la necesidad de seguir adoptando medidas encaminadas al logro de una respuesta pronta y uniforme ante la situación de excepcional litigiosidad surgida en la materia que menciona el Acuerdo, sin que la recurrente acredite que las normas de atribución de competencia que establece sean inadecuadas para alcanzarlo, ni tampoco que el resultado hubiera sido más eficaz y satisfactorio manteniendo la competencia sobre esa materia de todos los Juzgados de Primera Instancia. En el Acuerdo se establece una medida de evaluación en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, y la excepcional litigiosidad que surgió en la materia que menciona el Acuerdo seguía requiriendo en la fecha de éste y durante el plazo de vigencia que dispone, una especialísima atención. No queda acreditado que el Acuerdo encubra un propósito de expecialización sine die.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 72/2019
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: A la vista de solicitud tan confusa, y la pretensión a la que se aspiraba, la nulidad de la liquidación en base a la nulidad del Decreto 137/1960, no estorbaba que el órgano receptor de la solicitud calificara el escrito ante las posibles opciones y la evidente dificultad de interpretar la voluntad del solicitante. En este caso, la Administración, el Ministerio, no se pronunció y de este silencio no puede presumirse que se llevó a cabo la actividad calificadora, sino que únicamente pueden derivarse los efectos propios del instituto del silencio administrativo negativo, de la mera ficción de la existencia de un acto denegatorio de la solicitud al Ministerio de Hacienda. En puridad, por tanto, sólo cabe identificar un solo acto presunto por silencio del Ministerio de Hacienda, concretado en la denegación de la tramitación del procedimiento de revisión de las liquidaciones, cuya impugnación, ya se ha dicho, corresponde hacerla ante la Audiencia Nacional, tal y como ha llevado a cabo la parte recurrente, que ya nos advirtió que efectivamente había impugnado el citado acto ante el órgano judicial competente. Sucede, sin embargo, como señala la propia parte recurrente, que respecto de este acto ya se ha cursado el recurso contencioso administrativo pertinente ante la Audiencia Nacional, por lo que el trámite anterior resulta innecesario por haber quedado subsanado el defecto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 373/2018
  • Fecha: 02/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución que no reconoce al recurrente la preferencia del artículo 330.5.a) LOPJ con relación a la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial del orden civil, por considerar que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no son órganos mixtos, sino órganos pertenecientes a la jurisdicción penal. Estimación del recurso. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son órganos mixtos; La ley atribuye a esos Juzgados competencias "en el orden penal" y " en el orden civil", y si los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pertenecieran al orden jurisdiccional penal y fuera ésta la idea que anidaba en el legislador, no hubiera sido difícil emplear expresiones distintas, que no incluyeran un término -orden- que en sí mismo alude, en las normas orgánicas, a los órdenes jurisdiccionales, o añadir a aquéllas algún matiz que dejara claro que las competencias de aquellos juzgados en materia civil se atribuían sin desvirtuar su pertenencia a un único orden jurisdiccional, el penal. Los procesos civiles atribuidos al conocimiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han de decidirse aplicando las normas civiles sustantivas que rigen esos litigios, interpretadas, como siempre debe ser, sin olvidar la perspectiva de género y el principio de no discriminación entre mujeres y hombres, sin que tales procesos civiles sean emanación o continuación de un previo proceso penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 716/2019
  • Fecha: 21/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso. En el caso de deudas solidarias en las que no sea posible establecer el porcentaje de responsabilidad de cada uno de los deudores solidarios, ha de aplicarse la presunción de mancomunidad. La acción de regreso del deudor, que hubiera satisfecho la deuda en su integridad contra los codeudores, ha de deducirse en vía contencioso-administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 670/2018
  • Fecha: 19/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala Tercera fija como doctrina jurisprudencial la siguiente: el Consejo Superior de Deportes es competente para controlar, en vía de recurso administrativo, los acuerdos adoptados por las Ligas Profesionales sobre la afiliación de clubes de baloncesto profesionales, confirmando así la sentencia recurrida en casación, dictada por la Audiencia Nacional. Declara el TS que las Ligas Profesionales, examinando así su naturaleza jurídica, son una de las formas de asociación deportiva contempladas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Han sido creadas por voluntad de la Ley y para la aprobación de sus normas estatutarias sea necesaria la aprobación por parte del Consejo Superior de Deportes previo informe de la Federación deportiva correspondiente, que son a su vez otra forma de asociacionismo deportivo. Añade el TS que, en materia de licencias para la disputa de competiciones profesionales, es obligatoria la constitución de Ligas, que quedan integradas por los clubes que participen en dicha competición tras superar el proceso de inscripción. En este sentido, la licencia para la participación en las competiciones oficiales es competencia de las Federaciones, con visado previo de las Ligas, cuya constitución responde a un acto del poder público que determina sus fines y les atribuye el monopolio del ejercicio de funciones públicas. Son, pues, agentes de la Administración Pública, como las Federaciones Deportivas, siendo sus decisiones recurribles administrativamente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 22/2019
