Resumen: Demanda contra dos ayuntamientos en ejercicio de la acción directa del art. 1597 CC por parte del subcontratista. La sentencia de primera instancia estimó la demanda respecto de uno de los ayuntamientos pero la desestimó respecto del otro. La audiencia redujo la cantidad a abonar por el ayuntamiento condenado. Recurre el demandante en casación y en infracción procesal. La sala estima el segundo de los recursos al entender que se ha producido un error patente en la valoración probatoria, inmediatamente verificable y que, además, resultó relevante para sustentar la decisión de la audiencia. Anulada la sentencia, la sala asume la instancia, aplica la jurisprudencia de la sala sobre la acción directa en los contratos de obra pública anteriores a la Ley 24/2011 y declara que la Audiencia Provincial, al afirmar que la novena certificación de obra se pagó con anterioridad al requerimiento notarial, yerra pues el mencionado requerimiento se practicó el 29 de enero de 2010 y la notificación de la cesión de la meritada certificación no se hizo hasta el 4 de febrero siguiente, por lo que el pago no pudo ser liberatorio para el ayuntamiento respecto del cual la condena lo fue en su integridad. La consecuencia de ello es la ratificación de la desestimación de las apelaciones del demandante y de uno de los ayuntamientos demandados así como la desestimación del recurso del otro ayuntamiento, que supone la confirmación de la sentencia de primera instancia.
Resumen: La controversia versa sobre la interpretación que ha de darse a la previsión del art. 97.2 LC. La sala confirma las sentencia de instancia y mantiene que la extinción de las garantías como consecuencia de la subordinación de un crédito por tener el acreedor la condición de persona especialmente relacionada con el deudor afecta solo a las garantías reales sobre bienes del concursado pero no a las garantías reales y personales prestadas por terceros. Tampoco se infringe el art. 1852 CC. Aunque la pérdida del derecho a subrogarse en las garantías hipotecarias es posterior al afianzamiento, consecuencia del concurso de acreedores del deudor principal, el hecho que determina la subordinación y provoca la extinción existe al tiempo en que los fiadores consienten en el afianzamiento. En ese momento podían saber que uno de los socios de la deudora, con una participación muy significativa en el capital social (25%) es una sociedad filial del banco prestamista, circunstancia que de acuerdo con la jurisprudencia conllevará que en el caso de una posterior insolvencia de la sociedad deudora, se le consideraría persona especialmente relacionada con el deudor y se extinguirían las hipotecas en aplicación del art. 97.2 LC. No hay propiamente un acto posterior del banco acreedor que, contrariando la reseñada exigencia de la buena fe, haya provocado el perjuicio para los fiadores de impedirles la subrogación en la hipoteca. Accesoriedad y subsidiariedad de la fianza.
Resumen: Demanda en la que ejercitó una acción de nulidad parcial de un préstamo hipotecario en divisas basada en la concurrencia de error en el consentimiento de la prestataria. El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda. La prestataria recurrió en apelación y la Audiencia estimó el recurso pues consideró que concurría error vicio en el consentimiento de la prestataria, por lo que siendo nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo y considerando que el error sufrido por la demandante constituye un vicio estructural que, además, no puede obviarse con una diligencia exigible en las circunstancias concurrentes, declaró la nulidad parcial del contrato, pero no hizo expresa imposición de las costas de primera instancia dada la complejidad jurídica del asunto. Recurre en casación la prestataria demandante y la sala rechaza su recurso, al considerar que la doctrina jurisprudencial sobre la no aplicación de la excepción al principio del vencimiento en la imposición de costas, por razón de las serias dudas de derecho, es aplicable cuando se ejercitan acciones basadas en la normativa sobre cláusulas abusivas, pero no cuando se ejercitan acciones de nulidad contractual por error vicio del consentimiento basadas en el Código Civil; declara que cuando la cuestión litigiosa no está regulada por el Derecho de la UE y, por consiguiente, no entra en juego el principio de primacía de este Derecho, el juez no puede dejar de aplicar ninguna norma legal nacional.
