Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso. Declara nulos el artículo 6, apartado 3º, párrafo 5º, parágrafos c) y d) del mencionado Real Decreto, así como los apartados 4b.9; 5b.2, 6b-24- 25 y 26 del PRECAT20 que en el mismo se aprueba. Conforme a la delimitación constitucional de la competencia y por lo que se refiere a la responsabilidad ampliada, es indudable que la incidencia que la determinación de este tipo de obligaciones específicas, que exceden de las generales que se imponen a todos los gestores de residuos, debe estimarse incardinada en esa competencia estatal, lo cual justifica que se reserve su imposición a la normativa básica o, si se quiere, que se deban imponer por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, sin que pueda la legislación autonómica imponerlas bajo la habilitación de normas adicionales de protección. Por tanto. ha de estimarse que la exigencia competencial afecta al mismo contenido de la responsabilidad ampliada ya establecida. En relación con el debate suscitado por las partes en orden a la nulidad de la norma reglamentaria impugnada por defectos formales, la doctrina general que rige en nuestro Derecho, acogida por la jurisprudencia, es que los vicios de forma solo son relevantes cuando trascienden en la decisión final, como para los actos administrativos se impone en el artículo 47.1º.c) de la de la Ley 30/92. No cabe acoger la denuncia de arbitrariedad.
Resumen: El TS examina la delimitación competencial entre médicos y enfermeros en el ámbito de la Medicina Estética, en concreto, en lo relativo a la planificación y aplicación de tratamientos e intervenciones, y por tanto, si podría el Colegio Oficial de Enfermería ordenar determinados aspectos del ejercicio profesional del enfermero para cuidados corpo-estéticos y prevención del envejecimiento. Al efecto, analiza las profesiones sanitarias y en virtud de los artículos 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, y el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, las funciones que realizan el personal médico y el de enfermería no son, las mismas, ni siquiera resultan homologables, sin perjuicio de que ambas funciones resultan esenciales por su complementariedad, para la protección de la salud de los pacientes, pues coadyuvan, desde su distinta formación y su diferente función, para alcanzar dicha finalidad. En consecuencia, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España no tiene competencia para dictar resoluciones sobre funciones de los enfermeros de forma desvinculada a la actividad asistencial del médico y coordinación médica, siendo una cuestión tangencial el debate, sobre si la especialidad de medicina estética existe como tal.
Resumen: Cuestión con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia: aclarar si la pérdida de la condición de guardia civil enerva los efectos de la suspensión judicial de la condena ex artículo 4.4 del Código Penal y, a su vez, si cabe, entender que el auto de suspensión permite dejar sin efecto la pérdida de la condición de Guardia Civil o, si tal pérdida es ajena a la ejecución de la sentencia y procede por el mero hecho de la condena, se ejecute o no. Para el TS firme la sentencia condenatoria penal y acordada por la Administración la pérdida de la condición de funcionario público, ya sea por acto firme o no pero no suspendido, no cabe el reintegro por el hecho de que se haya suspendido la ejecución de la condena penal pues ésta no alcanza a un efecto administrativo automático, debido y ajeno a la ejecución penal. En particular, la suspensión de la ejecución de la pena la acuerda discrecionalmente el juez penal, y se haya acordado o, solicitada, esté pendiente de acordarse, no enerva la potestad de la Administración -ni la deja sin contenido, de haberse dictado- para ejercer su potestad de resolución de la relación funcionarial, de acordarse tal suspensión en sede penal no por ello debe reintegrarse al funcionario al cuerpo del que fue excluido. Si se otorga el indulto, es cuando procederá el reintegro de la función pública.
Resumen: El supuesto examinado se refiere a una resolución (auto) de un órgano de la jurisdicción civil, que declara la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, a la que se remite a los interesados, sin indicación de plazo de impugnación o personación ni identificación de norma que así lo establezca. En estas circunstancias, no resulta justificada la aplicación analógica de las previsiones establecidas en el art. 5.3 de la LJCA que hace la Sala de instancia en el auto que inadmite el recurso por extemporáneo, pues como razona el TS respondiendo a la cuestión que presenta interés casacional objetivo, el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo cuando dicha interposición está precedida de la resolución de un órgano perteneciente a otro orden jurisdiccional (en este caso civil) declarando la falta de jurisdicción del mismo por entender que el asunto corresponde al conocimiento del jurisdiccional contencioso-administrativo es el general de dos meses que señala el artículo 46.1 de la LJCA. Y ello por cuanto la aplicación del plazo de un mes previsto en el citado art. 5.3 LJCA vendría a limitar el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, sin una previsión legal específica al respecto, introduciendo una causa de inadmisibilidad en virtud de una interpretación analógica restrictiva, que no resulta proporcionada ni acorde al principio pro actione.
Resumen: Demanda de error judicial. No es lícito incluir en la misma argumentos de legalidad ordinaria -ya desestimados en la resolución presuntamente errónea-, como fuere la incompetencia objetiva de la Sala para conocer del recurso y que ya fuera descartada por esta en múltiples ocasiones, incluso a través de incidente extraordinario de nulidad de actuaciones. La resolución de tal cuestión competencial está dentro de los cánones ordinarios de la hermenéutica jurídica y no cabe reputarla como error craso, patente o indubitado que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas, no pudiendo hacerse uso del procedimiento de declaración judicial como una tercera instancia o casación encubierta. Se desestima la demanda.