  • Fecha: 13/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conforme al art. 1.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocer de la reclamación de cuotas efectuada por una entidad urbanística de conservación contra una de las entidades que la integran. Porque no hay duda de que la entidad reclamante tiene la condición de administración pública, ya que es una entidad de derecho público vinculada y sometida al control urbanístico de un ayuntamiento, ante el que puede instar la reclamación de cuotas por el procedimiento administrativo de apremio, actuación que es susceptible de control jurisdiccional ante el orden contencioso-administrativo, conforme al art. 1.2.d) LJCA, reiterando con ello la doctrina.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 12/2019
  • Fecha: 13/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto negativo de competencia. Juzgado Contencioso Administrativo y Juzgado de Primera Instancia. Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y posterior dirección de obra de la implantación del helipuerto en la cubierta de un hospital, celebrado durante la vigencia del RDLeg 3/2011. Naturaleza jurídica del ente ofertante de la contratación: a la entidad demandada no se le puede atribuir la condición jurídica de Administración Pública, al tratarse de una empresa pública, que actúa en el tráfico jurídico como sociedad mercantil participada por la Generalitat, sometida a sus estatutos y a la LSC, en la ejecución de un contrato privado. La jurisdicción competente para resolver esa cuestión litigiosa es el orden jurisdiccional civil al venir referido el asunto a contratos en los que a los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público no participa una Administración Pública. No es de aplicación la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Las cuestiones sobre adjudicación de esos contratos, que son contratos privados que no están sujetos a regulación armonizada, y que se celebran por un poder adjudicador que no es Administración Pública, corresponden el orden jurisdiccional civil
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 13/2019
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado de lo Social núm. 2 de Móstoles y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 28 de Madrid. Se discute sobre el orden jurisdiccional competente para conocer sobre una pretensión que está directamente relacionada con el proceso de selección de personal al servicio del sector público. Con arreglo a la doctrina de los actos separables, tradicionalmente se ha diferenciado entre las reclamaciones surgidas al hilo del proceso de selección (competencia del orden contencioso) y las cuestiones derivadas de la dinámica del contrato de trabajo celebrado (competencia del orden social). Al amparo de la normativa anterior a la LRJS podía pensarse en cierta discordancia doctrinal entre la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y la Sala o la Tercera. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la LRJS debiera desaparecer cualquier discordancia porque sus claros mandatos, en concordancia con los de la LRJCA, abocan a que los litigios como el presente deban ventilarse ante los Juzgados y Tribunales del Orden Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 5/2019
  • Fecha: 05/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala recoge la doctrina establecida en casos similares en las STS de 28-5-15, rec.435/14, 26-2-16, rec. 833/15 y 13-11-15, rec.921/14, en las que se hace referencia al abundante acervo jurisprudencial en orden al alcance de la revisión jurisdiccional de las decisiones de indulto, de las que sólo algunas se pronuncian sobre acuerdos de concesión de indulto, siendo el resto pronunciamientos sobre acuerdos denegatorios; doctrina que cabe condensar en los siguientes parámetros: 1) El control no puede afectar a los defectos de motivación; 2) Sólo alcanza a los elementos reglados del procedimiento (incluidos los informes preceptivos y no vinculantes a los que alude la Ley de Indulto); 3) No se extiende a la valoración de los requisitos de carácter sustantivo. Y añade que sentencia del Pleno de 20-11-13 que invoca el recurrente se refería a un supuesto de concesión de indulto y a las exigencias de justificación de tales acuerdos, exigencias que no resultan aplicables a supuestos, como el de autos, de denegación, tal y como manifiestan las sentencias dictadas con posterioridad a dicho Pleno, pues, respecto de los acuerdos de denegación de indulto, se mantiene el criterio de no exigencia de motivación, según la constante jurisprudencia de esta Sala, que se plasma, entre otras, en la sentencia de 23-1-08, pues el control jurisdiccional que corresponde en estos casos es el de los elementos reglados respecto del procedimiento regulado en los arts. 19-32 de la Ley de Indulto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 19/2019
  • Fecha: 20/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestima el recurso interpuesto contra la resolución del Consejo de Ministros que acuerda no conceder el indulto solicitado. Alega el recurrente la nulidad de lo actuado por cuanto que en el informe del Ministerio Fiscal se indicó no constar la opinión favorable del perjudicado al indulto solicitado cuando no era cierto. Recuerda la sala la doctrina establecida en SSTS de 28-5-2015, rec. 435/14, 26-2-2016, rec. 833/15 y 13-11-2015, rec. 921/14, en las que se hace referencia al abundante acervo jurisprudencial en orden al alcance de la revisión jurisdiccional de las decisiones de indulto, doctrina que cabe condensar en estos parámetros: 1) El control no puede afectar a los defectos de motivación; 2) Sólo alcanza a los elementos reglados del procedimiento (incluidos los informes preceptivos y no vinculantes a los que alude la Ley de Indulto); 3) No se extiende a la valoración de los requisitos de carácter sustantivo. Tras ello, en relación con el caso examinado, razona que se han emitido los informes preceptivos correspondientes, sin que el hecho de que en el correspondiente al Ministerio Fiscal se haga referencia a la falta de constancia de la opinión favorable del perjudicado pueda valorarse como un vicio invalidante del mismo, por cuanto no se da la circunstancia del art. 15.2ª de la Ley de Indulto y además el referido informe no se fundó en esa falta de constancia, sino en no concurrir circunstancias justificativas de la concesión, no existiendo indefensión.

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