Resumen: Vinculación de la jurisdicción civil a lo resuelto por la Administración en el expediente de responsabilidad patrimonial o, si se impugna, a lo resuelto por la jurisdicción contencioso-administrativa. Efectos de la resolución administrativa firme en el proceso civil: peculiaridades del seguro de responsabilidad civil y de la acción directa, que se funda en los principios de autonomía de la acción, solidaridad de obligados y dependencia estructural respecto de la responsabilidad del asegurado, lo que comporta que, no obstante su autonomía procesal, la aseguradora no pueda quedar obligada más allá de la obligación del asegurado. La jurisdicción contencioso-administrativa es la única competente para condenar a la Administración, la jurisdicción civil sólo conoce de su responsabilidad y consecuencias a efectos perjudiciales en el proceso civil. Precedentes jurisprudenciales (acción directa contra la aseguradora de la Administración intentada por el perjudicado para conseguir en vía civil una indemnización superior a la reconocida en vía administrativa). Es contrario a la legalidad utilizar la acción directa para impugnar el acto administrativo, que se ha consentido, a los solos efectos indemnizatorios, y también utilizar la acción directa para conseguir que la jurisdicción civil declare la responsabilidad de la Administración asegurada -ya que es presupuesto para que responda la aseguradora- tras ser firme el acto administrativo que negó la existencia de dicha responsabilidad.
Resumen: Cláusula de intereses remuneratorios en préstamo con consumidores. Año natural y año comercial. La fórmula matemática para el cálculo de los intereses remuneratorios se hace mediante una fracción en la que la duración del año debe constar tanto en el numerador como en el denominador. Bajo esa premisa, son varias las modalidades de cálculo utilizadas en España, en función del número de días que se haga constar en el numerador y en el denominador. El resultado de aplicar una u otra fórmula de cálculo es diferente pero lo determinante, a efectos del equilibrio de las prestaciones y la reciprocidad del contrato, es que se utilice la misma duración del año para el tiempo transcurrido y para la base de cálculo. El Banco de España, desde el año 2016, viene considerando que la utilización del sistema 365/360 no podía quedar amparado como uso bancario. En todo caso, resulta dudoso que dicha práctica bancaria pudiera considerarse propiamente un uso de comercio dado su carácter unilateral y de uniformidad discutible. En el presente caso, la cláusula de cálculo de intereses 360/360 no cabe considerar que no fuera transparente. Y aunque se considerara que la cláusula no es transparente, no hay elementos de juicio para considerarla abusiva, ya que el método de cálculo no beneficia sistemáticamente al banco, ni supone que se incremente el importe de los intereses remuneratorios.
Resumen: La sala estima en parte el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que condenó a una indemnización de daños por responsabilidad civil médica, pero no aplicó los intereses del art. 20 LCS al no haber comunicación alguna del siniestro a la compañía aseguradora ni requerimiento de pago por parte de la demandante. La sala, con aplicación de su jurisprudencia, concluye que, como la aseguradora tuvo conocimiento del siniestro cuando se interpuso la demanda y aunque no hubiese sido requerida previamente, ello no obsta a que puedan imponerse los intereses del art. 20 de la LCS precisamente desde la interposición de la demanda, dada su naturaleza de requerimiento judicial de pago. Para defender que la aseguradora tuvo conocimiento del siniestro antes de la demanda, el recurrente debió interponer recurso por infracción procesal al implicar una modificación de la base fáctica de la sentencia, y dicho recurso no ha sido interpuesto.
Resumen: Reclamación indemnizatoria por incapacidad total derivada de accidente sufrido en 2008, acción que se reservó el perjudicado en un procedimiento anterior a este. En la sentencia recurrida los intereses se imponen desde las fechas de reclamación extrajudicial a las compañías, posteriores a la resolución del INSS de 2012. Se debe analizar si concurre causa justificada para que en la sentencia de apelación no se impusieran los intereses desde la fecha del siniestro. En un primer procedimiento el demandante se reservó la acción civil para instar la indemnización por incapacidad, dado que prefería esperar la declaración administrativa al respecto, que le fue rechazada. En el procedimiento actual se esgrimió un nueva calificación del INSS. La declaración de incapacidad es posterior a la sentencia recaída en el primer procedimiento, en el que se reservó las acciones.Se trata de una incapacidad sobrevenida por agravamiento posterior de la secuelas y "dada la dificultad de valorar y concretar el alcance de tal influencia agravatoria", se computa por el tribunal de apelación en un 50%. En consecuencia, la sentencia recurrida fue correcta porque los intereses solo pueden imponerse desde la reclamación extrajudicial a las aseguradoras y no desde la fecha del siniestro dado que se trata de una secuela no evidenciada ni siquiera indiciariamente, por ser una agravación de secuela previa.
