Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Aplica su reiterada doctrina relativa al cómputo del plazo de ejercicio de la acción, que establece que, a efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato. La aplicación de dicha doctrina lleva a la estimación del recurso de casación, pues en el presente caso en el contrato impugnado se fijaba como fecha de vencimiento el 1 de septiembre de 2023, por lo que cuando se interpuso la demanda el 10 de marzo de 2016 no había transcurrido, ni siquiera se había iniciado, el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato. En consecuencia se casa la sentencia recurrida, en cuanto declaraba extinguida la acción, procediendo la devolución de las actuaciones a la Audiencia Provincial para que se pronuncie, con preferencia, sobre el fondo del litigio que ha quedado imprejuzgado, dado que no se resolvió sobre las cuestiones de fondo del recurso de apelación, en aras a preservar la necesaria "doble instancia".
Resumen: Derecho al honor. Inclusión en ficheros de morosos. Demanda contra la entidad bancaria que facilitó los datos al fichero, que fue estimada parcialmente en primera instancia y desestimada en apelación. Se desestima el recurso de casación. No cabe incluir en los registros de morosos datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, pero ello no significa que cualquier oposición al pago de una deuda, por injustificada que resulte, suponga que la deuda es incierta o dudosa, porque en tal caso la certeza y exigibilidad de la deuda se dejaría al exclusivo arbitrio del deudor, al que le bastaría con cuestionar su procedencia, cualquiera que fuera el fundamento de su oposición, para convertir la deuda en incierta. En el presente caso, antes de la inclusión en el fichero de solvencia, la demandante fue requerida de pago, y fue advertida convenientemente de su inclusión en el fichero. El principal de la deuda era cierto y exigible. Que los intereses fuesen elevados es compatible con su naturaleza de moratorios y el tiempo transcurrido, lo que sin duda incrementaría su importe. No cabe aceptar que la deuda fuese controvertida, dado que en la sentencia recurrida se considera como hecho probado el adeudo del principal. Se ha respetado, por todo ello, el principio de calidad del dato.
Resumen: Producto financiero complejo. Bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones. Error en el consentimiento. La información que debe suministrarse para cumplir con las exigencias de información es la necesaria para que el inversor minorista conociera que las acciones que recibiría en el momento del canje no tendrían por qué tener necesariamente un valor equivalente al precio al que compró los bonos, sino que podrían tener un valor bursátil inferior, en cuyo caso habría perdido, ya en la fecha del canje, todo o parte de la inversión. No resultaría relevante el error consistente en una frustración de las expectativas del inversor sobre la evolución posterior del precio de las acciones recibidas. El error relevante es el desconocimiento de la dinámica del producto ofrecido, tal y como ha sido diseñado en las condiciones de la emisión y, en particular, en el desconocimiento de las condiciones de la determinación del precio por el que se valorarán las acciones que se cambiarán, puesto que, según cual sea este precio, se recibirá más o menos capital en acciones. La empresa que presta el servicio de inversión debe informar al cliente de las condiciones de la conversión en acciones de las que deriva el riesgo de pérdidas al realizarse el canje. El mero hecho de entregar un tríptico resumen del producto en el que se haga referencia a la fecha de valoración de las acciones no basta por sí mismo para dar por cumplida esta obligación de informar sobre el riesgo de pérdidas.
Resumen: Demanda de acción de anulación de contratos swap por error vicio del consentimiento y, subsidiariamente, de resolución y, en ambos casos, con la condena de la demandada a restituir la cantidad pagada con base en tales contratos y, en todo caso, la nulidad, por abusivas de las cláusulas que regulaban las liquidaciones, la resolución anticipada, la indemnización por cancelación anticipada y la de reconocimiento de haber recibido suficiente información. En primera instancia se declaró caducada la acción de anulación del contrato de swap y se estimó la de nulidad de las cláusulas impugnadas, debido a que los clientes no fueron informados de manera clara y comprensible de las características del contrato y de los riesgos aparejados y condenó al banco a devolver las cantidades que había cobrado. Apelada la sentencia por la demandada se estimó el recurso y desestimó la demanda ya que la ausencia de información precontractual es relevante únicamente respecto de la acción de anulación de un contrato por error vicio del consentimiento. Admitido el recurso de casación, se estima, pues la ausencia de una información precontractual adecuada determina su falta transparencia. Son abusivas las cláusulas porque determinan un mecanismo contractual de naturaleza compleja, inadecuado para unos consumidores que conciertan un préstamo que traía consigo importantes riesgos. También es nula la cláusula no negociada que contiene declaraciones sobre la suficiencia de la información recibida.
