Resumen: Se desestima el recurso de la acusación particular, que pretendía la condena del acusado absuelto. No existe una "presunción de inocencia inversa" y, en todo caso, el Tribunal expone las razones por las que no puede tener por acreditada la participación del acusado en las graves lesiones sufridas por el recurrente. Es cierto que la jurisprudencia ha admitido que el testimonio de la víctima pueda valorarse como prueba de cargo, pero siendo la única prueba de cargo, debe extremarse el rigor en su análisis. La falta de citación de la Administración Penitenciaria tampoco puede prosperar, pues, de existir esa responsabilidad, lo que no se descarta como señala el Tribunal Superior de Justicia, una vez excluida la condena penal, debe promoverse en otras instancias ajenas al orden jurisdiccional penal. No tendría sentido un proceso penal con el exclusivo objeto de ventilar la responsabilidad de la Administración cuando no se ha afirmado la responsabilidad penal de personas físicas. La competencia para conocer de responsabilidades civiles en el proceso penal es una competencia secundum eventum litis. La indebida denegación de la prueba en la instancia exige como remedio preferente, que la misma se solicite para su práctica en la segunda instancia. Tal falta de proposición en la apelación previa, impide que esta queja pueda ser acogida en casación.
Resumen: A efectos de consumación, la jurisprudencia sostiene que se perfecciona el delito fiscal cuando se trata de defraudación del IVA el 30 de enero del ejercicio siguiente, en tanto en ese momento finaliza el periodo de pago. A efectos de aplicación de la ley penal en el tiempo, el fundamento de la irretroactividad de la ley penal y su vinculación con el principio de legalidad así como la necesidad de previsiblidad de la ley invitan a otra exégesis. Resulta muy forzado aplicar una ley que entra en vigor cuando ya se ha llevado a cabo la declaración mendaz referente al IVA y, además, ya se ha transferido a un tercero el monto que había recuperado por IVA repercutido. El régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas exige una mínima alteridad de la persona jurídica respecto de la persona física penalmente responsable. Cuando el condenado penalmente como persona física es titular exclusivo de la sociedad, no resulta factible imponer dos penalidades sin erosionar, no ya solo el principio del non bis in ídem, sino la misma racionalidad de las cosas.
Resumen: La reducción de la pena de prisión impuesta, por la entrada en vigor de la LO 10/2022 de seis de septiembre, no lleva aparejada la reducción de la pena accesoria de alejamiento, que no ha experimentado variación normativa.
Resumen: Se desestima el recurso formulado por la acusación particular contra la sentencia que acordó la absolución de los acusados -personas físicas y jurídicas- por los delitos de estafa procesal, daños y frustración de la ejecución o alzamiento de bienes que les venían siendo imputados. Se articulan varios motivos por diversos cauces casacionales, si bien, en todos ellos, se aprecia la imposibilidad de revocar la sentencia absolutoria por los límites impuestos en numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues se pretende una reevaluación de la prueba practicada en el acto del juicio, incluida la de carácter personal, para asentar unas conclusiones probatorias que distan considerablemente de las que la sentencia recurrida proclama como tales, y que no pueden tacharse de arbitrarias. Una hipotética revisión agravatoria solo es factible por esta vía cuando el núcleo de la discrepancia entre la sentencia absolutoria y la condenatoria sea una cuestión estrictamente jurídica. Tampoco concurre vicio de incongruencia omisiva, puesto que la pretensión de la parte recurrente obtuvo cumplida respuesta, aun desestimatoria a sus pretensiones.
Resumen: El recurso se desestima en cuanto a los motivos formulados por el condenado a 5 años de prisión por cada uno de los delitos de abuso sexual sobre menor de 16 años del art. 183.1 y 4.d CP (en redacción dada por la LO 1/2015). Se confirma la existencia de prueba de cargo suficiente, así como la correcta apreciación del prevalimiento, en tanto que, con independencia de que no se dieran los vínculos parentales que el precepto describe, el factum aglutina los elementos nucleares de la modalidad agravada que se aprecia. La asimetría entre acusado y las víctimas es clara, no solo por la diferencia de edad, sino por una superioridad basada en el roll que el mismo ocupaba al momento de desarrollarse los hechos como pareja sentimental de la familiar que tenía encargada momentáneamente el cuidado de las niñas, a lo que se unen las facilidades ejecutivas que ello le reportaba. No obstante, la modificación operada por la LO 10/2022 de 6 de septiembre, impone analizar la posible aplicación retroactiva de la ley penal posterior, lo que en el caso se rechaza. Los hechos declarados probados encajan en el art. 181.1 y 4 e) CP (LO 10/2022), con una penalidad que oscila entre los 4 y los 6 años de prisión, la continuidad delictiva situaría la pena mínima en los 5 años, pena idéntica a la que le ha sido impuesta, sin contar los efectos agravatorios vinculados a la nueva redacción del artículo 192 CP en su actual redacción. La normativa posterior no es, por tanto, más beneficiosa para el reo.
