Resumen: Se estima el recurso de casación en un supuesto en el que Audiencia había considerado que la cláusula suelo superaba el control de transparencia porque, en la escritura, el notario había hecho constar que "se han establecido límites a la variación del tipo de interés" y porque se trata de cláusulas cuya comprensión no exige, según la Audiencia, esfuerzo denodado ni desmesurado. La Sala Primera del TS no comparte dicha valoración jurídica, pues el examen de la escritura pública revela que la cláusula suelo no está resaltada en modo alguno, sino que, por el contrario, está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Además, la sentencia recurrida no ha dado trascendencia al déficit de información precontractual (no se había proporcionado a los demandantes, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas). Por tanto considera que la cláusula suelo no supera el control de transparencia y que esa falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, incompatible con las exigencias de la buena fe, que le impide hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondría obtener el préstamo con cláusula suelo en caso de bajada del índice de referencia y le priva el poder comparar con otras ofertas existentes en el mercado.
Resumen: El recurso se reduce a la cuestión del inicio del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de anulabilidad en los productos complejos (aportaciones subordinadas de Fagor). La sentencia recurrida declaró que había caducado. Se reitera la jurisprudencia sobre la materia según la cual, a fin de impedir que la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error, quede fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error, se viene declarando que cuando en este tipo de relaciones negociales complejas no esté determinada contractualmente la fecha de consumación o se trate de contratos perpetuos, la consumación del contrato no puede quedar fijada antes de que el cliente estuviera en disposición de conocer los riesgos patrimoniales de la operación, que en este caso consistían en las dificultades de la efectividad de un mercado de reventa y la práctica imposibilidad de recuperación de la inversión. En tales supuestos, el día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento semejante que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo. Asunción de la instancia.
Resumen: Marco normativo sobre el asbesto o amianto. Competencia de la jurisdicción civil: reclamación de sujetos ajenos a una relación jurídica laboral, familiares de los trabajadores (pasivos domésticos) y residentes cerca de la fábrica (pasivos ambientales). Recurso extraordinario por infracción procesal: las reglas de la sana crítica como criterio valorativo de prueba (concepción racionalista de la valoración de la prueba); valoración de la prueba pericial; ni en este recurso ni en el de casación cabe realizar una nueva valoración de la prueba; control del carácter irracional o arbitrario de la valoración de la prueba o el error patente vulneradores del derecho a la tutela judicial efectiva; relación de causalidad (causalidad material y causalidad jurídica; elementos fácticos y valorativos). Recurso de casación; doctrina del riesgo: configuración jurisprudencial (actividad peligrosa con riesgo considerablemente anormal; el riesgo no es suficiente sino va acompañado de culpa; concepto graduable y niveles de diligencia; carga de la prueba); precedentes jurisprudenciales de aplicación y de inaplicación de la doctrina del riesgo. Compatibilidad del ejercicio simultáneo de las acciones ejercitadas como heredero y como perjudicado (derechos personalísimos; transmisibilidad de crédito resarcitorio). Las reglas del baremo de tráfico como criterios orientadores para fijar las indemnizaciones. Inexistencia de perjuicio estético (deterioro físico). Daño moral (ansiedad, estrés).
Resumen: Se desestima el recurso de casación contra una sentencia que había declarado caducada la acción de nulidad por error vicio sobre dos préstamos que incluían un derivado implícito que afectaba a la determinación de los intereses. Se reitera la jurisprudencia que interpreta el art. 1301 CC: el cómputo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad empieza a correr desde la consumación del contrato, y no antes, pero en la contratación de algunos productos financieros, puede ser que al tiempo de la consumación del negocio todavía no haya aflorado el riesgo congénito al negocio cuyo desconocimiento podía viciar el consentimiento prestado. En estos casos, el momento de inicio del cómputo del plazo debía referirse a aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la existencia de del error o dolo que viciaron el consentimiento. En el caso, se trata de dos préstamos bancarios en dinero, que han de considerarse consumados cuando el prestamista hizo entrega del capital del préstamo al prestatario. Se entiende acreditado que el prestamista conoció de la existencia del derivado implícito y de sus efectos negativos respecto de la determinación del interés en junio de 2010. Es entonces cuando comienza a computarse el plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad por error vicio, de modo que, cuando se presentó la demanda, en diciembre de 2015, la acción había caducado.
Resumen: Préstamos cuyo importe se invierte en fondos de inversión y otros productos financieros, que son objeto de refinanciación mediante un nuevo préstamo destinado a su reestructuración y a la realización de nuevas inversiones en otros productos financieros. Negocios jurídicos coligados. Los préstamos de los que nacieron las deudas refinanciadas estaban destinados en su mayor parte a su inversión en otros productos financieros recomendados por la propia entidad demandada, de forma que las sucesivas operaciones de financiación y de inversión estaban vinculadas desde su origen. Entre los sucesivos contratos de financiación y de inversión se aprecia una unidad de intención, una vinculación funcional que permite hablar de negocios coligados. Las entidades financieras tienen una exigente obligación de información en la contratación de productos financieros complejos, en particular cuando se presta un servicio de asesoramiento en materia de inversión. El incumplimiento del deber de información sobre el riesgo asociado a los productos financieros complejos puede ha propiciado un error en el consentimiento: la representación que los demandantes se hicieron, con la información y asesoramiento del banco, sobre el riesgo de los productos y sobre el riesgo de impago de los préstamos fue claramente errónea. Ese error, esencial y excusable, repercutió también sobre elementos esenciales de los contratos impugnados (préstamo e hipoteca).Se desestima el recurso de casación de la entidad bancaria.