Resumen: Litigio en el que se ejercitó una acción de nulidad del contrato de tarjeta de crédito revolving, basada en la Ley de Usura. El Juzgado de Primera Instancia estimó en parte la demanda pues consideró que el carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito solo concurrió a partir de la novación efectuada, en el que se elevó el tipo de interés. El demandante apeló la sentencia y la Audiencia estimó su recurso y declaró el carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito desde el momento mismo de su suscripción; no hizo expresa imposición de las costas de primera instancia, pese a la estimación plena de la demanda, por la concurrencia de serias dudas de derecho. Recurre en casación el demandante con ese único objeto y la sala rechaza su recurso. La sala en pleno decide que la doctrina jurisprudencial sobre la no aplicación de la excepción al principio del vencimiento en la imposición de costas, por razón de las serias dudas de derecho, es aplicable cuando se ejercitan acciones basadas en la normativa sobre cláusulas abusivas, pero no cuando se ejercitan acciones basadas en la Ley 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios. Señala que cuando la cuestión litigiosa no está regulada por el Derecho de la UE y, por consiguiente, no entra en juego el principio de primacía de este Derecho, el juez no puede dejar de aplicar ninguna norma legal nacional (en este caso, el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Se desestima la casación.
Resumen: Swaps. Caducidad de la acción. Aunque en el encabezamiento de la demanda se ejercitaba una acción de nulidad radical, de los fundamentos jurídicos se deducía que era una acción de nulidad por vicios del consentimiento. En nuestro ordenamiento jurídico está descartada la obligación de la expresión nominal de la acción, de modo que las interpuestas no se califican por la denominación que le den las partes, sino por los hechos alegados y las pretensiones verdaderamente formuladas. En los swaps no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. El cómputo del plazo de ejercicio de la acción no debe adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento del mismo. En el presente caso, la fecha de vencimiento del contrato impugnado era el 25/4/2021, por lo que cuando se interpuso la demanda (21/11/2014) no había transcurrido, ni tan siquiera iniciado el plazo de caducidad. Asumiendo la instancia, se confirma íntegramente la sentencia de primera instancia, dado el déficit informativo, la condición de minorista del demandante y el resultado del test que explicaba que la operación no era conveniente.
