Resumen: Declara el TS que si bien la validez del matrimonio queda sujeta a la correspondiente valoración por la jurisdicción civil y con ello del alcance de la actuación fraudulenta denunciada en su caso; sin embargo, no excluye ni impide el ejercicio de las facultades que la normativa en materia de extranjería atribuye a la Administración competente para resolver sobre el reconocimiento de los derechos de los interesados, en este caso la obtención de tarjeta de residencia temporal de familiar de ciudadano comunitario. Partiendo de esta premisa, la respuesta a la cuestión de interés casacional planteada se concreta en declarar que resulta factible proceder a la extinción, constante el matrimonio, de la autorización de residencia temporal de familiar de residente comunitario, expedida a favor de cónyuge, en los supuestos en los que, como consecuencia de actividad administrativa de carácter investigador y siguiendo el correspondiente procedimiento, quepa presumir la existencia de un matrimonio simulado o celebrado en fraude de ley, no obstante encontrarse éste inscrito en el Registro Civil, sin que ello suponga un pronunciamiento sobre la validez del matrimonio ni la exactitud registral, que ha de platearse, en su caso, en el correspondiente procedimiento ante la jurisdicción civil competente.
Resumen: Impugnación de acuerdo de la Junta Arbitral del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Competencia para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido. Prescripción de la potestad de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de solicitar y obtener el reintegro de unos pagos a cuenta hechos a la Hacienda Foral de Navarra. Imposibilidad de interrupción del plazo de prescripción por actos de terceros (el contrinuyente) ajenos a la relación de derecho público existente entre dos administraciones.
Resumen: La resolución de una conflicto competencial entre dos Administraciones, no puede quedar condicionada o postergada hasta la resolución definitiva en vía jurisdiccional de los conflictos suscitados por el obligado tributario en relación con las regularizaciones llevadas a cabo, por una Administración competente, sobre el ejercicio anterior.
Resumen: Contrato de tracto sucesivo. Devengo del IVA. Lex specialis sobre la regla general del apartado 1º del artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Eficacia del contrato y exigibilidad del precio. Valoración probatoria.
Resumen: La Sala desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que denegó la concesión del indulto solicitado. Lo hace en aplicación de la extensa doctrina jurisprudencial sobre la inexigibilidad de motivación en las denegaciones de indulto, recordando como, singularmente, en la STS nº 134/20, de 5 de febrero, rec. 665/20, se concretaba dicha doctrina jurisprudencial del siguiente modo: 1) El control no puede afectar a los defectos de motivación; 2) Sólo alcanza a los elementos reglados del procedimiento (incluidos los informes preceptivos y no vinculantes a los que alude la Ley de Indulto); 3) No se extiende a la valoración de los requisitos de carácter sustantivo. Asimismo, recuerda -como hacía en las SSTS nº 1.397/20 y 1.398/20, de 26 de octubre, con cita de otras- que el control que esta jurisdicción puede ejercitar sobre el tipo de acto concernido se encuentra limitado a los aspectos formales de su elaboración y, más precisamente, a si se han solicitado los informes que la Ley establece como preceptivos, informes que, por otro lado, no resultan vinculantes. Adicionalmente, precisa -como señaló la STS nº 665/20, de 6 de junio- que los acuerdos de denegación de indulto no suponen una excepción a la regla general de ejecución de las penas impuestas por sentencia firme, por lo que no se advierte la necesidad de justificar las razones de la decisión, que no afecta a esa regla general ni a un derecho inexistente al indulto.
Resumen: Determinación de la administración competente que debe hacerse cargo de la devolución del IVA soportado. Nacimiento del derecho a deducir las cuotas del IVA soportado. La devolución se debe ejercer ante la Administración que ingresó las correspondientes cuotas. Doctrina de la fragmentabilidad. La Sala considera que no existe impedimento desde el punto de vista de la técnica del IVA para que la contribuyente pueda, a través de una solicitud de rectificación del IVA, ejercicios 2014/2015, articular la correspondiente petición de devolución de ingresos indebidos, en este caso, ante la Hacienda Foral de Navarra.
Resumen: Determinación de la fecha de inicio de la actividad (prestaciones de servicios y entregas de bienes) Operaciones realizadas en un periodo inferior al año natural. Concepto de volumen de operaciones. Aplicación del Convenio para regular las relaciones entre el régimen tributario común y el navarro. Cálculo del volumen de operaciones en función del período transcurrido en el ejercicio. Inicio del cómputo el día en el que se realiza la primera entrega de bienes o prestación de servicios.
Resumen: Aplicación preferente y preceptiva del artículo 27 de la LJCA a la mera inaplicación de los reglamentos que prevé el artículo 6 de la LOPJ cuando se promueva la impugnación indirecta de una disposición general o el tribunal considere que la disposición general es contraria a la ley o a reglamentos de rango superior. Deber del tribunal sentenciador, si es competente objetivamente para conocer del recurso directo contra la disposición general, de declarar la validez o nulidad de la disposición general con efectos erga omnes.
Resumen: El TS examina la interpretación del artículo 4.1, párrafo tercero, del Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de los medicamentos y productos sanitarios a efectos de precisar si la dosis diaria a efectos de determinar el coste/tratamiento/día de medicamentos con tacrolimus, compete al Centro Colaborador para Metodología de Estadística de los Medicamentos de la OMS o, "en su defecto", las DDD que fije de oficio la Administración conforme a la metodología utilizada por el citado Centro Colaborador de la OMS, siempre para cada especialidad o medicamento. La sentencia al interpretar el artículo 4.1. y 2 fija el PVLRef para "cada una de las presentaciones", y afirma que para fijar las DDD cabe estar a esa distinta potencia y eficacia, pues esas dosis dependen de la distinta farmacocinética y biodisponibilidad del medicamento. Deja constancia de que, fuera de consideraciones hermenéuticas, la Administración nada ha razonado ni en reposición, ni en la instancia, ni ahora en casación -como tampoco la sentencia- sobre si el planteamiento de la demandante trae unas consecuencias que contraríen o alteren la finalidad del sistema de precios de referencia; es más, no se han contradicho las razones ofrecidas por los dos informes de la Dirección General a favor de la recurrente.
Resumen: Se estima el recurso contencioso administrativo, sobre concesión de indulto, que había sido denegado en fase administrativa por omisión del informe de conducta a que se refiere el art. 24 de la Ley de Indulto, según el cual, el Juez o Tribunal sentenciador "pedirá, a su vez, informe sobre la conducta del penado al Jefe del establecimiento en que aquél se halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de libertad, y oirá después al Fiscal y a la parte ofendida si la hubiere. Pues bien, atendiendo a las circunstancias del caso, se observa que se solicitó la emisión del informe en cuestión y se contestó con un informe policial que se limita a reflejar las declaraciones de la propia interesada y la carencia de antecedentes penales. No consta, en contra de lo que se sostiene por parte del Abogado del Estado, ninguna actuación policial de averiguación y comprobación de la conducta de la interesada al margen de sus propias manifestaciones, que por sí mismas y aún cuando no se cuestione su credibilidad, por su propia naturaleza de manifestación de parte, no constituyen ni pueden sustituir la conveniente actividad de averiguación y comprobación a la que debe responder el contenido del informe. En estas circunstancias, ha de entenderse, que el informe en cuestión resulta manifiestamente insuficiente. Por tanto, la manifiesta insuficiencia del informe emitido determina la anulabilidad y retroacción de actuaciones.