Resumen: Determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales. Tras rechazar la falta de competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pues el Acuerdo impugnado no tiene por objeto establecer decisión alguna sobre la materia de prevención de riesgos laborales, así como la falta de legitimación activa de la Asociación recurrente, pues el Acuerdo impugnado afecta potencialmente al funcionamiento en sí mismo de todos aquellos órganos judiciales a los que se refiere y, por tanto, de los jueces y magistrados que los sirven, estima el recurso contencioso-administrativo. El artículo 560.1 LOPJ no debe interpretarse en el sentido de que para la elaboración y aprobación de los sistemas a que se refiere, dirigidos sólo a determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional, o cada tipo de ellos, baste la intervención del CGPJ, del Ministerio de Justicia, y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, sino que es necesaria la participación de las Asociaciones judiciales, que tienen un conocimiento actualizado de la situación real de los órganos jurisdiccionales y de sus dificultades, y la adopción de un acuerdo como el recurrido, de tantísima transcendencia, exige abrir para aquéllas un cauce de participación eficaz.
Resumen: La Sala inadmite la demanda de revisión promovida, pues, siendo la sentencia que alcanzó firmeza la dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la demanda se dirige, de forma consciente y explícita, sólo contra la sentencia del Juzgado, con absoluta preterición de la dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de la que no dice una sola palabra. Recuerda así que el procedimiento de revisión es un remedio de carácter excepcional y extraordinario de rescisión de las sentencias firmes, de forma que, cuando nos hallamos ante una sentencia dictada en primera instancia por un juzgado de este orden jurisdiccional, que ha sido recurrida en apelación, y la apelación ha sido resuelta por sentencia que ha puesto término al debate procesal entablado, es claro que la cualidad de firmeza, a los efectos del cauce revisorio que nos ocupa, no puede predicarse de la sentencia del juzgado sino de la de apelación, pues la sentencia de primera instancia no tenía esa cualidad de firmeza y justamente por eso pudo ser combatida en apelación. Añade también que la actuación de la parte es, además, incoherente desde la perspectiva de la competencia procesal, pues el Tribunal Supremo sólo tiene competencia para conocer de las demandas de revisión contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (art. 12.2 c] LJCA).
Resumen: Incompetencia del CGPJ para conocer del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la letrada de la Administración de Justicia por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra las diligencias de ordenación de 27 de mayo y 3 de junio del mismo año, por las que se deniega la expedición de los testimonios de las actuaciones solicitados. Desestimación del recurso contencioso-administrativo. En la resolución recurrida se pone de manifiesto que el órgano autor del acto recurrido en alzada es una Letrada de la Administración de Justicia que depende del Ministerio de Justicia y que por ello carece de la condición de órgano integrado en la estructura organizativa del CGPJ, concluyendo en la incompetencia del CGPJ para conocer de ese recurso de alzada con remisión del mismo al Secretario de Gobierno del TS; y ese fundamento de la resolución impugnada permanece inalterado pues no resulta combatido en el escrito de demanda.
Resumen: Convocatoria de provisión de plaza de magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Tras rechazar la alegación de la falta de legitimación de la Asociación recurrente, se desestima el recurso contencioso-administrativo. El carácter neutro de la presidencia de las Salas del Tribunal Supremo debe entenderse en el sentido de que es indiferente el origen o turno por el que sus magistrados accedieron a é; ahora bien, lque la planta de la Sala Cuarta consista en un presidente y doce magistrados no significa que no se deba contar a los efectos que estamos considerando al presidente quien, desde el punto de vista del ejercicio de la jurisdicción, es un magistrado más. Si el legislador ha querido que en cada una de las Salas del Tribunal Supremo exista una determinada proporción en razón del origen de los magistrados que la integran, no se ve por qué razón se ha de prescindir del de sus presidentes.
Resumen: La sentencia impugnada anuló diversos preceptos del Decreto 187/2015, de 25 de agosto, de ordenación de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria, al entender que vulneraban el ámbito de regulación básica estatal en la materia. La Sala desestima el recurso y confirma la de instancia. En concreto, se afirma que la competencia cuyo ejercicio se enmarca en el espacio definido por la legislación básica de educación no autoriza a superarlo ni a contradecir las prescripciones de esa naturaleza que lo conforman. Es más, las determinaciones básicas pueden llegar a circunscribir las opciones autonómicas de manera que les cierren caminos o impongan soluciones concretas en aspectos específicos. Se ha de recordar, en este sentido, que la Generalidad de Cataluña no promovió conflicto de competencias sobre el Real Decreto 1105/2014, normativa estatal básica sobre la materia, y que establece que la ESO comprende dos ciclos, el primero de 3 cursos y el segundo de uno, frente a la normativa anulada, que establecía dos cursos para cada ciclo. Se anulan igualmente los preceptos relativos a los estándares de evaluación de las asignaturas de libre configuración autonómica, al dejar incompleto el tratamiento de la cuestión. Del mismo modo, se anula la clasificación de las materias diferente a la prevista en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, al no ajustarse a la diferenciación entre asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.