Resumen: Accidente de tráfico en Marruecos (salida de la vía de un vehículo matriculado en España). La Audiencia aplicó el Convenio de La Haya sobre accidentes de circulación para determinar la ley aplicable, en cuya virtud aplicó el derecho español a la pretensión de los herederos de uno de los fallecidos, que tenía residencia en España, y el derecho marroquí a la de otros perjudicados, por su residencia en ese país. Se estima el recurso de casación de los herederos del fallecido residente en España, por la no imposición de los intereses del art. 20 LCS. Las circunstancias del caso evidencian que no existe causa justificada para exonerar del pago de dichos intereses. Y se desestima el recurso de los perjudicados residentes en Marruecos, interpretando para ello los arts. 3 y 4 del Convenio. En accidentes con un único vehículo implicado, matriculado en un país distinto (en este caso España) al del accidente, el Convenio admite la aplicación de distintos regímenes jurídicos para determinar la responsabilidad derivada del accidente y distingue si las víctimas tenían su residencia habitual en un Estado distinto del lugar del accidente, en cuyo caso se les aplica la legislación del país de matriculación. Esta legislación no es aplicable a los perjudicados domiciliados en el lugar del accidente, ya que, en caso de ser varias las víctimas, la ley aplicable se determina por separado con respecto a cada una de ellas. No es posible integrar el derecho marroquí con la aplicación del art. 20 LCS
Resumen: Ley 57/1968. Contratos de compraventa de viviendas pertenecientes a una promoción respecto de la cual existía póliza colectiva de entidad bancaria garantizando la devolución de los anticipos. Responsabilidad de la entidad avalista por el total de las cantidades anticipadas por los compradores correspondientes a pagos previstos en el contrato. La entidad avalista o aseguradora, aun cuando falten los avales o certificados individuales, responde de todas las cantidades anticipadas, incluyendo sus intereses, sin que proceda respetar los límites cuantitativos del aval o de la póliza de seguro y sin que su responsabilidad respecto de las cantidades anticipadas previstas en el contrato dependa de que se ingresen o no esas cantidades en una cuenta bancaria, ni del carácter de la cuenta en que se ingresen. Ni siquiera exonera de responsabilidad al banco avalista la circunstancia de que los pagos se hicieran en metálico y no se ingresaran en cuenta alguna de la promotora, ya estuviera abierta en la entidad avalista o en otra entidad, a menos que se pruebe que, por tratarse de pagos de cantidades no previstas en el contrato, ni siquiera con la entrega de copia de los contratos podía la avalista evitar que escaparan a su control. Se desestima el recurso por infracción procesal, por incumplimiento de requisitos formales y carencia manifiesta de fundamento, y se estima en parte el recurso de casación.
Resumen: Nulidad de cláusula suelo. Se rechazan las causas de inadmisibilidad alegadas. La superación de la normativa de incorporación, aplicable en la contratación con cualquier sujeto de derecho, es distinta del control de transparencia, que rige exclusivamente en la contratación con consumidores. En esta no basta que la cláusula sea clara, comprensible y destacada, sino que es necesario que el consumidor tenga el conocimiento real de la carga económica y jurídica del contrato, no bastando con la simple claridad gramatical de la escritura pública. La falta de transparencia no supone necesariamente que las condiciones generales sean desequilibradas, mas no es el caso de las cláusulas suelo, cuya falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor al privársele de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas. El deber de transparencia comporta que el consumidor disponga antes de la celebración del contrato de información comprensible. La intervención notarial no dispensa del cumplimiento del deber de información precontractual. El hecho de que el prestatario se subrogue en el préstamo al promotor no libera al banco de su deber de informar. La novación de las condiciones del préstamo original no conlleva de por si la existencia de información precontractual suficiente. El hecho de que la subrogación se produzca en un contexto de bajada de tipos interés aumenta la exigencia de información clara y precisa sobre la cláusula suelo
Resumen: Acción de anulabilidad de swap por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia, desestimatoria de la demanda, fijó como ciertos hechos en los que había intervenido personalmente y que perjudicaban al administrador que no compareció a su interrogatorio, y concluyó que se había tomado libremente la decisión de suscripción del contrato litigioso sin vicios del consentimiento. La sentencia de segunda instancia, estimando el recurso de apelación de la parte actora, rechazó la aplicación de la ficta admissio y decretó la nulidad del swap con restitución recíproca de las prestaciones obtenidas. La sentencia de la sala desarrolla su doctrina sobre el art. 304 LEC como facultad discrecional del juez de la que no puede hacerse un uso arbitrario; precisa de la existencia de hechos relevantes para la decisión del litigio respecto de los que el interrogatorio de parte sea un medio adecuado de prueba. El no uso de la facultad no es revisable por la sala. En este caso el administrador de la mercantil demandante ya no lo era cuando se propuso la prueba, y tenía un conflicto de intereses con la sociedad, además de que existían en autos otros medios probatorios. Prueba del déficit de información que permite presumir la existencia de un error esencial. Supuesto de la cuestión en casación.