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que confirmó la condena por un delito de falsedad en documento oficial. Doctrina de la Sala. El recurso de casación contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales solo puede interponerse por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y exige el respeto de los hechos probados. El recurso debió inadmitirse dado que el único motivo se interpone por infracción de precepto constitucional al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 24.2 de la Constitución Española, al conculcarse la presunción de inocencia del recurrente, sin respetar los hechos probados de la sentencia recurrida, e incluso sin contradecir la sentencia dictada por la Audiencia Provincial que expresamente desestimó la vulneración de aquel derecho fundamental en virtud de las pruebas personales que se tuvieron en cuenta para fundar el sentido del fallo condenatorio.
Resumen: Cuestión nueva planteada en casación. No es ello posible, salvo supuestos marcadamente excepcionales. Lo impide la naturaleza revisora del recurso de casación. Lo que se recurre es la sentencia de apelación. Se analiza si ha acertado al resolver el recurso planteado. No pueden traerse a casación cuestiones que no han sido objeto de debate en apelación. No cabe en casación como cuestión nueva las alegaciones basadas en la vulneración de un derecho fundamental y bajo el amparo del cauce casacional previsto en el artículo 852 de la LECrim. Jurisprudencia sobre el tratamiento del subtipo atenuado del art. 368 pf. II CP. Tiene carácter extraordinario y no procede en los supuestos en los que concurra alguna de las circunstancias recogidas en los artículos 369 bis y 370 del CP. La expresión utilizada en el precepto, "circunstancias personales del culpable", no se limita a las condenas previas, sino que alcanza a aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran los elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica, propios de las circunstancias a que se refiere el art. 66.6ª CP; por ello que, aunque concurra tal agravante, no constituye un obstáculo insalvable para la aplicación del subtipo atenuado. El elemento objetivo que emplea el artículo, "escasa entidad del hecho", debe relacionarse con la menor gravedad que no debe equipararse a escasa cantidad.
Resumen: Se estima el recurso de revisión y se anula la sentencia del Juzgado de instancia que condenó al recurrente como autor de un delito de conducción sin licencia o permiso, al constatarse que el condenado poseía carnet de conducir extranjero a la fecha de los hechos, aun caducado. El art. 21.3 del Reglamento General de Conductores impone canjear el permiso foráneo inicial por un permiso español a quienes mantengan una presencia en España superior a seis meses, fijando la norma que el incumplimiento de la exigencia determina la pérdida de la validez del permiso. No obstante, la conducción en esta situación de invalidez es un supuesto ajeno al ámbito material de aplicación del art. 384 CP, siempre que al conductor no se le haya además suspendido el permiso por haber perpetrado infracciones que le hayan supuesto la pérdida total de los puntos. Nos encontramos, pues, ante el supuesto previsto en el art. 954.1.d LECrim, al haber sobrevenido el conocimiento de nuevos hechos o, el conocimiento de nuevos elementos de prueba, que acreditan que el solicitante en la fecha de los hechos tenía licencia, en su país de origen, para conducir automóviles, aunque la misma se encontrara sin vigencia, lo que contradice el hecho probado de la sentencia donde se indica que conducía sin haber obtenido nunca licencia o permiso de conducir.
Resumen: Una sociedad mercantil liquidada y con asiento registral cancelado tiene legitimación para mantener el ejercicio de la acción penal. El error de hecho, para tener relevancia casacional, debe fundarse en una verdadera prueba documental y debe cumplir los siguientes requisitos: ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material en la sentencia de instancia por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, sin necesidad de ninguna otra prueba, sin que permita una nueva valoración de la prueba para poder atribuir al documento el valor pretendido, que el documento no entre en contradicción con otros elementos de prueba, y que tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo en la medida que puede alterar los términos del juicio de subsunción. Debe describirse en el hecho probado de manera clara y detallada un modelo de distracción continuado del dinero recibido, con la obligación de su buena administración, que identifica con toda claridad el llamado "punto de no retorno". Esto es, el momento en que se aprecia una voluntad definitiva de no devolver el dinero. Que no es otra cosa que el ánimo de apropiación que exige el delito y que no requiere la necesidad de una previa liquidación para poderlo identificar.
Resumen: El recurrente, policía local, detuvo ilegalmente a un ciudadano que le advirtió de que estaba causando daños al retirar el vehículo policial. Sostuvo falsamente que el ciudadano le había agredido. Fue condenado por denuncia falsa, detención ilegal y falso testimonio. Interpone recurso por cinco motivos. Alega quebrantamiento de forma por falta de claridad en los hechos y predeterminación del fallo. El motivo se desestima. El empleo en el relato de hechos probados de la expresión "denuncia falsa", de sencillo conocimiento por la generalidad, no predetermina, más allá de lo que resulta consustancial a cualquier relación de hechos probados, el fallo. Se alega también vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Función casacional cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia y existe un recurso previo de apelación. El motivo se desestima. La valoración de la prueba realiza en las instancias previas es razonable. Se denuncia también la inaplicación del artículo 163.4º del CP. El motivo se estima. Examen jurisprudencial de la diferencia entre los tipos previstos en los arts. 167, 530 y 163.4 del CP. Se considera aplicable este último precepto porque el detenido fue inmediatamente puesto a disposición judicial. Relación entre los delitos de denuncia falsa y falso testimonio. El delito de denuncia falsa se halla en progresión delictiva con el de falso testimonio que tiene prevista pena más grave y que absorbe al primero.