Resumen: Acción de nulidad por error vicio del consentimiento de un contrato de permuta financiera vinculado a una póliza de crédito. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda, declaró la nulidad del contrato de permuta financiera y ordenó la restitución recíproca de las prestaciones. Recurrida la sentencia por la entidad demandada, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación. En lo que ahora importa, argumentó que el finiquito firmado por el cliente al realizar la cancelación del producto no convalidaba la nulidad del contrato. La demandada interpuso un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial defendiendo la validez de la renuncia al ejercicio de acciones realizada por la demandante tras la cancelación del swap. La sala desestima el recurso al concluir que no concurren los presupuestos exigibles para considerar que el citado documento contenga una auténtica y plena renuncia de derechos. Sostiene que no se trata de una renuncia en sentido propio, esta no es clara ni contundente respecto de la subsanación del error invalidante en el que incurrió el cliente en el momento de la suscripción del producto financiero. Pese a la suscripción de dicho documento subsiste la causa de anulabilidad y esta no ha cesado, por lo que resulta improcedente declarar la convalidación de un contrato que sigue estando sujeto a una ineficacia contractual por vicio en el consentimiento prestado.
Resumen: Demanda de responsabilidad civil frente a la compañía aseguradora de la aeronave siniestrada en la que se ejercita acción directa y se reclaman diversas indemnizaciones por el fallecimiento de familiar. La sentencia del Juzgado Mercantil estimó en parte la demanda y condenó a la demandada a indemnizar a la demandante en la cantidad resultante del baremo de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, con el incremento del 25% por perjuicio excepcional previsto en el art. 112 de dicha ley y el devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro, cantidades que serían reducidas con los anticipos pagados por Mapfre. Impugnada por ambas partes, la sentencia de la Audiencia Provincial desestimó el recurso de Mapfre, estimó en parte la impugnación de una codemandante, cuya indemnización incrementó en 60.000 euros, y confirmó en los demás extremos la sentencia del Juzgado Mercantil. La sentencia de la Audiencia Provincial ha sido recurrida por Mapfre en casación con base en tres motivos, de los que solo ha sido admitido a trámite el tercero, en el que se cuestiona, aunque sea con carácter orientativo, la aplicación del nuevo Baremo, ya que vulnera el principio de irretroactividad. El recurso se inadmite por falta de cita del precepto legal infringido, convirtiéndose en causa de desestimación del recurso.
Resumen: Consumación del contrato: en los contratos de swaps o cobertura de hipoteca no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. Día inicial del cómputo del plazo de caducidad: no debe adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato, aunque el cliente que padece el error pudiera tener conocimiento del mismo. En el caso: inexistencia de caducidad. Estimación del recurso de casación, asunción de la instancia y confirmación de la sentencia de primera instancia: existencia de error (cliente minorista; falta de información precontractual, omisión de los posibles escenarios y confusa redacción del contrato, en el que hacía referencia a "mitigar el riesgo" y "reducción del riesgo de variación de su tipo de interés de referencia", términos nada compatibles con la naturaleza eminentemente aleatoria de las permutas financieras y que provocaron el error padecido por los contratantes).
Resumen: Demanda de nulidad por abusividad de cláusula suelo inserta en préstamo hipotecario. El juzgado de primera instancia estimó la demanda y la audiencia la revocó, desestimando la demanda; la audiencia, en esencia, considera cubiertas las exigencias derivadas del control de incorporación de las condiciones generales. Recurre el demandante y la sala estima el recurso. Recuerda la sala que existe una consolidada línea jurisprudencial que señala que la mera superación de la normativa de incorporación, aplicable en la contratación con cualquier sujeto de derecho, es distinto del control de transparencia que rige exclusivamente en la contratación con consumidores, deber que comporta que el consumidor disponga "antes de la celebración del contrato" de información comprensible acerca de las condiciones contratadas y las consecuencias de dichas cláusulas en la ejecución del contrato celebrado. En el presente caso el documento que contiene la propuesta de préstamo, por sí solo, no cubre las mínimas exigencias de transparencia antes expuestas, sin que sea de fácil comprensión para un consumidor medio, tal y como está redactado, de manera que le permita conocer la transcendencia económica y jurídica que la cláusula cuestionada tiene para el compromiso contractual a asumir. Además, no consta la existencia de una información previa facilitada por el banco, que es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar con plena conciencia. Se estima el recurso.
Resumen: Acción nulidad absoluta de cuatro swaps, desestimada en ambas instancias por apreciarse que estaba caducada. La Audiencia declaró que aunque ciertamente se demandaba solo por nulidad radical, los hechos en los que se sustentaba la demanda eran, esencialmente, propios de una acción de anulabilidad. Casación: en trámite de admisión se inadmitieron los motivos de casación que hacían referencia a la nulidad radical, dado que de acuerdo con la doctrina jurisprudencial la infracción de los deberes legales de información puede provocar un error vicio, pero no la nulidad de pleno derecho. Y admitiéndose a trámite únicamente el motivo referente a la extinción de la acción, puesto que el mismo está relacionado con la acción de anulabilidad, que nunca se ha ejercitado,no procede esgrimir dicho motivo de casación que debe desestimarse, máxime cuando el recurrente en su recurso de casación sigue razonando sobre la base del ejercicio de una acción de nulidad radical.