Resumen: Recurso por infracción procesal: la vulneración de normas sobre costas procesales, pese a su naturaleza procesal, no es controlable en este recurso. En todo caso, estimada la acción de nulidad por abusiva la cláusula de gastos, aunque los efectos restitutorios no sean totales, al quedar limitados por las disposiciones legales sobre atribución y distribución de gastos, estaba justificada la imposición de costas al banco, de acuerdo con la doctrina del TJUE. Carácter abusivo de las cláusulas de gastos: de no existir la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de esos gastos; desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes. Efectos de la nulidad de estas cláusulas, en lo referente a los gastos de tasación en los préstamos hipotecarios celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2019: la legislación anterior a dicha Ley no contenía previsión al respecto, por lo que, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, su pago corresponde al prestamista. Motivo de casación inadmisible: no se identifica en el encabezamiento la norma sustantiva infringida; el interés casacional es presupuesto del motivo, pero no motivo de casación; la causa de inadmisión, apreciada en sentencia, deviene en causa de desestimación.
Resumen: Tras declararse nula la cláusula de gastos en préstamo hipotecario, y condenarse al banco a devolver todos los gastos menos los del IAJD y la mitad de los de notaría y gestoría, recurren en casación los prestatarios. El recurso se estima de acuerdo con la doctrina jurisprudencial que dispone los criterios que deben regir la distribución de gastos e impuestos derivados de la celebración de los préstamos hipotecarios una vez que la cláusula contractual que atribuía su pago en exclusiva al prestatario/consumidor es declarada abusiva. Si no existiera la cláusula, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos. Los de notaría, deben ser los abonados por los interesados, que en el caso del préstamo son ambas partes (por lo que deben pagarse por mitad), y en cuanto a la cancelación de la hipoteca, corresponde al prestatario. Por lo que respecta al IAJD, el sujeto pasivo es el prestatario. Y en cuanto a los de gestoría, dado que antes de 2019 no había norma que atribuyera su pago, a partir de la jurisprudencia TJUE corresponden a la entidad prestamista. En consecuencia, se estima el recurso en cuanto a los gastos de gestoría.
Resumen: Demanda de nulidad y, subsidiariamente de anulabilidad y, alternativamente de resolución por incumplimiento, del contrato de suscripción de participaciones preferentes con condena al reintegro de la cantidad abonada más los intereses. En primera instancia se estimó la demanda. Consideró que la acción no había caducado porque los 4 años establecidos en el art. 1301 CC debían computarse desde el momento en que los actores fueron privados de la titularidad de las preferentes por el canje forzoso de las mismas, por lo que cuando la demanda se presentó no había transcurrido el plazo legal. En cuanto al fondo, apreció que la entidad había incumplido los deberes de información que le incumbían provocando el error en los contratantes. La Audiencia estima el recurso de apelación interpuesto por el banco y declara caducada la acción al computar los 4 años desde que se produjo el impago de los cupones, pues entonces los clientes ya pudieron advertir el error. En casación la cuestión planteada se refiere a la eficacia que debe atribuirse al momento en que el cliente no cobra el cupón a efectos de determinar el conocimiento que pudo tener en ese momento del verdadero riesgo que entrañaba el producto contratado y, en consecuencia, determinar el día a partir del cual debe computarse el plazo de ejercicio de la acción de anulabilidad. La Sala estima el recurso conforme a SSTS 416/2020 de 9 de julio, 253/2020 de 4 de junio, y 428/2019 de 16 de julio y declara que la acción se ejerció en plazo
